El Gobierno presenta la ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI

La Moncloa, Madrid

El Consejo de Ministros ha presentado el Anteproyecto de Ley para la igualdad Real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI, elaborado por los ministerios de Igualdad y Justicia y coordinado por la vicepresidencia primera.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha destacado que con esta norma el Ejecutivo pretende superar la invisibilidad, estigmatización y falta de reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales transexuales e intersexuales (LGTBI) y situar a España en la vanguardia de Europa en la defensa de sus derechos.

Por su parte, la titular de Igualdad, Irene Montero, ha señalado que hoy es un día histórico en el avance legislativo de los derechos del colectivo LGTBI tras la aprobación del matrimonio igualitario hace 15 años. Además, ha destacado que la futura ley es una muestra del trabajo, el diálogo y la fortaleza del Gobierno de coalición, que es aliado del colectivo, y de una forma de hacer política feminista.

Irene Montero ha trasladado a las personas trans y LGTBI que "no están solas" y que tienen un Gobierno aliado para convertir en políticas públicas todos los derechos que puedan ser vulnerados. "Este Gobierno trabaja para la felicidad de las personas y para que sus vidas sean dignas de ser vividas".

La ministra ha argumentado que el mérito de la norma no es solo del Gobierno, sino de los colectivos y las organizaciones que llevan décadas peleando por sus derechos: "Las protagonistas del impulso de esta ley son las personas LGTBI, particularmente las personas trans, pero también las mujeres, las feministas de este país".

"Esta es una ley feminista que entiende que, o llegamos todas, o todas somos capaces de despegarnos de suelos pegajosos, o todas somos capaces de eliminar todas las discriminaciones a las que estamos sometidas o no llegará ninguna", ha añadido Irene Montero.

Derechos y obligaciones recogidos en la futura ley

Foto: Pool Moncloa/Borja Puig de la BellacasaEl ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha indicado que los objetivos de la futura ley son garantizar y promover el derecho a la igualdad real y efectivo del colectivo LGTBI; prevenir y eliminar todo tipo de discriminación que afecte a la percepción social del colectivo y a sus familiares y establecer la rectificación registral relativa al sexo y al nombre de las personas.

Campo ha precisado que la norma contempla disposiciones para garantizar la igualdad de trato y no discriminación con medidas en los ámbitos administrativo, laboral, de la salud, la educación, la cultura, el ocio, el deporte, la familia, la infancia y la juventud, iniciativas en las aéreas de la publicidad, medios de comunicación social e Internet y medidas en materia de acción exterior y la protección internacional.

Al respecto, Irene Montero ha subrayado que la futura ley reconoce el derecho a la libre determinación de la identidad de género. Las personas trans dejan legalmente de considerarse enfermas y podrán ser reconocidas por las administraciones sin que les exijan ningún tipo de informe psiquiátrico.

El texto incorpora medidas de acción positiva para afrontar las discriminaciones que con más frecuencia sufren las personas LGTBI en todos los ámbitos. Entre ellas, la ministra ha resaltado que las mujeres lesbianas, bisexuales y sin pareja volverán a tener acceso a las técnicas de reproducción asistida, así como las personas trans con capacidad de gestar.

El anteproyecto modifica el Código Civil para que a las mujeres lesbianas o bisexuales se les reconozca a las dos como madres de sus hijos aunque no estén casadas. Además, quedan prohibidas las terapias de conversión destinadas a modificar la orientación, identidad sexual o la expresión de género de las personas.

Además, establece un régimen de infracciones y sanciones para hacer frente a la discriminación que afronta el colectivo en diversos ámbitos, como el acceso a la vivienda, la salud o sus relaciones con la administración.

Procedimiento registral y de cambio de sexo

Foto: Pool Moncloa/Borja Puig de la BellacasaEl titular de Justicia ha explicado que el texto contempla el cambio de sexo legal a partir de los 12 años, en diferentes tramos de edad y atendiendo a la madurez y estabilidad del solicitante.

