Conferencia de prensa de la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, y del ministro de Sanidad, después de la reunión del Consejo de Ministros

Madrid

Vicepresidenta.- Muy buenos días. Vamos a darles cuenta de los principales asuntos que han sido aprobados hoy en Consejo de Ministros.

Me acompaña el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, porque hoy hemos aprobado un importante avance de lo que se conoce como la Agenda Social del Gobierno, que son los Proyectos de Ley y de Ley Orgánica de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Se trata de dos Proyectos de Ley que enviamos ahora a las Cortes y que tienen como objetivo fundamental garantizar la especial protección de los menores y responder a sus necesidades actuales.

Estos Proyectos lo que hacen es establecer un nuevo marco de derechos de los menores, también de sus deberes, y una especial atención de los más vulnerables, como menores extranjeros no acompañados, jóvenes ex tutelados, etcétera.

Se configura un nuevo sistema de protección a la infancia; se definen, por primera vez en una norma estatal, cuáles son las situaciones de riesgo o de desamparo, y se agilizan los procedimientos de acogimiento y adopción, buscando, sobre todo, que lo hagan, que puedan vivir en el seno de una familia.

En España hay casi 35.000 menores bajo tutela o guarda de las Administraciones, de los que 13.400 están en residencias, es decir, no conviven con una familia; están en establecimientos públicos, con lo que eso comporta. Lo que se busca con la reforma es primar soluciones familiares frente a las residenciales y soluciones estables frente a las temporales, que siempre son más dificultosas a la hora de lograr que esos menores puedan vivir en un clima adecuado para su formación y su evolución. Queremos que, al menos, todos los menores de tres años puedan vivir con una familia y eso sea así sin pasar por un centro de acogida.

Además, se refuerza la lucha contra la violencia en la infancia. No sólo se va a reconocer expresamente a los menores como víctimas de violencia de género, sino también queremos protegerlos frente a otros delitos, como los abusos sexuales. Para ello, también cuidaremos que los profesionales cuya profesión sea el contacto habitual con los menores no hayan sido condenados por determinados delitos, básicamente contra la libertad sexual, la trata y la explotación.

También hay, y acabo, numerosas modificaciones en aspectos puntuales, que el Ministro explicará, y lo que buscamos ahora es remitirla a las Cortes y trabajar para el mayor consenso posible.

En segundo lugar, hemos aprobado una reforma estructural importante en el sector de los seguros. Se envía a las Cortes el Proyecto de Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras. Lo que se busca es construir un nuevo esquema, un nuevo marco, que garantice la solvencia de estas entidades.

Con ello incorporamos, además, al ordenamiento jurídico lo que se llama Directiva de Solvencia II, que es una norma fundamental para el desarrollo del mercado interior europeo, que fortalece al sector del seguro y favorece, sobre todo, la competencia y la eficacia de estas entidades, lo que siempre es en beneficio del consumidor. De esta manera, lo que se busca es proteger mejor los derechos de los tomadores, asegurados y beneficiarios --es decir, del que contrata el seguro, del que está asegurado y del que se beneficia, en el caso de que se produzca el evento asegurado--, y se promueve la transparencia del mercado de seguros y el desarrollo de la actividad aseguradora. Ello también contribuirá a la estabilidad del sistema financiero, del que el sector del seguro forma parte.

La Directiva de Solvencia II pretende facilitar el acceso y el ejercicio de la actividad aseguradora y reaseguradora en la Unión Europea mediante, además, la eliminación de las diferencias más importantes entre legislaciones de los Estados miembros, con lo que buscamos un marco para que ese mercado interior de seguros y reaseguros sea verdad.

¿Qué se hace? Una nueva metodología para asegurar la solvencia de estas entidades. Su solvencia es importante, y además cara a futuro, teniendo en cuenta que el sector del seguro muchas veces opera con plazos bastante amplios. Se incorporan nuevas exigencias en materia de gobierno, valoración de activos y pasivos, garantías financieras e inversiones; y se les obliga, además, a presentar con periodicidad anual un informe sobre su situación financiera. Lo que se trata es de minimizar las posibilidades de insolvencia, especialmente en escenarios económicos adversos.

Para realizar los cálculos de probabilidades y de eventuales situaciones económicas desfavorables se requiere de una adaptación que se producirá a lo largo de este año.

También esta norma, en línea con otras muchas que hemos aprobado a lo largo de esta Legislatura, refuerza el gobierno corporativo de las entidades del seguro y el reaseguro. Si ustedes se fijan, cada vez que hemos traído normativa de esta naturaleza de este sector o similares, el gobierno corporativo, la transparencia, el fortalecimiento y la honorabilidad de los gobiernos corporativos forma parte de lo que es ya la tónica habitual cuando modificamos las normas de estos sectores. Constituye, por tanto, un eje de acción constante en nuestra actuación: fortalecer, dar transparencia, mejorar la profesionalidad y la honorabilidad de los directivos de las empresas.

Y se introducen mejoras en la supervisión de estas entidades. Se incorporan modificaciones en el régimen de revocación de las autoridades administrativas y de la disolución y liquidación de estas entidades.

