Conferencia de prensa de la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, y de los ministros del Interior y de Educación, después de la reunión del Consejo de Ministros

Vicepresidenta.- Muy buenos días a todos. Vamos a informarles de los principales asuntos que se han abordado hoy en el Consejo de Ministros; un Consejo de Ministros en el que el ministro de Economía ha presentado también los últimos datos conocidos sobre la situación económica española, especialmente la evolución del Producto Interior Bruto.

La economía española, como saben, creció un 1,4 por 100 en 2014, una décima por encima de la previsión del Gobierno. Eso supone que estamos creciendo ya a un ritmo superior al 2 por 100 en el último trimestre, si hacemos la comparación anual. Es el primer año de crecimiento desde el inicio de la crisis, también con creación de empleo. Somos el país que más crece entre los grandes de la Unión Europea, lo que demuestra que los esfuerzos realizados estos dos años han dado resultados en forma de crecimiento de la riqueza y de reducción del desempleo, que es el principal objetivo de la política económica. Todos los organismos internacionales nos están revisando al alza las previsiones para 2015 y el Gobierno abordará este asunto cuando modifique el Programa de Estabilidad en el próximo mes de abril.

Lo importante es que los ciudadanos, además, con los últimos datos que hemos conocido, van notando día a día esta mejora económica gracias a la creación de empleo, a la rebaja fiscal y la mejora del poder adquisitivo en un contexto de caída de precios. Porque también hoy se ha conocido el IPC adelantado de enero, el -1,4 por 100, igualando el mínimo histórico de julio de 2009. Es una dato bueno para la economía española, ligado también, y mucho, al precio del combustible, y supone especialmente una mejora de competitividad para nuestras empresas.

En consecuencia, el Gobierno continúa con su plan de reformas de cara a fortalecer ese crecimiento económico y esa creación de empleo.

En esa línea de actuación hoy se ha aprobado otro paquete importante de la reforma de las Administraciones Públicas. Como saben, seguimos trabajando por la modernización de la Administración y uno de los ámbitos fundamentales en esa reforma es una mejor atención a empresas y particulares. ¿Qué hemos hecho? Hoy se ha aprobado un Anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley Reguladora de la reutilización de la información del sector público. Con ello transponemos a nuestro ordenamiento jurídico Directivas comunitarias, especialmente una del año 2013.

¿Qué se recoge? La obligación de las Administraciones y organismos del sector público de autorizar la reutilización de documentos, con excepción de aquellos que tengan un acceso restringido o excluido en virtud del ordenamiento jurídico, o las propias excepciones contempladas en la Directiva.

¿Qué es eso de la reutilización? Es la posibilidad de usar documentos que están en manos de la Administración y organismos del sector público, por personas físicas o jurídicas, con fines comerciales o no comerciales, siempre que dicho uso no constituya una actividad administrativa pública. Queda excluido de ese uso el intercambio de documentos entre Administraciones y organismos del sector público dentro de las funciones que tienen atribuidas.

¿Qué novedades incluye esta Ley? ¿Qué mejoras? La extensión de la reutilización de información a tres instituciones culturales: bibliotecas, archivos y museos. Tengan en cuenta el volumen tan importante de recursos, de información, que poseen y los proyectos de digitalización que vienen llevando a cabo. Además, se mejora la regulación de los formatos para la puesta a disposición de la información del sector público, procurando, en la medida de lo posible, que sean formatos abiertos y legibles por máquina junto con sus megadatos. Se fijan las contraprestaciones económicas por la posible reutilización de esos documentos, partiendo siempre del principio de coste marginal en el cálculo de tasas o precios públicos. Además, se incorpora la obligación de fomentar el uso de licencias abiertas para que las restricciones sean las mínimas posibles.

Sólo será admisible la suscripción de acuerdos exclusivos para la reutilización cuando sean necesarios para la prestación de un servicio de interés público. Además, lo que haremos es cumplir con la obligación de remitir un informe trienal a la Comisión Europea sobre esa reutilización.

Una novedad importante es que se incorpora al Centro de Investigaciones Sociológicas, al CIS, a este proceso y pondremos a disposición de la ciudadanía general, y muy especialmente de la comunidad científica, académica y técnica, los datos correspondientes a estudios financiados por el erario público. Además, habrá un banco de datos específico creado en el seno del CIS para hacerlo.

Esta es la primera de las medidas. La segunda es, quizá, más asequible. Dentro del paquete de medidas de la reforma de la Administración hay una parte importante, que es simplificación de trámites y mejora de las pequeñas y medianas empresas, ligada a la facilidad de la creación de empresas. Pues bien, hemos aprobado un Real Decreto por el que a partir de ahora se podrá actuar, con Documento Único Electrónico, para la creación, para la puesta en marcha, de más sociedades, de distintos tipos de empresa.

Hasta ahora, mediante este Documento Único Electrónico, conocido como DUE, podían crearse sociedades limitadas, nueva empresa, sociedades de responsabilidad limitada y empresarios autónomos. Ahora, ¿qué hacemos? Que con este Documento Único Electrónico puedan crearse sociedades cooperativas, sociedades civiles, comunidades de bienes, sociedades limitadas laborales y emprendedores de responsabilidad limitada, mediante un procedimiento de tramitación telemática.

Forma parte de las medidas que llevamos implantando dos años para simplificar la creación de empresas. Una de las medidas es este Documento Único Electrónico, que contiene todos los datos que deben remitirse a los registros y Administraciones Públicas para constituir una empresa electrónicamente en un solo procedimiento, con lo que lo vamos extendiendo. La cumplimentación de este documento se podrá hacer a través de puntos de atención a emprendedor y de la Ventanilla Única, que, por cierto, también reformaremos en las próximas fechas.

