Referencia del Consejo de Ministros

Madrid

SUMARIO

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

• Se inicia la tramitación del ANTEPROYECTO DE LEY para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, a los efectos previstos en el artículo 26.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
• REAL DECRETO por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2021-2022, y se modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas.
• REAL DECRETO por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2018/958, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de junio de 2018, relativa al test de proporcionalidad antes de adoptar nuevas regulaciones de profesiones.
• REAL DECRETO por el que se aprueba el Código Estructural.
• ACUERDO por el que se aprueban las medidas correspondientes al Plan de actuaciones de prevención y lucha contra los incendios forestales para el año 2021 y se toma conocimiento del informe sobre la ejecución de las medidas adoptadas en el año 2020.
• ACUERDO por el que se aprueban las medidas y planes de actuación con motivo del período estival para el año 2021 y se toma conocimiento del informe sobre la ejecución de las medidas adoptadas en el año 2019.
• ACUERDO por el que se prorroga el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de febrero de 2021, por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos entre la República Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos españoles.

Asuntos Económicos y Transformación Digital

• ACUERDO por el que se autoriza la segunda y última prórroga de la moratoria a países de renta baja relativa al pago de deudas contraídas a través del Fondo para la Internacionalización de la Empresa.

Trabajo y Economía Social

• ACUERDO por el que se autoriza al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo el pago de diversas contribuciones voluntarias correspondientes a cuotas del ejercicio 2021, por un importe global de 31.422,42 euros.

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

• REAL DECRETO por el que se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
• ACUERDO por el que se autoriza la resolución del Convenio entre el Ministerio de Medio Ambiente, actualmente Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Dirección General del Agua y Confederación Hidrográfica del Tajo, O.A.), la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía para el programa de desarrollo sostenible de los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía, suscrito el 17 de abril de 2007.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

• ACUERDO por el que se toma conocimiento de la denuncia por parte de Turkmenistán del Convenio entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas para evitar la doble imposición sobre la renta y el patrimonio, y se dispone su remisión a las Cortes Generales.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación del servicio de transporte aéreo para la repatriación de españoles desde la República Democrática Federal de Nepal, por un importe estimado de 300.000 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de una ayuda humanitaria a la población afectada por el agravamiento de la pandemia de COVID-19 en la República del Paraguay, por un importe máximo de 150.000 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza la contribución voluntaria de España al Colegio de Europa, por importe de 20.000 euros

Hacienda

• ACUERDO por el que se autoriza una transferencia de crédito en el servicio 50 "Mecanismo de Recuperación y Resiliencia" por importe de 20.700.000 euros del Ministerio de Política Territorial y Función Pública al Ministerio de Justicia para llevar a cabo inversiones relativas a la modernización de las Administraciones Públicas y al impulso a la PYME, correspondientes a los componentes 11 y 13, respectivamente.
• ACUERDO por el que se autoriza una transferencia de crédito, por importe de 762.000 euros, entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional y el Ministerio de Cultura y Deporte para la adquisición de dispositivos informáticos para el alumnado de Ceuta y Melilla con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
• ACUERDO por el que se autoriza una transferencia de crédito, por importe de 6.000.000 de euros, desde el presupuesto del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital al del Ministerio del Interior, para dar cumplimiento al Acuerdo entre ambos Departamentos para el desarrollo del proyecto de despliegue del Sistema de Alertas Públicas (PWS) de la Red de Alerta Nacional (RAN).
• ACUERDO por el que se autoriza una transferencia de crédito por importe de 261.000.000 de euros, con la finalidad de atender inversiones ineludibles en diversos programas especiales de modernización del Ejército del Aire, financiada con baja en la aplicación presupuestaria 34.01.943M.492.
• ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia, por importe de 34.498.094,23 euros, y la concesión de un crédito extraordinario en el Ministerio de Sanidad, para atender necesidades derivadas de la pandemia de coronavirus COVID-19 en España.
• ACUERDO por el que se autoriza una transferencia de crédito por importe de 39.000.000 de euros, con el objeto de financiar los proyectos a ejecutar derivados del Acuerdo Presidencia del Gobierno-Airbus, consistente en la puesta en desarrollo, para el año 2021, de un programa para la adquisición de helicópteros (modelos H-135 y H-160), para la renovación de las flotas de helicópteros de las Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil.
• ACUERDO por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar a la Secretaría de Estado de Migraciones la tramitación inicial de diversos expedientes de contratación.
• ACUERDO por el que se modifican los límites y el número de anualidades establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gastos con cargo a ejercicios futuros, para posibilitar al Ministerio de Defensa llevar a cabo la contratación del sistema de guerra electrónica nacional en los futuros helicópteros de Transporte Pesado CH-47 F del Ejército de Tierra.
• ACUERDO por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la tramitación de nuevos gastos en el capítulo 6 "Inversiones reales".
• ACUERDO por el que se modifican los límites y el número de anualidades establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Ministerio de Ciencia e Innovación la aprobación de la cuarta Adenda al Convenio celebrado con el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza, de fecha 5 de julio de 2006, para la creación del Consorcio para el equipamiento y explotación del Laboratorio Subterráneo de Canfranc (LSC).
• ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Instituto Social de las Fuerzas Armadas la contratación de servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones.
• ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en el Ministerio del Interior, con la finalidad de llevar a cabo la contratación del servicio de mantenimiento y evolución del Sistema Integral de Gestión de Solicitudes de Protección Internacional (SIGESPI) de apoyo a la Subdirección General de Protección Internacional de la Dirección General de Política Interior.
• ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar a la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación atender los gastos derivados de la tramitación de nuevos contratos centralizados de servicios postales y de servicios de limpieza integral de edificios de la AGE.
• ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Instituto Español de Oceanografía (IEO) la ejecución de diversos contratos de suministro de equipamiento en el marco de proyectos de investigación, así como la tramitación anticipada de otros contratos de suministro y obras de reparación.
• ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Ministerio de Educación y Formación Profesional la convocatoria de becas y ayudas al estudio de carácter general y para necesidades educativas especiales para el curso 2021-2022.
• ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) atender los compromisos para la participación de España en la Infraestructura Europea EU-SOLARIS ERIC.
• ACUERDO por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria, y en el artículo 41 del Real Decreto-ley 36/2020, para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con el fin de adquirir compromisos de gasto futuros en diversas aplicaciones y posibilitar la suscripción de dos Convenios con ADIF y ADIF-Alta Velocidad, para la sostenibilidad económica de las infraestructuras ferroviarias.
• ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en el Ministerio del Interior con el objeto de financiar los proyectos a ejecutar derivados del Acuerdo de Presidencia del Gobierno - Airbus, del que se deriva la adquisición de helicópteros (modelos H-135 y H-160).
• ACUERDO por el que se autoriza adquirir compromisos de gastos con cargo a ejercicios futuros de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para posibilitar al Ministerio de Defensa la financiación de varios proyectos a ejecutar por la empresa Airbus.
• ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma de Cataluña a otorgar avales por importe total máximo de 103.650.560,38 euros y por el que se modifican los Acuerdos de Consejo de Ministros de 28 de abril y 20 de octubre de 2020, por los que se autorizaba a la Comunidad Autónoma de Cataluña a prestar garantías a favor del ICF durante 2020, en lo relativo a las tres líneas COVID-19, por importe total máximo de 583.200.000 euros.
• ACUERDO por el que se formaliza la tercera fase del proceso de revisión del gasto de las Administraciones Públicas.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

• REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 664/2015, de 17 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Circulación Ferroviaria.
• REAL DECRETO por el que se aprueba el Convenio entre la Administración General del Estado y Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española, Sociedad Anónima Unipersonal, para la construcción, conservación y explotación de la conexión entre la Autopista del Atlántico AP-9 y la Autovía A-54 Santiago-Lugo (Enlace Orbital).
• ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de las obras de Mejoras funcionales y de seguridad vial y medidas de integración ambiental de la Autovía A-7. Tramo: Enlace con la CV-32 - Enlace con la CV-35, del punto kilométrico 313 al punto kilométrico 324. Provincia de Valencia. Valor estimado del contrato 121.227.364,85 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras de retaluzado y consolidación del talud situado en el punto kilométrico 354+350 de la autovía A-7; término municipal de Lújar, subsanando la situación de grave peligro existente, en la provincia de Granada, por importe de 866.195,27 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la primera ampliación de la declaración de emergencia de las obras de reparación de los pórticos de señalización de los puntos kilométricos 8+144, 8+847, 10+900 y 15+260, en la autovía A-6, subsanando la situación de grave peligro existente, en la provincia de Madrid, importe de 160.328,73 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza la contribución de España al Memorándum de Entendimiento de París de 1982 sobre el control por el Estado Rector del Puerto (MOU-PSC), correspondiente a 2020, por importe de 32.805 euros.

Educación y Formación Profesional

• ACUERDO por el que se autorizan diversas contribuciones voluntarias correspondientes a cuotas del ejercicio 2021, por un importe global de 49.588,72 euros.

Industria, Comercio y Turismo

• ACUERDO por el que se autoriza la contribución española al World Travel & Tourism Council (WTTC) correspondiente al año 2021, por importe de 55.000 dólares estadounidenses.

Política Territorial y Función Pública

• REAL DECRETO de traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco sobre ejecución de la legislación del Estado en materia penitenciaria.
• REAL DECRETO de ampliación de los medios patrimoniales adscritos a los servicios de la Administración del Estado traspasados a la Comunidad Autónoma del País Vasco por el Real Decreto 2380/1982, de 14 de mayo, en materia de puertos.
• REAL DECRETO de traspaso a la Comunidad Autónoma del País Vasco de las funciones y servicios de la Administración del Estado relativas a la asignación del ISSN (International Standard Serial Number).
• REAL DECRETO de traspaso a la Comunidad Autónoma del País Vasco de los medios personales, presupuestarios y patrimoniales adscritos al ejercicio de determinadas facultades previstas por la Ley Orgánica 5/1987, de 30 julio, en relación con los transportes por carretera.
• ACUERDO por el que se solicita del Sr. Presidente del Gobierno la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra la disposición transitoria segunda del Estatuto de Personal al servicio del Parlamento de La Rioja, aprobado por el Pleno del Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada el día 31 de marzo de 2021, y publicado en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja de 6 de abril de 2021.
• ACUERDO por el que se da contestación al requerimiento de incompetencia formulado por el Gobierno del País Vasco en relación a varios preceptos del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.

Sanidad

• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de la ampliación de plazo de las actuaciones de continuidad relativas al encargo a la empresa TRAGSATEC para el apoyo técnico y de gestión, en los proyectos que se pongan en marcha en los servicios centrales del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con lo establecido en el punto 4 de la D.A. 24.ª de la LCSP, y el artículo 4.3 del Real Decreto 69/2019, de 15 de febrero, por el que se desarrolla el régimen jurídico de la Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) y de su filial Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC).
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de la segunda ampliación de plazo de las actuaciones de continuidad relativas al encargo a la empresa TRAGSATEC para el apoyo técnico y de gestión, en los proyectos que se pongan en marcha en los servicios centrales del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con lo establecido en el punto 4 de la D.A. 24.ª de la LCSP, y el artículo 4.3 del Real Decreto 69/2019 de 15 de febrero, por el que se desarrolla el régimen jurídico de la Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) y de su filial Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC).
• ACUERDO por el que se autoriza el abono de la contribución económica, correspondiente a 2021, a la Alianza Europea de Organizaciones de Transfusión Sanguínea o "European Blood Alliance" (EBA).

Derechos Sociales y Agenda 2030

• ACUERDO por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial entre las comunidades autónomas (excepto País Vasco y Navarra) y ciudades de Ceuta y Melilla, para su sometimiento al Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, del crédito destinado a la financiación en 2021 del Programa de Protección a la Familia y Atención a la Pobreza Infantil. Prestaciones Básicas de Servicios Sociales por importe de 158.910.000 euros.

Consumo

• ACUERDO por el que se autoriza la tramitación administrativa urgente prevista en el artículo 27.1.b) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, del Anteproyecto de Ley de servicios de atención al cliente.

