El Gobierno reparte 7.889 millones de euros entre las comunidades autónomas para la financiación de los servicios públicos

La Moncloa, Madrid

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el Ejecutivo ha informado de la reunión que la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ha celebrado hoy para fijar el nuevo reparto de recursos del Fondo de Financiación a las Comunidades Autónomas.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado el esfuerzo "sin precedentes" que el Gobierno ha llevado a cabo en esta legislatura para proveer de liquidez a las comunidades autónomas y las corporaciones locales con dificultades para financiarse en los mercados. Los fondos proporcionados a través de los distintos mecanismos alcanzan prácticamente los 185.000 millones de euros. El objetivo, ha señalado Sáenz de Santamaría, es "garantizar la igualdad de los españoles en la recepción de los servicios públicos en toda España", así como el derecho de los proveedores a cobrar por sus servicios.

Pool Moncloa / J. M. CuadradoEl ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha defendido que estos instrumentos especiales de financiación han permitido la vuelta al crecimiento y a la creación de empleo y también la reducción del déficit público.

Montoro ha detallado que estas medidas supusieron en el periodo 2012-2014 un total de 133.871 millones de euros, destinados principalmente al Plan de Pago a Proveedores y al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). La cantidad asciende este año a los 51.113 millones, una cantidad que incluye el mecanismo de financiación a coste cero que se ha creado este año y un fondo a través del cual el Estado paga las prestaciones sociales si una comunidad no las está atendiendo. En el conjunto de la legislatura, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Andalucía han sido, por este orden, las regiones que han recibido un mayor apoyo financiero.

La Comisión Delegada para Asuntos Económicos ha distribuido hoy el remanente del Fondo de Financiación a las Comunidades de 2015, que asciende a 7.889 millones de euros. Por tanto, ha subrayado el titular de Hacienda, no se trata de un "reparto obligatorio" que se va a llevar a cabo con "algún tipo de demora o aplazamiento", sino de "un añadido" al sistema de financiación que es posible gracias a la existencia de recursos. Territorialmente, Cataluña, la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid encabezan la distribución de este remanente.

Este reparto extra, ha indicado Montoro, permitirá también dar cobertura al gasto adicional que implican los nuevos antivirales para el tratamiento de la hepatitis C crónica.

Condiciones específicas para la Generalitat de Cataluña

Pool Moncloa / J. M. CuadradoEl ministro ha apuntado que el Gobierno entiende que Cataluña se encuentra "en una situación especial", por lo que se ha establecido una "condicionalidad específica" para la transferencia de los fondos a los proveedores de esa comunidad. Las razones citadas por Montoro son la rebaja de la nota que las agencias de rating dan a la deuda de Cataluña, el afloramiento de 1.300 millones de euros que no estaban declarados -y que suponen un déficit adicional- y las declaraciones de representantes de instituciones de esa comunidad sobre el impago de deudas y el incumplimiento de las leyes.

Para garantizar que los fondos se destinan exclusivamente al pago de los servicios públicos fundamentales, ha dicho, se desembolsarán por tramos, "en función del cumplimiento de la condicionalidad". Esto implica la conexión telemática de la Generalitat con el punto general de entrada de las facturas electrónicas de la Administración General del Estado. Además, el interventor de la Generalitat deberá emitir un certificado mensual en el que deje constancia de que los gastos no contravienen el ordenamiento jurídico. Las operaciones de endeudamiento se aprobarán una por una, y el Estado prestará el amparo necesario a los empleados públicos para la ejecución de estas medidas.

A preguntas de los periodistas, el ministro ha asegurado con rotundidad que "el Gobierno no tiene intervenidas las cuentas de la Generalitat de Cataluña ni de ninguna otra comunidad autónoma" y ha garantizado que "ni un solo euro" de las cantidades transferidas a la comunidad catalana en el marco de las medidas de liquidez se ha destinado a financiar "veleidades" independentistas, contrarias a la legalidad o a la Constitución.

Actuación frente a la violencia e igualdad en la AGE

El Consejo de Ministros ha aprobado el Protocolo de Actuación frente a la Violencia en el Trabajo de la Administración General del Estado (AGE) y los Organismos Públicos vinculados o dependientes de ella.

El Protocolo tiene el objetivo de proteger a los empleados públicos de la violencia ejercida por los usuarios de los servicios, por lo que se incluyen las agresiones que se produzcan en su lugar de trabajo y aquellas que se puedan materializar fuera él pero tengan a este como motivo de la agresión.

El Gobierno también ha aprobado el II Plan para la igualdad entre hombres y mujeres en la Administración General del Estado y sus organismos públicos.

Pool Moncloa / J. M. CuadradoEl ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, ha explicado que el documento pretende reducir las desigualdades en la carrera profesional entre hombres y mujeres, reforzar las posibilidades de conciliación de los empleados públicos y apoyar a los trabajadores que se encuentren en mayor situación de vulnerabilidad.

Alonso ha precisado que los efectivos en la AGE están equilibrados, ya que hay un 51,3% de mujeres y un 48,7% de hombres, si bien en las últimas pruebas selectivas los aprobados son mayoritariamente mujeres.

Asimismo, ha manifestado que el Plan contiene más de un centenar de medidas para mejorar la igualdad en las condiciones de trabajo y en las retribuciones, mantener la presencia equilibrada de sexos y prevenir la violencia de género. Como ejemplo, el ministro ha avanzado que se crearán bases de datos con perfiles profesionales de mujeres cualificadas para puestos de responsabilidad. "Se quiere favorecer la promoción del talento de las mujeres y, por lo tanto, en los puestos directivos una situación de mejor equilibrio", ha dicho.

