El Gobierno agiliza la justicia penal, fortalece las garantías procesales y amplía el decomiso

La Moncloa, Madrid

El Consejo de Ministros ha aprobado la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el objetivo de agilizar las causas, en especial las relacionadas con la corrupción, según ha avanzado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha recordado que presentó el anteproyecto el pasado 5 de diciembre y que ese documento fue sometido a informe del Consejo General del Poder Judicial, de la Fiscalía General del Estado y del Consejo de Estado. Los dos proyectos de Ley (uno de Ley Orgánica y otro de Ley Ordinaria) que se remiten hoy a las Cortes incorporan algunas de sus recomendaciones.

Rafael Catalá ha destacado que las normas tienen tres objetivos: la agilización de la justicia penal, el fortalecimiento de las garantías procesales y de la seguridad jurídica, y la regeneración democrática y lucha contra la corrupción.

Agilización de la justicia penal

Pool MoncloaEl ministro ha citado como principal novedad el establecimiento por primera vez de plazos máximos para la instrucción en el ámbito penal: "Las causas sencillas tendrán un plazo máximo de instrucción de 6 meses y las complejas un plazo máximo de 18 meses. Esos plazos podrán ser prorrogados cuando así lo considere el fiscal, el juez instructor, y la causa que lo justifique se acredite suficientemente".

Catalá también ha subrayado que se acortarán los tiempos de las causas que se instruyan porque "cada delito generará una causa y cada causa tendrá una sentencia". Se modifican, por tanto, las reglas de conexidad que conducen a la acumulación de procesos por distintos delitos ('macrocausas') y que generan instrucciones larguísimas y una percepción social de impunidad. "Se trata de que la respuesta penal sea más cercana a la comisión de los hechos", ha dicho.

Con el fin de agilizar la justicia, el ministro ha señalado que los atestados policiales sin autor conocido no se remitirán a los juzgados, sino que serán conservados por la Policía Judicial: "Quitamos del ámbito de los juzgados y tribunales muchos asuntos que no tienen tramitación judicial".

También se mejoran algunos aspectos, como la instrucción penal, de los juicios rápidos penales que, según ha apuntado Catalá, "constituyen el 54% de los casos que se sentencian cada año".

Fortalecimiento de las garantías procesales

Rafael Catalá ha explicado que en la actualidad el concepto de "imputado" se asocia con una presunta culpabilidad, por lo que la reforma propone su sustitución por el término "investigado".

"En la fase de instrucción se denominarán 'investigados' a las personas que participen en el proceso para identificar si existe alguna participación o alguna responsabilidad. En el caso de que se decrete la apertura de juicio oral se transformará la condición de 'investigado' en la de 'encausado', participante en la causa, y en última instancia en la de 'condenado' si es el caso", ha añadido.

Asimismo, ha informado de que, tal y como sucede en la actualidad, la regla general es que para acordar una medida de intervención o registro de las comunicaciones de cualquier clase se requerirá autorización judicial. "La investigación temporal sin autorización judicial sólo podrá llevarse a cabo en materia de delitos de terrorismo", ha dicho.

Por otra parte, las sentencias de las Audiencias Provinciales serán revisadas en segunda instancia por los Tribunales Superiores de Justicia y las de la Audiencia Nacional por una sala de apelación propia.

Regeneración democrática y lucha contra la corrupción

Pool MoncloaEn opinión de la vicepresidenta del Gobierno, un aspecto muy importante de la reforma es que "regula muy exhaustivamente y ágilmente la figura del decomiso y la capacidad para aprehender, investigar y recoger todos los bienes del condenado" para recuperar todo lo que se ha defraudado u obtenido como consecuencia de los delitos.

En este sentido, el ministro de Justicia ha concretado que el nuevo marco procesal contempla que "se podrán incautar los bienes derivados no sólo de la comisión estricta de un delito sino del patrimonio conjunto del delincuente". También se mejorará la capacidad de investigación para levantar el velo de los testaferros, de las personas interpuestas y de sociedades fuera del territorio español.

Estas medidas se completarán con la futura creación de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos. Los bienes decomisados se podrán dedicar a "fines sociales o a la mejora de las capacidades de investigación de las fuerzas y cuerpos de seguridad", ha concluido el ministro.