ACUERDOS DE PERSONAL

Trabajo y Economía Social

• REAL DECRETO por el que se nombra secretaria General Técnica a Dª. CONSOLACIÓN RODRÍGUEZ ALBA
  

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ASUNTOS GENERALES

Igualdad

ANTEPROYECTO DE LEY PARA LA IGUALDAD REAL Y EFECTIVA DE LAS PERSONAS TRANS Y PARA LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS LGTBI

El Consejo de Ministros ha aprobado el Informe del Anteproyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. La Ley consolida y garantiza derechos que suponen un gran avance para las personas trans y LGTBI. Por un lado se trata de una Ley despatologizante en la que las personas trans dejan legalmente de ser consideradas enfermas, tal y como ya ha indicado la Organización Mundial de la Salud en la actualización del CIE-11.

Asimismo, la nueva norma permite que las mujeres lesbianas, bisexuales y las mujeres sin pareja vuelvan a tener acceso a técnicas de reproducción humana asistida tras 7 años sin acceso a ese derecho en el Sistema Nacional de Salud. Igualmente, el Gobierno se ha comprometido a redactar una Orden Ministerial en el plazo de 6 meses para ampliar este derecho a las personas trans con capacidad de gestar.

Este Anteproyecto modifica el artículo 120 del Código Civil y responde a una de las demandas del colectivo LGTBI, como es la filiación de los hijos e hijas de las parejas formadas por dos mujeres sin necesidad de que estén casadas. Además, se prohíben las terapias de conversión, aversión o contracondicionamiento destinadas a modificar la orientación, identidad sexual o la expresión de género de las personas, con independencia de que esta haya dado su consentimiento. La norma aprobada hoy consolida derechos para las personas trans y LGTBI en el ámbito educativo y laboral.

La norma incorpora también medidas de acción positiva para favorecer el acceso de las personas LGTBI al empleo, especialmente de las mujeres trans, así como de otras medidas de igualdad en el ámbito laboral. Asimismo, garantiza que la atención sanitaria a las personas trans se realicen conforme a los principios de no patologización, autonomía, codecisión y consentimiento informado. Además, se prevé la inclusión en los currículums educativos del conocimiento y respeto a la diversidad sexual, de género y familiar como un objetivo en todas las etapas, así como formación en la materia para todo el profesorado.

Por otro lado, se regulan dos Estrategias Estatales para el fomento de políticas públicas que tengan como objetivo la igualdad real y efectiva de las personas trans y LGTBI. De esta forma la Estrategia Estatal para la Igualdad de Trato y No Discriminación de las personas LGTBI se erige como instrumento principal de colaboración territorial para el impulso, el desarrollo y la coordinación de las políticas. También se crea con esta ley la Estrategia Estatal para la inclusión social de las personas trans. Ambas tendrán carácter cuatrienal.

Procedimiento de cambio de sexo

El Anteproyecto recoge la libre determinación de la identidad de género de las personas trans mediante una doble comparecencia ante la persona encargada del Registro Civil, sin medios de prueba ni testigos. Cubrirá un formulario en el que manifestará su disconformidad con el sexo mencionado y la petición de cambio. La persona encargada del Registro Civil informará de las consecuencias legales que tendrá este cambio, solicitando la rectificación.

En el plazo máximo de 3 meses la persona llevará a cabo una nueva comparecencia para ratificar su solicitud y la persistencia de su decisión de cambio de sexo. En el plazo de un mes tras esa segunda comparecencia, la persona encargada del Registro Civil dictará una resolución.

Este procedimiento pueden iniciarlo las personas mayores de 16 años por sí mismas y, siendo mayores de 14 y menores de 16, acompañadas de sus representantes legales. En el caso de los mayores de 12 años y menores de 14, el procedimiento para cambiar de sexo registral será mediante Jurisdicción Voluntaria. El anteproyecto también incluye la posibilidad de que los menores de 12 años puedan cambiarse el nombre en el Registro Civil, lo que permite que se desplieguen numerosos derechos en todas las esferas de su vida privada.

Asuntos Económicos y Transformación Digital

DIRECTRICES COMUNES PARA LAS NUEVAS PROFESIONES REGULADAS EN ESPAÑA

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva 2018/958 relativa al test de proporcionalidad que deberá aplicarse antes de aprobar nuevas profesiones reguladas o cuando se revisen las regulaciones existentes.

La Directiva establece normas comunes para todos los países que deberán aplicarse en las evaluaciones de proporcionalidad que los Estados miembros deben realizar antes de introducir nuevas regulaciones que restrinjan el acceso a las profesiones reguladas o su ejercicio, o de modificar las existentes, garantizando el buen funcionamiento del mercado interior, la transparencia y un elevado nivel de protección a los consumidores.

La valoración de la proporcionalidad de los requisitos, tal y como establece la Directiva, evitará la imposición de barreras innecesarias para el acceso o ejercicio de profesiones reguladas, lo que contribuirá a una mayor competencia.

El test de proporcionalidad facilitará también la adaptación de las profesiones reguladas a la nueva realidad económica y al nuevo entorno tecnológico, contribuyendo al aumento de la competencia y, por tanto, incrementando el beneficio de consumidores y usuarios. Asimismo, esta nueva herramienta común permitirá una mayor armonización de las normas internas sobre profesiones reguladas, facilitando la libre circulación de los profesionales en toda la Unión Europea.

El Real Decreto detalla la lista de cuestiones que obligatoriamente deben tenerse en cuenta cuando se realice la evaluación de los requisitos al para regular una profesión con el fin de garantizar que las medidas adoptadas son proporcionadas, necesarias y no discriminatorias para el ejercicio de dicha profesión.

Si bien, la normativa española actual ya contempla la obligación de realizar un análisis previo de la necesidad, proporcionalidad y no discriminación para las profesiones reguladas, el Real Decreto incluye como novedad que este análisis deberá hacerse siguiendo el marco homologado establecido por la Unión Europea, que garantiza que en todos los países se tiene en cuenta los mismos criterios.

De esta forma, para la regulación de las nuevas profesiones o la modificación de las existentes, los responsables deberán ser capaces de determinar y justificar si la restricción del acceso a las profesiones reguladas, o a su ejercicio, es proporcionado en relación con los objetivos perseguidos y los beneficios. Asimismo, deben compararse las medidas propuestas con soluciones alternativas que permitan alcanzar el mismo objetivo imponiendo menos restricciones.

Por su parte, las autoridades competentes garantizarán que el acceso a nuevas profesiones reguladas o la modificación de las existentes están justificadas por objetivos de interés público.

Finalmente, con el fin de facilitar la aplicación del test de proporcionalidad, se incorpora en el proyecto normativo la posibilidad de que la Administración General del Estado y las comunidades autónomas establezcan recomendaciones comunes en el marco de sus competencias.

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

AYUDAS A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA INCENTIVOS AL AUTOCONSUMO Y AL ALMACENAMIENTO

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que establece la primera línea de ayudas de ámbito estatal dirigida específicamente al autoconsumo y el almacenamiento de energía renovable, que también incluye fondos para la climatización y el agua caliente sanitaria.

Con cargo al Plan de Recuperación, las comunidades y las ciudades autónomas recibirán hasta 1.320 millones de euros hasta el año 2023. La dotación inicial es de 660 millones, ampliables hasta doblar esta cantidad, según se vaya ejecutando el presupuesto.

Concretamente, las empresas, los particulares y las administraciones públicas dispondrán, en cuanto la norma se publique en el BOE, de hasta 900 millones para autoconsumo, hasta 220 millones para baterías y hasta 200 millones más para climatización y agua caliente sanitaria.

Los fondos se repartirán en seis programas, tres dirigidos a sectores económicos concretos, como los servicios, la industria o la agricultura, y otros tres especialmente diseñados para los hogares.

El volumen de las ayudas dependerá del tamaño de las empresas y de las instalaciones, mientras que para los hogares será un porcentaje fijo. En los municipios con menos de 5.000 habitantes la subvención será un 5% más alta para afrontar mejor el reto demográfico.

Gracias a este paquete de ayudas, se generarán más de 25.000 empleos directos e indirectos, se instalarán cerca de 2.000 MW de energía renovable, incluyendo la climatización de más de 40.000 viviendas. También se evitará la emisión a la atmósfera de un millón de toneladas de CO2 cada año.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

CONVENIO PARA EL ENLACE ORBITAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que aprueba la suscripción del convenio entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) y la empresa concesionaria de la autopista AP-9 para la construcción, conservación y explotación del nuevo enlace Orbital de Santiago de Compostela, entre la AP-9 (PK 64+500) con la autovía A-54 (enlace de San Marcos PK 91) y el aeropuerto de Lavacolla.

El objeto de esta actuación es desarrollar una nueva conexión de la Autopista del Atlántico AP-9 con la Autovía A-54 (Lugo-Santiago), el aeropuerto de Lavacolla y los polígonos industriales y comerciales del Tambre y Costa Vella, del norte de la ciudad de Santiago, con todos los movimientos posibles.

El convenio contempla que las inversiones necesarias para llevar a cabo la ejecución del Enlace Orbital serán asumidas por MITMA y se llevarán a cabo con cargo a los presupuestos generales del Estado.

Así mismo, la posterior conservación y explotación de esta conexión, así como el coste de las mismas, serán realizadas por la Dirección General de Carreteras.

Adicionalmente, de acuerdo con lo que se establece en dicho convenio, el nuevo Enlace Orbital forma parte del tramo libre de peaje para los usuarios cuyos recorridos sean totalmente internos al tramo: Santiago Norte -Santiago Sur, fijado en el Real Decreto 399/1985, de 6 de marzo.

Por lo tanto, a partir de la puesta en servicio de la actuación del Enlace Orbital, el régimen de circulación entre el Enlace Orbital y el Enlace Santiago Sur será libre de peaje para los usuarios cuyos recorridos sean exclusivamente internos entre ambos.

De esta forma, esta actuación supondrá ampliar el tramo libre de peaje en Santiago en 3 km adicionales, entre los p.k. 64 y 67 (actualmente es libre entre Santiago Norte (pk 67) y Santiago Sur (pk 75) y pasará a ser libre de peaje desde el enlace orbital (pk 64) hasta Santiago Sur (pk 75)).

La construcción, conservación y explotación del nuevo enlace y el régimen de circulación establecido para el mismo, no produce desequilibrio económico financiero a la sociedad concesionaria, por lo que no tiene derecho a compensación alguna por tal motivo.

Por último, el convenio recoge la redacción del proyecto de construcción de la ampliación de capacidad de la autopista AP-9, entre el Enlace de Santiago Norte y el nuevo Enlace Orbital, por parte de la empresa concesionaria en el momento que sea requerido por el Ministerio.

Obras del nuevo enlace Orbital de Santiago

Las obras del nuevo enlace Orbital de Santiago fueron adjudicadas por Mitma el pasado 2 de septiembre de 2020, encontrándose actualmente en ejecución.

El presupuesto vigente de las obras asciende a 19,1 millones de euros, que sumado al coste estimado de las expropiaciones y de las asistencias técnicas de redacción y de proyecto y control y vigilancia de las obras, arroja una inversión total prevista de 21,5 millones de euros.

Las obras consisten en la construcción de un nuevo enlace en el PK 64+500 de la AP-9, resuelto mediante una glorieta superior sobre el tronco de la autopista AP-9 y cuatro nuevos ramales.

El enlace Orbital se conectará de forma directa mediante un nuevo vial con sección de autovía (dos carriles por sentido con mediana) de 800 m de longitud, con el actual enlace de San Marcos de la A-54 (PK 91).

Asimismo, se ejecutará un nuevo carril de trenzado (PK 66) entre los vehículos que se incorporan sentido A Coruña al tronco, desde el enlace Santiago Norte, con los vehículos que salen desde la AP-9 hacia el enlace Orbital.

Este nuevo enlace permitirá descongestionar tráficos del actual enlace de Santiago Norte (PK 67+000) de la AP-9 en horas punta, donde confluyen tanto los tráficos que se dirigen hacia el centro ciudad como los generados por los polígonos industriales antes citados. De esta forma los tráficos hacia los polígonos pasarán a encaminarse preferentemente a través del nuevo enlace Orbital.