Lo que hacemos, por tanto, es facilitar la apertura de empresas con un procedimiento electrónico sencillo, se reducen las cargas y damos respuesta a distintas iniciativas europeas que van en esta misma dirección, como el Small Business Act o la iniciativa en favor del emprendimiento social.

Algunos datos importantes del Centro de Información de Red y Creación de Empresas que podemos anticiparles: en 2014 aumentó la tramitación electrónica un 50 por 100 respecto de 2013 y de ese incremento de trámites, el 72 por 100 correspondieron a autónomos y el 28 por 100, a Sociedades; es decir, los autónomos se incorporan a todo este sistema. Además, el 34 por 100 de las sociedades se tramitaron, es decir, se crearon, en menos de un día y el tiempo de tramitación del 98,5 por 100 de los autónomos es inferior a un día --es decir, el establecimiento del autónomo, en un 98,5 por 100 de los casos, tardó menos de un día-- y ya el 38 por 100 de las nuevas sociedades que se han creado lo han hecho en un día. El objetivo es que el 90 por 100 de las empresas se creen en menos de ese día.

Último asunto de la reforma de las Administraciones Públicas. Hemos aprobado un Acuerdo por el que se adoptan medidas para reforzar el seguimiento de la aplicación del principio de compensación de cargas administrativas. Para entendernos, las cargas administrativas que entran por las que salen --lo he copiado, como ustedes bien saben, de algún personaje conocido, pero me viene muy bien para el caso--, es decir, cada vez que entra una nueva carga en el procedimiento administrativo tenemos la obligación de excluir otra de coste equivalente.

Llevamos ocho Acuerdos de reducción de cargas, distintos Gobiernos, desde el año 2008, de los que la Administración General del Estado acaba de hacer un seguimiento de repercusión y ahorros. Por reducción de cargas, desde el primero de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2014 se ha logrado ahorrar, entre Administración y particulares, 18.824 millones de euros; en reducción de cargas de 2008 a 2014.

El objetivo es que esta compensación de cargas se realice en cada Ministerio y en el plazo de un año. Todo Ministerio, al finalizar cada año, tiene que presentar un informe. Si ha habido incremento de cargas, tendrá que compensarlas en el año siguiente. Lógicamente, se establecen excepciones, porque puede haber normativa internacional o normativa comunitaria que nos obligue a introducir nuevas cargas; pero, salvo esas excepciones, tendrá cada año que compensarse el incremento de cargas del anterior.

La Dirección General de Organización Administrativa y Procedimientos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas es quien hará la evaluación, y emitirá un informe sobre si se han reducido o se han incrementado, la compensación o propuesta de compensación, la normativa a revisar y el descenso de cargas administrativas que hay que adoptar correspondientes.

En otro orden de cosas, hemos aprobado un Real Decreto por el que se modifica la actual ordenación de las enseñanzas universitarias y la regulación de las enseñanzas oficiales de Doctorado, que ahora explicará el ministro de Educación. Con ella se adecua el Espacio Español de Educación Superior al Espacio Europeo.

También, y por eso me acompaña el ministro del Interior, hemos aprobado el Acuerdo por el que el Consejo de Ministros adopta el Plan Estratégico Nacional de Lucha contra la Radicalización Violenta. Es un marco de trabajo de los distintos poderes públicos para actuar de forma coordinada para poder detectar y actuar a tiempo frente a posibles potenciales brotes de radicalización.

Por último, y verán el detalle en la Referencia del Consejo de Ministros, hoy se ha aprobado el Acuerdo por el que se conceden las subvenciones estatales a los partidos políticos. El Consejo de Ministros aprueba las superiores a doce millones y el resto las aprueba el Ministerio del Interior. Tienen todo el detalle de datos. Yo sólo insisto en uno que no sé si está incluido en la Referencia pero, si no, lo incluiremos: de 2011 a 2015, la financiación ordinaria --que así se llama--, la subvención ordinaria, del Ministerio a los partidos políticos ha pasado de 82,3 millones de euros a 52,7 millones de euros. Es un esfuerzo, por tanto, de austeridad por parte de los partidos políticos, que yo también quiero poner hoy en valor.

Sr. Wert.- Como ha anunciado la Vicepresidenta, el Real Decreto que se aprueba hoy viene a modificar dos Reales Decretos (uno de ordenación de las enseñanzas universitarias, el 1393/2007, y otro de las enseñanzas de doctorado 99/2011), que son las dos piezas normativas que llevaban a cabo la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior del sistema universitario español.

Como saben todos ustedes, lo que se decidió en esos años fue, dentro de las posibilidades que abría en el sistema Bolonia, optar por un sistema rígido, por un lado, porque sólo contemplaba grados de 240 créditos, es decir, de cuatro años, y masters de 60 créditos, es decir, de un año, frente a las posibilidades que el sistema permitía, y a la que se acogieron la inmensa mayor parte de los países, que eran las de regular en una horquilla entre los 180 y los 240 créditos el grado e, igualmente, en una horquilla entre los 60 y los 120 créditos el máster.

De hecho, cuando se aprobó esta normativa, la Conferencia de Rectores de las Universidades españolas propuso que se adoptara un sistema flexible; les cito literalmente del informe de octubre de 2006 de la Conferencia Académica Sectorial de la Universidad Española, que es una sección de la CRUE, les cito, como digo, literalmente: "podría optarse por una posición más flexible en la que existieran grados entre 180 y 240 créditos". "No está claro -añade ese Informe-- que todos los grados necesiten ni deban tener una misma carga de créditos".

De hecho, es un sistema muy minoritario el que se adoptó en España. Aparte de España, sólo otros ocho Estados. de los 48 que forman el Espacio Europeo de Educación Superior, han adoptado este sistema rígido de grados de 240 créditos y máster de 60 créditos, y esos Estados son: Armenia, Chipre, Grecia, Turquía, Ucrania, Kazajstán… Por supuesto, no voy a hacer ninguna valoración sobre los sistemas universitarios de estos Estados, pero lo que sí está claro es que no son los principales sistemas universitarios.

