El Gobierno aprueba medidas para racionalizar el gasto en Educación y garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario

Líneas generales

Ana Mato ha asegurado que se garantiza la universalidad de la sanidad para todos los españoles y se adoptan medidas para acabar con la utilización indebida de los servicios sanitarios por parte de algunos extranjeros. La ministra ha concretado que el informe de Tribunal de Cuentas correspondiente a 2009 refleja que más de 700.000 extranjeros han utilizado indebidamente los servicios sanitarios españoles con un coste de 817 millones de euros.

Para evitar este fraude, la ministra ha anunciado que incorporará un artículo de una directiva comunitaria que prohibirá expresamente a los ciudadanos desplazarse a otro país para recibir asistencia sanitaria.

Se ha constatado que existen diferencias entre las prestaciones que reciben los españoles en función de dónde residen. Por ello, Mato ha anunciado que la reforma sienta las bases para establecer, con criterios de igualdad, calidad, eficacia y eficiencia, una cartera de servicios común. "Todos los ciudadanos tendrán asistencia en todos los territorios con independencia del lugar donde vivan", ha dicho.

La ministra ha señalado que en la actualidad se tiran 3.800 toneladas de medicamentos cada año, por lo que se pedirá a la industria farmacéutica que adecúe los envases a la duración de los tratamientos. Además, se seguirá impulsando la utilización de genéricos.

Respecto a la aportación de los usuarios, se ha buscado una fórmula lo más justa posible en función de la edad de los pacientes, la renta y el grado de enfermedad. Se trata, ha dicho Mato, de que "aporten más los que más tienen y aporten menos o no aporten nada los que no tengan nada".

Los titulares de pensiones no contributivas y los parados de larga duración no tendrán que pagar por los fármacos. Los pensionistas que no tienen obligación de hacer la declaración de la renta aportarán un máximo de 8 euros al mes, y los activos que tampoco tengan que presentarla seguirán pagando el 40% del precio de los medicamentos. Los que tengan obligación de hacerla pagarán el 50% y las rentas superiores a los 100.000 euros pagarán el 60%. Ana Mato ha señalado que estas medidas supondrán un ahorro estimado de 3.350 millones de euros.

La ministra ha indicado que la reforma establece la creación de una Plataforma de Compras Centralizada que generará un ahorro mínimo de 1.000 millones de euros, que podría llegar a los 1.500 millones. Por otra parte, se establecerá un catálogo homogéneo de categorías profesionales.

La reforma incluye mecanismos para que el sector de la Sanidad y el de los Servicios Sociales funcionen de manera coordinada, algo que, según Ana Mato, no ocurre ahora.

El Real Decreto Ley de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, aprobado hoy, responde, según ha explicado el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, a la necesidad de racionalizar este gasto y hacerlo más eficaz.

Se responde con ello a una demanda de las comunidades autónomas que son las que mayoritariamente ejecutan el gasto público en educación.

El ministro ha aclarado que ésta no es la reforma educativa del Gobierno, que se instrumentará en el curso de la primera parte de la Legislatura, pero sí es la "condición previa para poder impulsarla".

Tres criterios son los que han orientado la norma aprobada hoy:

• Salvaguardar al máximo la cobertura y calidad del servicio público de la educación.
• Mantener sin variación las condiciones existentes para evitar que la condición socioeconómica sea un "obstáculo para el desarrollo del talento".
• Dar al cambio un "marcado carácter de flexibilidad" para que las comunidades autónomas puedan acomodarlo a sus necesidades de consolidación fiscal.

Las modificaciones introducidas en la legislación básica vigente para las enseñanzas no universitarias afectan a la ratio alumno/clase; a la duración de la jornada lectiva del personal docente; a los días que han de transcurrir para la contratación de un sustituto por baja del titular; y a la eliminación de la obligación de ofertar al menos dos modalidades de Bachillerato.