También se contempla la posibilidad de llevar a cabo un control en las prácticas de comercialización, cómo se comercializan estos seguros por parte de las aseguradoras, que lo llevará a cabo los funcionarios de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, sin necesidad de identificarse previamente; lo que se llama el "mistery shopping", es decir, que puedan ir a contratar un seguro sin dar a conocer que son funcionarios para saber si. de verdad, se está tratando a los clientes, si se está informando a los clientes, como se debe.

Tercer asunto importante: una importante iniciativa medioambiental con el Real Decreto de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Es una realidad que los residuos de aparatos electrónicos y eléctricos son cada vez más abundantes en nuestra sociedad: contienen, por un lado, materiales valiosos, que es oportuno recuperar y reutilizar, y también sustancias peligrosas, que es necesario tratar adecuadamente. Se estima que el coste anual asociado a toda esta gestión supera al año en España los trescientos millones de euros.

La regulación existente hasta esta fecha no ha sabido dar respuesta a alguno de los problemas detectados, que son: bajas tasas de recogida separada, gestión inadecuada de algunos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y falta de información sobre el origen y evolución de todos estos aparatos.

Con este Real Decreto lo que hacemos es implantar un nuevo modelo de gestión de los residuos. El objetivo principal es mejorar el control de la recogida y gestión de estos residuos e incrementar las tasas de recogida para cumplir los objetivos fijados por la Unión Europea. Para 2015, el objetivo fijado es de cuatro kilos de recogida separada por habitante, cuatro kilos; pues bien, según el último dato disponible, el de 2012, se recogieron en España 3,4 kilos por habitante, con lo que tenemos un trecho que mejorar y tratamos de hacerlo con este nuevo Reglamento.

¿Qué se hace? Por un lado, se crea una Plataforma Electrónica de Datos, que permitirá conocer por medios telemáticos la cantidad de residuos recogidos y tratados --también se informatiza esto del residuo-- y una Oficina de Asignación de Recogidas, que organizará la recogida de estos residuos desde los puntos limpios y las tiendas donde los consumidores los entreguen. Además, esta norma clarifica las obligaciones que tienen los diferentes agentes que intervienen en la gestión de esos residuos (fabricantes, distribuidores y gestores) e incentiva la reutilización de aparatos eléctricos y electrónicos.

La norma recoge obligaciones concretas, es muy amplia; pero yo quiero señalarles algunas muy prácticas. Por primera vez, de una manera expresa, se prohíbe el abandono en la vía pública de estos residuos. En segundo lugar, a la hora de entregar los aparatos en las tiendas, cuando el consumidor compra un nuevo aparato en la tienda, el vendedor deberá preguntarle si desea dejar un aparato usado similar al que va a comprar. El comprador podrá entregar dicho residuo en el momento de la compra o, si no dispone de él en ese momento, con el ticket de compra podrá volver a la tienda y entregarlo treinta días tras la compra, y recibirá un albarán de entrega por parte del vendedor. El vendedor hará una ficha sobre el residuo entregado, indicando que no está roto, si existe posibilidad de reparación, y, si la entrega del aparato nuevo se realiza en casa, el vendedor se lleva el usado y se realiza la misma ficha. Todo de manera gratuita.

En el caso de superficies de venta de aparatos eléctricos de más de cuatrocientos metros cuadrados, esas grandes tiendas de electrodomésticos, deberán aceptar pequeños aparatos usados de menos de veinticinco centímetros, tales como móviles, transistores o relojes digitales, sin coste y a pesar de que el cliente no realice compra. Es decir, tienen que tener un punto de recogida para esos pequeños aparatos, generalmente electrónicos, de los que tienen que hacerse cargo y gestionar el tratamiento del residuo.

Y por primera vez, en el caso de venta online de los aparatos, los vendedores por Internet tendrán que asumir los mismos servicios de manera gratuita a los compradores que los vendedores con tienda abierta al público.

Ésos son algunos ejemplos prácticos de una normativa que nos parece importante.

Por último, dos cuestiones. Hoy se ratifica la autorización provisional para la suscripción del Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Economía y Competitividad, la Generalitat de Catalunya y la Universidad Politécnica de Catalunya para la creación, construcción, equipamiento y explotación del Centro Nacional de Supercomputación, el Barcelona Supercomputing Center. Este Convenio establece la colaboración entre el Estado, la Generalitat y la Universidad Politécnica de Catalunya para el equipamiento y explotación del Centro Nacional de Supercomputación y la constitución del Consorcio con las tres entidades, que se encargará de su gestión.

El Centro Nacional de Supercomputación podrá continuar con su labor científica y tecnológica, y seguir prestando sus servicios a la comunidad investigadora española, lo que además, no sólo redundará en importantes avances científico-tecnológicos, sino que además permitirá retornos significativos de ayudas competitivas y colaboraciones empresariales.

Quiero recordar que este Centro, que alberga el "Superordenador MareNostrum", con una de las mayores capacidades de cálculo de Europa, ha sido reconocido como centro de excelencia "Severo Ochoa" y sus infraestructuras forman parte del Mapa Nacional de Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares, aprobado por el Consejo de Política Científica y Tecnológica e Innovación en su reunión de 7 de octubre de 2014.

Con el acuerdo de hoy, el Ministerio de Economía y Competitividad aporta casi seis millones de euros, 5.800.000. La Universidad Politécnica de Barcelona, por su parte, aportará a lo largo de este año personal docente e investigador y personal de administración de servicios, y cede el uso permanente de un edificio.

