El Gobierno aprueba un plan estratégico e integral contra la radicalización violenta

La Moncloa, Madrid

En palabras de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el Plan Estratégico Nacional de Lucha contra la Radicalización Violenta "es un marco de trabajo de los distintos poderes públicos para de forma coordinada detectar y actuar a tiempo frente a potenciales brotes de radicalización".

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha afirmado que el principal riesgo en este terreno procede en la actualidad del terrorismo yihadista. Fernández Díaz ha destacado los esfuerzos contra esta amenaza en el ámbito internacional; entre los ejemplos más recientes, la cumbre convocada por el ministro del Interior francés tras los atentados de París y la reunión de los ministros de Justicia e Interior de la UE celebrada ayer en Riga (Letonia).

En el ámbito nacional, el ministro se ha referido al acuerdo "al que se ha llegado con el PSOE y que tiene que ser formalizado" para dotar al Estado democrático y de derecho de los instrumentos jurídicos necesarios contra ese tipo de terrorismo. "El Código Penal actual nos permitió dotar a jueces, fiscales y a las Fuerzas de Seguridad de los instrumentos necesarios para derrotar a un terrorismo como el de ETA o el del Grapo; ahora necesitamos dotarlo para hacer frente a otro terrorismo como es el yihadista, que tiene otra naturaleza y otras características", ha explicado.

Prevenir la radicalización

A juicio de Fernández Díaz, el Plan aprobado hoy tras dos años de trabajo será "un instrumento esencial en el campo de la prevención", con el objetivo de "evitar el surgimiento y, en su caso, el desarrollo de procesos de radicalización violenta y extrema y su posible salida hacia el terrorismo, mediante la detección temprana y su eventual neutralización". El titular de Interior ha recordado que, entre 1996 y 2012, siete de cada diez condenados por yihadismo en nuestro país se habían radicalizado total o parcialmente en España.

Pool Moncloa Fernández Díaz ha subrayado que se trata de una iniciativa global e integral: ha sido elaborada por un grupo de trabajo interministerial con la participación de la sociedad civil y de los colectivos vulnerables o en riesgo de radicalización e implica a los diferentes poderes públicos y entidades sociales. Además, tiene un carácter nacional y estratégico -establece un marco general que se irá concretando en sucesivos planes anuales- y se inscribe en las estrategias de seguridad y contra el terrorismo de la Unión Europea y de España.

En cuanto a los ámbitos de actuación, el Plan distingue entre el interno, el externo y el ciberespacio, "fundamentalmente en Internet a través de las fuentes abiertas", ha detallado el ministro. Fernández Díaz ha apuntado que desde el año 2012 el 80% de los procesos de radicalización se producen en Internet y que se busca generar una "contranarrativa" que contrarreste los mensajes radicales que se difunden especialmente por la Red.

El Plan establece una única estructura nacional, coordinada por el Grupo Nacional de Lucha contra la Radicalización Violenta, incardinada en el Ministerio del Interior y que integrará a diferentes ministerios, el Centro Nacional de Inteligencia, la Federación Española de Municipios y Provincias, así como a otras instituciones, organismos y asociaciones. Ese grupo se coordinará con los ubicados en cada término municipal. Además, el Plan contiene un apartado específico para combatir la radicalización en los centros penitenciarios.

De esta forma, ha señalado el ministro, se "crean las estructuras y el plan de trabajo necesarios para detectar focos de potencial radicalización e intervenir en ellos, con el objetivo de cortar la cadena de transmisión de la radicalización que hace que individuos tomen la decisión de convertirse en violentos y, en el peor de los casos, en terroristas".

Duración de grados y másteres universitarios

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto para ordenar las enseñanzas universitarias oficiales. El texto establece que las universidades que lo deseen podrán flexibilizar sus títulos de grado y de máster, pasando de cuatro a tres años los primeros y de uno a dos años los segundos.

El ministro de Cultura, José Ignacio Wert, ha explicado que la estructura actual de titulaciones universitarias es un "sistema rígido" porque sólo permite realizar grados de 240 créditos (cuatro años), y másteres de 60 créditos (un año) frente a las posibilidades que ofrece el modelo al que se acogieron la mayoría de los países del Espacio Europeo, que consiste en una horquilla de entre tres y cuatro años para los grados y de uno a dos para los másteres. Wert ha resaltado que sólo ocho de los 48 países optaron por el mismo modelo que España.

Pool MoncloaEn opinión del ministro, el actual sistema "ha dificultado enormemente la internacionalización de nuestro sistema universitario", porque a los estudiantes extranjeros que venían a España con grados de 180 créditos no se les reconocía la titulación y a algunos estudiantes españoles que deseaban cursar el doctorado en otros países no les valía con un máster de un año.

José Antonio Wert ha subrayado que son las universidades y no el Gobierno ni las comunidades autónomas quienes van a decidir presentar a verificación los grados de 180 créditos: "No hay ninguna imposición ni de traslado a la fórmula de los 180 créditos ni de plazo para implantarlo. Son las propias universidades las que decidirán cómo y cuándo lo implantan". Además, ha apuntado que no se obligará a los alumnos a cursar estudios de máster y quienes deseen hacerlo podrán optar por másteres de uno o dos años.

En este punto, ha aclarado que el decreto no afecta a los denominados másteres habilitantes y a las profesiones reguladas, como "la mayoría de las Ciencias de la Salud, las ingenierías y Arquitectura". En estos casos, "los procesos integrados de grado y máster van a seguir regidos por sus normas especiales, que implican la intervención del Gobierno para la autorización del número de créditos y la congruencia con la normativa comunitaria específica", ha dicho Wert. Además, el precio del crédito en grado y el precio del crédito en máster tiene que ser el mismo, es decir, no se produce un encarecimiento para el estudiante al pasar de grado a máster.

