El Gobierno acuerda que la exhumación de los restos del dictador Franco se realice antes del 25 de octubre

El Consejo de Ministros, previo informe de la Abogacía General del Estado, ha acordado la exhumación, traslado y reinhumación de los restos del dictador Francisco Franco en el cementerio de Mingorrubio-El Pardo (Madrid).

La vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia, relaciones con las Cortes e Igualdad en funciones, Carmen Calvo, ha anunciado que con este acuerdo se ejecutará la sentencia del Tribunal Supremo, de 30 de septiembre, adoptada por unanimidad, que pone fin al proceso contencioso-administrativo interpuesto por la familia del dictador para evitar su salida de la Basílica del Valle de los Caídos.

Calvo ha anunciado que los restos de Francisco Franco serán exhumados antes del día 25 de octubre: "Yo misma plantearé al presidente del Gobierno la fecha exacta cuando esté todo el operativo previsto".

Sus familiares conocerán esta decisión con, al menos, 48 horas de antelación y, si lo desean, podrán estar presentes en las operaciones de exhumación e inhumación. También lo estará la ministra de Justicia en su condición de Notaria Mayor del Reino.

Para garantizar que estas operaciones se realizan en "condiciones de seguridad, eficacia, discreción y respeto a los restos humanos" y se eviten molestias a los ciudadanos, el recinto del Valle de los Caídos se cerrará temporalmente, ha argumentado la vicepresidenta.

Carmen Calvo ha asegurado que el Gobierno propiciará el derecho a la información al que tienen derecho los ciudadanos a través de los medios de comunicación, por lo que se acomodarán espacios públicos para facilitar su trabajo, pero "nunca estarán en el espacio estricto y cercano al procedimiento".

La vicepresidenta ha expresado la satisfacción del Ejecutivo por el acuerdo adoptado porque, ha dicho, un dictador no puede estar en una tumba de Estado: "Seríamos la única democracia que tuviera a un dictador en un lugar donde se le puede ir a rendir honores".

Además, ha resaltado que tras 40 años, el Ejecutivo, en apenas 16 meses, ha tomado la determinación de exhumar a Franco en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, y que el acuerdo se ha adoptado con el pronunciamiento "claro y rotundo" de los tres poderes del Estado.

Medidas para paliar la insolvencia de Thomas Cook en España

Pool Moncloa/Borja Puig de la BellacasaEl Consejo de Ministros ha adoptado medidas urgentes para paliar los efectos que la insolvencia del grupo empresarial británico Thomas Cook está provocando en el sector turístico español, en especial en Baleares y Canarias.

La vicepresidenta ha explicado que el Gobierno ofrece una respuesta rápida, temporal e integral hasta que otros operadores reabsorban la situación creada en estos territorios. En este sentido, ha asegurado que el mercado "ya está reubicando los huecos que ha dejado esta compañía".

Las iniciativas adoptadas incluyen la prolongación del periodo de actividad de los trabajadores con contratos fijos discontinuos en los sectores de hostelería, turismo y comercio para empresas con centros de trabajo en esas comunidades, así como la ampliación de las bonificaciones del 50% en las cotizaciones a la Seguridad Social durante dos meses más.

Carmen Calvo también ha avanzado que el Ejecutivo abrirá una línea de crédito a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de 200 millones de euros para ayudar a las empresas perjudicadas por la insolvencia de Thomas Cook. Además, con el objetivo de recuperar la pérdida de conectividad y, consolidar la diversificación y mejorar el destino, se concederá una subvención directa a Canarias, por importe de quince millones de euros, y otra a Baleares, por importe de ocho.

La vicepresidenta también ha indicado que el Gobierno está ofreciendo una "respuesta razonable a una crisis sobrevenida" por la quiebra del operador británico con el fin de amortiguar los efectos en términos de actividad económica y empleo en un sector tan importante para la economía como el turismo. Además, ha asegurado que el Ejecutivo se está asesorando legalmente para, en su caso, poder pleitear en defensa de los intereses que se han visto lesionados, como, por ejemplo, situaciones de impago.