Por último, el nuevo enlace Orbital completará las conexiones entre la AP-9 y el aeropuerto internacional de Lavacolla.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

ACTUALIZACIÓN DEL CÓDIGO ESTRUCTURAL

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto, el Código Estructural que contiene la reglamentación técnica en materia de estructuras de hormigón y de acero.

El Código Estructural actualiza la reglamentación vigente relativa a las estructuras de hormigón y a las estructuras de acero de acuerdo a las novedades de carácter técnico y reglamentario en la materia, y deroga la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), aprobada por el Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, y la Instrucción de Acero Estructural (EAE), aprobada por el Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo.

El nuevo marco reglamentario tiene por objeto definir las exigencias que deben cumplir las estructuras de hormigón, las de acero y las mixtas de hormigón-acero para satisfacer los requisitos de seguridad estructural y seguridad en caso de incendio, además de la protección del medio ambiente y la utilización eficiente de recursos naturales, proporcionando procedimientos que permiten demostrar su cumplimiento con suficientes garantías técnicas.

El Código Estructural consta de 4 Títulos, relativos a I. Bases Generales, II. Estructuras de hormigón, III. Estructuras de acero y IV. Estructuras mixtas, con un total de 36 Capítulos. Además de 32 anejos que desarrollan, en los primeros 17, cuestiones particulares de las estructuras correspondientes, y en los últimos 15 los procedimientos de cálculo de dichas estructuras.

Principales novedades del Código Estructural

Las principales novedades que incorpora el Código Estructural respecto de las anteriores Instrucciones de hormigón y acero, son las siguientes:

•Regula nuevos ámbitos que no contemplaba la reglamentación hasta ahora en vigor, tales como:

La gestión de las estructuras existentes durante su vida útil.

Los sistemas de protección, reparación y refuerzo de estructuras de hormigón.

Las estructuras realizadas con acero inoxidable.

Las estructuras mixtas de hormigón y acero.

•Evalúa la sostenibilidad de las estructuras considerando las características prestacionales, ambientales, sociales y económicas que aportan los agentes que participan en su proyecto y ejecución.

El Código Estructural incorpora un modelo voluntario para la propiedad para evaluar la contribución a la sostenibilidad de los diferentes agentes que intervienen en la estructura, como el proyectista, el constructor y los fabricantes de productos, considerando las características prestacionales, ambientales, sociales y económicas.

Los parámetros utilizados en el modelo incluyen las emisiones de gases de efecto invernadero, el reciclado de materiales, el consumo de energía o agua, la utilización de energías renovables, control de emisiones y ruidos, mejora ambiental, etc., valorándose el compromiso de dichos agentes más allá del mínimo exigido por la legislación vigente.

•Sustituye las menciones a la Directiva 89/106/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre los productos de construcción, que se contenían en la reglamentación vigente, por las del Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo.

La principal novedad es que desaparece el concepto de idoneidad al uso de los productos con marcado CE, y se sustituye por la presunción de veracidad de la declaración de prestaciones del producto por parte del fabricante.

•Incorpora los aspectos más relevantes de la normativa europea para el cálculo de las estructuras, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los Eurocódigos Estructurales.

•Establece recomendaciones para la utilización del hormigón proyectado estructural.

Educación y Formación Profesional

BECAS Y UMBRALES DE RENTA Y PATRIMONIO PARA EL PRÓXIMO CURSO

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2021-2022. En esta convocatoria se incrementa el presupuesto en 128 millones de euros, hasta un total de 2.038 millones. Una inversión récord dirigida a cubrir la entrada de nuevos beneficiarios como consecuencia de la crisis derivada de la pandemia de Covid-19.

El incremento de 128 millones de euros respecto a la convocatoria anterior es la tercera subida consecutiva -y la tercera mayor de la última década- en el presupuesto destinado a las becas y ayudas al estudio. Desde 2018, el Gobierno ha aumentado esta partida en 578 millones de euros (un 39,6%), reforzando el papel de estas ayudas como instrumento esencial para lograr la equidad en la educación.

De acuerdo con los cálculos del Ministerio de Educación y Formación Profesional y el Ministerio de Universidades, alrededor de 850.000 estudiantes (460.000 no universitarios y 390.000 universitarios) se beneficiarán de las becas y ayudas al estudio el próximo curso, un 24,5% más que en el curso 2017-2018.

Principales novedades

Este Real Decreto incluye como principales novedades para la convocatoria del curso 2021-2022 el aumento de la cuantía de la beca base para cursar Formación Profesional Básica, que pasa de 300€ a 350€. (La beca básica es aquella que reciben los alumnos y alumnas no universitarios que no obtienen beca asociada a la renta).

Esta medida se suma al aumento de las cuantías fijas en 100 euros, la elevación del umbral de renta 1 y el aprobado como nota de acceso a estas ayudas, mejoras ya introducidas en la anterior convocatoria 2020-2021.

La próxima convocatoria prevé además la incorporación del alumnado con trastorno grave de la comunicación y del lenguaje entre los beneficiarios de las ayudas para estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), que pasan así a ser cinco colectivos: discapacidad, altas capacidades, trastorno grave de conducta, trastorno del espectro autista (incluido en la convocatoria 2020-2021) y el citado trastorno grave de la comunicación y del lenguaje.

Para estudiantes víctimas de violencia de género, se suprime el requisito de la acreditación, por parte de alguna autoridad educativa, de que el menor rendimiento académico del solicitante está directamente relacionado con la violencia sufrida. No será necesaria, por tanto, esa acreditación para obtener la beca.

Además, se mantienen las medidas extraordinarias adoptadas durante la crisis del Covid-19, de forma que no se tendrán en cuenta, a efectos de concesión de la beca, aquellas asignaturas, créditos o módulos que no se hayan podido cursar o evaluar adecuadamente.

Estas medidas pretenden hacer llegar las becas a quienes más las necesitan y reducir así el abandono escolar por motivos económicos.

Becas y universidades

En cuanto a los estudios universitarios, para obtener una beca para cursar un máster habilitante bastará con una nota media de 5,00 puntos, en lugar de los 6,50 exigidos hasta ahora, tanto en primer como en segundo curso. Esta modificación está en línea con las reformas introducidas en el curso 2018-2019, cuando se redujo al aprobado la nota para obtener beca en el primer año de universidad.

Este aumento presupuestario adicional y el cambio en la nota media de acceso a la beca de masters habilitantes asegurará aún más la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación universitaria.

Estos cambios introducidos continúan la estela de los ya introducidos para los cursos 2020-2021 en el cual el presupuesto para becas en educación superior aumentó en un 22% así como en 100 euros las cuantías económicas de cada beca.

Agilización de los trámites administrativos

Los Ministerios de Educación y Formación Profesional y de Universidades continúan trabajando en la reforma de la gestión administrativa que permitirá adelantar varios meses la solicitud de las becas. Con esta medida se pretende que los estudiantes puedan conocer antes del inicio del curso si cumplen los requisitos económicos para recibir o no estas ayudas

Se trata de una reforma compleja que requiere cambios de calado en el actual sistema y que implica a varias administraciones, por lo que está previsto ponerla en marcha en el curso 2022-2023.

En esta misma línea, para facilitar a los ciudadanos la búsqueda e identificación de las distintas convocatorias de becas y ayudas al estudio, ambos Ministerios trabajan con las comunidades autónomas en la creación de un portal común que recoja tanto las iniciativas estatales como las autonómicas. Se atiende así una reclamación histórica de las asociaciones de estudiantes.

El Real Decreto de Umbrales ha sido supervisado por el Consejo de Estado, la Conferencia Sectorial de Educación, el Observatorio de Becas y Ayudas al Estudio, el Consejo Escolar del Estado, la Comisión Delegada de la Conferencia General de Política Universitaria y las comisiones permanentes del Consejo de Universidades y del Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado (CEUNE) y el Consejo Nacional de la Discapacidad.

Política Territorial y Función Pública

TRASPASO DE COMPETENCIAS AL PAÍS VASCO

El Consejo de Ministros ha aprobado cuatro reales decretos que formalizan el traspaso de las nuevas competencias al País Vasco que se acordaron el pasado 10 de mayo, en la Comisión Mixta de Transferencias.

Así, a partir del 1 de octubre de 2021, el País Vasco gestionará las instituciones penitenciarias ubicadas en su territorio. Se trata del Centro Penitenciario de Bilbao, el Centro Penitenciario de Álava/Araba y el Centro Penitenciario de San Sebastián.

La legislación y la normativa penitenciaria seguirán siendo competencia estatal, común en toda España. El País Vasco asumirá las funciones de dirección, supervisión, organización, gestión económica y administrativa e inspección de los centros.

El traspaso incluye los bienes inmuebles afectos al servicio penitenciario ubicados en Bilbao-Basauri, San Sebastián, Nanclares de la Oca y Álava. El Estado también traspasa 684 puestos de trabajo ocupados y vacantes, adscritos actualmente a la secretaría general de Instituciones Penitenciarias y a la entidad estatal de derecho público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.

El Consejo de Ministros también ha aprobado el Real Decreto de traspaso en materia de transportes por carretera de los medios personales, presupuestarios y patrimoniales relativos a transportes privados, actividades auxiliares y complementarias el transporte, arbitraje y competencia profesional para el transporte y para las actividades auxiliares y complementarias del mismo.

Este traspaso será efectivo a los largo de 2021, cuando se suscriban los correspondientes Convenios Forales de actualización y equiparación en materia de transportes terrestres por carretera.

Por otra parte, se ha aprobado el Real Decreto que determina que el País Vasco ejercerá, dentro de su ámbito territorial, las funciones correspondientes en materia de otorgamiento de códigos internacionales de identificación de las publicaciones seriadas (ISSN) en relación con empresas y entidades radicadas en su territorio.

Finalmente, se ha formalizado el traspaso de un edificio en el puerto de Ondárroa (Bizkaia), que fue anterior sede del Distrito Marítimo.

Estos dos últimos acuerdos entrarán en vigor al día siguiente de la publicación de sus respectivos reales decretos en el Boletín Oficial del Estado.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

AYUDA HUMANITARIA A PARAGUAY POR LA PANDEMIA

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se toma razón de la declaración de emergencia de una ayuda humanitaria a la población afectada por el agravamiento de la pandemia de COVID-19 en la República del Paraguay, por un importe máximo de 150.000 euros.

La situación epidemiológica por COVID-19 en Paraguay apenas tuvo incidencia durante el primer semestre del 2020, alcanzando su punto de inflexión en el mes de septiembre con un incremento de afectados contagiados. Esta dinámica de contagios se ha mantenido estable hasta que en el mes de abril de 2021 se alcanzó la cifra de más de catorce mil afectados por semana y las autoridades sanitarias paraguayas reportan que este aumento exponencial de contagiados es debido a la incidencia de la llamada nueva cepa vírica brasileña (amazónica), contabilizándose el 1 de mayo 101 decesos.

Asimismo, se ha producido un incremento de hospitalizaciones, especialmente en las unidades de cuidados intensivos, contabilizándose -a finales de abril- 504 pacientes ingresados en un solo día.

Por ello, el 28 de abril Paraguay solicitó ayuda a España ante la preocupante situación que está viviendo el país debido a la creciente demanda de medicamentos y equipos respiratorios para la atención de pacientes graves por COVID-19.

Con objeto de atender las necesidades sanitarias de la población afectada por el agravamiento de la pandemia de COVID-19 en Paraguay, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) resolvió otorgar una ayuda humanitaria de emergencia.

La ayuda ha consistido en un libramiento de fondos a la Oficina de Acción Humanitaria, para la adquisición de medicamentos (midazolam y atracurio) y demás suministros, su almacenaje, envío y gastos derivados del mismo desde España, de acuerdo con las necesidades indicadas por las autoridades paraguayas.

El avión que transportó la carga humanitaria recorrió la ruta Madrid-Asunción, con salida de Madrid el 28 de mayo y llegada a Asunción al día siguiente.