¿Cuáles han sido las consecuencias de este sistema rígido? Fundamentalmente, la más importante desde el punto de vista universitario, es que ha dificultado enormemente la internacionalización de nuestro sistema universitario. ¿Por qué? Primero, porque para atraer estudiantes extranjeros a nuestro sistema, la mayor parte o una parte muy significativa de los cuales habían cursado grados de 180 créditos, no se les reconocía ese grado ni se les admitía, por tanto, a los estudios de máster, lo cual ha dado lugar a que la capacidad de atraer estudiantes de máster, que, naturalmente, son los más interesantes para las Universidades, haya estado en España muy limitada. Pero también se ha limitado la capacidad de los estudiantes españoles de ir a cursar, por ejemplo, los estudios de doctorado allá donde no se les ha reconocido, como título de máster que les permitiera el acceso al doctorado, los masters de 60 créditos.

En definitiva, limitaba muchísimo la internacionalización de nuestro sistema universitario y, sobre todo, en comparación con los sistemas con los que tenemos más relación, daba lugar a que la inmensa mayor parte de los estudiantes españoles invertían un año más en la compleción del grado, que es, por otra parte, el límite más usual fuera del campo de lo que se llaman profesiones reguladas, es decir, aquellas que exigen una autorización para su ejercicio de una titulación específica; es normalmente el nivel al que más estudiantes llegan.

En ese sentido, quiero decir que el Real Decreto no afecta para nada a los llamados masters habilitantes y a las profesiones reguladas. Éstos, que en muchos casos son procesos integrados de grado y máster, van a seguir regidos por sus normas especiales, que implican la intervención del Gobierno para la autorización del número de créditos y, además de la autorización del Gobierno, la congruencia con la normativa comunitaria específica. Esto se refiere, fundamentalmente, a todas las titulaciones de Ciencias de la Salud --la inmensa mayor parte, al menos, de las titulaciones de Ciencias de la Salud-- y también a las ingenierías y a las arquitecturas, fundamentalmente.

Entonces, lo que tenemos es que, normalmente, y es la experiencia que tenemos hasta ahora en España, fuera de este marco de las profesiones reguladas que requieren un máster habilitante --en el cual, primero, no se aplica este cambio y, en segundo lugar, por norma, por el Real Decreto Ley 14/2012, el precio del crédito en grado y el precio del crédito en máster tiene que ser el mismo; es decir, no se produce un encarecimiento para el estudiante al pasar de grado a máster--; en todo el resto lo que vemos ahora es que lo que se llama tasa de transición, es decir, la proporción de estudiantes que pasan del grado al máster, es del 20 por 100.

Desde ese punto de vista, y respecto de algunas de las críticas que se han formulado, hay que decir que, en términos de coste para las familias, que es el argumento que, desde el punto de vista de defensa del interés general, nos parece más importante poner de manifiesto, con toda seguridad se va a producir un abaratamiento de ese coste para todos aquellos grados que pasen de 240 a 180, es decir, de cuatro a tres años; y que no necesariamente en estos grados el complemento de máster, es decir, el máster que siga, va a tener que ser de dos años, sino que puede perfectamente ser de uno, como de hecho sucede, por ejemplo, muy claramente en el Reino Unido. Coloquialmente se está llamando a este sistema tres más dos. No necesariamente es así; puede perfectamente ser tres más uno y, de hecho, es de esperar que en muchos casos sea tres más uno. Y únicamente, efectivamente, se produciría un cierto encarecimiento en esa pequeña proporción de estudiantes que sí hicieran un máster de 120 créditos después de haber conseguido un grado de 180 y que no estén en el ámbito de las profesiones reguladas.

Pero quizá lo más importante desde este punto de vista, y también en relación con algunas de las críticas que se han formulado, es la forma en que se produce esta adaptación, porque son las propias universidades, y no el Gobierno ni las administraciones educativas, es decir, las Comunidades Autónomas, quienes en todos los casos van a decidir presentar a verificación estos grados de 180 créditos. Quiero subrayar esto muy especialmente: no hay ninguna imposición, ni de traslado a la fórmula de los 180 créditos, ni de plazo para implantarlo; es decir, son las propias Universidades las que decidan cómo y cuándo lo implantan.

Y otra cosa no menos importante: estamos fomentando un diálogo de los sistemas universitarios de las Comunidades Autónomas con las propias administraciones educativas, es decir, con las Comunidades Autónomas, para que libremente lleguen a acuerdos más o menos homogéneos de implantación del sistema, en evitación eventual de posibles disfunciones que se pudieran plantear con el ritmo de implantación.

Por tanto, resumo muy sintéticamente: se trata de una medida que busca la alineación de nuestro sistema universitario con el de los países más importantes de nuestro entorno y se trata de una medida que va a suponer un importante ahorro para las familias si todos aquellos grados que pueden hacerlo, es decir, que se pueden transformar en grados de 180 créditos, pasaran a hacerlo. Con las cifras actuales de matriculación, el ahorro para las familias sólo en reducción de las tasas que se satisfacen rondaría los 150 millones de euros.

Pero a esto hay que añadirle, lógicamente, lo que probablemente es más importante desde este punto de vista, Como les he explicado, en la mayor parte de los casos, los estudiantes, los egresados universitarios, alcanzan el nivel de grado que es normalmente el que les capacita para insertarse en el mercado laboral. Cuando estos grados de 240 créditos se transformen en grados de 180, los estudiantes y sus familias habrán ganado, no sólo el ahorro al que antes me he referido, sino un año de anticipación en su posible incorporación al mercado laboral. Y, sobre todo, y éste es el argumento final, tendrán mayor facilidad, tendrán mayor transitabilidad, hacia otros sistemas; estaremos más alineados con nuestro entorno.