Acoso sexual en las Fuerzas Armadas

El Ejecutivo ha aprobado el protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en las Fuerzas Armadas, derivado de las últimas modificaciones en la legislación militar que tipifican por primera vez estas conductas como constitutivas de infracción disciplinaria y delito.

El protocolo contiene medidas de carácter preventivo y de protección inmediata a la víctima garantizando su derecho a la intimidad, así como acciones de seguimiento y control de las situaciones de acoso y de acompañamiento a la víctima en todo el proceso.

Alfonso Alonso ha señalado que el texto clarifica "qué hay que hacer, cómo tiene que ser abordado el tratamiento de una víctima, qué es lo que tienen que hacer los mandos y cómo se puede actuar con garantías". El objetivo, ha añadido, es "la tolerancia cero en el acoso en las Fuerzas Armadas".

En este sentido, ha destacado la creación de la Unidad de Protección frente al Acoso (UPA) como "una unidad ajena a la cadena orgánica de mando, que va a ser un canal importante para la asistencia psicológica y el asesoramiento profesional, social y jurídico a la víctima".

Erradicación de la violencia contra la mujer

Pool Moncloa / J. M. CuadradoEl Consejo de Ministros ha analizado el primer Informe de Ejecución de la Estrategia Nacional para la erradicación de la violencia contra la mujer 2013-2016. El 80% de las medidas contempladas en él están ejecutadas o en fase de ejecución.

Alfonso Alonso ha indicado como "aspecto más difícil y duro" que, hasta el pasado 16 de noviembre, 48 mujeres habían sido asesinadas en España, dejando huérfanos a 42 menores de edad. Sin embargo, ha apuntado que las cifras de víctimas mortales "con ser terribles, son las menores desde que se tienen datos".

El informe refleja que el número de mujeres que salen de la situación de maltrato ha aumentado, que crece el número de denuncias y de llamadas al 016. Además, el texto recoge los avances normativos que se han producido, como el acceso a la justicia gratuita y el asesoramiento legal previo para todas las víctimas, así como los nuevos delitos introducidos en el Código Penal.

El ministro ha afirmado que las medidas están funcionando y "tenemos que seguir confiando en las políticas públicas de apoyo a las mujeres y de lucha contra la violencia de género".

Por otra parte, el Ejecutivo ha reafirmado su compromiso en la lucha contra la violencia de género con la aprobación de una Declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el próximo 25 de noviembre.

Fomento de la conciliación

El Gobierno ha examinado el primer informe periódico 2012-2013 y las principales actuaciones 2014-2015 para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. El texto concluye que las políticas de igualdad de oportunidades han ocupado un lugar central en la acción del Gobierno en todos los ámbitos.

Alonso ha señalado que hay cifras que reflejan la mejora en materia de igualdad, como que dos de cada tres emprendedores en España son mujeres y que el porcentaje de mujeres en los consejos de administración del Ibex-35 ha crecido de un 12% a un 18%. También ha recordado que a partir del 1 de enero de 2016 todas las mujeres que se jubilen y hayan tenido dos hijos o más verán incrementada su pensión.

Reunión del Consejo de Seguridad Nacional

Pool Moncloa / J. M. CuadradoLa vicepresidenta del Gobierno ha informado, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, de la reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional celebrada esta mañana en La Moncloa. Soraya Sáenz de Santamaría ha concretado que en esa reunión se ha hecho balance de las principales actuaciones llevadas a cabo por el Ejecutivo en los ámbitos internacional e interno desde que se produjeron los atentados en París la noche del pasado viernes.

Sáenz de Santamaría ha confirmado que tanto el presidente del Gobierno como ella han mantenido contactos con los líderes de los partidos políticos y de las organizaciones sociales para transmitirles la información de la que disponen y de las decisiones adoptadas, en un clima de lealtad y unidad. Además, el presidente contactó de forma inmediata con el presidente de la República francesa, François Hollande, y con el primer ministro, Manuel Valls.

En el ámbito internacional, el presidente del Gobierno participó en la reunión del G-20 y los ministros de Asuntos Exteriores y Cooperación, Defensa, Justicia e Interior han asistido a varias reuniones.

El Consejo de Seguridad Nacional también ha repasado hoy la participación de España en diversas operaciones, de las que Sáenz de Santamaría ha destacado los 301 efectivos de Irak, la presencia defensiva en Turquía bajo el mando de la OTAN, en Mali, en la República Centroafricana y en Senegal. En total, ha recordado que hay 2.238 efectivos desplegados y que esta acción ha contado con un "amplísimo" apoyo de las fuerzas políticas presentes en el Congreso de los Diputados.

La vicepresidenta del Gobierno ha desmentido que tropas españolas fueran a sustituir a las francesas en la lucha contra el terrorismo yihadista en África, como ha recogido algún medio de comunicación: "Esa hipótesis no está encima de la mesa, ni se nos ha pedido, ni la hemos ofrecido", ha dicho.

El Gobierno de España, ha subrayado, "desmiente rotundamente que se haya hecho alguna oferta de carácter unilateral a Francia sobre modificaciones de ese despliegue militar después de los atentados de París".

Otros acuerdos

• Regulado el arrendamiento de vehículo con conductor. El objetivo es reforzar la seguridad jurídica del sector y delimitar adecuadamente estos servicios de los prestados por el sector del transporte público de viajeros en vehículos de turismo (taxi).
• Aprobado el Real Decreto de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. De este modo, se completa la adaptación del sector del seguro a la Directiva Solvencia II, que busca la protección de los consumidores y la estabilidad del sistema financiero europeo.
• Reguladas las características generales de las pruebas de la evaluación final de Educación Primaria, con el fin de asegurar unas características comunes a toda España.
• Establecidos los requisitos mínimos que deben cumplir los planes especiales de Protección Civil ante el riesgo de maremotos y el riesgo radiológico.