El Gobierno refuerza la protección de los menores

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes de los Proyectos de Ley y de Ley Orgánica que modifican el sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Se trata de una reforma legislativa que responde al compromiso del Gobierno de agilizar los procesos de acogimiento y adopción, mejorar la protección y atención a los menores en todo el Estado, así como de prevenir, detectar y atender mejor los casos de malos tratos. Así lo han resumido la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso.

El ministro ha destacado que la reforma "convierte a España en el primer país del mundo en incorporar, de acuerdo con las recomendaciones de Naciones Unidas, la defensa del interés superior del menor como un principio". La vicepresidenta ha añadido que "se definen por primera vez en una norma estatal cuáles son las situaciones de riesgo y de desamparo".

Ambos han apuntado que en España hay casi 35.000 menores bajo tutela o guarda de las administraciones públicas. De ellos, 21.600 están acogidos por una familia y 13.400 en residencias. La finalidad de la reforma es que todos los menores de tres años puedan vivir con una familia sin pasar por un centro de acogida.

Derechos, deberes y atención a grupos vulnerables

Alfonso Alonso ha explicado que la norma establece un nuevo marco de derechos y deberes de los menores. De esta manera, los niños podrán participar y tener el derecho de "ser escuchados en todos los procedimientos que les afectan". Sus deberes afectan a las esferas familiar, escolar y social.

El ministro ha resaltado que se refuerza la protección a los grupos más vulnerables, como los menores extranjeros que se encuentren en España, en especial a los no acompañados o que son víctimas de trata. La reforma reconoce expresamente "el derecho que tienen a la sanidad, a la educación y los servicios sociales en igualdad de circunstancias que el resto de los españoles".

Protección a la infancia

La reforma configura un nuevo sistema de protección de la infancia y define en una norma estatal las situaciones de riesgo y desamparo. La situación de riesgo viene derivada de conflictos familiares o carencias sociales que perjudican al menor. La de desamparo se determina por el abandono, riesgo para la vida, salud o integridad física; o la inducción a la mendicidad, la delincuencia o la prostitución.

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El ministro ha aclarado que "el proyecto establece con claridad que la situación económica de la familia nunca es un motivo para declarar la situación de desamparo". Alonso ha declarado que si se produce esta situación el primer objetivo es "mantener al menor en la familia de origen y, si no es posible, buscar la mejor familia para ese niño".

A partir de esta premisa, la futura ley determina tres tipos de acogimiento familiar: de urgencia, temporal y permanente. El de urgencia está pensado para los menores de seis años y no puede durar más de seis meses. El temporal tiene una duración máxima de dos años y se utilizará cuando se prevé que el menor va a poder volver son su familia de origen o está en un proceso de adopción. El permanente se produce cuando no es posible la reintegración familiar y, en algunos casos, es la única alternativa a la adopción.

Por otra parte, el texto regula por primera vez los centros de protección para menores con problemas de conducta y agiliza los procesos de adopción nacional. También introduce figuras nuevas como la adopción abierta, mediante la que el niño adoptado sigue manteniendo alguna relación con su familia biológica. "La futura ley quiere garantizar que todos los niños tienen derecho a conocer sus orígenes y que las administraciones públicas tienen la obligación de tener disponible esa información para ellos", ha dicho el ministro.

Lucha contra la violencia

La reforma tiene como objetivo transversal prevenir y reforzar la lucha contra la violencia en la infancia. Alfonso Alonso ha afirmado que "por primera vez se reconoce a los menores como víctimas de la violencia de género". En este sentido, establece la obligación de que los jueces tengan que pronunciarse sobre las medidas cautelares que afecten a hijos de mujeres maltratadas y prevé que estos niños puedan permanecer con sus madres.

Tanto el ministro como la vicepresidenta han incidido en que la norma refuerza la protección frente a los abusos sexuales. Los profesionales que estén en contacto habitual con niños tendrán que presentar una certificación negativa de antecedentes penales como un requisito obligatorio.

Por otra parte, se modifica la Ley de Protección de Familias Numerosas para que no pierdan su condición mientras que alguno de los hijos tenga menos de 21 años o 26 si está estudiando.

Solvencia de las entidades aseguradoras

Pool MoncloaEl Consejo de Ministros ha enviado a las Cortes el proyecto de Ley de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.

El objetivo, en palabras de Sáenz de Santamaría, es "construir un nuevo esquema" que garantice la solvencia del sector. Además, la norma transpone la directiva europea que pretende crear en este ámbito un mercado interior que sea sólido, competitivo y transparente.

Entre las novedades del proyecto, la vicepresidenta ha destacado que establece una nueva metodología para "minimizar las posibilidades de insolvencia, especialmente en escenarios económicos adversos".