Sr. Fernández.- Como ha señalado la señora Vicepresidenta, el Consejo de Ministros ha adoptado el Acuerdo mediante el que se aprueba el Plan Estratégico Nacional de Lucha contra la Radicalización Violenta.

Como sabemos todos, España conoce, por desgracia, demasiado bien el terrorismo: durante décadas, el terrorismo de ETA y después quiero recordar que el mayor atentado terrorista de signo yihadista que ha sufrido Europa se produjo en España, el 11 de marzo de 2004. Por esa razón, hace ya mucho tiempo que España trabaja para disponer de las herramientas adecuadas para hacer frente a dicha amenaza, muy especialmente a lo que pudiéramos calificar como terrorismo del siglo XXI, es decir, el de signo yihadista. De hecho, sin perjuicio de que este plan está orientado hacia todo tipo de radicalización violenta, no cabe duda de que en la actualidad el principal riesgo procede precisamente del terrorismo yihadista.

Nuestro país ha desplegado este esfuerzo en el ámbito internacional: por referirme a los encuentros más recientes, ayer mismo, en el Consejo Europeo JAI de Riga --estamos en la Presidencia semestral de Letonia--, o en la Cumbre de París del pasado 11 de enero, cuando el ministro del Interior francés, Bernard Cazeneuve, nos convocó, además de a Estados Unidos y Canadá, al llamado G-10, a los diez países de la Unión Europea que más amenaza tienen de signo yihadista, tras los atentados que se produjeron en Francia y que todos conocemos.

Además de esos esfuerzos realizados en el ámbito internacional y, sobre todo, como digo, en el ámbito de la Unión Europea, también hemos venido trabajando en el ámbito nacional, como no podía ser de otra manera. Ahí está de especial actualidad el acuerdo al que se ha llegado con el Partido Socialista --que tiene que ser formalizado, pero al que se ha llegado, que es público y notorio-- para dotar al Estado democrático y de derecho español de los instrumentos jurídicos necesarios para hacer frente a este terrorismo.

El Código Penal actual nos permitió dotar a jueces, fiscales y Fuerzas de Seguridad de los instrumentos jurídicos necesarios para derrotar a un terrorismo como el de ETA o el del Grapo; ahora necesitamos dotarlo de los instrumentos jurídicos necesarios para hacer frente a otro terrorismo, como es el yihadista, que tiene otra naturaleza y otras características distintas, que es lo que se está haciendo, como saben ustedes, en esas conversaciones, esas negociaciones políticas, que son públicas y notorias.

Por otra parte, creo que es importante destacar que este Plan que ha aprobado, mediante Acuerdo, el Consejo de Ministros se inscribe en un marco definido previamente, por una parte, por la Estrategia de Seguridad Interior de la Unión Europea. Ésa es una Estrategia que aprobó la Unión Europea en el año 2005 tras los atentados de Madrid de 2004 y los de Londres de 2005, y que ha sido sucesivamente, a lo largo del tiempo, actualizada. Ése es uno de los ejes en los que se encuadra este Plan y también, en el ámbito nacional, por la Estrategia de Seguridad Nacional, aprobada por el Gobierno en el año 2013, y la Estrategia contra el Terrorismo Internacional y la Radicalización, una estrategia del año 2012.

Esas son las coordenadas, los ejes, que determinan el marco en el que se encuadra este Plan Nacional que acabamos de aprobar.

Es un plan global, ya que ha sido elaborado por un grupo de trabajo interministerial, con participación muy importante de la sociedad civil y de los colectivos vulnerables o en riesgo de radicalización. Y es integral, porque implica a los diferentes poderes públicos y entidades sociales, coordinados por un grupo especial del Ministerio del Interior.

El objetivo principal del Plan aprobado hoy es que se caracteriza por ser un instrumento esencial en el campo de la prevención, pretendiendo evitar el surgimiento y, en su caso, desarrollo de procesos de radicalización violenta y extrema y su posible salida hacia el terrorismo, mediante la detección temprana y su eventual neutralización.

Se trata, por tanto, de dar respuesta a una necesidad nacional de tratamiento del fenómeno de la radicalización violenta. A esos efectos, les daré un dato: entre 1996 y 2012 siete de cada diez condenados por yihadismo en nuestro país se habían radicalizado total o parcialmente en España. Aprovecho para decir también que desde el año 2012 el 80 por 100 de los procesos de radicalización se producen en Internet, en redes sociales, foros, etcétera. Eso también lo contempla, como es lógico, este Plan que les estamos presentando.

Una de las características esenciales de este Plan, además de las que ya les he comentado, es que es estratégico. Es un Plan Estratégico, pues establece el marco general de funcionamiento, que se irá concretando en sucesivos planes anuales. Ya les anticipo que el Plan de este año, lógicamente, como les he comentado, se centra en la radicalización violenta de carácter yihadista.

Es nacional porque abarca a todos los ámbitos de interés para España. El Plan distingue tres ámbitos de actuación: el interno, o sea, en el territorio nacional, todo el territorio nacional de España; el externo, fuera de España, pero que afecta a intereses nacionales; y el ciberespacio, fundamentalmente en Internet, a través de las fuentes abiertas, que a su vez establecen dónde deben desarrollarse las acciones del Estado. Cabe destacar que en el denominado ámbito interno, es decir, en territorio nacional, el espacio primordial de actuación será el municipio.

A su vez, el Plan incluye tres momentos de actuación definidos por el Antes, que es el área de prevenir; el Durante, área de vigilar; y el Después, área de actuar, que son los momentos correspondientes a todo proceso de radicalización y que indican, a su vez, cuándo y cómo tienen que llevarse a cabo las acciones correspondientes.

