La Ley de Unidad de Mercado aumentará la competitividad y fomentará la creación de empleo

La portavoz del Gobierno ha señalado que "la maraña normativa es una de las quejas habituales de empresarios nacionales y extranjeros". De hecho, según ha apuntado, "muchos inversores han visto las dificultades administrativas como desincentivos a la inversión. Además se han quejado de la inseguridad jurídica que generan normativas diferentes y a veces contradictorias, y no han podido aprovechar las economías de escala que da poder producir en un mercado interior".

En este sentido ha referido que, según estudios del Ministerio de Economía y Competitividad, esta ley puede suponer un incremento del PIB en 10 años del 1,52%, lo que linealmente significa un 0,15% de incremento anual, en torno a 1.500 millones de euros al año. "Es por tanto una norma con ventajas para todos, no inconvenientes, pero de ahorro muy importante para el conjunto del sistema", ha afirmado.

Sáenz de Santamaría ha explicado que para conseguir esos objetivos se va a facilitar a los administrados, para protegerles frente a la discriminación, la posibilidad de poner de manifiesto que existe una quiebra de la unidad de mercado. Podrán hacerlo en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, cuya creación está tramitándose en el Congreso. La propia comisión puede acudir a un contencioso administrativo que puede significar la suspensión del acto.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley por el que se prorroga el Programa de Recualificación Profesional (PREPARA) de las personas que agoten su protección por desempleo, tal y como anunció ayer el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha explicado que la norma posibilita una prórroga automática del programa por períodos de seis meses cuando la tasa de desempleo, según la Encuesta de Población Activa (EPA), fuera superior al 20%. Los parados de larga duración o con cargas familiares que agoten la prestación o el subsidio por desempleo de nivel contributivo y no tengan otros ingresos percibirán durante seis meses una ayuda de 400 euros mensuales. Dicha cantidad se elevará a 450 euros para los parados con mayores cargas familiares.

Fátima Báñez ha destacado que la medida responde "al compromiso del Gobierno de apoyar a los colectivos más vulnerables en la salida de la crisis", así como a la situación del mercado de trabajo y de la economía española. Al respecto, ha indicado que 2012 ha sido el segundo peor año de los últimos cinco de recesión, pero el Ejecutivo era consciente de que tenía por delante un año duro y "dijo la verdad desde el primer momento al elaborar el cuadro macroeconómico que acompaña a los Presupuestos Generales del Estado".

Báñez ha reiterado que el objetivo fundamental de la reforma laboral aprobada el año pasado es frenar la destrucción de empleo para que, cuando el mercado laboral vuelva a crecer, sea más flexible y cree empleo de calidad. En este sentido, ha asegurado que la destrucción de empleo ha pasado del 18% al 13% y se han registrado 400 parados menos al día durante 2012.

La ministra ha resaltado que el trabajo autónomo ha aumentado en 53.300 personas: "Durante toda la crisis, entre 2008 y 2011, se destruyeron 625.000 empleos por cuenta propia. Este año es el primero en el que aumenta el empleo autónomo". Además, ha indicado que el paro ha bajado en 40.000 personas entre los menores de 25 años, según la EPA.

A juicio de la ministra, lo más importante que ha aportado la reforma laboral en términos de empleo es la flexibilidad, porque los trabajadores y las empresas pueden acordar decisiones para evitar despidos, y eso "está empezando a funcionar". "El 84% de todas las medidas colectivas son medidas alternativas al despido. Hoy, el despido significa sólo el 16%", ha añadido.

Las políticas adoptadas por el Gobierno a lo largo del año, según la ministra, están contribuyendo a que "vuelva la confianza a España, el crédito internacional, y que España sea atractiva para nuevas inversiones".

El Real Decreto aprobado hoy reduce de 35 a 20 el número de jornales necesarios para acceder al subsidio y renta agrarias. La medida pretende paliar la repercusión de caída de la producción de aceituna por la sequía en Andalucía y Extremadura que dificultaba la consecución del mínimo de peonadas exigidas.

Fátima Báñez ha explicado que tras negociar con los agentes sociales del campo se ha tomado esta decisión "para que ningún trabajador perdiese el subsidio o la renta agraria". La medida no supone ningún coste adicional porque la cantidad ya está presupuestada.

Asimismo se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2013 el plazo para mantener la posibilidad de efectuar contratos para la formación y el aprendizaje no vinculados a certificados de profesionalidad o títulos de formación profesional.

El Consejo de Ministros ha recibido de la ministra de Empleo y Seguridad Social el informe trimestral sobre los importes dispuestos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, al cierre del ejercicio 2012.

La Seguridad Social dispuso de un total de 7.003 millones de euros para hacer frente a la insuficiencia de liquidez en momentos puntuales y a fin de garantizar el abono ordinario y extraordinario de las pensiones. De esta forma, el Fondo ha cerrado 2012 con un importe de 63.008 millones de euros, el 5,93 % del PIB.

Otros acuerdos

• El Gobierno ha aprobado el Proyecto de Ley que modifica la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación
• El Consejo de Ministros ratifica la autorización para la suscripción de un Convenio de colaboración para la creación del Consorcio "Barcelona Mobile World Capital"
• El Ejecutivo ha aprobado el Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo Volcánico

La vicepresidenta del Gobierno, Sáenz de Santamaría, ha manifestado que ya se ha reunido con todos los grupos parlamentarios para abordar posibles medidas contra la corrupción y ha señalado que se está abordando como un pacto necesario, que hay que complementar con otras medidas como el "fortalecimiento de las instituciones" y "contactar con las necesidades de los ciudadanos".

Sáenz de Santamaría ha expresado su deseo de que el Gobierno y los grupos políticos vayan de la mano, porque es una cuestión que "nos implica a todos los que queremos fortalecer el sistema democrático".

También ha recordado la necesidad de "estabilidad institucional" ya que estos casos afectan a la visión de un país, "ocultando lo que es la actuación diaria de las Administraciones" que trabajan cumpliendo la Ley con parámetros homogéneos a los de "los países de nuestro entorno". No puede admitirse, ha concluido, que "unos padezcan las responsabilidades de otros". En esta línea ha resaltado que el Gobierno va a impulsar "el fortalecimiento de la Ley", ya que este país es "un país serio", "una democracia fuerte" en el que "las instituciones funcionan".

Preguntada sobre la aprobación en el Parlamento de Cataluña de una declaración soberanista, se ha remitido a las palabras del presidente del Gobierno y ha recordado que "este Gobierno tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes", muy especialmente la Constitución que "es de todos los españoles" y ha anunciado que corresponde a los servicios jurídicos del Estado analizar en profundidad la resolución y que el correspondiente informe se ha solicitado con carácter de urgencia.

La vicepresidenta se ha remitido a la opinión del presidente del Gobierno, al ser preguntada sobre la propuesta de designación de Ignacio Goyoaga como senador, y ha informado de que la Fiscalía ha interpuesto la correspondiente denuncia.