Inspección de Trabajo y Seguridad Social

El Consejo de Ministros ha analizado el Anteproyecto de Ley Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. La futura norma es una de las reformas anunciadas por el presidente del Gobierno en el debate sobre el estado de la nación y está incluida en el "Acuerdo de propuestas para la negociación tripartita para fortalecer el crecimiento y el empleo", suscrito por el Ejecutivo y los interlocutores sociales el pasado 29 de julio.

La vicepresidenta ha manifestado que es una reforma estructural que tiene como finalidad "modernizar el mercado de trabajo, garantizar la sostenibilidad presente y futura del sistema de Seguridad Social y, además, generar nuevas dinámicas en la lucha contra la siniestralidad laboral y en la garantía de la seguridad en el empleo".

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La futura ley, ha puntualizado Sáenz de Santamaría, configura la Inspección de Trabajo como un organismo autónomo, que propiciará una mejor colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas y permitirá "reforzar la inspección de trabajo sin incremento de gasto", "a coste cero", al tiempo que "garantiza la unidad de mercado laboral". Lo que se busca, ha añadido, es un nuevo modelo que "sea mucho más coordinado y eficaz para para poder estar al servicio de los trabajadores y de las empresas".

La vicepresidenta ha explicado que el texto también contempla la creación una nueva Oficina de Lucha contra el Fraude con el fin de fortalecer la colaboración entre todas las Administraciones, y la de un nuevo grupo de funcionarios: la Escala de Subinspectores de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Nueva Ley del Sector Ferroviario

En el capítulo de las reformas estructurales, el Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley del Sector Ferroviario, "el primer paso" de una norma que pretende "desarrollar un modelo ferroviario de máxima calidad", en palabras de la vicepresidenta del Gobierno. La intención del Ejecutivo es que el texto, tras someterse a audiencia pública y remitirse al Consejo de Estado, vuelva al Consejo de Ministros en abril para su aprobación como proyecto de ley y su remisión a las Cortes.

Para ilustrar la importancia de la futura Ley, la ministra de Fomento, Ana Pastor, ha apuntado que la red ferroviaria de interés general del Estado tiene una longitud superior a los 15.000 kilómetros (más de 3.000 son de Alta Velocidad), que del año 2012 al 2015 se han destinado al ferrocarril casi 22.400 millones de euros de recursos presupuestarios del Estado y que el sector genera 50.000 puestos de trabajo directos y casi 400.000 indirectos. También ha destacado el incremento registrado en los últimos tres años en el número de usuarios de Alta Velocidad y larga distancia, así como en el tráfico de mercancías por parte de Renfe.

La titular de Fomento ha indicado que la regulación del sector, que data del año 2003, "ha quedado a todas luces ya desfasada en muchos aspectos". Además, era necesario transponer al derecho español la directiva de la Unión Europea que establece un espacio ferroviario único.

Rigor en la planificación de las infraestructuras

La nueva Ley, ha explicado Ana Pastor, busca establecer un nuevo marco jurídico que permita seguir desarrollando un modelo ferroviario que es "una referencia en nuestro país y en todo el mundo". Los objetivos incluyen conseguir un aumento de la oferta ferroviaria, "lo que se va a traducir en más calidad y más accesibilidad de los servicios", y reforzar la seguridad.

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Entre las novedades, la ministra ha remarcado que se fortalecen los mecanismos para que la planificación de las infraestructuras sea "rigurosa". En este ámbito, la norma señala tres niveles: la "Estrategia Indicativa", que corresponde al Ministerio de Fomento y es el instrumento de planificación de todas las infraestructuras; el "Programa de Actividad", que depende de ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) y constituye la previsión para los próximos cinco años; y un convenio entre ADIF y el Ministerio que fija los objetivos de ADIF y las aportaciones económicas del Estado.

El Anteproyecto crea un nuevo sistema de cánones con el objetivo de "incrementar el uso de las excelentes infraestructuras españolas", según ha subrayado Pastor. En este sentido, "se elimina lo que a nuestro juicio era una barrera de entrada, un canon de acceso que se pagaba por entrar, operaras más trenes o no los operaras", ha dicho. Además, se introducen bonificaciones en favor de quienes lleven a cabo una mayor actividad.