En cuanto a las enseñanzas universitarias, las medidas de racionalización se dirigen a aproximar el precio de los estudios que se realizan a su coste efectivo; a exigir un número mínimo de alumnos en las titulaciones de grado; a la dedicación docente del profesorado en relación con su actividad investigadora; a evitar desequilibrios presupuestarios en las Universidades; y a limitar la incorporación de personal de nuevo ingreso.

Para concluir, el ministro ha subrayado que las becas por motivos económicos no van a variar, lo que sí va a variar, ha dicho, son los umbrales de rendimiento, que serán más exigentes.

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes de un Proyecto de Ley de modificación de la Ley General de Comunicación Audiovisual, de 31 de marzo de 2010, para flexibilizar los modos de gestión de los canales públicos de televisión autonómica.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, ha explicado que las comunidades autónomas decidirán si prestan o no el servicio público de televisión en sus respectivos territorios. Si deciden no prestarlo podrán sacar a concurso las correspondientes licencias audiovisuales. Si deciden prestarlo podrán hacerlo mediante la gestión directa u optar por fórmulas de gestión indirecta.

Sáenz de Santamaría ha aclarado que "en el caso de que el servicio público se preste por las administraciones autonómicas, el ente tendrá que cumplir los principios de estabilidad presupuestaria: no se permitirán desequilibrios en los gastos e ingresos de esas televisiones".

Corporación RTVE

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley de modificación del régimen de administración de la Corporación RTVE, para falicitar la designación del presidente de la Corporación, que "seguirá siendo parlamentaria". Tal y como estaba previsto en la Ley en el año 2006, si el candidato no logra una mayoría de 2/3 en la primera votación, se elegirá en la segunda por mayoría absoluta.

Además, se reducirá el número de miembros del Consejo de Administración de doce a nueve, y no tendrán dedicación exclusiva. La vicepresidenta ha manifestado: "Hoy el sueldo bruto de un consejero supera los 110.000 euros. A partir de ahora, los consejeros sólo cobrarán dietas por su asistencia al Consejo. El único que tendrá dedicación exclusiva será el presidente de la Corporación".

Por otro lado, mediante Real Decreto Ley se ha modificado el artículo 19.4 de la Ley General de la Comunicación Audiovisual de 2010, para garantizar a las radios el libre acceso a los estadios y recintos para que puedan retransmitir en directo acontecimientos deportivos.

Soraya Sáenz de Santamaría ha afirmado que las radios tendrán el derecho de entrar en los estadios de fútbol para poder informar, pero deberán abonar los gastos del uso de determinadas instalaciones de acuerdo con los clubes.

El Consejo de Ministros ha recibido un informe sobre los efectos de la decisión de la República Argentina de expropiación de acciones de Repsol en YPF.

La vicepresidenta ha destacado y agradecido el importante apoyo internacional que ha tenido el Gobierno español en este asunto, tanto desde la Unión Europea como de Estados Unidos e Iberoamérica: "Se pone de manifiesto que con actuaciones como esta algunos países van en contra de sus propios intereses y su propia reputación internacional".

Además, ha agradecido la resolución del Parlamento Europeo que apoya "la seguridad jurídica de las inversiones europeas en el mundo".

Sáenz de Santamaría ha avanzado que el Boletín Oficial del Estado publicará mañana una orden por la que se establece un procedimiento de asignación de cantidades de producción de biodiesel para el cómputo del cumplimiento de los objetivos obligatorios de biocarburante.

En respuesta a una pregunta referida a si habrá nuevos "sacrificios" en los próximos días, la vicepresidenta ha dicho que el Gobierno es consciente del esfuerzo realizado por los ciudadanos, en un país que se encuentra con un déficit del 8,1% lejano al 6%", pero subrayó que este esfuerzo tienen como objetivo superar la crisis y sentar las bases para crecer en el futuro.

En cuanto a la Ley de Transparencia y la Corona, la vicepresidenta ha aclarado que esta Ley, aún en fase de anteproyecto, es de las administraciones públicas y la Casa del Rey no forma parte de éstas. La futura Ley está en línea con las de otras monarquías europeas como la británica, ha añadido.