El texto refuerza el gobierno corporativo de las entidades, en la línea de otras reformas aprobadas durante la legislatura, según ha apuntado Sáenz de Santamaría. "Constituye un eje de acción constante en nuestra actuación fortalecer, dar transparencia, mejorar la profesionalidad y la honorabilidad de los directivos de las empresas", ha afirmado.

Además, se introducen mejoras en la supervisión del sector y se contempla la posibilidad de que los funcionarios de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones contraten un seguro sin identificarse como tales, "para saber si de verdad se está tratando e informando a los clientes como se debe", ha explicado la vicepresidenta.

Recogida y gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

Pool MoncloaOtro de los principales acuerdos del Consejo de Ministros es la implantación de un nuevo modelo de gestión de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos. Sáenz de Santamaría ha recordado que estos desechos son cada vez más abundantes y contienen tanto materiales valiosos, que conviene reutilizar, como sustancias peligrosas que deben tratarse adecuadamente. El coste anual asociado a toda esta gestión supera al año en España los 300 millones de euros.

El Real Decreto aprobado hoy pretende "mejorar el control de la recogida y gestión de estos residuos e incrementar las tasas de recogida para cumplir los objetivos fijados por la Unión Europea", ha señalado la vicepresidenta. La meta para 2015 es alcanzar los cuatro kilos de recogida separada por habitante, mientras que el último dato disponible, correspondiente a 2012, es de 3,4 kilos por habitante.

Además de crear una plataforma electrónica de datos y una oficina de asignación de recogidas, la norma clarifica las obligaciones de los fabricantes, los distribuidores y los gestores. La vicepresidenta ha subrayado que por primera vez se prohíbe de una manera expresa el abandono en la vía pública de estos residuos.

En cuanto a las tiendas, cuando el consumidor adquiera un nuevo aparato, podrá entregar uno usado similar durante un plazo de treinta días y de manera gratuita. Las superficies de venta de más de 400 metros cuadrados deberán contar con un punto de recogida para aparatos pequeños, como teléfonos móviles o transistores, sin que el consumidor tenga que comprar otro a cambio. Los vendedores a través de Internet tendrán que garantizar que los compradores puedan entregar los residuos de igual manera que en las tiendas físicas.

Otros acuerdos

El Gobierno ha ratificado la autorización del convenio de colaboración entre el Ministerio de Economía y Competitividad, la Generalitat de Cataluña y la Universidad Politécnica de Cataluña para la creación, construcción, equipamiento y explotación del Centro Nacional de Supercomputación, el Barcelona Supercomputing Center. Economía aportará casi seis millones de euros este año al Centro.

En el capítulo de nombramientos, el Consejo de Ministros ha designado como delegado del Gobierno en Andalucía a Antonio Sanz Cabello, licenciado en Derecho y actualmente portavoz adjunto del Grupo Popular en el Parlamento andaluz.

Asuntos de actualidad

Pool MoncloaLa vicepresidenta del Gobierno, a petición de los periodistas, ha adelantado que en el Debate sobre el estado de la nación de la próxima semana el presidente del Gobierno hará un balance del ejercicio 2014 y de los tres años de legislatura. Además, dado que aún quedan meses de trabajo, se abordarán cuestiones como el refuerzo de la creación de empleo y la empleabilidad, la agenda social del Gobierno, las reformas estructurales destinadas a mejorar la competitividad y las medidas impulsadas para la regeneración democrática.

Con motivo de la estancia del presidente del Gobierno en Cataluña tras asistir la inauguración de la interconexión de alta tensión entre España y Francia, la vicepresidenta ha asegurado que "nosotros a Cataluña vamos con hechos", como pone de manifiesto el impulso a infraestructuras como esta, "importante para Cataluña, para España y para la Unión Europea".

Respecto a la postura del Gobierno ante la petición presentada por el Ejecutivo griego a la Unión Europea, Sáenz de Santamaría ha dicho que la reunión del Eurogrupo de esta misma tarde será "importante para clarificar la posición griega" y ha reiterado que la postura española "es la que hemos mantenido hasta ahora". La Unión -ha añadido- "es un sistema en el que se asumen compromisos, pedimos que se respeten todos ellos".

Preguntada por la actuación del Gobierno venezolano, en relación con la detención del líder opositor y con las recomendaciones a las empresas españolas, Sáenz de Santamaría ha afirmado que España sigue con atención la situación porque "consideramos a toda su población como un país hermano" y ha hecho hincapié en que España, un país democrático que respeta el pluralismo político, pide que se respete su sistema democrático. Existe una "línea roja en el respeto a nuestros derechos y libertades", ha concluido.

El ministro de Sanidad ha anunciado que es probable que el futuro Plan contra la hepatitis C determine un número de pacientes susceptibles de recibir los nuevos tratamientos más elevado del inicialmente previsto y ha asegurado que las decisiones se tomarán con "criterios científicos", de modo que "sean los médicos los que prescriban".