Por último, y en el capítulo de nombramientos, nombramos nuevo delegado del Gobierno en Andalucía; saben que el lunes cesó la anterior delegada. Será Antonio Sanz Cabello, que es licenciado en Derecho y actualmente portavoz adjunto del Grupo Popular en el Parlamento andaluz. Ha sido diputado autonómico y senador durante varias Legislaturas.

Sr. Alonso.- Efectivamente, hoy el Consejo de Ministros ha acordado remitir a las Cortes los dos Proyectos, el Proyecto de Ley Orgánica y el Proyecto de Ley ordinaria, por los que se modifica el Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia. Es una modificación legislativa de mucho calado, que viene a afectar y que viene, por tanto, a cambiar hasta doce leyes, doce leyes importantes. Naturalmente, la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor de 1996, y éste es un punto muy importante. Transcurridos veinte años de vigencia de esa Ley, hoy se ha podido analizar, se ha podido contrastar y se ha realizado un trabajo con todos aquellos que tienen algo que decir en esta materia y, naturalmente, con las Comunidades Autónomas sobre la experiencia de estos veinte años, cómo podíamos mejorar el Sistema y qué objetivos nos podíamos marcar.

Pero también se modifican la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, la de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, el Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la de Adopción Internacional, la de Autonomía del Paciente, el Estatuto de los Trabajadores, el Estatuto del Empleado Público y la Ley de Protección de Familias Numerosas.

Por tanto, afecta a muchos textos normativos y viene a configurar un sistema completamente renovado, yo creo que mucho más eficaz y mucho más ambicioso.

España se va a convertir en el primer país del mundo en incorporar, de acuerdo con las recomendaciones de Naciones Unidas, la defensa del interés superior del menor como un principio. Antes se invocaba, pero ahora se ha definido con claridad en qué consiste este concepto y qué trascendencia jurídica tiene. Por tanto, será un principio interpretativo, será derecho sustantivo y será norma de procedimiento.

Lo que queremos es mejorar la atención a la infancia que se encuentra en situación de riesgo o en situación de desprotección; prevenir, detectar y atender mejor los casos de malos tratos, y actualizar todo el régimen de acogimiento y de adopción, asegurando siempre que se actúa en interés del menor.

Como señalaba la Vicepresidenta, hay en España hay casi 35.000 menores, en el año 2013, que estaban bajo tutela o custodia de las Administraciones Públicas; de ellos, 21.600 estaban en acogimiento familiar, pero otros 13.400 estaban en residencias a la espera de una familia. Por tanto, el objetivo principal de la Ley es procurar un entorno familiar para los menores que están en esa situación de desamparo y que, por tanto, están siendo atendidos por las entidades públicas de las Comunidades Autónomas, por las Administraciones públicas; particularmente, que los niños menores de tres años no estén en residencias, sino que puedan disponer también de una familia, es decir, que puedan tener una fórmula de acogimiento, bien dentro de la familia extensa de sus propios padres, si es posible, o bien en otra familia.

Por tanto, éste es un objetivo principal: agilizar los procedimientos y mejorar las figuras que ya existen, de acuerdo con la experiencia acumulada, como decía antes, por las Comunidades Autónomas, para dar mejor respuesta, para buscar siempre fórmulas que primen procurar una familia, que les den una estabilidad y que, en la medida de lo posible, también puedan ser fórmulas consensuadas.

Señalaba también la Vicepresidenta que más de la mitad de los menores que son hijos de víctimas de violencia de género han sufrido también violencia; sufren también violencia según refieren sus madres. En el año 2013, 3.364 menores fueron víctimas en España de delitos contra la libertad sexual. Por tanto, esta realidad justifica la necesidad de esta reforma profunda del marco jurídico de protección a la infancia, y la ambición y el calado de la reforma que se plantea.

Les decía que se ha buscado el consenso dentro de los Departamentos del Gobierno y, luego, también con todo el resto de órganos. Ahora nuestro objetivo es que ese consenso que hemos conseguido con asociaciones, con Comunidades y con la Fiscalía lo podamos trasladar al Congreso de los Diputados, y podamos abordar esta renovación profunda del sistema de protección al menor de la que estaba necesitada nuestro país.

La reforma se estructura --tiene muchas medidas y es muy amplia-- en tres grandes objetivos. Como decía, primero, establecer un nuevo marco de derechos y deberes de los menores en España, con especial atención a proteger a los que están en situación de mayor vulnerabilidad: en primer lugar, el derecho del niño de que su interés superior sea la prioridad, pero que el niño también pueda participar y que los menores tengan el derecho a ser oídos y a ser escuchados en todos los procedimientos que les afectan. Por tanto, en la resolución de los procedimientos judiciales se deberá exponer siempre si se ha oído al menor y qué es lo que ha manifestado el menor.

Por primera vez en una legislación nacional, no solamente se establecen derechos de los menores, sino que también se fijan sus deberes; deberes de los menores en el ámbito familiar, deberes en el ámbito escolar y en el ámbito social. Por tanto, se les configura como auténticos ciudadanos que tienen derechos, que tienen deberes, que son reconocidos, y que, por tanto, no son solamente un sujeto pasivo de aquello que les concierne, sino que tienen que ser protagonistas de las situaciones que viven, de sus procedimientos y de las soluciones que se encuentran para ellos.