5.503 millones de anticipo extraordinario a Comunidades Autónomas y Entidades Locales

Pool Moncloa/Borja Puig de la BellacasaEl Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley que permite la actualización extraordinaria de las entregas a cuenta de 2019 para las Comunidades Autónomas del régimen común y las Entidades Locales. El importe para las primeras asciende a 4.682 millones de euros y para las corporaciones locales a 821 millones.

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha afirmado que estas cantidades, junto a los anticipos ya entregados a lo largo del año, suman un total de 102.800 millones de euros para las comunidades autónomas (lo que supone un incremento del 7,15% respecto a 2018 y la mayor cifra de la serie histórica) y de 18.879 millones para las entidades locales (un 4,6% más que el año pasado).

Montero ha explicado que la aprobación de estos anticipos ha sido posible ahora tras haber quedado superados los reparos iniciales de la Abogacía del Estado, que entendía que un gobierno en funciones no podía condicionar con esta decisión la actuación del gobierno entrante. La situación, ha proseguido Montero, quedó resuelta con la convocatoria electoral del 10 de noviembre, dado que el nuevo ejecutivo no podrá conformarse como mínimo hasta diciembre y "ya no tendrá capacidad para intervenir en las cuentas pasadas de 2019".

Por otro lado, un análisis de los planes de tesorería de todas las comunidades autónomas realizado por el Ministerio de Hacienda ha puesto de relieve que algunas de ellas podrían tener dificultades de pago a partir del mes de noviembre, lo que ha permitido declarar la situación de urgencia "para que no se menoscabe la prestación de los servicios públicos fundamentales", ha continuado Montero.

La ministra ha destacado el trabajo realizado para buscar soluciones dentro de la legalidad vigente, de forma que esta ha sido la primera vez que un Gobierno, estando en funciones y con un presupuesto prorrogado, ha podido aprobar la actualización de las entregas a cuenta: "supone un fortalecimiento de la autonomía política y financiera de las comunidades autónomas", ha dicho.

María Jesús Montero ha considerado necesario que este "precedente" sea tenido en cuenta en la próxima reforma del modelo de financiación para que "un bloqueo presupuestario o institucional" en el gobierno estatal no impida que las comunidades autónomas reciban "los recursos que les corresponden y a los que tienen derecho".

Montero ha finalizado explicando que el ministerio de Hacienda notificará a partir de hoy a las comunidades autónomas y ayuntamientos qué cantidad exacta les corresponde y les informará de la liquidación del sistema de financiación relativa a 2018 de cara a sus próximas previsiones presupuestarias.

95,6 millones para las cuotas de la Seguridad Social de las personas cuidadoras

Pool Moncloa/Borja Puig de la BellacasaEl Ejecutivo ha autorizado la concesión de un crédito de 95,6 millones de euros al IMSERSO para financiar las cuotas de la Seguridad Social del convenio especial de las cuidadoras no profesionales de las personas en situación de dependencia.

María Jesús Montero ha explicado que de esta manera se dota a esta entidad para que asuma el coste de la cotización de las personas que suscriban estos convenios especiales, tal y como recoge el Real Decreto-ley 6/2019 de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.

La ministra responsable de Igualdad, Carmen Calvo, ha señalado que esta medida permite paliar la situación de aquellas personas, fundamentalmente mujeres, que, por cuidar a una persona dependiente, "ven interrumpidas sus carreras profesionales, abandonan la cotización y luego tienen peores pensiones".

Solicitud de nulidad al Constitucional de una resolución del Parlament de Cataluña

El Consejo de Ministros ha aprobado plantear dos incidentes de ejecución de sentencia ante el Tribunal Constitucional solicitando la nulidad y suspensión inmediata de algunos apartados de una de las resoluciones aprobada por el Pleno del Parlament de Cataluña el pasado 26 de septiembre.

Carmen Calvo ha explicado que su contenido no se corresponde con la legalidad vigente ya que plantea "el derecho a la autodeterminación, que no existe, obviamente, en nuestro modelo constitucional". El Ejecutivo ya anunció el pasado 27 de septiembre su intención de acudir al Constitucional, pero ha debido esperar a la publicación oficial de la resolución, que se produjo el 4 de octubre.