Por ejemplo, en el marco de este Plan está previsto el generar mensajes alternativos, esto es, la llamada contra-narrativa, que contrarresten --señala el objetivo-- los mensajes radicales que se difunden por varias vías y singularmente, como decíamos, por Internet.

El Plan, a su vez, incluye quiénes son los responsables de ejecutar las acciones correspondientes, distinguiendo entre los poderes públicos, los colectivos en riesgo o vulnerables y los diferentes representantes de la sociedad civil. Se establece una única estructura nacional, coordinada por un grupo nacional de lucha contra la radicalización violenta, ubicada, incardinada, en el Ministerio del Interior, y que integra a diferentes Ministerios, al Centro Nacional de Inteligencia de manera muy especial, a la Federación Española de Municipios y Provincias, a la Fundación Pluralismo y Convivencia, y a universidades, instituciones y organismos, asociaciones y ONG, etcétera.

En el ámbito interno -recuerden los tres ámbitos: el interno, el externo y el ciberespacio--, dicho grupo se coordina con los llamados grupos locales, que estarán ubicados en cada término municipal y que estarán formados por representantes de la Policía Local, Policía autonómica, en su caso, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estados, Ayuntamiento, Juzgados, centros escolares, asuntos sociales, entidades sociales y colectivos de riesgo del correspondiente municipio.

Antes de concluir me gustaría destacar que este Plan contiene un apartado específico para combatir la radicalización en los centros penitenciarios.

En definitiva, crea las estructuras y el plan de trabajo necesarias para detectar focos de potencial radicalización e intervenir en ellos, con el objetivo de cortar la cadena de transmisión de la radicalización que hace que individuos tomen la decisión de convertirse en violentos y, en el peor de los casos, en terroristas. El Plan busca, como no puede ser de otra manera, a esos efectos, igualmente conseguir la concienciación y la sensibilización de la sociedad española sobre la trascendencia que significa la amenaza del extremismo violento.

Por tanto, España, y en eso confiamos y para eso hemos estado trabajando durante dos largos años, contará con este Plan con una herramienta de enorme utilidad que, a su vez, complementará otras iniciativas que tienen en común el objetivo de dotar a España de un marco para el respeto y el entendimiento común.

P.- Señor Wert, esto del ahorro familiar explíquemelo mejor, porque no logro entender cómo hace el cálculo de 150 millones de ahorro y por qué dice que un pequeño porcentaje de las familias son las que van a sufrir las consecuencias del Real Decreto. ¿Es un pequeño porcentaje o es la mayoría de las familias porque, al final, aunque no estén obligadas a hacer un máster, sí que la sociedad, el curso de los acontecimientos, les va a llevar a tener que hacerlo? Entonces, ¿cómo es posible que se ahorre cuando el precio de un crédito en un máster triplica el precio de un crédito en un grado?

Sr. Wert.- La verdad es que, más que contestar, lo que tengo es que objetar los presupuestos de la pregunta.

Empiezo por el último. No es cierto. El máster está sujeto también a un porcentaje de coste que, obviamente, supera, sí, ciertamente, en cinco puntos el de grado, pero que no puede llegar más allá del 30 por 100 del coste efectivo. Por tanto, es verdad que hay una enorme variedad en cuanto al precio del crédito en máster entre las Universidades, incluso entre los sistemas universitarios; pero no es cierto que esté suponiendo, con carácter general… Incluso, hay Comunidades en que aplican al máster el mismo precio por crédito que el grado.

Lo segundo que me dice usted es que no es una cuestión hipotética, porque es una cuestión de la que tenemos una referencia empírica. Es decir, hoy, ¿qué hacen los estudiantes? Que parte de ellos prosiguen, hacen el ciclo completo grado y máster, y que parte no lo hace. Eso no son opiniones, son datos, y los datos lo que nos dicen es que, si excluimos ese 30 por 100 que están en el ámbito de titulaciones que dan lugar al ejercicio de profesiones reguladas y, por tanto, que cursan máster habilitantes en los que no supone ningún aumento de precio porque, por el Real Decreto Ley 14/2012 tienen que aplicar el mismo precio; lo que nos queda es para el resto, que es el 70 por 100 del sistema, un 20 por 100 sigue a máster. Ahora, en otros sistemas de otros países del Espacio Europeo de Educación Superior, en los Estados Unidos, en el universo mundo…, y perdón por la redundancia.

Por último, lo que sí es seguro, y eso sí que no tiene ningún margen para la hipótesis, es que en todos aquellos casos en que se produzca la transformación de grados de 240 créditos en grados de 180 todos los estudiantes van a experimentar esa disminución de sus costes.

¿De dónde salen los 150 millones? De la hipótesis de que en todos aquellos grados que son susceptibles de transformarse en grados de 180 créditos se produjera la transformación. Por supuesto, eso sí se mueve, lógicamente, en una horquilla que irá variando en función de que las universidades lo adopten o no lo adopten. En aquellas que no lo adopten, evidentemente, no se producirá el ahorro, claro.

P.- Vicepresidenta, yo quería hacerle dos preguntas. Ha dicho que el Gobierno va a revisar las previsiones macroeconómicas en abril. ¿Está pensando el Gobierno…?

Vicepresidenta.- Como bien sabe, tenemos que mandar el Programa de Estabilidad del PNR a Bruselas.

P.- Quería saber si está pensando en un crecimiento más próximo a ese 2,8 por 100, que sería una proyección del 0,7 por 100 del último trimestre. Eso por un lado.

Luego, me gustaría también que nos hiciera una valoración sobre las declaraciones del señor Monedero, que dice que después de la victoria de Syriza se ha iniciado una guerra contra Podemos, y el desafío que hace al ministro de Hacienda.