En cuanto a la protección de los más vulnerables, la reforma, respecto de los menores extranjeros y los menores extranjeros no acompañados, particularmente, o los que son víctimas de trata, reconoce y vuelve a expresar el derecho que tienen a la sanidad, la educación y los servicios sociales en igualdad de circunstancias que el resto de los españoles. Se refuerzan algunas medidas de acogimiento urgente cuando es evidente la situación de desamparo. Siempre se procurará que puedan volver con su familia de origen; ése siempre es el primer intento, pero, si eso es imposible o eso fuera en contra del interés del menor, se determina la guarda urgente de ese menor por parte de las entidades de las Comunidades Autónomas.

En segundo lugar, quería hacer referencia al nuevo Sistema de Protección de la Infancia, sistema que parte con la detección del riesgo. La situación de riesgo hasta ahora no estaba descrita en una norma nacional y aquí ya se establece y se define. Se le da ese rango nacional y, por tanto, también se viene a armonizar lo que es la legislación de las Comunidades Autónomas. Normalmente, las situaciones de riesgo vienen detectadas por los servicios municipales; es en esas circunstancias en las que hay conflictos familiares o hay carencias sociales que perjudican al menor en su desarrollo personal o en su desarrollo familiar o social.

Cuando se detecta una situación de riesgo, cuando se detecta, ha de hacerse ahora un proyecto de intervención socio-familiar adaptado a ese menor. Y, a partir de ahí, analizado el riesgo, son las entidades públicas de las Comunidades Autónomas las que pueden declarar la situación de desamparo. La situación de desamparo vendrá determinada, bien por el abandono, bien porque hay riesgo para su vida, para su salud, para su integridad física o porque se le ha inducido a la mendicidad, a la delincuencia o a la prostitución. En esas circunstancias se declara la situación de desamparo y, por tanto, la tutela pasar a corresponder a la entidad competente.

Quiero destacar que el Proyecto establece con claridad que la situación económica de la familia nunca es un motivo para declarar la situación de desamparo.

También puede ocurrir que no sea porque se ha detectado así, sino que sea una situación de guarda voluntaria; es decir, que sean los propios padres los que soliciten esa medida. En ese caso, la novedad aquí en la guarda voluntaria pedida por los padres es que la duración máxima de esa guarda no puede ser de más de dos años, para que eso no se haga una situación crónica, y, a partir de ahí, tendrá que buscársele otras situaciones de acogimiento distintas.

Como decía, el primer objetivo, cuando se ha declarado la situación de desamparo, es mantener al menor en la familia de origen y, si no es posible, buscar la mejor familia para ese niño. A partir de ahí, se determinan tres tipos, básicamente, de acogimiento familiar. El primero es el acogimiento de urgencia, que está pensado sobre todo para los menores de seis años, que no puede durar más de seis meses, hasta que se decide qué medida de protección más estable se le va a proporcionar.

Luego está el acogimiento temporal, que tiene una duración máxima de dos años y que normalmente se utilizará cuando se prevé que el menor va a poder volver con su familia de origen o bien es un menor que está en un proceso de adopción y, por tanto, para la Administración, y mientras se está esperando que finalice ese proceso de adopción, parece conveniente que pueda ya iniciar la convivencia con la familia que lo va a adoptar, y que no tenga que estar esperando a la finalización de ese proceso en una residencia.

Y, finalmente, llega el acogimiento permanente, que se produce cuando no es posible la reintegración familiar y que, en algunos casos, es la única alternativa y viene a sustituir casi a la adopción. Por ejemplo, los niños marroquíes que están en ese régimen de "kafala" no pueden ser adoptados y utilizan esta fórmula de acogimiento permanente.

En este sentido, en las medidas de protección para los niños se regulan por primera vez en la Ley --y este es un asunto importante-- los centros de protección para menores con problemas de conducta, de acuerdo con los informes que se han venido haciendo en los últimos años, informes del Defensor del Pueblo. Aquí se establecen con mucha claridad cuáles son los derechos que tienen estos menores, en qué situación pueden ser derivados a un centro de protección, cómo se les tiene que tratar allí y con qué garantías tienen que funcionar estos centros dedicados a la educación de niños que tienen problemas de conducta.

Se agilizan los procesos de adopción nacional. Es verdad que en los últimos años la adopción internacional en España, por los datos de los que disponemos, ha ido descendiendo en número de personas adoptadas; yo creo que, fundamentalmente, porque ha bajado mucho la adopción de niños procedentes de Rusia o de China. Se quiere, en este caso, agilizar y quitar trabas para que haya más procedimientos de adopción dentro de nuestro país.

Se introducen algunas figuras que son nuevas, por ejemplo la adopción abierta. La adopción abierta es aquella en que el niño adoptado sigue manteniendo alguna relación con su familia biológica. Es una figura que no estaba regulada aquí. Será el juez el que tendrá que determinar de qué manera va a tener una relación o no va a tener una relación con su familia. Pero no se quiere que los niños pierdan su origen o no tengan derecho a su origen y la Ley quiere garantizar que todos tienen derecho a conocer sus orígenes y que las Administraciones públicas tienen la obligación de tener disponible esa información para ellos.