El procedimiento para cambiar de sexo en el registro de los menores de entre 12 y 14 años será mediante un expediente de jurisdicción voluntaria, es decir, una resolución judicial lo determinará. Las personas entre 14 y 16 años tendrán que acudir al Registro Civil, acompañadas de sus padres o de la figura de un "defensor", donde rellenarán un formulario y recibirán información sobre las consecuencias legales que tendrá el cambio. Los solicitantes de entre los 16 y 18 años podrán realizar de manera autónoma el cambio de sexo en el Registro Civil.

En el plazo máximo de tres meses el solicitante comparecerá de nuevo para ratificar su solicitud y la persona encargada del registro dictará una resolución en el plazo máximo de un mes tras esa segunda comparecencia.

El ministro ha incidido en que la norma prevé la posibilidad de un proceso de reversión del cambio de sexo, para el cual el menor deberá esperar seis meses.

España, a la vanguardia de Europa

La ministra de Igualad ha trasladado que España se pone a la vanguardia europea en materia de reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI y trans, en consonancia con el liderazgo que está ejerciendo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respecto a los derechos y libertades y de los derechos humanos como base de la convivencia en Europa, en un contexto en el que las agresiones LGTBI fóbicas están aumentando.

En la misma línea, el titular de Justicia ha manifestado que el texto sigue la tradición de los países referentes en la materia, como Bélgica, Noruega y Malta.

Ayudas y becas para el próximo curso

El Gobierno ha acordado los nuevos umbrales de renta y patrimonio familiar para acceder a las ayudas y becas al estudio en el próximo curso 2021-2022, así como su cuantía.

María Jesús Montero ha afirmado que la dotación ha ido aumentando paulatinamente desde 2018 y ahora es un 40% mayor. Concretamente supera los 2.000 millones de euros, "una cifra récord que demuestra nuestro compromiso con el estudio y el talento y, sobre todo, para que no haya discriminación entre las personas por razón de renta".

Montero ha destacado que se incrementará un 24,5% el alumnado beneficiario y, con los nuevos umbrales, muchos estudiantes que antes no cumplían los requisitos podrán acceder a una beca o ayuda. También se incrementan las cuantías para los perceptores habituales, por ejemplo la beca para los estudiantes de la FP básica será de 350 euros en lugar de 300.

Respecto a los estudios universitarios, bastará una nota media de 5 para poder acceder a la beca para el máster habilitante en lugar del 6,5 que se exigía hasta la fecha, "lo que perjudicaba sobre todo a las personas de rentas más bajas que en muchas ocasiones compatibilizan sus estudios con jornadas laborales a tiempo parcial o completo".

Otras novedades son la incorporación como beneficiarios del alumnado con trastorno grave de la comunicación y del lenguaje y la simplificación de los requisitos para los estudiantes víctimas de violencia de género, que ya no tendrán que acreditar ante la autoridad educativa su menor rendimiento por esta causa.

1.320 millones en ayuda para autoconsumo y almacenamiento de energía renovable

Foto: Pool Moncloa/Borja Puig de la BellacasaEl Consejo de Ministros ha aprobado, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la concesión directa de ayudas para incentivar el autoconsumo y el almacenamiento de energía renovable. Estas ayudas permitirán, por ejemplo, renovar sistemas de climatización y agua caliente sanitaria y la instalación de baterías.

Las comunidades y ciudades autónomas recibirán hasta 1.320 millones de euros hasta el año 2023. La dotación inicial es de 660 millones, ampliables hasta doblar esta cantidad, según se vaya ejecutando el presupuesto. Los fondos se repartirán entre tres programas dirigidos a sectores económicos concretos -servicios, industria y agricultura- y otros tres especialmente diseñados para los hogares.

El volumen de las ayudas dependerá, ha explicado María Jesús Montero, del tamaño de las empresas y las instalaciones mientras que para los hogares se hará con un porcentaje fijo. En los municipios con menos de 5.000 habitantes la subvención será un 10% más alta como parte de las políticas de reto demográfico.

La previsión es que se generen más de 25.000 empleos directos e indirectos y se instalen cerca de 2.000 MW de energía renovable, incluyendo la climatización de más de 40.000 viviendas. También se evitará la emisión a la atmósfera de un millón de toneladas de CO2 cada año, lo que permitirá contribuir al objetivo de neutralidad climática fijado, como máximo, para el año 2050.