En el transporte de mercancías, se incluyen medidas liberalizadoras de los servicios que se prestan en las terminales ferroviarias públicas y se simplifica el régimen tarifario y las autorizaciones. En cuanto al transporte de viajeros, los operadores tendrán que aportar al Ministerio información contable y de actividad, como ya hacen en la actualidad las compañías aéreas. Las empresas deberán contar con un plan de asistencia a las víctimas.

Ana Pastor ha resaltado que la seguridad ocupa un "capítulo extenso" de la norma. La nueva Agencia de Seguridad Ferroviaria, que se pondrá en marcha el próximo 1 de abril, será independiente de los administradores de infraestructuras, las empresas ferroviarias o la entidad adjudicadora. Además, se refuerzan las sanciones por vulnerar aspectos relacionados con la seguridad o con los derechos de los pasajeros.

Alta Velocidad en la Comunidad de Madrid

Pool MoncloaPor otra parte, el Consejo de Ministros ha autorizado un contrato para mejorar el ámbito de la Alta Velocidad en la Comunidad de Madrid. La ministra de Fomento ha afirmado que se está trabajando en el túnel Atocha-Chamartín y en el montaje de vías en el tramo entre Puerta de Atocha y Torrejón de Velasco, el punto de salida de muchos trenes de Madrid.

De esta forma, ha manifestado, podrá ya licitarse la infraestructura que queda pendiente en el túnel, "que es importantísimo, sobre todo ahora que estamos extendiendo la Alta Velocidad a muchas más ciudades y pueblos de España". El establecimiento de una conexión directa entre Atocha y Chamartín permitirá unir líneas que van a diferentes zonas de España, "que alguien pueda ir desde León hasta Cataluña, por ejemplo".

Otros acuerdos

El Gobierno también ha regulado el catálogo homogéneo de equivalencias de las categorías profesionales del personal estatutario de los servicios de salud, que pasarán de las 351 actuales a 131.

Soraya Sáenz de Santamaría ha anticipado que "con esta norma, el personal estatutario (médicos, enfermeros, personal no sanitario, etcétera) podrá acceder a plazas vacantes en otras comunidades autónomas, mejorando la calidad de la asistencia y haciendo efectiva la garantía de su movilidad, tal y como recoge la Ley de Calidad y Cohesión de 2003.

El Ejecutivo también ha autorizado la firma de un Convenio del Consejo de Europa para luchar contra el tráfico de órganos, que España suscribirá el próximo 25 de marzo en Santiago de Compostela.

Asuntos de actualidad

La vicepresidenta, preguntada por la opinión del Ejecutivo sobre el próximo viaje del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero al Sahara, ha dicho que hasta hace escasas fechas ha sido presidente del Gobierno, por lo que se le "presupone" el conocimiento de la situación en la zona y "eso debería llevarle a abordar estos asuntos con la debida prudencia".

Pool MoncloaRespecto a las últimas encuestas en Cataluña que reflejan una reducción en el porcentaje de partidarios del independentismo, la portavoz ha asegurado que lo "importante es la tendencia" y que "el conjunto de la ciudadanía" valora "cada vez más la estabilidad", el cumplimiento de las normas y el esfuerzo hecho por el Gobierno para que allí se sigan prestando los servicios públicos.

Sobre las relaciones de colaboración entre la Agencia Tributaria y la administración de justicia, Rafael Catalá ha afirmado que "miles de funcionarios colaboran en el auxilio judicial a tribunales y juzgados de toda España" y ha cuantificado en unos 72 informes los que la Agencia remite a los órganos judiciales diariamente.

A instancia de los periodistas, el ministro Catalá ha explicado que se ha desestimado la petición de extradición solicitada por una juez argentina de varios ministros franquistas, entre otros ciudadanos españoles. Existe, según ha señalado, una jurisdicción preferente en favor de la legislación española; los hechos en los que se basa la petición datan de los años setenta -muy superado el plazo de extinción de responsabilidad que es de 15 años-, y la firma de sentencias a la pena capital en que se basa la demanda no era delito en España en aquellas fechas.