En cuanto a la prevención y la lucha contra la violencia en la infancia, por primera vez se va a reconocer a los menores como víctimas directas de la violencia de género. Se modifica el artículo 1 de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género y, por tanto, serán considerados víctimas. Ya hay otras leyes en tramitación ahora mismo en las Cortes, como el Estatuto de la Víctima, que está en el Senado, que establece también todo un elenco de protección para estos menores.

Se establece la obligación de que los jueces tengan que pronunciarse sobre las medidas cautelares que han de afectar a los niños hijos de mujeres maltratadas, con la idea de que puedan seguir viviendo con sus madres.

Decía la Vicepresidenta que, efectivamente, se va a establecer como requisito indispensable no haber sido condenado por delitos contra la libertad sexual, la trata y la explotación de menores para profesiones que impliquen contacto habitual con los niños. A tal efecto, lo que se hace es pedir la certificación negativa de antecedentes penales como un requisito obligatorio para poder acceder a esas actividades profesionales.

Por no extenderme mucho más, aunque el asunto da para mucho, hay otra cuestión que se incorpora, que no tiene una relación tan directa con lo que les estaba contando, pero que bien forma parte del Plan de Familia, que presentaremos --siempre lo digo aquí-- en unas semanas, pero lo presentaremos. Ahí hay una medida que se anticipa, que es esa modificación de la Ley de Protección de Familias Numerosas para que no pierdan el título y la condición de familia numerosa hasta que el último de los hijos haya cumplido la edad establecida, que son veintiún años, o veintiséis años si está estudiando. El último de los hijos no tiene porqué ser el más pequeño, sino el último de los hijos que alcanza esa situación de los veintiséis años o los veintiséis, si está en un período de formación.

Quedo a su disposición para las cuestiones o aclaraciones que puedan necesitar.

P.- Tenían algunas preguntas; en primer lugar, para la Vicepresidenta. Sobre el Debate del Estado de la Nación, quería saber si podemos esperar algún tipo de anuncio; algún guiño, como se está comentando, a pensionistas, empleo juvenil… ¿Hay algún tipo de medida reservada que nos pueda avanzar en ese sentido?

Además, hoy vuelven a verse las caras Rajoy y Artur Mas en un acto en el que coinciden. Quería saber si hay alguna conversación prevista entre ambos y si desde Moncloa se va a llevar algún tipo de mensaje, después de la convocatoria de adelanto electoral.

También, sobre Grecia, la postura de España, en el sentido de la propuesta de prórroga de rescate.

Para el ministro de Sanidad. La Ley que hoy presenta va a dotar --dice-- de una mayor seguridad jurídica en procesos de adopción internacional. Tras los dramáticos casos que se conocieron este verano en Etiopía, quería saber qué tipo de medidas y cómo se puede ayudar a evitar este tipo de casos.

Vicepresidenta.- Su primera pregunta era relativa al Debate sobre el Estado de la Nación. Como señalábamos en la propia comunicación que el Gobierno tiene que enviar al Parlamento, al Congreso de los Diputados, porque constituye el marco en el que se celebra ese debate, el presidente del Gobierno no sólo hará el balance de los resultados de este último año, sino, dado que es el último Debate del Estado de la Nación de la Legislatura, un balance de lo que han supuesto estos tres años en todos los ámbitos.

Como hemos señalado en reiteradas ocasiones, a esta Legislatura todavía le quedan bastantes meses y nosotros vamos a trabajar hasta el final. Los ejes en los que vamos a trabajar especialmente, y son los que centrarán la intervención del presidente del Gobierno, son el refuerzo de la creación de empleo y de la empleabilidad; en segundo lugar, la Agenda Social del Gobierno --hoy anticipamos dos Leyes importantes, pero hay otros aspectos en los que estamos trabajando y que el presidente del Gobierno concretará también en ese Debate--; en tercer lugar, reformas estructurales: seguimos haciendo reformas para la competitividad y, dentro de ellas, indudablemente, la reforma de las Administraciones Públicas, la reforma de la unidad de mercado o la reforma de la Justicia son elementos claves para trabajar en esa necesaria modernización del país.

También se hará un repaso de las medidas que se han impulsado para reforzar, regenerar, nuestra democracia, entre otras cosas, porque a lo largo de esta legislatura ha habido compromisos asumidos en distintos Debates del Estado de la Nación por el presidente del Gobierno. Y en este último Debate se pone de manifiesto cómo leyes que había comprometido están ya en las Cortes, a punto de finalizar su tramitación, y otras que forman parte de ese paquete, como la Ley de Enjuiciamiento Criminal, están ya en sus últimos trámites --recoge asuntos tan importantes, si recuerdan, como el decomiso y la Oficina para la Recuperación de lo que se han llevado como consecuencia de esos delitos más relacionados con la corrupción--; están a punto de mandarse a las Cortes.

Por tanto, empleo, Agenda Social, reformas estructurales, reformas estructurales de competitividad y de modernización, y reformas de fortalecimiento democrático son los ejes en los que estamos trabajando y aquí, como no se improvisa, también son los que centrarán el Debate y las propuestas del presidente del Gobierno.