Vicepresidenta.- Primera de las preguntas. Como bien sabe, en abril tenemos que mandar, cumpliendo el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, nuestras previsiones a Bruselas y el Plan Nacional de Reformas. Entonces, lógicamente, allí es donde tendrán que efectuarse esas previsiones de acuerdo con lo que estamos viendo. No le puedo anticipar la cifra, porque entonces ya le haría yo el trabajo al Ministerio de Economía aquí, sobre esta mesa.

Pero, indudablemente, los datos que hemos conocido hoy son positivos para nuestro crecimiento, demuestran una buena evolución. Creo que tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir cumpliendo nuestras reformas para fortalecer esa recuperación; pero, desde luego, es un buen elemento que nos hace pensar que podamos mejorar esas previsiones de cara a los próximos documentos que tengamos que presentar.

Sobre las declaraciones del señor Monedero, yo le voy a decir dos cosas claras: la única batalla que tiene el Ministerio de Hacienda es lograr que todos los ciudadanos cumplan con sus obligaciones tributarias, porque aquí, que yo sepa, no hay ninguno que está por encima de la Ley.

Además, si me permite, dado que algunos ponen determinados listones éticos, son los menos indicados para aplicarse deducciones o desgravaciones éticas a esos listones éticos; sencillamente. Aquí todo el mundo tiene que cumplir sus obligaciones tributarias --eso el conjunto de los españoles, el conjunto-- y, luego, los responsables políticos dar explicaciones cuando resulta que se detecta que puede haber, en su origen y en su destino, determinadas cuestiones que pueden ser contrarias a nuestra ley y a nuestro derecho. Pero sea quien sea y sea del partido que sea.

P.- Yo quería preguntarle al ministro Wert. Teniendo en cuenta que los grados van a ser más generalistas y los máster van a ser más específicos, entiendo que cualquier familia, cualquier estudiante, va a querer llegar hasta el final para, a la hora de ir al mercado de trabajo, tener las mejores condiciones posibles. Entonces, ¿el Ministerio se plantea eso de que pueda haber mucha gente que vaya a los masters? ¿Se plantea algún mecanismo para garantizar o para intentar equiparar los precios de masters a los precios de grados, como ocurre en los masters habilitantes?

Una segunda cuestión es si, efectivamente, una de las propuestas o de las razones de hacer este Real Decreto es homologar con el resto de Europa. Desde el momento en que se hace de forma voluntaria y libre, este Real Decreto no garantiza que nos vayamos a homologar, puesto que las Universidades pueden tomar el mecanismo que consideren: ir al tres más, al cuatro más uno, al tres más uno o al modelo que quieran.

Sr. Wert.- Comienzo por esto segundo. Efectivamente, es que eso sería la homologación, porque lo que hay en la mayor parte de los sistemas, por lo menos en los más importantes, es flexibilidad y no rigidez. Es decir, conviven tres más uno, tres más dos y cuatro más uno.

En segundo lugar, hoy por hoy, tanto en el ámbito del empleo privado como en el ámbito de empleo público, y fuera, como digo, siempre del campo de las profesiones reguladas, normalmente el requisito de titulación que para la incorporación al mercado laboral, tanto público como privado, se demanda es el grado. Eso no quiere decir que el máster, evidentemente, no suponga un suplemento formativo de utilidad para el acceso al mercado laboral.

Pero, en relación con el supuesto que usted plantea, que es un supuesto razonable, es decir, que se vaya incrementando con el tiempo la proporción de estudiantes que acceden al máster, lo que la experiencia nos enseña es que normalmente esto se suele producir después de haberse incorporado el joven al mercado laboral, es decir, que tiene una actividad profesional de uno o dos años, y, cuando ha adquirido una cierta experiencia profesional, pasa a cursar un máster, o no pasa.

En segundo lugar, lo que usted plantea da por supuesto que toda la adaptación se va a producir con un sistema tres más dos y eso no hay porqué darlo por supuesto. Es decir, si la adaptación se hace, en muchos casos… Porque, a veces, lo que nos sucede es que pensamos en términos del sistema anterior y pensamos que a un grado le corresponde un máster; es decir, que hay una correspondencia asimétrica entre grado y máster. No, no es así. A un grado le pueden corresponder muy distintos tipos de máster y una persona que ha concluido un grado de 180 créditos puede plantearse perfectamente, tanto un máster de 60, como un máster de 120.

Insisto, estamos hablando de flexibilidad y estamos hablando de que es justamente esa flexibilidad, y por tanto la superación de una rigidez innecesaria, la que nos permite esa homologación. Se lo pongo en un ejemplo muy práctico: imaginemos un estudiante de Biotecnología que ha obtenido un grado, una vez adaptado, de 180 créditos y que quiere hacer un máster de alguna especialidad que tenga que ver con la Biotecnología o que quiere hacer un máster, porque lo que le interesa es la esfera privada, de negocios, una especie de MBA. Tiene esas dos posibilidades y, evidentemente, con este sistema, después de haber cursado ello, tendrá un título de máster que a lo mejor es el que le permite…

Hay una excepción, a la que no me he referido en mi presentación anterior y creo que también es importante, y es que mantenemos la necesidad de que, para quienes quieran dedicarse --que son quienes estudian el doctorado-- a la docencia o a la investigación, para el acceso al doctorado se requiere que la suma de grado y máster haya sumado 300 créditos. Pero es la única excepción y en todo lo demás se van a producir, con flexibilidad, situaciones distintas.

Lo que creo que es importante destacar es que, desde los datos que hoy tenemos, que, insisto, no son datos hipotéticos, son datos empíricos, es lo que están haciendo hoy los estudiantes, no se puede sostener que este cambio de sistema o que esta flexibilización del sistema vaya a redundar en un encarecimiento para las familias y, en cambio, es muy razonable sostener lo contrario.

