Intervención de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría

Vicepresidenta.- Muy buenos días. Vamos a informarles de los asuntos que han sido aprobados hoy en el Consejo de Ministros.

En primer lugar, este Consejo de Ministros ha estado centrado en medidas de regeneración democrática, lucha contra la corrupción y lucha contra el fraude. Me acompaña el ministro de Justicia porque hemos aprobado para su remisión a las Cortes ya dos Proyectos de Ley para modernizar y dar impulso al procedimiento penal: por un lado, la Ley de Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para agilizar la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales; y la Ley Orgánica que la complementa en determinados asuntos, como la regulación de las medidas de investigación tecnológica, siguiendo los criterios del Consejo de Estado, dándole rango de Ley Orgánica.

En ese paquete de medidas que hoy aprobamos de lucha contra el fraude, también --y ahora pasaré a explicarla-- hemos aprobado el Anteproyecto de Ley Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social.

Sobre los Proyectos de Ley de Enjuiciamiento Criminal, y sin perjuicio de la explicación del Ministro, consideramos que es un paso importante y necesario para actualizar una norma, que es la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que data de 1881, aunque ha tenido, como bien conocen, un sinfín de modificaciones a lo largo de este siglo y pico de vigencia. Responde, además, a una demanda social muy clara, en el sentido de agilizar las causas y, muy especialmente, las relacionadas con la corrupción. Como aspecto importante y de interés, regula muy exhaustivamente y muy ágilmente la figura del decomiso y la capacidad para aprehender, para investigar y recoger todos los bienes del que ha sido condenado para poder recuperar todo lo que se ha defraudado o todo lo que ha obtenido como consecuencia de los delitos.

En segundo lugar, como decía, y ya más ampliamente, hemos aprobado el Anteproyecto de Ley Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social. Es el primer paso de esta Ley; es un anteproyecto que ahora remitiremos al Consejo Económico y Social para su informe, a fin de que pueda ser elevado lo antes posible a las Cortes Generales.

¿Qué hace el Anteproyecto? Sienta las bases de un nuevo modelo de organización de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, basado en su fortalecimiento institucional y en una mayor participación de las Comunidades Autónomas, que, como saben, tienen algunas competencias en materia de empleo, y de los agentes sociales. Lo que se busca es un nuevo modelo de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social que sea mucho más coordinada y eficaz para poder estar al servicio de los trabajadores y de las empresas. Estamos hablando de un cuerpo, de una función, que lo lleva haciendo desde hace más de cien años. Es, por tanto, una institución esencial para mejorar la calidad en el empleo y para mejorar esa estabilidad.

La vigente Ley de la Inspección de Trabajo es del año 1997 y desde entonces se han producido muchos cambios. Han cambiado mucho el ámbito de las relaciones laborales y de la Seguridad Social, y las formas nuevas del fraude laboral. Por eso, se aprueba este Anteproyecto de Ley que tiene tres aspectos fundamentales.

En primer lugar, la Inspección de Trabajo se va a configurar como un organismo autónomo de nueva creación, el organismo autónomo Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que va a estar adscrito al Ministerio de Empleo, pero que también va a prestar sus servicios a la Administración General del Estado y a las Comunidades Autónomas. Con ello lo que se busca es un funcionamiento mucho más cohesionado de la actuación inspectora en el conjunto del Estado y se garantiza también esa unidad en el ámbito del mercado de trabajo en España. Se da mayor participación a las Comunidades Autónomas, que estarán representadas en el consejo rector de ese organismo autónomo, y a los agentes sociales en la definición del funcionamiento y de los objetivos de la Inspección.

El segundo elemento, muy importante, es que dentro del organismo se crea la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude. De esta Oficina formarán parte distintos organismos implicados en la lucha contra el fraude laboral y tendrá como funciones la detección del fraude, la programación y ejecución de actuaciones inspectoras, y la evaluación de resultados.

El tercer elemento, también muy importante, es que se crea un nuevo grupo de funcionarios: la Escala de Subinspectores de Seguridad y Salud Laborales. Porque, junto a la lucha contra el fraude, también se busca mejorar la seguridad y la salud en el trabajo para aumentar los recursos y la especialización destinada a la prevención de riesgos laborales, y a luchar contra la siniestralidad laboral.

Por tanto, es una reforma estructural en un doble sentido: modernizar el mercado de trabajo, garantizar la sostenibilidad presente y futura del sistema de Seguridad Social, y, además, generar nuevas dinámica en la lucha contra la siniestralidad laboral y en la garantía de la seguridad en el empleo.

Como datos, a mayor abundamiento les daré los últimos de la lucha contra el fraude: en este trienio 2012-2014, se han aflorado 11.343 millones de euros, 252.000 empleos aflorados y descubiertas más de 103.000 altas ficticias, altas en la Seguridad Social que no correspondían a un verdadero contrato de trabajo, generalmente para cobrar algún tipo de prestación.