En segundo lugar, sobre la jornada de hoy por parte del presidente del Gobierno y las autoridades francesas, en la que está invitado, a alguno de los actos, el presidente de la Generalitat, nosotros a Cataluña vamos con hechos. Creo que el impulso de las infraestructuras que se da hoy es importante. Lo es para Cataluña, lo es para el conjunto de España y lo es para la Unión Europea, y ésa es la línea de futuro en la que tenemos que seguir trabajando. Ahí están nuestro compromiso con la Unión Europea, nuestro compromiso con España y nuestro compromiso en Cataluña. Y, puestos a hechos, hoy casi seis millones de euros en una iniciativa importante también para esos tres ámbitos, como es el Centro de Supercomputación. Es decir, más allá de hablar, nosotros actuamos y concretamos nuestros compromisos con hechos.

Tercera de sus preguntas: la postura de España en relación con Grecia es la que hemos mantenido hasta ahora y la que mantenemos con cualquier Estado miembro. Esta tarde se reúne el Eurogrupo, a partir de las tres de la tarde, para analizar las peticiones del Gobierno griego. El Gobierno de España acude a la reunión con la misma actitud positiva y abierta con la que vamos siempre a estas reuniones, pero también con un planteamiento claro, que es que en una reunión de países, como es la Eurozona, las normas que nos damos entre todos hay que cumplirlas.

La Unión Europea es también una unión de compromisos entre Estados, con independencia de los distintos Gobiernos. Esto es así por muchos motivos, también porque España, los españoles, han demostrado su compromiso generoso y solidario con los griegos, que debe respetarse, y porque entre todos tenemos que trabajar para que ese marco de unión que es la Unión Europea lo siga siendo en un clima de solidaridad y de cumplimiento de los compromisos que tenemos asumidos como Estados.

Sr. Alonso.- Es verdad que han ocurrido a veces algunos casos. Por ejemplo, ocurrió en Nigeria, que se suspendieron también algunos procesos de adopción porque se había detectado falsedad en documentos o un nivel elevado de corrupción. El procedimiento para hacerlo fue por un acuerdo de una comisión interautonómica. En la reforma de la Ley lo que se quiere es dar más rapidez a esta capacidad de respuesta y, por tanto, se va a clarificar el marco competencial. La competencia exterior la va a ejercer el Estado y ya no dependerá de un acuerdo entre las Comunidades. Por tanto, se podrá actuar con mucha más rapidez a la hora de tomar una decisión en un sentido o en otro y ponderar y analizar las circunstancias que puedan ocurrir con algunos países o en algunos momentos en procesos de adopción internacional. Pero yo creo que la clarificación de competencias va a permitir actuar más rápido y de una manera mucho más segura para el orden público.

P.- Tengo varias preguntas. Al ministro de Sanidad. Han presentado hoy el Plan Estratégico para la Hepatitis C y me gustaría saber si nos puede dar algún detalle y si nos puede decir a cuántos pacientes va a atender.

Para la Vicepresidenta. El señor Monedero está dando una rueda de prensa, ha aportado una factura y un extracto bancario. Me gustaría saber si el Gobierno considera que ha dado explicaciones suficientes.

Y respecto a la desaparición del sumario de los ordenadores del "caso Bárcenas", me gustaría saber si el Gobierno tiene algo que responder a esos grupos políticos que están extendiendo una sombra de sospecha sobre el Gobierno.

Sr. Alonso.- Empiezo con el Plan Estratégico de la Hepatitis C. Efectivamente, se está circulando esta semana el borrador; digamos que se están manteniendo reuniones. Se ha hablado con los consejeros de las Comunidades Autónomas y hoy había reunión con las sociedades científicas y con las asociaciones de pacientes, para trasladarles el planteamiento que ha realizado y que propone el Comité Científico. Amplía significativamente el número de pacientes que han de ser tratados ahora mismo, pero todavía no es momento de concretar cifras; pero seguramente lo ampliará.

Lo que nosotros queremos es que se siga el criterio científico; que por tanto sean los médicos los que se encarguen de esta cuestión; que los demás problemas ya los resolveremos desde el Gobierno, que para eso estamos, pero los médicos tienen que poder ser ellos los que prescriben, ni los políticos ni los pacientes; y que todo el mundo esté informado y pueda participar en el proceso, que es lo que se está haciendo. Por eso hoy se están celebrando esas reuniones.

Vicepresidenta.- Sobre el caso del señor Monedero, no le corresponde al Gobierno decidir si es suficiente o insuficiente. Tiene un procedimiento con la Agencia Tributaria y será la Agencia Tributaria la que tendrá que determinar, aplicándole la Ley como a cualquier otro español, si ha cumplido correctamente o no, y en qué momento, sus obligaciones tributarias. Jurídicamente, eso es lo que se aplica; políticamente, le corresponderá al señor Monedero explicar o no la congruencia con sus planteamientos políticos o vitales. Pero, desde luego, el Gobierno no puede ni exonerarle ni no exonerarle; eso es la Agencia Tributaria, aplicando la Ley que se aplica a cualquier contribuyente. ¡Faltaría más!

Sobre la tercera de sus preguntas, en relación con el sumario, no es un asunto que dependa del Gobierno. La custodia a nosotros no nos corresponde. Yo me imagino que, como ocurre en casos similares, que por desgracia,… Por eso sería bueno también avanzar en la informatización y ayer hablaba de ese tema el presidente del Gobierno, también de los sumarios. Se buscará la reconstrucción del expediente, que estaba en situación de archivo pero recurrido. Como se opera en otras ocasiones, me imagino que así es como estará trabajando el Juzgado, porque es lo habitual cuando puede desaparecer algún elemento de alguna causa.