El importe total de la actuación se ha presupuestado en un máximo de 150.000 euros.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

PLAN DE ACTUACIONES DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES

El Consejo de Ministros ha adoptado el Acuerdo por el que se aprueban las medidas correspondientes al Plan de actuaciones de prevención y lucha contra los incendios forestales para el año 2021 y se toma conocimiento del informe sobre la ejecución de las medidas adoptadas en el año 2020.

Mediante este Acuerdo, se aprueban, por una parte, las medidas contenidas en el Plan de actuaciones de prevención y lucha contra los incendios forestales para el año 2021, que se incluyen como Anexo I al Acuerdo. Y, por otra, se toma conocimiento del informe sobre la ejecución de las medidas contenidas en el Plan de actuaciones de prevención y lucha contra los incendios forestales para el año 2020, que se incluye como Anexo II al Acuerdo.

Desde 2005, el Gobierno viene aprobando cada año un conjunto de medidas interdepartamentales configuradoras del Plan anual de actuaciones de prevención y lucha contra los incendios forestales, que tiene una vocación unificadora, integral y coordinadora de toda la política estatal en este ámbito.

Las actuaciones previstas en el presente Plan se financiarán con cargo a los presupuestos ordinarios de los departamentos ministeriales afectados.

Desde el punto de vista del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, cabe destacar:

En el Anexo I, y en el ámbito de la cooperación internacional, entre las actuaciones en materia de seguridad ciudadana se recoge que "España mantiene convenios de cooperación en materia de protección civil que incluyen la colaboración en la lucha contra incendios forestales con Portugal, Marruecos y Francia. Estos convenios se actualizan permanentemente a través de las Comisiones Mixtas correspondientes, que se reúnen regularmente y, consecuentemente, son de plena aplicación durante la campaña de 2021.

Por otra parte, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias constituye el punto nacional de contacto del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea. Este Mecanismo prevé la solicitud y oferta de medios y recursos extraordinarios para la atención de emergencias por incendios forestales en el ámbito territorial del Espacio Económico Europeo y en otros países participantes, conectados a través de su sistema de información (CECIS), que es utilizado por los treinta y cuatro países que participan en el Mecanismo.

La cooperación europea en materia de lucha contra incendios forestales en el ámbito del referido Mecanismo también prevé otras medidas, tales como el refuerzo del intercambio de información mutua a través de videoconferencias semanales, en las que se abordan temas de previsión de riesgo de incendios forestales, incendios activos e incidencias remarcables, y la disponibilidad de los Estados miembros para ceder medios de extinción o la necesidad de petición de los mismos.

En este contexto, hay que destacar que España es uno de los siete países de la Unión Europea que participa en la flota de medios aéreos del sistema rescEU de lucha contra los incendios forestales. Nuestro país puede aportar a este despliegue dos aviones anfibios apagafuegos de gran capacidad.

Otra de las medidas de la cooperación europea es la puesta a disposición de los países miembros del Sistema Copérnico (Servicio Europeo de Observación Global de la Tierra para el Medio Ambiente y la Seguridad) al objeto de valorar y facilitar el seguimiento satelital de áreas quemadas mediante cartografía. La Dirección General de Protección Civil y Emergencias constituye el punto focal que gestiona y canaliza la solicitud de este servicio".

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias continua, durante la campaña de incendios forestales 2021, con sus actuaciones en los ámbitos de la alerta temprana, el seguimiento de los incendios forestales y la difusión de la información acerca de su evolución, así como con el perfeccionamiento de los procedimientos de información y solicitud de intervención de determinados recursos y servicios de la Administración General del Estado, en particular de la Unidad Militar de Emergencias (UME), y gestión de la cooperación internacional a través del Mecanismo de Protección Civil de la Unión y los convenios internacionales de carácter bilateral existentes.

Desde el punto de vista del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), se continúan los trabajos de coordinación con todas las administraciones involucradas, a través de sus comités especializados. Se mantienen los sistemas de información, fundamentales para mejorar el conocimiento y planificar adecuadamente las actuaciones de prevención y extinción de incendios forestales.

Las principales funciones desarrolladas por el MITECO son la elaboración de la estadística nacional de incendios forestales y la canalización y puesta a disposición de las Administraciones competentes, de toda la información disponible sobre la evolución del riesgo de incendios forestales, los medios materiales, técnicos y personales disponibles en cada momento, así como sobre los incendios forestales una vez que se han producido.

El MITECO publica tres veces al día un parte actualizado de las actuaciones de los medios del Ministerio en curso, el Parte de actuaciones del día anterior, el mapa de riesgo diario, además de otra documentación complementaria. Además. El dispositivo de extinción que el MITECO despliega en apoyo a las comunidades autónomas es gestionado durante todo el año desde el Centro de Coordinación de la Información Nacional sobre Incendios Forestales. Este dispositivo, apoyado por la flota de aviones anfibios CANADAIR es un ejemplo de coordinación, eficacia y eficiencia administrativa.

Una de las novedades presentadas este 2021 es la modificación de los criterios para emitir los Avisos Especiales de Ola de Calor del Plan Meteoalerta, que a partir de ahora tendrán en cuenta los niveles de riesgo de persistencia establecidos en el Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos del Exceso de Temperaturas sobre la Salud. Además, las alertas especiales emitidas por AEMET contendrán un nuevo apartado denominado Niveles de riesgo sobre la salud. En este epígrafe se incluirá un mapa del riesgo en cada territorio, elaborado por el Ministerio de Sanidad. De este modo, la emisión del aviso especial por ola de calor coincidirá con episodios con valores significativamente elevados de los niveles de riesgo del Plan del Ministerio de Sanidad.

Operación Paso del Estrecho

Aunque este año el servicio no está activo, AEMET está preparado para darlo si hiciera falta. Si así lo requiere Protección Civil, AEMET proveerá a través del sistema Operación Paso del Estrecho 2021, soporte meteorológico y climatológico específico.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

DENUNCIA DE TURKMENISTÁN AL CONVENIO PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN

El Consejo de Ministros ha adoptado el Acuerdo por el que se toma conocimiento de la denuncia por parte de Turkmenistán del Convenio entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas para evitar la doble imposición sobre la renta y el patrimonio, y se dispone su remisión a las Cortes Generales.

El Convenio para evitar la doble imposición sobre la renta y el patrimonio suscrito entre la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y el Reino de España, hecho en Madrid el 1 de marzo de 1985, entró en vigor el 7 de agosto de 1986.

Disuelta la URSS, se planteó la cuestión de la vigencia de este Convenio entre España y los nuevos Estados surgidos de dicha disolución, considerándose que el Convenio seguiría en vigor en tanto no se produjera su denuncia o su terminación, haciendo suyo el contenido del Artículo 34 de la Convención de Viena de 23 de agosto de 1978 sobre sucesión de Estados.

En el Artículo 12 del Acuerdo que establece la Comunidad de Estados Independientes, suscrito el 8 de diciembre de 1991 por la Federación Rusa y los Estados sucesores de la URSS, con la excepción de Georgia, éstos aceptan el principio de continuidad en materia de tratados. Turkmenistán lo firmó y Georgia se sumó posteriormente al acuerdo.

El Artículo 23 del Convenio entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas para evitar la doble imposición sobre la renta y el patrimonio, establece:

"El presente Convenio permanecerá en vigor en tanto no sea denunciado por uno de los Estados contratantes, cada Estado contratante podrá denunciar el Convenio tras un período de cinco años contados a partir de la fecha en que entre en vigor el Convenio mediante una notificación escrita por vía diplomática, con un preaviso mínimo de seis meses antes del fin de cada año natural. En este caso, el Convenio dejará de aplicarse a los impuestos sobre la renta y el patrimonio correspondientes al período impositivo que comience en o después del 1 de enero del año natural siguiente al de la notificación".

La denuncia es un acto unilateral por el que una parte manifiesta su voluntad de dar por terminado un tratado en sus relaciones con las demás. La terminación supone el cese definitivo y pro futuro de los efectos del tratado de que se trate.

Mediante Nota Verbal 05/333 de 9 de febrero de 1999, Turkmenistán comunicó a España la denuncia del Convenio de Doble Imposición, indicando que perdería su vigencia el 1 de enero de 2000.

Así, y de conformidad con el Artículo 23 del Convenio, que señala que cualquiera de las partes podrá denunciarlo, el Convenio suscrito entre ambos Estados dejó de tener efectos jurídicos el 1 de enero del año 2000.

Por todo lo anterior, mediante este Acuerdo se informa al Consejo de Ministros de la terminación del Convenio entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas para evitar la doble imposición sobre la renta y el patrimonio, y se dejará constancia en el Boletín Oficial del Estado de dicha terminación.

Asimismo, se informa a las Cortes de la denuncia efectuada por Turkmenistán y sus efectos.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

REPATRIACIÓN DE ESPAÑOLES DESDE NEPAL

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación del servicio de transporte aéreo para la repatriación de españoles desde la República Democrática Federal de Nepal, por un importe máximo de 300.000 euros.

La OMS elevó el 11 de marzo de 2020 la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional. Las circunstancias extraordinarias que concurren constituyen, sin duda, una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud, tanto por el muy elevado número de ciudadanos afectados, como por el extraordinario riesgo para sus derechos.

El agravamiento de la situación epidemiológica por COVID-19 en Nepal ha obligado a las autoridades del país a adoptar medidas excepcionales para frenar la expansión del virus. Entre ellas, el Gobierno de Nepal decretó el pasado 3 de mayo la suspensión de vuelos nacionales e internacionales, estos últimos hasta el 31 de mayo, pudiendo prorrogarse durante más tiempo en función de la evolución epidemiológica.

Debe señalarse que, entre los objetivos de la Política Exterior de España se encuentra la asistencia y protección a sus ciudadanos. Asimismo, corresponde al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, de conformidad con las directrices del Gobierno, proteger a los españoles en el exterior.

Ante la imposibilidad de alternativas comerciales que permitan el regreso de los españoles que se encuentran en Nepal como consecuencia de las medidas adoptadas por las autoridades nepalíes para hacer frente a la crisis epidemiológica y sanitaria que sufre el país, se procedió a la contratación de servicios de transporte aéreo con la compañía IBERIA, con un presupuesto inicial de 170.000 euros más tasas, para la repatriación de los ciudadanos españoles que se encontraban en Nepal. El vuelo tuvo lugar el día 19 de mayo de 2021.

El importe estimado de la actuación se ha presupuestado en 300.000 euros.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

CONTRIBUCIÓN VOLUNTARIA AL COLEGIO DE EUROPA

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la contribución voluntaria de España al Colegio de Europa, por importe de 20.000 euros.

El Colegio de Europa es una asociación de utilidad pública, sin ánimo de lucro, que tiene como misión la formación de postgraduados procedentes de toda Europa, capaces de trabajar para la construcción de Europa tanto en las instituciones políticas específicas que la hacen posible como en ámbitos privados.

Como país miembro de la Unión Europea, España forma parte del Consejo de Administración del Colegio de Europa a través de la figura de su Embajador-Representante Permanente de España ante la Unión Europea.

Entre las funciones del Consejo de Administración está acordar el presupuesto anual del Colegio de Europa y fijar las contribuciones que corresponden a cada Estado Miembro.

El Colegio de Europa, a través de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea, solicitó el 22 de febrero de 2021 el pago de 20.000 euros como contribución española para el año 2021.

En consecuencia, mediante este Acuerdo se autoriza la contribución de 20.000 euros de España al Colegio de Europa, correspondiente al año 2021.

Hacienda

DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS PARA ESTUDIANTES DE CEUTA Y MELILLA

El Consejo de Ministros ha alcanzado un acuerdo por el que se autoriza una transferencia de crédito por importe de 762.000 euros entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional y el Ministerio de Cultura y Deporte, para la adquisición de dispositivos informáticos para el alumnado de Ceuta y Melilla con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

El Ministerio de Educación y Formación Profesional tramita en el año 2021 varios programas de cooperación territorial en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en particular los componentes 19 y 21. Uno de estos programas, que se enmarca dentro del componente 19, es el Plan Educa en Digital, que tiene por objetivo la reducción de la brecha digital de uso en el alumnado con dispositivos móviles y conectividad en situaciones de educación mixta o a distancia.

