El Gobierno refuerza la supervisión y solvencia de las entidades de crédito

Parte de la remuneración variable total, a determinar por la entidad, deberá estar sometida a cláusulas de reducción o incluso de recuperación de remuneraciones ya satisfechas. También se introduce la obligatoriedad de que las entidades cuenten con un comité de remuneraciones y un comité de nombramientos.

Además, De Guindos ha apuntado que se exige a las entidades la publicación de las retribuciones totales percibidas anualmente por todos los miembros de su consejo de administración. Se extiende a todas las entidades de crédito la necesidad de aprobar, con carácter vinculante, las políticas de remuneración.

Supervisión

El ministro ha avanzado que se establece la necesidad expresa de que el Banco de España presente, al menos una vez al año, un programa supervisor que incluirá la elaboración de un test de estrés.

La gran novedad, a juicio de De Guindos, son los denominados colchones de capital, que permiten a los supervisores exigir niveles de capital superiores a los exigidos por la Unión Europea. Así, se definen varios tipos: colchón de conservación de capital para pérdidas inesperadas; colchón de capital anticíclico específico; colchón de capital para entidades de importancia sistémica y colchón contra riesgos sistémicos. Estos colchones complementan otros requisitos aprobados el pasado 29 de noviembre ya en vigor desde el 1 de enero.

Fondo de Garantía de Depósitos y preferentes

Luis de Guindos también ha informado de los cambios en la composición de la Comisión Gestora del Fondo de Garantía de Depósitos, que estará integrada por 11 miembros, los cuales no tendrán ningún tipo de remuneración.

El ministro ha subrayado que se adapta la normativa vigente para hacerla compatible con el reglamento comunitario en lo relativo a las participaciones preferentes. En este sentido, ha dicho que España tiene una normativa mucho más estricta en relación con la comercialización y se mantiene esa exigencia.

Además, ha indicado que se elimina el requisito de retención en origen para no residentes, como ocurría en el caso de los bancos o de las entidades cotizadas: "Lo que se hace es aumentar el atractivo de este tipo de mercados porque se eliminan una serie de trámites burocráticos a la adquisición por los no residentes de títulos de renta fija emitidos por cualquier tipo de sociedad".

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha informado de la aprobación en Consejo de Ministros del anteproyecto de ley por el que se modifica el artículo 23 del Código Civil a fin de agilizar la concesión de la nacionalidad española a los ciudadanos sefardíes que lo deseen.

El ministro ha dicho que esta decisión tiene un "significado histórico profundo" y refleja la realidad de la sociedad española "como una sociedad abierta, plural, cuya identidad se define por el reconocimiento de la diversidad".

La futura ley culmina una serie de actuaciones de carácter legislativo que se iniciaron en 1924 y que permitirán a los sefardíes ser "ciudadanos de pleno derecho" y tener la "condición de españoles", ha subrayado Gallardón.

Lo fundamental de esta reforma, lo que supone "un paso extraordinariamente significativo", a juicio del ministro, es que permite la doble nacionalidad, es decir, que los solicitantes podrán conservar la nacionalidad que tenían con anterioridad, sin tener que renunciar a la misma.

Gallardón también ha subrayado que no existe ninguna vinculación de carácter religioso, es decir que no se exige la pertenencia a ninguna comunidad religiosa ni manifestación de ningún tipo de credo. Es, por tanto, la pertenencia a la comunidad sefardí, la especial vinculación a España y su acreditación lo que da el derecho a adquirir la nacionalidad española por carta de naturaleza.

En su opinión, esta modificación del Código Civil pretende reparar "una deuda histórica consistente en permitir que aquellos que siempre han querido ser españoles, que han llevado allí donde viviesen, dijera lo que dijera su pasaporte, nuestra lengua" tengan la puerta abierta para "volver a ser lo que nunca debieron de dejar de ser, es decir, ciudadanos españoles con plenos derechos".

El Gobierno ha aprobado un Real Decreto con el objeto de favorecer el acceso a una asistencia trasfronteriza de alta calidad, garantizar la movilidad de los pacientes y la cooperación entre Estados en materia sanitaria, según ha resaltado la vicepresidenta.

Soraya Sáenz de Santamaría ha explicado que "los pacientes podrán acudir a un Estado miembro distinto del suyo a recibir atención médica y luego solicitar el reembolso de los gastos en su país". En su opinión, "se trata de la norma comunitaria con más impacto en el ámbito sanitario en los últimos años porque supone una importante adaptación organizativa de todos los sistemas de salud de los Estados miembros".

La vicepresidenta ha concretado que la norma recoge todas las prestaciones incluidas en la cartera común del Servicio Nacional Salud y en algunos supuestos requerirá la autorización de la autoridad sanitaria, que es la comunidad autónoma.

La vicepresidenta también ha informado de un acuerdo marco para la contratación centralizada del suministro de combustibles de automoción en el sector público. Con este tipo de contrato, que ascenderá a 232 millones de euros, se prevé un ahorro mínimo inicial de en torno a seis millones y cuatro millones más por cada 1% de descuento que logre obtenerse en la licitación, según ha indicado.

Asimismo, el Gobierno ha autorizado un nuevo acuerdo marco para el suministro centralizado de motocicletas y ATV/QUADS que supondrá un ahorro de tres millones de euros.

Sáenz de Santamaría ha asegurado que "se demuestra que comprar todos juntos puede ser más barato y se abre la posibilidad de que otras administraciones puedan sumarse" a la iniciativa.

El Consejo de Ministros ha recibido un informe del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, sobre los daños producidos por el reciente temporal acaecido en el norte y noroeste de España.

La vicepresidenta ha avanzado que la Unidad Militar de Emergencia colaborará con Interior y Medio Ambiente para, en el plazo más breve posible, empezar a retirar elementos que han sufrido graves daños, acometer las obras más urgentes y dar cobertura a los desperfectos que ha generado este temporal.

Durante su comparecencia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta ha comunicado que el debate sobre el estado de la nación se celebrará los próximos días 25 y 26 de febrero.

Preguntada por los periodistas por la reacción del Ejecutivo ante la muerte de varios inmigrantes que trataban de entrar irregularmente en Ceuta, Soraya Sáenz de Santamaría ha señalado que "todo el Gobierno lamenta las muertes y la tragedia que lleva a esas muertes" y ha informado de que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, comparecerá a voluntad propia ante el Congreso para informar de estos hechos.

Sobre la opinión que le merece la alternativa, apuntada por el consejero de Presidencia, Francesc Homs, de celebrar la consulta soberanista en Cataluña y que, posteriormente, todos los españoles se manifiesten sobre los cambios que se deriven de ella, ha señalado que la propuesta es "un cambio de la Constitución misma" y, a ese respecto, "la Constitución es muy clara": la soberanía es de todos los españoles y los cambios en la Constitución han de hacerse de acuerdo con "el procedimiento constitucionalmente establecido".

La vicepresidenta ha confirmado que en la próxima gala de entrega de los premios Goya "habrá una representación del Ejecutivo, entendido en su sentido amplio".

Respecto a la decisión de la Audiencia de Madrid sobre el escrache sufrido por la vicepresidenta en su domicilio, el ministro de Justicia ha dicho que la legislación española y el Tribunal Europeo de derechos humanos defienden la inviolabilidad de los domicilios particulares. Ha añadido que, aun cuando se discrepa de ella, se acata la decisión de la Justicia y que corresponde, en su caso, al Ministerio Fiscal en uso de su autonomía, la decisión sobre la presentación de recurso.