P.- Vicepresidenta, sobre el tema del crecimiento económico, con estos datos que se han conocido hoy el Gobierno prevé que va a haber seiscientos mil empleos más en 2015. ¿En esa revisión de las previsiones que se va a producir en abril es posible que estas cifras aumenten, o tiene la esperanza de que se puedan crear más de seiscientos mil empleos en 2015?

Después, sobre la reducción de las cargas administrativas que nos ha contado, dieciocho mil millones entre 2008 y 2014, ¿nos podría concretar cuánto se ha conseguido en la actual Legislatura? ¿El ahorro es para ciudadanos o es para el Estado?

Luego, el Ministerio de Economía me había comunicado que el Ministro iba a presentar un informe sobre la Ley de Segunda Oportunidad en el Consejo de Ministros. No sé si al final se ha caído, o si tienen previsto aprobarlo en las próximas semanas, o es que hay alguna diferencia dentro del Gobierno.

La última. Si la UE está flexibilizando las condiciones o flexibiliza en el futuro las condiciones a Grecia, después de que haya ganado Syriza las elecciones --ya hemos visto que anuncia una subida del Salario Mínimo Interprofesional bastante grande, que también han quitado recortes en sanidad, y en educación quieren quitar--, ¿esto podría hacer que España también pida una flexibilización en las condiciones que se le han impuesto desde Bruselas? Porque en el Gobierno se ha reconocido en muchas ocasiones que hay medidas que se han tomado que no les ha gustado. Entonces, ¿puede cambiar este último año de Legislatura la política para que no se produzca el auge de otras formaciones, como Podemos, que están ligadas a ese plan antiausteridad de Syriza?

Vicepresidenta.- La primera de las preguntas era relativa al crecimiento económico. Indudablemente, los datos que hemos conocido hoy apuntalan las previsiones y las expectativas del Gobierno.

En el año 2014 ya hemos presentado los datos de la EPA sobre el crecimiento del empleo, que son 433.000 empleos en un año o 1.200 empleos al día, y eso nos pone en la pista de la creación de un millón de empleos entre 2014 y 2015. Ésas son las previsiones del Gobierno. Hay que ver cómo va evolucionando el crecimiento a lo largo de ese tiempo, pero ése es el ámbito en el que nos movemos ahora.

Lógicamente, cuando presentemos las distintas previsiones a Bruselas y los cuadros macroeconómicos, tendremos que ir incorporando a esas previsiones la propia evolución de la economía. Pero lo que se está demostrando es que esa intención de crear un millón de empleos en dos años es absolutamente real. La hemos previsto y se va a conseguir.

En la reducción de cargas administrativas no tengo aquí el desglose de los años. Le estoy hablando de ahorros que se producen para las Administraciones y para el Estado. Lo que se hace es que se contabilizan los ahorros que produce, tanto en la tramitación para la Administración, como al ciudadano, por coste del servicio y por coste de oportunidad, el desarrollo de toda esa serie de cargas. Ahora no tengo el listado por años; pero se lo pasaremos, porque lo tiene hecho el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Sobre el tercero de los asuntos, tiene usted un gran conocimiento del índice del Consejo de Ministros. Yo no lo había informado porque esperaremos a presentar esa Ley; pero sí es cierto que estamos trabajando en un proyecto o en un paquete de medidas de segunda oportunidad; tuvimos, además, la ocasión en este fin de semana de ponerlo de manifiesto. Estamos trabajando en un conjunto de medidas para dar una segunda oportunidades, tanto a pequeños empresarios, a Pymes y autónomos, a empresarios individuales, como también a personas físicas y jurídicas, que permita cuanto antes que puedan satisfacer las deudas que tengan y puedan iniciar una nueva oportunidad que han perdido como consecuencia de la crisis.

El Ministro ha presentado un avance de lo que el Ministerio de Economía, Hacienda, Justicia, el propio Ministerio de la Presidencia y la Oficina Económica estamos ya trabajando en sucesivas reuniones, y, desde luego, se lo presentaremos detalladamente en cuanto lo tengamos cerrado.

Sobre el último de los asuntos, nosotros en España, como el resto de los países de la eurozona, respetamos las elecciones democráticas que hacen en el conjunto de los países miembros. No obstante, las reglas comunes pactadas entre los países miembros se tienen que respetar entre Estados y dentro de la Unión Europea, con independencia del partido que gobierne en cada momento. Eso es así y eso es inamovible. Uno no puede pretender que, porque cambien políticamente las cosas en un determinado Estado, vayan a cambiar completamente las reglas que se aplican dentro de la Unión. Ésa es nuestra posición y nuestra terea ahora es consolidar ese crecimiento.

Nuestra situación ha cambiado mucho a lo largo de estos años. Somos el país que más crece de los grandes de la eurozona, somos los que presentamos las mejores perspectivas de crecimiento. Se ha hecho una tarea que, tanto la Unión Europea como el resto de los organismos internacionales, han puesto en valor y a eso es a lo que nos vamos a dedicar en estas próximas fechas: a continuar poniendo en marcha nuestro paquete de reformas; a aplicar la reforma fiscal este año y el siguiente, que va a suponer devolver, en la medida de lo posible, los esfuerzos que ha hecho la sociedad española en todo este tiempo; a aprobar nuestra Agenda Social y a culminar un conjunto de reformas que son importantes --ésta, de la segunda oportunidad, es un claro ejemplo de en lo que estamos trabajando-- para, a lo largo de este año 2015, seguir recuperando bienestar y creando empleo.

P.- Al ministro Wert. ¿Se ahorra el Estado dinero con esta reforma? Y, si es así, ¿cuánto?