Para llevar a cabo esta actuación hay asignada una dotación presupuestaria de 150 millones de euros de la que se realizarán transferencias a las Comunidades Autónomas, excepto a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, cuya gestión corresponde al Ministerio de Educación y Formación Profesional, y a las que se asigna una cuantía de 762.000 euros.

La competencia para la adquisición de infraestructuras y equipamientos educativos corresponde a la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura. Por ello, la adquisición de equipamiento para Ceuta y Melilla es preciso efectuarla a través de este Organismo Autónomo del Ministerio de Cultura y Deporte al que Educación habrá de transferir los fondos por importe de 762.000 euros para su ejecución. Y es esta transferencia la que se ha aprobado este martes en Consejo de Ministros.

Hacienda

CUARTA ADENDA AL CONVENIO DEL LABORATORIO SUBTERRÁNEO DE CANFRANC

El Consejo de Ministros ha autorizado la modificación de los límites y el número de anualidades establecidos en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, con la finalidad de posibilitar al Ministerio de Ciencia e Innovación la aprobación de la cuarta adenda al convenio celebrado con el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza, de fecha 5 de julio de 2006, para la creación del Consorcio destinado al equipamiento y explotación del Laboratorio Subterráneo de Canfranc (LSC).

El LSC es una iniciativa conjunta del Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN), el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza para la explotación de una Infraestructura Científico Tecnológica Singular (ICTS) que pretende conseguir avances importantes en áreas tan diversas como la física de partículas elementales, la física nuclear, la astrofísica, la geología o la ciencia de materiales.

En el proyecto de adenda figuran las aportaciones para el periodo 2022-2031. El Gobierno de Aragón contribuirá con un importe total de 5.107.420 euros, distribuidos en cada una de las anualidades en 510.742 euros. Por su parte, la Universidad de Zaragoza realizará una aportación en especie consistente en la cesión de uso del Laboratorio 2400 y el Ministerio de Ciencia e Innovación contribuirá con una cantidad total de 11.066.080 euros.

Hacienda

TERCERA FASE DEL PROCESO DE REVISIÓN DEL GASTO PÚBLICO

El Consejo de Ministros ha alcanzado un acuerdo por el que se formaliza la tercera fase del proceso de revisión del gasto de las Administraciones Públicas ('Spending Review') encargado a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Esta tercera fase consistirá en la realización de dos estudios de revisión: a) de los instrumentos de financiación del sector público para el apoyo de los sectores productivos de la economía española; y b) de la gestión de los residuos urbanos.

Los ejercicios de revisión del gasto público constituyen una herramienta fundamental dirigida a mejorar la calidad y composición del gasto de las Administraciones Públicas. Además, uno de los retos asumidos en el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en concreto en su Componente 29, es la mejora de la eficiencia del gasto público y su reorientación hacia fines más productivos. Ésta es una herramienta más dirigida a la construcción de políticas fiscales prudentes que hacen compatibles las prioridades del Gobierno (crecimiento sostenible, creación de empleo e igualdad social y territorial) con el compromiso con la estabilidad presupuestaria a medida que la recuperación económica se consolide.

La primera área de análisis que incorpora la tercera fase del 'Spending Review' es la relativa a los instrumentos financieros puestos a disposición por parte del sector público para apoyar a los sectores productivos.

La evaluación de estos instrumentos resulta prioritaria en estos momentos y se busca que contribuya a reforzarlos y que sean más útiles en la estrategia de transformación de la economía española que guía el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El segundo ámbito de la revisión se refiere a la gestión de los residuos urbanos, un área que ha sido identificada como prioritaria en distintos informes y recomendaciones por parte de organismos internacionales (Consejo de la UE, FMI, entre otros), tanto por sus efectos sobre el medio ambiente como por su impacto en la creación de empleo. En particular, el último informe del FMI sobre España destaca la necesidad de mejorar la gestión de residuos y lo identifica como un mecanismo para aumentar el empleo a corto plazo y para mejorar la sostenibilidad medioambiental.

Calendario

En el plazo máximo de un mes desde el acuerdo alcanzado hoy en Consejo de Ministros, la AIReF deberá remitir al Ministerio de Hacienda un Plan de Acción para cada una de las áreas a analizar, que incluya aspectos metodológicos, las entidades públicas afectadas, los periodos temporales a los que se refiera el análisis, así como el presupuesto y el calendario de desarrollo.

Los resultados del estudio realizado en el marco de la tercera fase del proceso de revisión del gasto de las Administraciones Públicas se presentarán en un plazo máximo de doce meses a partir de la conformidad del Ministerio de Hacienda al Plan de Acción, y nunca más tarde del 30 de julio de 2022.

Las principales conclusiones de la tercera fase del 'Spending Review' se harán públicas por el Ministerio de Hacienda.

Con ello se cerrará este primer ciclo de revisión del gasto de las Administraciones Públicas. Pero el compromiso del Gobierno con la mejora de la eficacia del gasto público tendrá continuidad: en los próximos meses seguirá trabajando en iniciativas dirigidas a articular un proceso sistemático y permanente de evaluación del gasto público.

Dos fases previas de 'Spending Review'

España, en línea con otros Estados miembros de la Unión Europea, empezó a abordar un proceso gradual de revisión del gasto público del conjunto de las Administraciones Públicas en un primer periodo 2018-2021. Ya se han desarrollado las dos primeras fases de este proceso de revisión, que han incluido once ejercicios de 'Spending Reviews', ya finalizados por la AIReF.

En la primera fase se analizaron aspectos relacionados con el área de subvenciones, que abarcaba: el fortalecimiento de la competitividad empresarial a través del programa de Reindustrialización y Competitividad Industrial (RCI); la Sociedad Estatal de Correos y la prestación del servicio postal universal; el Programa de Promoción del Talento y su empleabilidad en I+D+i; las becas de educación universitaria; las políticas activas de empleo; los medicamentos dispensados a través de receta médica; y la estrategia y procedimientos en la concesión de subvenciones.

En la Fase II la AIReF analizó la eficacia y la eficiencia de cuatro áreas de estudio: los beneficios fiscales; el gasto en farmacia hospitalaria y bienes de equipo; los incentivos a la contratación; y las infraestructuras de transporte.

Las recomendaciones de la AIReF han servido de base para la elaboración de múltiples actuaciones del Plan español de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Hacienda

MODIFICACIÓN DE LOS LÍMITES DE GASTO PARA LA CONVOCATORIA DE BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

El Consejo de Ministros ha alcanzado un Acuerdo por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Ministerio de Educación y Formación Profesional la convocatoria de becas y ayudas al estudio de carácter general y para necesidades educativas especiales para el curso 2021-2022.

El Ministerio de Educación y Formación Profesional tiene prevista la publicación de la convocatoria de estas becas por un importe estimado de 2.031.903.392,24 euros (542.780.337,71 euros en 2021 y 1.489.123.054,53 en 2022) con el siguiente desglose:

Hacienda

FINANCIACIÓN DE PROGRAMAS DE MODERNIZACIÓN DEL EJÉRCITO DEL AIRE

El Consejo de Ministros ha autorizado una serie de operaciones, en concreto una transferencia de crédito y la modificación del límite de gasto, con la finalidad de atender inversiones ineludibles en diversos programas especiales de modernización del Ejército del Aire.

De esta forma, se ha autorizado una transferencia de crédito, correspondiente a la anualidad de 2021, por importe de 261 millones de euros.

Con fecha 30 de julio de 2020 se emitió un comunicado de Presidencia del Gobierno, en el que el Gobierno español se comprometía a impulsar una serie de iniciativas con el objetivo de reforzar a todo el sector aeronáutico en España y sus industrias auxiliares.

Los proyectos, cuya ejecución se ha encomendado al Ministerio de Defensa, se encuentran ya suficientemente desarrollados para iniciar su implementación de forma inmediata y proceder a su contratación en este ejercicio; y son los siguientes:

•Segunda fase de desarrollo del programa FCAS (futuro sistema de combate aéreo): El presupuesto total del programa asciende a 2.500 millones de euros, distribuido en las anualidades de 2021 a 2027, siendo el importe solicitado para el ejercicio 2021 de 113 millones de euros.

•Adquisición de 3 aviones A330 MRTT: El presupuesto total se eleva a 675 millones de euros distribuido en cinco anualidades para los ejercicios 2021 al 2025, siendo el importe solicitado para el ejercicio 2021 de 148 millones de euros.

•Adquisición de helicópteros H135: Este tercer proyecto no precisa de financiación en el presente ejercicio, pero constituye un elemento más del conjunto del acuerdo alcanzado para reforzar el sector aeronáutico en España. La solución económica y contractual contempla una primera fase de obtención de 18 helicópteros para las Fuerzas Armadas, cuyo presupuesto total asciende a 178 millones de euros, distribuido en las anualidades de los ejercicios 2023 a 2026.

En consecuencia, el importe total de los compromisos adquiridos con la empresa Airbus ascienden a 3.353 millones de euros, siendo el importe correspondiente a la anualidad del ejercicio 2021 de 261 millones de euros.

Asimismo, relacionado con estos proyectos, el Consejo de Ministros ha autorizado la modificación de los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria para adquirir compromisos de gasto con cargo a futuros ejercicios, con el fin de posibilitar al Ministerio de Defensa la financiación de varios proyectos a ejecutar por la empresa Airbus.

Esos proyectos que debe ejecutar Airbus son los ya citados:

-Segunda fase de desarrollo del programa Futuro Sistema de combate Aéreo (FCAS), que pretende dotar a las Fuerzas Armadas de las capacidades aéreas necesarias a partir de 2040, así como el desarrollo de capacidades estratégicas industriales y tecnológicas que permitirá a España situar su industria en el núcleo de los países punteros en tecnologías clave de distintos sectores, permitiendo así el acceso de las mismas al mercado global.

-Adquisición de 3 aviones A330 multipropósito de reabastecimiento (MRTT), que permite mejorar la situación de España en materia de transporte aéreo estratégico y reabastecimiento en vuelo estratégico.

-Adquisición de helicópteros H135 (programa conjunto con el Ministerio de Interior), que consiste en la actualización y modernización de los helicópteros y sus sistemas asociados destinados a la enseñanza en el ámbito de las Fuerzas Armadas.

El importe total de los compromisos adquiridos con la empresa AIRBUS ascienden a 3.353 millones de euros, de los que 2.500 millones corresponden a FCAS, 675 millones a la adquisición de aviones MRTT y 178 millones para la adquisición de helicópteros H135.

Contratación para helicópteros de transporte pesado

Por otro lado, el Consejo de Ministros ha autorizado la modificación de los límites y el número de anualidades establecidos en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gastos con cargo a ejercicios futuros, para posibilitar al Ministerio de Defensa llevar a cabo la contratación del sistema de guerra electrónica nacional en los futuros helicópteros de Transporte Pesado CH-47 F del Ejército de Tierra.

En junio del pasado año, el Consejo de Ministros aprobó un incremento de techo de gasto para el programa CH-47 F de 90.059.952,61 euros, que incluía la renovación del sistema de simulación, la adquisición de un sistema de planeamiento de misión y un sistema de autoprotección.

Finalmente, en el ejercicio 2020 solo se abordó la contratación del sistema de simulación, quedando los otros dos sistemas sin poder iniciar su tramitación.

Con este nuevo contrato se pretende acometer la adquisición e instalación del sistema de autoprotección nacional para garantizar la protección de los helicópteros CH-47 F Chinook en zona de operaciones.

El proceso de modificaciones de ingeniería a realizar en la plataforma CH-47 F, instalación en las plataformas, certificación y calificación y obtención de los nuevos sistemas de guerra electrónica se estima en un periodo total de cinco años. El objetivo es disponer de la nueva suite de Guerra Electrónica y sistema DIRCM cuando ya se disponga de la flota de helicópteros CH47 F completa (2024/2025).