P.- Quiero hacer una pregunta de carácter internacional, en la cual a España se le ha involucrado en los últimos días y horas. Ayer fue detenido a la fuerza el alcalde de Caracas, el señor Ledesma, acusado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de pertenecer a un eje internacional para derrocarlo, que se elabora desde los Estados Unidos y se ejecuta desde Bogotá, Madrid y Miami. Por eso viene mi pregunta o, quizás, una opinión de usted sobre esta elucubración que hace el presidente de Venezuela.

Segundo, ¿ustedes han tenido alguna respuesta del Gobierno venezolana ante estas denuncias que hicieron empresarios españoles de presiones que se estarían haciendo desde Venezuela para tratar de modificar la opinión pública en España?

Vicepresidenta.- España sigue con atención el desarrollo de los acontecimientos en Venezuela, y consideramos a toda su población como un país hermano, desde la cercanía y del respeto. Pero, desde luego, lo que esperamos es un comportamiento acorde con el ordenamiento jurídico y el Estado de Derecho que caracteriza a las democracias, y España lo es. En nuestra democracia se cumple el Estado de Derecho, en nuestra democracia se respetan las libertades públicas; es nuestro marco constitucional. La libertad de empresa y la libertad de expresión y de opinión forman parte del funcionamiento básico de cualquier democracia que se precie en serlo. Desde luego, en España eso se cumple y lo hacemos en el plano nacional y en el plano internacional. Y eso que nosotros hacemos es también lo que les reclamamos a todos los demás Estados.

P.- Mi pregunta es para la Vicepresidenta. ¿Le preocupan al Gobierno las conexiones que están apareciendo en la prensa entre una fuerza como Podemos, que está adquiriendo mucha fuerza en nuestro país, y el Gobierno venezolano?

Vicepresidenta.- Yo respeto… En este país, en que se respeta el pluralismo político, lo que les exigimos a todos los partidos políticos es que su funcionamiento sea democrático y se cumpla la Ley. Desde luego, yo creo que es bueno que cada ciudadano pueda conocer las propuestas de cada uno de los actores políticos y la verdad de lo que promueven y de por qué lo promueven.

Dicho lo cual, son los ciudadanos los que tienen que valorar si desean para España otro tipo de modelo o si desean para España un proceso constituyente basado en otros modelos en los que esos dirigentes hayan podido asesorar. Eso les corresponde a los ciudadanos. Nosotros respetamos el pluralismo político. España es una democracia y lo que también pedimos a todos es que respeten nuestro sistema democrático, que tiene un estándar muy elevado en el respeto de los derechos y de las libertades. Todos los que formamos parte de lo que llaman esa representación democrática tenemos que tener bien claro que eso en España es un elemento esencial, una línea roja: el respeto a nuestros derechos y libertades.

P.- Dos cuestiones. Volviendo a Grecia, me gustaría saber dos cosas: una, si el Gobierno español considera que Grecia ha dado los pasos suficientes para poder ya encauzar un acuerdo, o si considera, como considera Alemania, que todavía falta mucho. Y ¿de quién está más cerca España: de Alemania o del presidente de la Comisión, que considera que los griegos, efectivamente, han sido humillados, como otros pueblos que han sido sometidos a rescate?

Me gustaría saber también la opinión del Gobierno sobre algunas de las medidas que ha presentado esta semana Ciudadanos, medidas económicas. Estoy hablando del impuesto negativo, del que usted también ha hablado en alguna ocasión, refiriéndose a que no acababa de entender lo que Montoro le decía cuando hablaba de impuesto negativo; o el contrato único, o algunas otras medidas. ¿Considera el Gobierno que es factible ese tipo de medidas o las encuadraría en las que, como en otros partidos ha comentado, son imposibles de llevar a la práctica?

Vicepresidenta.- Precisamente, esta tarde el Eurogrupo se reúne para analizar la última petición de Grecia, la última carta enviada, el cambio que supone respecto de anteriores posiciones y cómo puede abordarse este asunto. Por tanto, nosotros creemos que este Eurogrupo tiene que ser importante para clarificar la posición griega y la evolución y el cambio que se han producido hasta esta fecha.

Nosotros de lo que estamos cerca es de la propia Unión Europea en su conjunto. Yo creo que nuestra posición, que es la nuestra, y creo que compartida por todos, es que es un sistema en que se asumen compromisos como consecuencia de la pertenencia al euro, con sus ventajas y con sus compromisos, y lo que pedimos es que se respeten todos ellos. Es nuestra posición, la nuestra.

Yo creo que España tiene la suficiente entidad, y además la suficiente experiencia y el suficiente, digamos, buen desarrollo en su política económica y en sus resultados, como para que a algunos también les podamos decir nosotros cómo se hacen las cosas y cómo se saca adelante a los países de las crisis. Porque, ni más ni menos, estábamos hace unos años en un momento dificilísimo, al borde del rescate --si me permite ya enlazar con la segunda de sus preguntas--, y hoy España es de los países que más crece, de los que más crea empleo y de los que, dentro de la Unión Europea, tienen un peso importante. Eso creo que nos da, más allá de que somos un país que siempre lo ha sido, también una legitimidad para poder decir cómo creemos que deben hacerse las cosas.