Luego, una de las críticas que le han hecho desde la comunidad educativa, también el Consejo de Estado, era que quizá era muy apresurado hacer esta reforma de esta manera, teniendo en cuenta que Bolonia lleva apenas unos años implantado y que no había dado tiempo a ver cómo funcionaba.

Sr. Wert.- No. Esta reforma es absolutamente neutral desde el punto de vista del coste para las Administraciones Públicas. Las principales financiadoras de las Universidades, como sabe usted, son las Comunidades Autónomas. Aquí el ahorro que estamos considerando es el ahorro de las tasas de las familias; luego, naturalmente, el cómo influya eso sobre el coste o la parte de coste que se soporta con recursos públicos dependerá de cómo adopten las Universidades el sistema.

Eso me lleva a la segunda parte de su pregunta o, más bien, a su segunda pregunta, que tiene dos partes: una, la que se refiere al Consejo de Estado. El Consejo de Estado no ha hecho ninguna observación de carácter esencial, no ha hecho ninguna observación de carácter técnico y sí ha trasladado algunas observaciones de oportunidad, que a su vez son el fruto de opiniones que le han trasladado, y así lo refleja el Consejo de Estado, algunos de los actores o sectores a los que el Consejo de Estado ha consultado. Pero, insisto, el Consejo de Estado no formula observación ninguna y, de hecho, las observaciones de carácter técnico se han incorporado todas ellas al Real Decreto. Por eso el Real Decreto se aprueba de acuerdo con el Consejo de Estado.

Y si es apresurada o no es apresurada, yo le tengo que decir con toda sinceridad que, teniendo en cuenta que se trata de una decisión dispositiva, es decir, de algo que deciden las Universidades, poniéndose o no de acuerdo con las Comunidades Autónomas y en el momento en el que lo decidan, no se le puede achacar al Real Decreto ningún tipo de apresuramiento. El apresuramiento o el no apresuramiento --yo creo que no hay ningún tipo de apresuramiento, sinceramente-- lo darán aquellas que tomen la iniciativa, no el Real Decreto.

P.- Para la Vicepresidenta. Parece ser que, finalmente, el presidente del Gobierno había mantenido hoy una conversación con el líder del PSOE en relación con el pacto contra el terrorismo yihadista. Quería saber si nos lo puede confirmar y si nos puede ofrecer algún detalle, tanto de este asunto, como que parece que también iban a hablar de la fecha del Debate sobre el Estado de la Nación.

Vicepresidenta.- Sí, efectivamente, han mantenido una conversación sobre el tema del acuerdo sobre el yihadismo. El acuerdo está muy avanzado y se están ya --que me corrija, si no, el ministro del Interior-- cerrando los últimos aspectos técnicos de ese acuerdo. Le han dado en esa conversación un impulso a ese pacto, a ese acuerdo, que se enmarca en un refuerzo de la unidad del Partido Popular y del Partido Socialista, y del Gobierno, en la lucha contra el yihadismo, en un entorno en el que la unidad y el refuerzo de la respuesta que deba de darse por parte de los Estados al yihadismo es importante; analizando también aspectos de esa proposición de ley, pero también de una estrategia coordinada de partidos que están llamados a sucederse en el Gobierno, frente a un reto de carácter mundial y que nos afecta a todos, como es la lucha contra el yihadismo.

Sobre el último punto no le puedo dar más información, porque he bajado inmediatamente después de que se produjera la conversación. Esto es lo que me ha contado directamente el presidente del Gobierno. Cuando tengamos la fecha del Debate sobre el Estado de la Nación, se la transmitiremos. Y del mismo modo ya les iremos informando. Una vez que esté absolutamente cerrado el acuerdo y la dinámica de su firma o suscripción, se les informará por parte de la Secretaría de Estado de Comunicación y me imagino que también por parte del Partido Socialista.

P.- Una pregunta más bien aclaratoria al ministro Wert. El tema del que habla usted de que va a producir un abaratamiento las tasas para las familias, se refiere a que, desde luego, es más barato estudiar tres años que estudiar cuatro. Es decir, las tasas no se van a abaratar. Para que lo entiendan los ciudadanos, ¿se está refiriendo a eso, en ningún momento va a haber…?

Después, también el aspecto de las críticas que le están haciendo, ¿a qué las achaca: a su posición en el Ministerio o están totalmente infundadas, porque se está hablando de que es apresurada, que no se ha consensuado..? Es decir, explíquenos a qué se deben las críticas, si no tienen ningún sentido, como está diciendo.

Sr. Wert.- Sobre la segunda parte de la pregunta, como usted comprenderá, no me toca a mí pronunciarme. Yo no voy a hacer juicios de intenciones sobre qué hay detrás de unas determinadas críticas que, por otro lado, como cualquier otra, me parece perfectamente legítimas.

Lo que sí le puedo decir es que una cosa es que algunos sectores de los afectados hayan manifestado ciertas críticas al proyecto y otra que el mismo no haya sido exhaustivamente puesto en conocimiento, consultado y debatido con todos esos sectores. Simplemente, de una forma muy resumida, ha sido sometido a una exhaustiva información pública, ha sido conocido por la Conferencia General de Política Universitaria, es decir, por las Comunidades Autónomas, que van a ser quienes tendrán que atender a sus consecuencias desde el punto de vista de la administración educativa, y ha sido también sometido al Consejo de Universidades, en el que participan todos los rectores de las Universidades españolas.

Por lo que se refiere a los criterios de oportunidad, a mí me parecen, como les he dicho antes, perfectamente legítimos todos los juicios; pero, en lo que se refiere a la defensa de los intereses generales y de los intereses de la familia, el artículo 97 de la Constitución le otorga al Gobierno la dirección de la política general y en este sentido yo creo que este Real Decreto es perfectamente coherente.

Vicepresidenta.- Muchísimas gracias.