Mientras se realizan todos los trabajos de ingeniería para la integración del sistema de autoprotección nacional y como solución interina a la llegada de los primeros helicópteros CH-47 renovados a la configuración F, se han adquirido cinco sistemas de guerra electrónica americana para cubrir la eventual necesidad de un despliegue inmediato en zona de operaciones. El coste total de este suministro según datos estimados y que incluye los sistemas DIRCM nacionales asociados a la renovación es de 35 millones de euros.

Hacienda

AUTORIZACIÓN A CATALUÑA PARA CONCEDER GARANTÍAS POR LOS EFECTOS DE LA COVID-19

El Consejo de Ministros ha autorizado a Cataluña a conceder garantías a través del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) por un máximo de 103,6 millones de euros, así como a ampliar los plazos hasta el 31 de diciembre de 2021 de las líneas de crédito abiertas para afrontar la COVID-19.

Esta autorización se produce en cumplimiento del artículo 20 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).

Cataluña ha solicitado autorización del Estado para prestar garantías por la Generalitat catalana y la Agencia de la Vivienda de Cataluña ante el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) por importe máximo de 89.650.560,38 euros, así como para otras operaciones de aval a conceder por la Generalitat y la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR) por importe máximo de 14.000.000 euros. Ello suma un montante total de 103.650.560,38 euros.

También solicita, en relación con las líneas COVID-19 puestas en marcha por diversas áreas de la Generalitat el pasado año, la autorización para su ampliación hasta el 31 de diciembre de 2021, así como para la modificación de las condiciones de las garantías otorgadas y la posible adaptación de sus condiciones durante lo que resta de año a las modificaciones que se puedan acordar del Marco Nacional Temporal de Ayudas COVID-19, por importe total máximo de 583,2 millones de euros

En el caso de la autorización de garantías por valor de 103,65 millones de euros, la finalidad de las garantías, sus beneficiarios y las características de las operaciones hacen que se considere procedente su autorización. Esas garantías se arbitran a través de una línea social y cooperativa para promover la inversión, capitalización y anticipos de las empresas; otra línea de impulso industrial; otra línea de crédito para el sector agrícola; otra línea de promoción cultural; y otra línea orientadas hacia cooperativas de crédito del ámbito agrario.

Además, se autoriza a la Agencia de la Vivienda de Cataluña para el establecimiento de garantías, a favor del ICF, por importe máximo de 30 millones de euros, para el otorgamiento de préstamos para la rehabilitación de edificios de viviendas con comunidades de propietarios.

Se autorizan asimismo garantías en el marco de los convenios suscritos por la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR) con las entidades financieras, que cubran el riesgo de los préstamos a formalizar por las entidades financieras colaboradoras con estudiantes universitarios para financiar la matrícula universitaria.

Ampliación de líneas COVID-19

Asimismo, el Consejo de Ministros ha aprobado la autorización de la solicitud de ampliación hasta el 31 de diciembre de 2021 de las líneas COVID-19 garantizadas por el Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda por un importe máximo de 560 millones; por el Departamento de Cultura por un máximo de 15,2 millones; y por el Consejo Catalán del Deporte por ocho millones de euros, a favor del ICF. Estas líneas fueron autorizadas por el Consejo de Ministros los pasados 28 de abril de 2020 y de 20 de octubre de 2020 y modificadas en el Consejo de Ministros del 2 de febrero de 2021.

Las condiciones de las garantías ya concedidas y de las nuevas operaciones que se formalicen dentro de estas líneas COVID-19 habrán de ajustarse a los requisitos previstos en el Marco Nacional Temporal de Ayudas Covid-19 actualmente en vigor, y a las modificaciones que se aprueben en dicho Marco, así como con el resto de la normativa europea.

Hacienda

FINANCIACIÓN DE LA COMPRA DE HELICÓPTEROS PARA LA POLICÍA NACIONAL Y LA GUARDIA CIVIL

El Consejo de Ministros ha autorizado diversas operaciones, en concreto una transferencia de crédito y la modificación de los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en el Ministerio del Interior con el objeto de financiar los proyectos a ejecutar derivados del acuerdo entre la Presidencia del Gobierno y Airbus, del que se deriva la adquisición de helicópteros (modelos H-135 y H-160).

En el caso de la modificación del límite de crédito, permitirá a la Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior, la adquisición de estos helicópteros. Esos nuevos vehículos sustituirán la flota obsoleta de BO105 en las direcciones generales de la Guardia Civil y la Policía, que se encuentran en servicio desde 1973.

El presupuesto total para la renovación de la flota y la incorporación de los helicópteros para el periodo 2021-2025 asciende a un total de 222 millones de euros.

Asimismo, el Consejo de Ministros ha autorizado una transferencia de crédito por importe de 39 millones de euros, con el objeto de financiar los proyectos a ejecutar derivados del acuerdo Gobierno-Airbus, consistente en la puesta en desarrollo, para el año 2021, de un programa para la adquisición de helicópteros modelos H-135 y H-160, para la renovación de las flotas de helicópteros la Policía Nacional y de la Guardia Civil.

Necesidad de renovación

Según consta en la memoria económica que acompaña al expediente, el helicóptero se ha convertido en una parte fundamental del patrullaje policial, siendo un claro ejemplo y con una muy alta visibilidad, de la permanente disponibilidad para el servicio al ciudadano.

La producción industrial del EC135 en España tuvo su origen en el proyecto lanzado por la Subsecretaría de Interior en 2003 que atendió al Plan Básico de Necesidades elaborado por las Direcciones Generales de la Guardia Civil y de la Policía. Este plan consistía en la sustitución de la flota obsoleta de BO105 en la Guardia Civil y Policía. Estos helicópteros se encontraban en servicio desde 1973 y 1982, respectivamente, siendo los últimos entregados en 1994.

A día de hoy, la flota en servicio de ambos cuerpos es de 29 unidades (16 en Dirección General de la Policía y 13 en Dirección General de la Guardia Civil), lejos de las 51 inicialmente previstas, por lo que ambos cuerpos cuentan todavía con el BO105, cada vez más obsoleto, que repercute en gastos adicionales de mantenimiento, por lo que es preciso continuar con el plan de renovación, iniciado en 2003 y que no llegó a completarse.

Por este motivo, la Secretaría de Estado de Seguridad manifiesta la necesidad de adquirir nuevos helicópteros, con la finalidad de reforzar la operatividad de los medios aéreos actuales, especialmente en aquellas crecientes misiones contra la inmigración ilegal, tráfico de personas y sustancias estupefacientes ubicadas principalmente en el archipiélago canario, Campo de Gibraltar y mar de Alborán, por sus mayores prestaciones (alcance, autonomía, capacidad de carga).

Sus sistemas de control de aviónica y su configuración, ex profeso, para la ejecución de labores propias del Ministerio del Interior, permitirán la realización de operaciones tanto en tierra como en mar, en condiciones meteorológicas adversas y con las máximas medidas de seguridad, tanto para el entorno como para las tripulaciones, incrementando la capacidad de transporte de grupos operativos, su alcance y su autonomía de sobrevuelo en el mar.

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TRANSFERENCIA DE CRÉDITO PARA JUSTICIA PARA MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y DE IMPULSO A LA PYME

El Consejo de Ministros ha autorizado una transferencia de crédito del Ministerio de Política Territorial y Función Pública al Ministerio de Justicia correspondiente al "Mecanismo de Recuperación y Resiliencia", por importe de 20,7 millones de euros, para llevar a cabo los componentes relativos a inversiones para la modernización de las Administraciones Públicas y al impulso a la PYME.

El instrumento financiero Next Generation EU, aprobado por el Consejo Europeo el pasado 21 de julio de 2020 incluye, como elemento central, un Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR), cuya finalidad es apoyar la inversión y las reformas en los Estados Miembros para lograr una recuperación sostenible y resiliente permitiendo, al mismo tiempo, una serie de reformas. Entre ellas la de Justicia, tanto a nivel nacional como en cogobernanza con las Comunidades Autónomas que tienen competencias transferidas.

Para ello, el Ministerio de Justicia necesita financiación adicional y avanzar así en 2021 en el objetivo de modernización de las Administraciones Públicas y continuar acometiendo el "Proyecto 0" Justicia 2030 que se financiará con la transferencia de crédito autorizada.

Dicho Proyecto, en el que se van a centrar las inversiones, se refiere a los siguientes componentes:

• "Modernización de las Administraciones Públicas" (componente 11). Se trata de inversiones asociadas a la modernización de las infraestructuras de sistemas, redes y puesto de usuario y el fomento de los mecanismos de interoperabilidad y ciberseguridad en las mismas, dentro de la estructura del Ministerio de Justicia y de la Administración de Justicia.

Este componente incluirá las inversiones para la modernización y adaptación tecnológica de los Tribunales de Instancia, las Oficinas Digitales Judiciales y las Oficinas Judiciales en los municipios y sedes, así como dotaciones en nuevas infraestructuras tecnológicas para las unidades de mediación y nuevas sedes que sirva de base para la transformación digital de la Administración de Justicia. La financiación para este proyecto asciende a un importe de 20.274.200 euros.

• "Impulso a la PYME" (componente 13). El objetivo de este proyecto es mejorar las relaciones a distancia con los ciudadanos para ofrecerles servicios con plenas garantías jurídicas, desarrollando la fe pública digital, así como la modalidad no presencial de trabajo. La financiación para este proyecto asciende a 425.800 euros.

Hacienda

MODIFICADOS LOS LÍMITES DE GASTO PAR DOS CONVENIOS ENTRE LA AGE Y ADIF Y ADIF-ALTA VELOCIDAD

El Consejo de Ministros ha alcanzado un acuerdo para modificar los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria, y en el artículo 41 del Real Decreto-ley 36/2020, para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La finalidad del acuerdo es adquirir compromisos de gasto futuros en diversas aplicaciones y posibilitar la suscripción de dos Convenios con ADIF y ADIF-Alta Velocidad, para garantizar la sostenibilidad económica de las infraestructuras ferroviarias.

La Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria está tramitando dos convenios a suscribir entre la Administración General del Estado (AEG) y los Administradores Generales de Infraestructuras Ferroviarias, ADIF y ADIF-Alta Velocidad, para la sostenibilidad económica de sus infraestructuras ferroviarias en el periodo 2021-2025 y que van a tener incidencia en ejercicios futuros.

El primer convenio regula las aportaciones económicas de la AGE, a través del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a ADIF, para el periodo 2021-2025, en concordancia con las prioridades de su Estrategia de Movilidad, la Estrategia Indicativa para el desarrollo, mantenimiento y renovación de las infraestructuras de la Red Ferroviaria de Interés General titularidad de ADIF y la política común europea de transporte ferroviario.

Esas aportaciones se desglosan en cuatro partidas principales:

-Compensación de la reducción tarifaria y subvención de explotación del resultado de la administración de la red ferroviaria de su titularidad.

-Subvención de explotación del resultado del conjunto de la entidad neto de amortizaciones y subvenciones no financieras y otros.

-Amortización de deuda.

-Inversiones: tanto financiadas a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR-UE) como a través de otras fuentes de financiación.

El segundo de los convenios, con ADIF-Alta Velocidad, tiene por objeto regular las aportaciones económicas de la AGE a través del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a dicha entidad para el periodo 2021-2025, en concordancia con las mismas prioridades que el primer convenio. Las aportaciones se reparten entre tres partidas básicas:

-Subvención de explotación para compensación de la reducción tarifaria.

-Aportaciones patrimoniales para financiar inversiones propias y resto de actividades de la entidad para el cumplimiento de sus funciones.

-Inversiones financiadas a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR-UE).

Hacienda

APLICACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIA PARA ATENDER NECESIDADES DERIVADAS DE LA PANDEMIA

El Consejo de Ministros ha autorizado la aplicación del Fondo de Contingencia y la concesión de un crédito extraordinario en el Ministerio de Sanidad, por importe de 34.498.094,23 euros, para atender necesidades derivadas de la pandemia de la COVID-19 en España.

La emergencia sanitaria ocurrida en España durante 2020, como consecuencia de la pandemia por la COVID-19, ocasionó la necesidad de modificar el vigente presupuesto del Ministerio de Sanidad, en ese ejercicio, a fin de dotar al Sistema Nacional de Salud de recursos suficientes para combatir esta pandemia.

