- Se configura a la Inspección de Trabajo como un Organismo Autónomo, con mayor participación de las Comunidades Autónomas y los agentes sociales
- Se crea también una nueva Oficina de Lucha contra el Fraude que permitirá fortalecer la colaboración entre todas las Administraciones
- Se incrementa la capacidad de la Inspección de Trabajo en materia de prevención de riesgos laborales mediante la creación de una Escala de Subinspectores de Seguridad y Salud en el Trabajo
El consejo de Ministros ha recibido un informe de la ministra de Empleo y Seguridad Social, sobre el Anteproyecto de Ley Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
La nueva norma es una de las reformas anunciadas por el presidente del Gobierno en el pasado Debate sobre el Estado de la Nación y está incluida en el "Acuerdo de propuestas para la negociación tripartita para fortalecer el crecimiento y el empleo", suscrito por el Gobierno y los interlocutores sociales el pasado 29 de julio.
La futura Ley forma parte también del Programa Nacional de Reformas presentando a las instituciones europeas y del Informe de la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas (Informe CORA).
La adopción de esta Ley supone la continuación y el complemento necesario de las diversas reformas estructurales adoptadas por el Gobierno desde 2012 para la modernización del mercado de trabajo, la sostenibilidad presente y futura del sistema de Seguridad Social, y la transformación de las políticas de activación para el empleo y de la formación profesional para el empleo.
El Anteproyecto de Ley supone la actualización de la normativa vigente, que data de 1997. El nuevo modelo de Inspección de Trabajo y Seguridad Social garantiza su estabilidad e integridad institucional, y fortalece la colaboración y participación de Comunidades Autónomas y agentes sociales.
Organismos Autónomos
Uno de sus aspectos más destacados es la configuración de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social como un Organismo Autónomo de nueva creación, que prestará servicio, a la vez, a la Administración General del Estado y a las Comunidades Autónomas. Se reconoce también mayor participación de los agentes sociales en la definición de la organización y los objetivos de la Inspección.
Nueva Escala de Subinspectores
Junto a ello, la futura Ley prevé el aumento de los recursos destinados por la Inspección para la prevención de riesgos laborales y para combatir la siniestralidad laboral. Con ese objetivo, se creará dentro de la Inspección una nueva Escala de Subinspectores de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Igualmente, las capacidades de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se ven potenciadas a través de varias vías:
1 Consagrando un modelo generalista de inspección, más eficiente y con procedimientos de actuación simplificados.
2 Actualizando los medios operativos, con la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en las relaciones con los trabajadores y empresas.
3 Reforzando la independencia técnica del personal inspector.
Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude
Otro de los objetivos del Anteproyecto de Ley es seguir mejorando la eficacia de las actuaciones contra el fraude laboral. Para ello, se creará dentro del Organismo Autónomo Inspección de Trabajo y Seguridad Social una Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude.
De esta Oficina formarán parte todos los organismos implicados en la lucha contra el fraude laboral y tendrá como funciones la detección del fraude, la programación y ejecución de actuaciones inspectoras y la evaluación de resultados.
De esta manera, se pretende mejorar la colaboración institucional entre Administraciones Públicas y se permite una mejor ordenación de las actuaciones de lucha contra el fraude. La nueva Oficina servirá de enlace con la Plataforma europea contra el trabajo no declarado, en preparación en el marco de la Unión Europea.
La lucha contra el fraude, una prioridad
La lucha contra el fraude laboral ha sido una de las prioridades del Ministerio de Empleo y Seguridad Social desde el inicio de esta Legislatura. En abril de 2012 el Gobierno aprobó un Plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, que desplegaba una estrategia integral de actuación en la lucha contra el fraude, con medidas normativas, institucionales, de gestión y de prevención y sensibilización social.
Así, se ha dotado a la Administración Pública y a jueces y tribunales de nuevos medios legales, con modificaciones normativas tanto en materia administrativa como penal. En concreto, se ha modificado el Código Penal, agravándose las sanciones por fraude a la Seguridad Social y los delitos contra los derechos de los trabajadores.
También se ha reforzado la coordinación y colaboración entre organismos y administraciones. Junto a la creación de una Unidad Especial de apoyo y colaboración de la Inspección de Trabajo con Juzgados, Tribunales y Fiscalía General del Estado, se han firmado convenios de colaboración con organismos estatales, como la Agencia Tributaria o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como con las Comunidades Autónomas y entidades como el Consejo General del Notariado y el Colegio de Registradores de España.
Del mismo modo, se ha reforzado la estructura operativa de la inspección de Trabajo, con el incremento de medios personales:
- Entre 2012 y 2015 se habrán incorporado 201 nuevos efectivos entre Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y Subinspectores de Empleo y Seguridad Social.
- 80 más están en proceso de selección y se incorporarán en 2016.
- Asimismo, la Oferta de Empleo Público para 2015 incluye una tasa de reposición de hasta el 50 por 100 de los efectivos inspectores.
Resultados de la lucha contra el fraude laboral
Estas actuaciones han arrojado unos resultados muy positivos, tanto desde el punto de vista de las actuaciones inspectoras, como del impacto económico.
En los años 2012, 2013 y 2014 se han aflorado 252.822 empleos y se han anulado un total de 103.238 altas ficticias o contratos de trabajo falsos en empresas ficticias, empresas sin actividad creadas con el objeto de facilitar el acceso fraudulento a prestaciones.
Durante igual período de tiempo la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha transformado 115.747 contratos temporales en indefinidos.
Por otra parte, el conjunto de actuaciones desplegadas en la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social en los años 2012, 2013 y 2014 han tenido un impacto económico global estimado en 11.343 millones de euros.
Trámite del Anteproyecto
Tras la presentación del Informe, el Anteproyecto de Ley será ahora objeto de dictamen por el Consejo Económico y Social en el plazo de diez días, y será aprobado por el Consejo de Ministros en las próximas semanas de manera definitiva.
Con esta reforma, el Gobierno apuesta por un nuevo modelo que permitirá disponer de una Inspección de Trabajo y Seguridad Social más coordinada y más eficaz, que siga estando al servicio de los trabajadores, de las empresas y de la sociedad, como lleva haciendo desde hace más de cien años.
De esta forma, la Inspección se reafirma como una institución esencial para continuar mejorando la estabilidad y la calidad del empleo, cuya eficacia en la lucha contra el fraude laboral es garantía de nuestro Estado de Bienestar.