El ministro también ha precisado que los alumnos que quieran estudiar un doctorado para dedicarse a la docencia o a la investigación necesitarán que la suma de grado y máster sea de 300 créditos.

Ahorro para las familias

La medida, según el ministro, busca "la alineación de nuestro sistema universitario con el de los países más importantes de nuestro entorno", y supondrá un importante ahorro para las familias en el caso de los grados que se transformen a 180 créditos: "Con las cifras actuales de matriculación, el ahorro para las familias sólo en reducción de las tasas rondaría los 150 millones de euros".

Wert ha argumentado que los datos indican que, al margen de los estudiantes incluidos en el ámbito de las profesiones reguladas, la proporción de estudiantes que pasan del grado al máster es del 20%. Por ello, cuando los grados pasen de 240 a 180 créditos las familias ahorrarán y los universitarios se incorporarán un año antes al mercado laboral.

Asimismo, ha manifestado que tanto en el ámbito del empleo privado como en el del público, el requisito de titulación que se demanda para la incorporación al mercado laboral es el grado. "Eso no quiere decir que el máster, no suponga un suplemento formativo de utilidad para el acceso al mercado laboral", ha concluido.

Reutilización de la información pública

Pool MoncloaEn el marco de la reforma de las administraciones públicas, el Gobierno ha acordado modificar la ley sobre la reutilización de la información del sector público. La reutilización permite a las personas físicas o jurídicas usar documentos que posee la Administración y de organismos de sector público.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha apuntado que entre las novedades que se introducen, destaca la extensión de la reutilización de información a bibliotecas, archivos y museos. También se establece que, si se aplica una tarifa por la reutilización de documentos, debe limitarse a los costes marginales en que se incurra para su reproducción, puesta a disposición o difusión. Además, se incorpora el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) al proceso de reutilización de la información, con un banco de datos específico en el caso de realización de encuestas cuantitativas.

Documento único electrónico

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que permite el empleo del Documento Único Electrónico (DUE) para la constitución de nuevos tipos de sociedades, como las cooperativas, sociedades civiles, comunidades de bienes, sociedades limitadas laborales y emprendedores de responsabilidad limitada.

Soraya Sáenz de Santamaría ha recordado que esta medida se suma a las impulsadas por el Ejecutivo durante la legislatura para simplificar y facilitar la creación de empresas. Asimismo, ha señalado que en 2014, la tramitación electrónica aumentó un 50% respecto a 2013.

Eliminación de cargas administrativas

El Gobierno también ha acordado medidas para reforzar el seguimiento de la aplicación del principio de compensación de cargas administrativas. Según este principio, por cada nueva carga administrativa que creen las Administraciones Públicas se eliminará, al menos, una carga existente de coste equivalente.

Soraya Sáenz de Santamaría ha anunciado que desde el principio de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2014 el ahorro ha sido de 18.824 millones de euros.

Subvenciones estatales a los partidos políticos

Pool MoncloaEl Consejo de Ministros ha autorizado la concesión de las subvenciones estatales anuales que corresponden a los partidos políticos y que se distribuyen en función del número de escaños y de votos obtenidos por cada partido en las últimas elecciones al Congreso de los Diputados. El Gobierno aprueba las superiores a 12 millones de euros, mientras que el resto las acuerda el Ministerio del Interior.

La vicepresidenta ha informado de que, de 2011 a 2015, la financiación ordinaria ha pasado de 82,3 a 52,7 millones de euros: "Es un esfuerzo de austeridad por parte de los partidos políticos que quiero poner en valor".

Asuntos de actualidad

La vicepresidenta ha comenzado su intervención poniendo en valor el dato del crecimiento del PIB en 2014, conocido hoy, que eleva una décima la previsión del Gobierno, al situarse en el 1,4%. Ello supone, ha dicho, que, si hacemos la comparación anual, estamos creciendo a un ritmo superior al 2% en el último trimestre, lo que "apuntala las previsiones y las expectativas del Gobierno". También, ha añadido, demuestra que "los esfuerzos realizados estos dos años han dado resultados en forma de crecimiento de la riqueza y de reducción del desempleo, que es el principal objetivo de la política económica".

El dato del PIB unido a otro también conocido hoy, el IPC adelantado de enero (-1,4%), hace que los ciudadanos vayan notando día a día esta "mejora económica gracias a la creación de empleo, la rebaja fiscal y la mejora del poder adquisitivo en un contexto de caída de precios", ha apuntado Sáenz de Santamaría.

Pool MoncloaEn el año 2014, ha recordado, se han creado 433.000 empleos, lo que supone 1.200 al día. Esta evolución "nos pone en la pista de la creación de un millón de empleos entre el 2014 y el 2015" y demuestra que la previsión del Gobierno es "absolutamente real".

Respecto a la conversación mantenida hoy entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, a propósito del acuerdo para luchar contra el terrorismo yihadista, Sáenz de Santamaría ha manifestado que en dicha conversación se ha dado un "impulso" al acuerdo. El pacto, ha especificado, está "ya muy avanzado, pendiente sólo de cerrar los últimos aspectos técnicos" y se enmarca en un "refuerzo de la unidad en la lucha contra el yihadismo" que es necesario para dar respuesta a un reto que nos afecta a todos.