Incidentes de ejecución de sentencia ante una resolución del Parlament de Cataluña que incumple varias sentencias previas

El Consejo de Ministros ha aprobado plantear dos nuevos incidentes de ejecución de sentencia ante el Tribunal Constitucional, relativos a determinados apartados de la Resolución 546/XII, del Parlament de Cataluña, sobre la orientación política general del Govern, aprobada por el Pleno del Parlament de Cataluña el pasado 26 de septiembre.

En la citada Resolución 546/XII, el Parlament de Cataluña, al igual que en la resolución 534/XII sobre la que la pasada semana el Consejo de Ministros acordó plantear incidentes de ejecución, vuelve a proclamar una vez más el derecho de autodeterminación como manera de acceder a la soberanía del pueblo de Cataluña.

Por lo tanto, los apartados objeto de este acuerdo vulneran, una vez más, las SSTC 259/2015 y 136/2018 que señalaron que las resoluciones entonces impugnadas (la Resolución 1/XI y la Moción 5/XII) eran contrarias a las normas constitucionales que prevén que es en el pueblo español donde reside la soberanía nacional.

El Acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros este viernes establece que los apartados de la Resolución 546/XII que atribuyen el carácter de poder soberano al pueblo de Cataluña, reiterando el "reconocimiento del derecho inalienable del pueblo de Cataluña a la autodeterminación y la voluntad de ejercerla con plenitud", vuelven a omitir la sujeción a la Constitución como ley superior, la soberanía nacional y la unidad de la nación española titular de esa soberanía, contraviniendo los artículos 1.2 y 2 de la CE, en el sentido declarado por las SSTC 259/2015 y 136/2018.

Por otra parte, el Gobierno estima que la resolución objeto de estos incidentes trata de fundar en el carácter soberano del Parlament de Cataluña la legitimidad de la desobediencia institucional, lo que se traduce en una declaración del Parlament por la que se apela a las instituciones a ignorar las normas. Esta declaración vulnera igualmente las SSTC 259/2015 y 136/2018, que ya declararon la infracción del artículo 9.1 de la CE, al ser contrarias aquellas resoluciones impugnadas entonces al principio de sometimiento de los poderes públicos a la Constitución y al resto del Ordenamiento Jurídico. Igualmente cabe destacar la referencia que se realiza a la legitimidad de la desobediencia institucional después de que el Parlament afirme su rechazo a las imposiciones antidemocráticas (sic) de las instituciones del Estado español y, en especial, de su Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo, pues supone un llamamiento a las distintas instituciones catalanas, incluido el Govern, a que no obedezcan las sentencias que se puedan dictar en las próximas fechas

El Gobierno estima, en consecuencia, que ciertos apartados de la Resolución del pasado 26 de septiembre vulneran directa y frontalmente dichas sentencias y, por tanto, solicita al Tribunal Constitucional la declaración de nulidad y su inmediata suspensión.

Notificación personal y advertencia

Teniendo en cuenta que en esta Resolución 546/XII, el Parlament insta expresamente al Govern de la Generalitat a realizar determinadas actuaciones relacionadas con el derecho a la autodeterminación, al plantear este incidente de ejecución, el Gobierno solicita expresamente al TC que notifique al presidente Torra y demás miembros del Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña, su obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir, así como de su obligación de abstenerse de realizar cualesquiera actuaciones tendentes a dar cumplimiento a los apartados de la Resolución 546/XII impugnados y de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir las Sentencias del Tribunal Constitucional.

Por otra parte, y al igual que en los incidentes de ejecución planteados contra la resolución 534/XII la pasada semana, el Gobierno solicita que se advierta también al presidente del Parlament, Roger Torrent i Ramió, al secretario general, Xavier Muro i Bas, y a los miembros de la Mesa, de la misma obligación y que también se les aperciba de sus eventuales responsabilidades.