159 millones para atención social en ayuntamientos y comunidades autónomas

El Ejecutivo ha autorizado la distribución de 159 millones de euros para el desarrollo de tres programas de protección a las familias y atención a la pobreza infantil en municipios y comunidades autónomas.

98 millones de euros se dirigen al Plan concertado de prestaciones básicas de Servicios Sociales que, participado por el Estado y las comunidades autónomas, gestionan los ayuntamientos, por lo que supone el "escalón fundamental de llegada de las personas que necesitan la atención social", ha dicho Montero, que ha destacado que la cantidad de este año es la más alta desde que se puso en marcha este programa en 1988.

El segundo programa, vinculado a la protección de familias y la infancia, contará con 45 millones de euros, dotación que será repartida entre las comunidades y ciudades autónomas para realizar proyectos de intervención social y conceder prestaciones.

Los 15 millones de euros restantes sufragarán el Programa VECA para la Garantía de los Derechos a la Alimentación, Ocio y Cultura de los Menores durante las Vacaciones Escolares.

Informe sobre el COVID-19

Foto: Pool Moncloa/Borja Puig de la BellacasaEl Consejo de Ministros ha analizado el desarrollo de la campaña de vacunación, para la que esta semana se recibirán 6,6 millones de nuevas dosis. 17 millones de personas, el 35% de la población, han completado ya la pauta y cerca de 25 millones han recibido la primera dosis: "Estamos consiguiendo la tasa más alta de vacunación del conjunto de la Unión Europea", ha subrayado Montero, que, no obstante, ha reiterado un mensaje de prudencia para esta recta final antes de alcanzar el objetivo de la inmunidad de grupo, a finales de agosto.

Respecto a la presión asistencial de los hospitales, la portavoz ha asegurado que se mantiene en un buen dato y que los últimos datos de incidencia acumulada se asocian fundamentalmente al contagio de personas jóvenes que todavía no han sido vacunadas. A partir de ahora, los datos que se publiquen irán segmentados por edad para que se pueda comprobar "la disparidad entre la incidencia en personas mayores que ya están vacunadas y personas jóvenes que todavía están pendientes de la vacunación".

En relación también con el certificado digital, ya se han emitido 2,7 millones de certificaciones, lo que significa que muchas personas "están expresando su voluntad de viajar durante las próximas semanas".

Transposición de directiva comunitaria

El Consejo de Ministros ha aprobado la transposición al ordenamiento jurídico español de la directiva europea relativa al test de proporcionalidad que deberá aplicarse antes de aprobar nuevas profesiones reguladas o cuando se revisen las regulaciones existentes.

Montero ha señalado que el objetivo es garantizar la movilidad de los profesionales en el marco de la Unión Europea y favorecer la competitividad y una mayor apertura del mercado, mientras que, paralelamente, se aumenta la transparencia y el nivel de protección a los consumidores.

Traspaso de competencias al País Vasco

El Gobierno ha formalizado el traspaso de las competencias al País Vasco ya acordado el pasado 10 de mayo en la Comisión Mixta de Transferencias.

A partir del 1 de octubre esta comunidad gestionará las instituciones penitenciarias ubicadas en su territorio, asumiendo funciones de dirección, supervisión, organización, gestión económica y administrativa e inspección, la titularidad de los bienes inmuebles afectados y los 684 puestos de trabajo asociados. "La legislación y la normativa penitenciarias seguirá siendo competencia estatal común en toda España", ha puntualizado Montero.

Las otras competencias traspasadas se refieren a transportes por carretera, el otorgamiento de códigos internacionales de identificación de publicaciones seriadas de empresas o entidades en el territorio vasco y la titularidad de un edificio en el puerto de Ondarroa.

Recurso de inconstitucionalidad contra una disposición sobre el personal del Parlamento de la Rioja

El Consejo de Ministros ha acordado interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la disposición transitoria segunda del Estatuto del personal al servicio del Parlamento de La Rioja.

María Jesús Montero ha explicado que esta impugnación procede porque el Estatuto, excediéndose en sus competencias, ha creado una categoría laboral bajo la denominación de empleado público fijo "que no está regulada y que tendría teóricamente los mismos derechos y obligaciones de la categoría de funcionario de carrera", así como una estructura funcionarial propia que vulnera los principios de igualdad, mérito y capacidad.