Yo no acostumbro aquí a valorar los programas políticos de otros partidos y sus propuestas; yo le digo una cosa: quien ha redactado ese programa político pidió el rescate para España y nosotros hemos demostrado que se puede hacer una política económica sin pedir ese rescate y sin someter a los ciudadanos a los requisitos y a los rigores que supone un rescate: de pensiones, funcionarios públicos, prestaciones por desempleo, etc., etc. Yo creo que ésa es la gran diferencia. Nosotros lo hemos demostrado, frente a quienes pensaban que era imposible, y es el redactor, entre otros, de este programa, que España estaba abocada a un rescate.

Por lo tanto, el Gobierno es bastante más, ¿qué le diría?, luchador cuando se trata de llevar al país y llevar a España a una situación de mejoría económica que quienes proponen alguna de estas cuestiones, que muchas veces, más allá del "hay que…", que yo también lo digo mucho, como lo de los impuestos negativos de Montoro… Lo del "hay que…" --hay que crear empleo, hay que…--, está muy bien, pero hay que hacerlo, y nosotros lo estamos haciendo. En gerundio, en presente.

P.- Una pregunta para el Ministro y otra para la Vicepresidenta.

Al Ministro. Ha hablado usted de clarificación competencial; en algún momento, de armonización. ¿Se ha hablado con las Comunidades Autónomas, con grupos con representación en Gobiernos regionales, para que no entre en conflicto, ya de entrada, la nueva legislación?

Y a la Vicepresidenta. Después de la presentación del Pacto Antiterrorista, el líder de la oposición pidió más pactos de Estado e, incluso, sugirió uno, y más inmediato, sobre educación. No sé si el Debate de Estado de la Nación es un marco propicio o puede haber…, si existe alguna posibilidad de entendimiento entre los dos partidos, como ha habido en este tema.

Sr. Alonso.- Sí, se ha trabajado mucho con ellas porque es que, realmente, las protagonistas de todas las medidas de protección de menores son las que lo hacen. Yo creo que se ha llegado a un nivel alto de consenso.

La cuestión es que seguramente --vamos a decirlo así-- lagunas normativas o falta de desarrollo normativo a nivel nacional que les diera herramientas también a las propias Comunidades Autónomas, porque hay muchas cuestiones que requerían una modificación del Código Civil o de otras normas que son muy básicas. Esto se ha trabajado absolutamente, eso ha permitido que algunas figuras nuevas se hayan incorporado --le había puesto algún ejemplo: la adopción abierta-- y se ha revisado el sistema de acogimiento o de guarda.

Por tanto, yo creo que ese consenso se ha buscado y se ha hecho. En muchos temas que a lo mejor tenían una dispersión se busca unificar un criterio, y eso es importante en algunos temas. Por ejemplo, en la adopción son las Comunidades Autónomas las que van a declarar si son idóneos o no son idóneos los adoptantes; pero hay algunas circunstancias que cambian de una Comunidad Autónoma a otra: por ejemplo, la diferencia de años entre el adoptado y el adoptante en unos sitios era de cuarenta años --por ejemplo aquí, en Madrid-- y en otros sitios, por ejemplo en Cataluña, es de 45.

Vicepresidenta.- Y me mira a mí. Podemos hacer la media.

Sr. Alonso.- Yo no le miro. La Vicepresidenta es el miembro más joven del Gobierno.

Entonces, claro, uno podía pasar de una Comunidades Autónoma a otra Comunidad Autónoma --después pondré un ejemplo-- y se ha unificado el criterio, en este caso poniendo el menor restrictivo, el más alto, que es el que había en Cataluña. Se ha hablado con todas ellas. Por tanto, se trata de hacer una herramienta que les haga la vida más fácil a las Comunidades Autónomas y que les permita dar una solución mejor. Esto está muy pactado y muy hablado. Ellos necesitaban esta regulación y yo espero que en el trámite parlamentario todavía se pueda mejorar más y que en la protección del menor, en esto sí nos podamos poner de acuerdo.

Vicepresidenta.- Yo enlazo con su pregunta. Creo que sería, desde luego, un buen principio que pudiéramos pactar, con el Partido Socialista y con otros partidos, estas dos Leyes. Creo que el tema lo merece y creo que sería una buena manera de trabajar por el futuro de nuestro país, que son nuestros menores.

Yo creo que el Pacto Antiterrorista es un buen pacto. Creo que es muy importante para España, lo es; creo que es muy importante para la Unión Europea y creo que es muy importante, no sólo el contenido, sino también el mensaje que se trasmite, frente al yihadismo, de que en España y en otros Estados de la Unión Europea los sistemas democráticos podemos trabajar juntos. Yo creo que al menos eso es lo que le ha primado al Gobierno y creo que también al Partido Socialista. Ojalá les hubiera primado a más, porque el tema es para tomárselo muy en serio.

Nuestra predisposición a pactar, ya le digo yo que es infinita y absoluta. Nos hubiera gustado pactar leyes como la transparencia. Después de trabajar mucho tiempo, no ha sido posible. Creo que todavía estamos a tiempo, en alguna de las leyes de este paquete de regeneración, de trabajar juntos. Y a nosotros ahí siempre nos van a encontrar.

Estas dos Leyes yo le pediría al Partido Socialista que las mirara con cariño.

Gracias.