Durante el ejercicio 2020 se aprobaron diferentes expedientes de modificaciones de crédito, como ampliaciones, generaciones y transferencias de crédito, que fijaron el crédito total para estas necesidades en una cuantía de 1.259.232.841,28 euros.

Acabado el ejercicio presupuestario, y dada la complejidad de los expedientes de emergencia COVID-19, no fue posible finalizar la tramitación en lo referente al reconocimiento de la obligación y el pago de alguno de estos expedientes. Por ello, ante la necesidad de atender a estos gastos pendientes, es necesaria una financiación adicional por importe de 34.498.094,23 euros, cuantía que corresponde a los expedientes tramitados en la anualidad 2020.

Hacienda

TRANSFERENCIA DE CRÉDITO PARA EL DESPLIEGUE DEL SISTEMA DE ALERTAS PÚBLICAS DE LA RED DE ALERTA NACIONAL

El Consejo de Ministros ha autorizado un Acuerdo para una transferencia de crédito, por importe de seis millones de euros, desde el presupuesto del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital al del Ministerio del Interior, para dar cumplimiento al Acuerdo entre ambos departamentos para el desarrollo del proyecto de despliegue del Sistema de Alertas Públicas (PWS) de la Red de Alerta Nacional (RAN).

El proyecto consistirá en la definición, adquisición, instalación y puesta en marcha para todo el territorio español del Sistema de Alertas Públicas RAN-PWS, incluyendo los servicios de operación y mantenimiento del sistema durante sus fases iniciales de funcionamiento.

En este sentido, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales ha de ejecutar el "Plan para la Conectividad y las Infraestructuras Digitales de la sociedad, la economía y los territorios" que despliega esta prioridad y es uno de los marcos de referencia central para el componente 15 del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, "Conectividad Digital, impulso de la ciberseguridad y despliegue del 5G".

Asimismo, esta acción se concretará en la medida 13 del Plan de Conectividad: "Renovación de los sistemas de información pública" en la que se incluye el apoyo para la puesta en marcha de "plataformas para soporte de envíos masivos, inmediatos y diferenciados de avisos a la población en situaciones de emergencia o grandes catástrofes".

Estas actuaciones tendrán un coste de seis millones para equipamiento, inmovilizado y servicios profesionales que, según la cláusula quinta del acuerdo, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales contribuirá con una aportación económica de seis millones de euros, que hará efectiva mediante una transferencia de crédito al Ministerio del Interior.

Por su parte, el Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias sufragará, a partir del año 2022, los costes de mantenimiento y la operación continuada de la RAN-PWS.

Hacienda

MODIFICADOS LOS LÍMITES DE GASTO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA

El Consejo de Ministros ha autorizado la modificación de los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, con la finalidad de posibilitar al Instituto Español de Oceanografía (IEO) la ejecución de diversos contratos de suministro de equipamiento en el marco de proyectos de investigación, así como la tramitación anticipada de otros contratos de suministro y obras de reparación.

El IEO se encarga del desarrollo de varios proyectos cuyos plazos de ejecución finalizaban el 31 de diciembre de 2021. El motivo del retraso en la ejecución de los mismos se debe, principalmente, a la actual situación de crisis sanitaria provocada por la COVID-19 que ha provocado una paralización de los procedimientos y de su funcionamiento normal.

No obstante, la Agencia Estatal de Investigación, que financia parte de estos proyectos, ha acordado por tal motivo la ampliación de los plazos de ejecución y justificación, los cuales podrán realizarse durante el ejercicio 2022.

Para ello, las nuevas necesidades a financiar con cargo al presupuesto de 2022 son las siguientes:

Hacienda

MODIFICACIÓN DEL LÍMITE DE GASTO PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA EUROPEA EU-SOLARIS ERIC

El Consejo de Ministros autoriza un Acuerdo para modificar los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria para adquirir compromisos de gasto con cargo a futuros ejercicios, a fin de posibilitar al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) atender los compromisos para la participación de España en la Infraestructura Europea EU-SOLARIS ERIC.

La Infraestructura Europea para la Tecnología Solar Térmica de Concentración y la Química Solar (EU-SOLARIS) tiene por principal objetivo apoyar la labor de los investigadores europeos en su esfuerzo por desarrollar las siguientes generaciones de las tecnologías CST (Concentrating Solar Technologies). Mediante esta tarea, EU-SOLARIS jugará un papel esencial en la consolidación del liderazgo europeo en esta estratégica tecnología energética.

El Convenio tiene por objeto regular las condiciones para la participación de España en la entidad jurídica EU-SOLARIS ERIC, que se encargará de gestionar la infraestructura europea de investigación de la tecnología solar de concentración y, a tal efecto, determinar cuáles serán los organismos y entidades españoles encargados de ejercer los derechos y obligaciones que correspondan a España. También recoge las distintas cuotas a satisfacer durante el periodo 2021-2024. Corresponde la financiación de estas aportaciones al CIEMAT, según la siguiente distribución:

Transporte, Movilidad y Agenda Urbana

OBRAS DE MEJORA FUNCIONAL Y DE LA SEGURIDAD VIAL DE LA A-7 EN VALENCIA

El Consejo de Ministros ha autorizado la licitación del contrato de obras para la ejecución del proyecto de "Mejoras funcionales y de seguridad vial y medidas de integración ambiental de la Autovía A-7. Tramo: Enlace con la CV-32 - Enlace con la CV-35, del punto kilométrico 313 al punto kilométrico 324. Provincia de Valencia."

El valor estimado del contrato es de 121,23 millones de euros (sin IVA) y tendrá un presupuesto de licitación de 143,8 millones de euros (con IVA).

El tramo objeto de la actuación tiene una longitud de 11 km y atraviesa los municipios de El Puig, Rafelbuñol, Massamagrell, Museros, Moncada, Bétera, Valencia, Godella y Paterna.

Se trata, por tanto, de la primera de las actuaciones con las que MITMA va a mejorar las condiciones funcionales, de seguridad vial y de integración ambiental de la autovía A-7 (By-pass de Valencia).

Con tal fin, este primer proyecto contempla la construcción de dos calzadas laterales, una a cada lado y adosadas al actual By-pass, que conectarán entre sí los enlaces actuales y permitirán separar el tráfico de agitación del tráfico de largo y medio recorrido. Concretamente, los enlaces a conectar son los que dan acceso a las carreteras CV-32, CV-310 y CV-35.

Igualmente, se incluyen las medidas necesarias para mejorar y minimizar tanto los actuales impactos ambientales existentes como los que puedan generarse como consecuencia de la actuación a ejecutar. Estas medidas ambientales están destinadas a la protección contra el impacto acústico y lumínico, la protección de la hidrología y calidad de las aguas, la protección de la vegetación, paisaje, fauna, espacios protegidos y el patrimonio cultural, así como al mantenimiento de la permeabilidad territorial y continuidad de los servicios existentes.

En el proyecto se han incorporado todas las prescripciones técnicas y ambientales recogidas tanto en la Declaración de Impacto Ambiental como en la aprobación definitiva del expediente de información púbica.

Sanidad

MEDIDAS Y PLANES DE ACTUACIÓN PARA EL PERÍODO ESTIVAL

El Consejo de Ministros ha adoptado el Acuerdo por el que se aprueban las medidas y planes de actuación con motivo del período estival para el año 2021 y se toma conocimiento del informe sobre la ejecución de las medidas adoptadas en el año 2019.

Teniendo en cuenta las especiales circunstancias concurrentes en el período estival, en que se producen masivos desplazamientos vacacionales o migratorios, y en que las temperaturas pueden ser extremas, los distintos departamentos ministeriales vienen adoptando -especialmente desde 2004- planes específicos y medidas concretas de actuación.

Así, mediante Orden PRE/1518/2004, de 28 de mayo, se creó la Comisión Interministerial encargada de la aplicación efectiva del Plan Nacional de actuaciones preventivas de los efectos del exceso de temperaturas sobre la salud, plan que tiene carácter permanente y cuya activación se produce con fecha 1 de junio.

Las numerosas medidas a adoptar, y la necesidad de coordinar la actuación de los diferentes departamentos, puesto que muchos de ellos son competentes para adoptar medidas preventivas y correctoras respecto de los problemas que puedan acaecer, han impulsado al Gobierno a adoptar diferentes planes de actuación.

En el año 2020, debido a la situación de emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, el Gobierno priorizó toda actuación encaminada a garantizar la gestión de dicha pandemia y a contener su propagación. La gravedad de la situación imposibilitó la planificación y adopción del conjunto de medidas y planes de actuación con motivo del periodo estival del año 2020, a través de la aprobación por el Consejo de Ministros del Plan correspondiente, ni tomar conocimiento del informe de ejecución de las actividades realizadas en el año 2019, que se acompaña con el presente Acuerdo, como Anexo I.

Ante la mejoría de la situación provocada por la pandemia y la proximidad de la temporada veraniega, resulta procedente aprobar también este año las correspondientes medidas y planes de actuación con motivo del período estival, por lo que mediante este Acuerdo:

Se aprueban las medidas y planes de actuación con motivo del período estival para el año 2021, que se recogen en el Anexo I de este Acuerdo.

Se toma conocimiento del informe sobre la ejecución de las medidas y planes de actuación con motivo del período estival para el año 2019, que se recoge en el Anexo II al Acuerdo.

Se toma conocimiento de la activación del Plan Nacional de actuaciones preventivas de los efectos del exceso de temperaturas sobre la salud, que figura como Anexo III al Acuerdo.

Por su parte, cabe tener en cuenta que los Planes de Gestión de Sequías contemplan medidas como la movilización de recursos en algunas zonas o la habilitación de pozos de emergencia en los municipios que así lo requieran. Por el momento no se prevén problemas en el abastecimiento urbano, aunque existen restricciones al regadío en algunas zonas.

Los nuevos Planes de Gestión de Sequías, puestos en marcha en 2018, permiten un seguimiento más realista de la escasez hídrica. En este momento, no hay ninguna unidad territorial que esté en situación de emergencia, y no se detectan problemas importantes relacionados con la sequía. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) está preparado para afrontar eventualmente emergencias que pudieran producirse durante la época estival y que pongan en riesgo la garantía de abastecimiento de agua.

Protección de la salud en el período estival

En primer lugar, hay que destacar la Campaña "Prevención frente a los efectos de las altas temperaturas". Los objetivos de esta campaña son, al igual que otros años, prevenir los efectos negativos de las temperaturas elevadas en la salud (radiaciones solares, accidentes en el agua, picaduras de medusa, etc.). Para ello se realizan las siguientes actuaciones:

oLa DG de Salud Pública elabora una nota de prensa con las principales recomendaciones, que se difunde a través de las agencias de comunicación y en la página web del Ministerio.

oEntre junio y septiembre se pone en marcha el servicio de "suscripción de altas temperaturas y niveles de riesgo", ofreciendo a los ciudadanos la posibilidad de recibir esta información de forma gratuita por e-mail y SMS.

oMediante las redes sociales del Departamento (Facebook y twitter) se recuerdan las recomendaciones de prevención en los días de alerta máxima por altas temperaturas.

oA través de la web del Ministerio se difunde el folleto "Disfruta del Verano con salud" (modere el consumo de alcohol, reduzca los alimentos ricos en grasa, realice actividad física, etc.).

En segundo lugar, cabe mencionar las acciones de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Al respecto, en la página web de la AEMPS se recoge la publicación de los peligros de la exposición excesiva al sol y del uso correcto de los protectores solares, así como de los riesgos y efectos adversos de los tatuajes temporales y de las recomendaciones a la hora de realizarse uno.