En el capítulo de reformas estructurales, y por eso me acompaña la ministra de Fomento, hoy se ha aprobado el Anteproyecto de Ley del Sector Ferroviario. Es el primer paso de una ley que lo que busca es desarrollar un modelo ferroviario de máxima calidad, actualizando la Ley del año 2003 y, además, incorporando la Directiva 2012/34 de la Unión, por la que se establece un espacio ferroviario único europeo y que está en plazo de transposición.

En otro orden de cosas, hemos aprobado numerosos Reales Decretos, que tienen en la Referencia, y me voy a detener en uno en particular, que es el Catálogo Homogéneo de Equivalencias de las categorías profesionales del personal estatutario de servicios de Salud y el procedimiento de actualización. ¿Qué es esto? Un instrumento que trata de garantizar la movilidad entre profesionales del Sistema Nacional de Salud por todo el territorio nacional. Con esta norma, el personal estatutario (médicos, enfermeros y personal no sanitario) podrán acceder a plazas de distintas Comunidades Autónomas, mejorando la calidad de la asistencia y haciendo efectiva su movilidad, tal y como recoge la Ley de Calidad y Cohesión del año 2003. Esto supone pasar de 351 categorías profesionales actuales a 131, con lo que permitirá mayor simplicidad y hacer esta tarea más factible.

Debemos agradecer el trabajo de todos los implicados y de todas las Comunidades Autónomas en el Consejo Interterritorial de Salud para hacer posible este Real Decreto.

En el capítulo de inversiones, dos aspectos importantes. Hoy se autoriza la concesión de una subvención nominativa a la Comunidad Autónoma de Aragón para la financiación de inversiones en la provincia de Teruel, conocido como FITE. El importe para este año es de treinta millones de euros. Como saben, Aragón por su renta no puede ser beneficiaria de los Fondos de Compensación Interterritorial; sin embargo, las desigualdades interterritoriales dentro de esa Comunidad Autónoma son significativas, especialmente en la provincia de Teruel. Por tanto, ha sido objeto desde el año 1992 de una atención especial.

Con este Acuerdo se financian, preferiblemente, proyectos dentro de las siguientes líneas: apoyo a iniciativas empresariales, fundamentalmente en los ámbitos industrial, agroalimentario y turístico; apoyo a las infraestructuras para la implantación de empresas; infraestructuras de transporte y comunicaciones; puesta en valor del patrimonio cultural, ambiental y social; proyectos estratégicos y singulares, y participación en infraestructuras municipales.

El coste mínimo de cada proyecto para que pueda ser financiable será de 125.000 euros y la Administración General del Estado financiará hasta el 50 por 100 de cada proyecto beneficiario del crédito.

También quiero señalar que hoy se ha aprobado el Acuerdo Marco para la contratación centralizada del suministro de energía eléctrica en la Administración General del Estado y sus organismos dependientes en todo el territorio nacional. Hoy existen más de 350 contratos, con dieciocho mil puntos de suministro; ahora vamos a proceder a una contratación centralizada que nos permitirá, en primer lugar, conocer el gasto en electricidad, lo que contribuirá a impulsar las políticas de ahorro y eficiencia energética. Con este contrato centralizado, al menos de salida, se producirá un ahorro de 54 millones de euros.

También en el capítulo de inversiones, informará la Ministra de la celebración de un contrato para mejorar el ámbito de la Línea de Alta Velocidad en la Comunidad de Madrid.

Por último, se ha aprobado la firma de un Convenio del Consejo de Europa para luchar contra el tráfico de órganos, del que España procederá a su suscripción el próximo 25 de marzo en Santiago de Compostela. Este importante Convenio tiene como finalidad la prevención y lucha contra el tráfico de órganos humanos, la protección de las víctimas y el fomento de la cooperación nacional e internacional en este ámbito. Establece la obligación de que las partes del Convenio adopten medidas legislativas y otras que sean necesarias para poder cumplir los términos del convenio, y nosotros ya hemos encargado, una vez que se proceda a la firma, un estudio sobre todos los cambios que debemos realizar para cumplirlo.

Serán considerados delitos de tráficos de órganos la extracción ilícita de órganos humanos, tanto de donantes vivos, como fallecidos; es decir, las que no se hagan con el consentimiento informado, libre y expreso del donante vivo o sin cumplir los criterios de autorización en caso de fallecidos; también cuando el donante o una tercera persona reciba algún tipo de beneficio económico. Constituyen también delito de tráfico de órganos el uso indebido de órganos extraídos de manera ilícita, las actividades necesarias para la utilización posterior de esos órganos extraídos ilícitamente y aquellas actividades que puedan generar ese beneficio económico.

En España, las actividades de donación y trasplante están reguladas por nuestro ordenamiento jurídico, en el cual se pone de manifiesto expresamente el carácter gratuito que han de tener esas donaciones; se establecen sanciones y hay una serie de artículos que protegen también a las víctimas y previenen el delito. No obstante, como les decía, a partir de ahora, una vez procedida a la firma, reforzaremos, para cumplir el Convenio, nuestra normativa en este punto.