En tercer lugar, hay que señalar la importancia de la Campaña para la prevención de ahogamientos y otras lesiones en entornos acuáticos, con las siguientes actuaciones:

oSe elabora una nota de prensa con información de las lesiones graves que pueden producirse en el agua y con las recomendaciones de autoprotección para prevenirlas. La nota se difunde a través de las agencias de comunicación y se cuelga en la página web del Ministerio.

oSe mantiene AQUATICUS, sistema de notificación de incidencias en el medio acuático, como la vía oficial por la que las autoridades competentes de las CC.AA. pueden comunicar las incidencias producidas en piscinas.

oEl Ministerio continuará con su campaña informativa a través de las redes sociales, de consejos a las familias para que puedan disfrutar de unas vacaciones sin riesgos para su salud y sin lesiones.

En cuarto lugar, el Programa de control de la calidad de las aguas de baño, que existe desde el año 1989 y pretende detectar y prevenir riesgos para la población derivados de la calidad de las aguas de baño y de las playas, facilitando información al ciudadano, así como cumplir con las exigencias europeas sobre calidad de estas aguas. Desde el año 2008, el contenido del programa se difunde a través del sistema de información NAYADE, alojado en el portal corporativo del MSAN

En quinto lugar, en el caso de los Viajes Internacionales y Salud, la situación actual de Vacunación Internacional, provoca que no se retome este año la actividad con la intensidad y el volumen como la conocíamos antes de la pandemia. Los Centros de Vacunación Internacional (CVIs) siguen teniendo en general una actividad mínima con horarios de atención al público muy limitados de 09:00h a 11:00h de lunes a viernes. En el contexto de la pandemia, se han designado 8 CVIs para la puesta en marcha de la vacunación frente a COVID como parte integrante de la Estrategia Nacional de Vacunación en España.

Viajes, drogas y juventud

Por último, en 2021, está prevista la redifusión de la campaña de 2020 "Viajar con drogas detiene tu vida. No consumas. No trafiques", con los siguientes objetivos:

-Concienciar a la población en general, y a las personas que viajan a otros países, de los riesgos que se corren al tomar cualquier tipo de contacto con las drogas en países extranjeros.

-Disuadir a quienes puedan arriesgarse a realizar un viaje con el propósito de traficar con drogas.

-Llamar la atención del turista, tentado a aprovechar su estancia en lugares donde haya una tolerancia aparente con respecto a las drogas, para que desista de cualquier intento poco recomendable.

Industria, Comercio y Turismo

CONTRIBUCIÓN ESPAÑOLA AL WORLD TRAVEL AND TOURISM COUNCIL-WTTC

El Consejo de Ministros ha autorizado el pago de la contribución anual al World Travel and Tourism Council (WTTC) por importe de 55.000 dólares.

El WTTC tiene por objetivo principal que el sector de los viajes y el turismo sea fluido, seguro, inclusivo y sostenible, y trabaja para lograr una mayor colaboración entre el sector público y el privado. Persigue maximizar el potencial de crecimiento del sector, en asociación con gobiernos, destinos, comunidades y otras partes interesadas, para impulsar el desarrollo, la creación de empleo y la reducción de la pobreza.

El WTTC es una asociación de adscripción voluntaria de la que forma parte en la actualidad todo el espectro de la industria de los viajes y el turismo: sector del transporte, sector del alojamiento, distribuidores y comercializadores, compañías de inversión, grupos aseguradores, gobiernos naciones, regionales y locales, etc.

La condición de España como potencia turística y su elevada dependencia de esta actividad económica hacen aconsejable la utilización de todos los medios a su alcance para influir en la política turística a nivel mundial.

El WTTC se ha convertido en una de las principales organizaciones de referencia a la hora de abordar los retos a los que se enfrenta el sector turístico mundial en la actualidad. Su prestigio y reconocida competencia le han valido ser reconocido como el único interlocutor internacional en representación del sector privado.

La pertenencia al WTTC contribuirá a la consolidación de España como país líder en el mundo en el empeño de una recuperación sostenible e inclusiva de la actividad turística ante el sector privado.

Política Territorial y Función Pública

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EL ESTATUTO DE PERSONAL DE LA RIOJA

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo, con el dictamen favorable del Consejo de Estado, por el que se solicita al presidente del Gobierno la impugnación ante el Tribunal Constitucional de la disposición transitoria segunda del Estatuto de Personal al servicio del Parlamento de La Rioja, aprobado por el Parlamento autonómico el 31 de marzo de 2021.

Recurso de inconstitucionalidad

La disposición transitoria segunda del Estatuto de Personal del Parlamento de La Rioja lleva por título «Consolidación de empleo» y regula el derecho de los empleados temporales nombrados mediante proceso selectivo a que se reconozca su condición de empleados públicos fijos y a permanecer en el puesto de trabajo que desempeñan, siempre que a la entrada en vigor del Estatuto hubieran permanecido en ejercicio de sus funciones en la Cámara autonómica durante un periodo ininterrumpido de cinco años.

El Gobierno considera que esta disposición incurre en inconstitucionalidad derivada de la infracción del artículo 23.2 de la Constitución Española, que hace referencia al derecho de los ciudadanos a "acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes", y del artículo 103.3, que dispone que "la ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos y el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad".

Se vulneran principios constitucionales

El acceso al empleo público en España se rige por los principios de igualdad, mérito y capacidad previstos en los citados artículos de la Constitución Española y, sin embargo, la disposición transitoria segunda del Estatuto crea una nueva categoría de personal que vulnera dichos principios al impedir la concurrencia y, además, crea una denominación ("empleados públicos fijos") no regulada hasta ahora, con los mismos derechos y obligaciones que la categoría existente de "funcionarios de carrera".

Si bien la jurisprudencia constitucional ha apoyado de manera excepcional el procedimiento de acceso restringido, en la norma autonómica no se establece un procedimiento restringido al aplicarse a todos los empleados que cumplan las condiciones establecidas sin proceso selectivo. La autonomía parlamentaria tampoco autoriza la creación de una nueva categoría de empleados públicos.

En definitiva, concurren los requisitos para impugnar ante el TC la mencionada disposición transitoria segunda del Estatuto de Personal del Parlamento de la Rioja.

Sanidad

PRÓRROGA DE LAS LIMITACIONES DE ENTRADA A ESPAÑA POR VÍA AÉREA DESDE BRASIL Y SUDÁFRICA

El Consejo de Ministros ha aprobado la undécima prórroga del Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de febrero de 2021, por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos entre la República Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos españoles.

La medida entrará en vigor desde las 00:00 del día 6 de julio (hora peninsular) hasta las 00:00 horas del 20 de julio de 2021 (hora peninsular).

Desde la República Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica solo podrán realizarse vuelos a España que estén ocupados por ciudadanos españoles o andorranos, así como residentes en ambos países o pasajeros en tránsito internacional a un país no Schengen con escala inferior a 24 horas sin abandonar la zona de tránsito del aeropuerto español.

Estas restricciones no afectan al personal aeronáutico necesario para llevar a cabo las actividades de transporte aéreo.

Además, se contemplan otras exenciones relativas a vuelos de aeronaves de Estado, servicios de búsqueda y salvamento (SAR), vuelos con escala en territorio español con fines no comerciales y que tengan por destino final otro país, vuelos exclusivos de carga, posicionales (ferry) y humanitarios, médicos o de emergencia.

Se considera que, si bien es cierto que el riesgo de importación de casos desde ambos países se puede reducir gracias a las medidas de control sanitario aplicables a la llegada a España, ello no obsta para continuar extremando las precauciones ante el potencial de propagación de las variantes brasileña y sudafricana del virus.

En todo caso, en función de la evolución de la pandemia y de las decisiones que puedan adoptarse de forma coordinada en la Unión Europea, el Ministerio de Sanidad podrá levantar, por razones justificadas, dichas limitaciones.

Acción decidida del Gobierno por la salud y la seguridad

El Acuerdo se encuadra en la acción decidida del Gobierno para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar los sistemas sanitarios y sociosanitarios, y en sintonía con las recomendaciones en el ámbito de la coordinación europea.

Adicionalmente, están en línea con el objetivo establecido por el Comité de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud y por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades de interrumpir la propagación del virus, adoptando medidas firmes para detectar la enfermedad de manera precoz, aislar y tratar los casos, hacer seguimiento de los contactos y promover medidas de distanciamiento social acordes con el riesgo.

Derechos Sociales y Agenda 2030

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LA FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y ATENCIÓN A LA POBREZA INFANTIL

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial entre las comunidades autónomas (excepto País Vasco y Navarra) y ciudades de Ceuta y Melilla, para su sometimiento al Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, del crédito destinado a la financiación en 2021 del Programa de Protección a la Familia y Atención a la Pobreza Infantil. Prestaciones Básicas de Servicios Sociales por importe de 158.910.000 euros.

El objetivo de esta autorización es financiar tres tipos de programas:

1.Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales (98,7 millones). para cofinanciar (con las CCAA y las EELL) la red de servicios sociales de atención primaria gestionada por las corporaciones locales. Su objetivo es proporcionar a la ciudadanía servicios sociales adecuados que permitan la cobertura de sus necesidades básicas. Las comunidades autónomas (excepto País Vasco y Navarra) y Ceuta y Melilla deben presentar los proyectos que se cofinanciarán con estos fondos, que deben contribuir al desarrollo de las siguientes prestaciones básicas: Información y orientación; ayuda a domicilio y apoyo a la unidad de convivencia; alojamiento alternativo; y prevención e inserción social.

Aunque en su creación se preveía que la AGE, las CCAA y las EELL financiarían cada una un tercio de estas prestaciones, esto nunca ha sido así, y la financiación de la AGE ha ido y perdiendo peso en el total (se sitúa por debajo del 3%). Esta tendencia se agravó durante los gobiernos del PP, que redujeron la financiación de los servicios sociales (se pasó de 96 millones en 2010 a 27 millones en 2013).

La gran novedad de este año es que en un solo presupuesto hemos revertido estos recortes, pasando de los 40 millones de 2020 a los 98 millones de euros. Esta cifra es la mayor aportación de la AGE al Plan Concertado desde su creación en 1988. Este incremento ha beneficiado a todas las CCAA, como se ve en la tabla que se recoge más abajo. Estos fondos se reparten de acuerdo con unos criterios previamente acordados (Población: 90,0%; Superficie: 5,0; Población dependiente: 2,3%; Dispersión: 1,5%; Grandes Urbes: 0,7%; Insularidad: 0,5%). Se han utilizado los valores más recientes de cada uno de estos indicadores.

Otra novedad de este año es que se ha propuesto a las comunidades que el acuerdo de transferencia incluya una cláusula que obligue a que al menos el 20% del incremento de financiación que les corresponda se destine a refuerzos del personal de los servicios sociales.

2.Programa de Protección a la familia y atención a la pobreza infantil (45 millones). En este apartado se incluyen proyectos de intervención social y prestaciones económicas y/o en especie que contribuyan a mejorar la situación social y laboral de las familias con menores a cargo que presentan situaciones de privación material severa o riesgo de pobreza.

3.Programa VECA (15 millones) para garantizar el derecho básico de alimentación, ocio y cultura de niños, niñas y adolescentes durante las vacaciones escolares y la conciliación de la vida familiar y laboral.

Una vez que ha sido aprobado por el Consejo de Ministros, se procederá a pedir a las CCAA la ratificación del acuerdo -está asegurado, porque ya se hizo la consulta- para hacer efectiva cuanto antes la transferencia.

BIOGRAFÍAS

Trabajo y Economía Social

Secretaria General Técnica

Dª. CONSOLACIÓN RODRÍGUEZ ALBA

Es licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca. Pertenece al Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social desde el año 2004. Ha desarrollado gran parte de su actividad profesional en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Cádiz: como subinspectora de Empleo y Seguridad Social (años 1994 a 2004), como inspectora de Trabajo y Seguridad Social (años 2004 a 2012) y como jefa de la Unidad Especializada en el Área de Seguridad y Salud (años 2012 a 2017).

Designada como árbitro del Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía.

Experta y representante de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el Grupo de Trabajo del Plan Integral de Acción contra la Silicosis de Andalucía (PISA).

En el plano académico ha impartido diversos cursos y seminarios en la Universidad de Cádiz y en la Universidad de Sevilla.

Desde el año 2017 ocupa el cargo de subdirectora de Ordenación Normativa de la Dirección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Economía Social.