Conferencia de prensa de la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, y de la ministra de Empleo, después de la reunión de la Consejo de Ministros

Madrid

Vicepresidenta.- Muy buenos días. Voy a pasar a darles cuenta de los principales asuntos que han sido acordados hoy en el Consejo de Ministros, un Consejo que ha aprobado una importante y necesaria reforma estructural, como es la ley para garantizar la unidad de mercado, y, en segundo lugar, un real decreto ley con el que paliar, en la medida de lo posible, los efectos dramáticos del paro a través de la prórroga del Plan PREPARA.

Como ayer anunció el presidente del Gobierno, hoy aprobamos un real decreto ley que tiene por objeto prorrogar el Programa de Recualificación Profesional, conocido como Plan PREPARA, y en el que se adoptan también otras medidas urgentes para el empleo y la protección social de los desempleados. El Plan PREPARA, con cuantías de 400 o 450 euros para personas con hijos o con cargas familiares, se va a mantener y acaba ya este sistema de prórrogas cada seis meses, tan inestable, y se ha decidido mantenerlo constante mientras la tasa de desempleo, según la Encuesta de Población Activa, no baje del 20 por 100.

Será la ministra de Empleo, que me acompaña, la encargada de explicarles a ustedes el contenido de este y otros de los asuntos que van incluidos en el Real Decreto Ley.

Por mi parte, yo paso a informarles de una de las normas que aprobamos hoy, que es una de las reformas más importantes de los compromisos de investidura del presidente del Gobierno; una reforma estructural clave para nuestra economía, una norma de ésas que hacen país y que va a servir, y tiene que servir, para fortalecer nuestra competitividad, para mejorar el trabajo de los emprendedores y de los inversores, y desbrozar toda la maraña normativa de nuestro sistema.

Hoy el Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, que es una ley que tiene por objeto garantizar el mercado interior en España. ¿Qué ocurre hasta ahora? Les voy a poner algunos ejemplos.

Hoy una empresa que vende productos alimentarios, por ejemplo, debe incluir especificaciones distintas en cuanto al contenido del azúcar, de la sal o de las grasas y subproductos según el lugar donde se comercialice. Del mismo modo, una empresa que, por ejemplo, vende en botella agua mineral se ve obligada a incluir en el etiquetado especificaciones diferentes de su composición según el lugar donde se comercialice; o una empresa, por poner un ejemplo, que fabrique máquinas recreativas está obligada a producir varias versiones del mismo producto según donde se vaya a instalar esa máquina recreativa. Por ejemplo, una empresa que tiene por objeto la construcción de colegios, a lo mejor puede construirlos en una Comunidad Autónoma pero en otra no, porque se le exige tener allí su sede en las bases del concurso público para la construcción. O un fontanero que quiere ejercer su profesión en otra comunidad Autónoma distinta de la de su origen, por ejemplo, tiene que inscribirse en un registro de otra Comunidad de destino y obtener un certificado o cualificación profesional adicional a la que ya tenía en su Comunidad Autónoma.

Se trata, por tanto, de evitar que las empresas se vean obligadas a producir, a comercializar, distintas versiones de un producto o a obtener certificados o autorizaciones diferentes según donde quieran operar. Por tanto, esta norma es muy importante para la economía española, para recuperar competitividad, y competitividad es crear puestos de trabajo.

La maraña normativa ha sido una de las quejas habituales de los empresarios españoles y extranjeros; por tanto, eliminar las barreras para nuestro mercado interior es urgente y, además, como veremos, tiene efectos económicos, y muy importantes.

Hasta hoy muchos inversores extranjeros han visto en las dificultades administrativas desincentivos a la inversión. Además, se han quejado de la inseguridad jurídica que genera normativas diferentes, y a veces contradictorias, y, además, no han podido aprovechar las economías de escala que da poder producir con carácter general y sin diferencias en un mercado interior.

Por tanto, con esta Ley a lo que atendemos, fundamentalmente, es a una reclamación generalizada de todos los operadores económicos, de las patronales empresariales, de los trabajadores autónomos y de los inversores, tanto nacionales como extranjeros. Son muchos los organismos internacionales los que han puesto el acento en la necesidad de una ley de esta naturaleza en España. Existe en otros países de nuestro entorno y cito, en particular, el Consejo Europeo, que nos ha insistido en la necesidad de simplificar administrativamente nuestro régimen jurídico.

Esta norma forma, además, parte del Plan Nacional de Reformas que hemos enviado a la Unión Europea y es una de las normas, por tanto, más necesarias al servicio de la empresa y al servicio de la creación de empleo.

Un dato, con la prudencia que siempre las estimaciones económicas conllevan: estudios del Ministerio de Economía y Competitividad estiman que esta Ley puede suponer en diez años un aumento del Producto Interior Bruto del 1,52 por 100. Dividimos por diez, aunque, lógicamente, en los años es diferente el reparto, pero voy a hacer el reparto lineal, y es el 0,15 por 100 del PIB, 1.500 millones de euros al año. Es, por tanto, una norma con unos efectos, en general, de ventajas para todos, y no de inconvenientes, pero de ahorros muy importantes para el conjunto del sistema.

Esta Ley ¿en qué se inspira? En el modelo de funcionamiento europeo. Son muchos años y una experiencia muy dilatada en la Unión Europea para ir construyendo el mercado interior único. Sencillamente, queremos traer a España, incorporar a España, lo que se hace en el conjunto de los Estados miembros de la Unión: un banco holandés puede operar en nuestro país con la licencia de Holanda, simplemente comunicándolo al Banco de España. Mi pregunta es: ¿por qué no las empresas que yo he citado, todos esos ejemplos, pueden operar, comercializar o contratar con una Administración, sencillamente, con los mismos requisitos?

Por eso, esta Ley se basa en un sistema de licencia única dentro de España para asegurar que cualquier producto o servicio que ha merecido la confianza de una Administración tenga también la confianza de otra, y ahora pasaré a explicarlo. Los operadores se van a someter a la legislación de origen para los requisitos de acceso a una determinada actividad o para la fabricación y comercialización de productos, y con esa autorización, esa licencia, ese reconocimiento, esa cualificación reconocida de origen, van a poder operar en el resto del territorio.

Por tanto, esta Ley lo que hace es basarse en un principio de confianza mutua. Esta Ley no es una ley de armonización, ni es una ley de recentralización; con esta Ley, si en el ejercicio de las competencias de cada Administración --Estado, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales-- funciona lo que se llama "principio de presunción de legalidad y de eficacia de los actos administrativos", ¿cómo no se va a fiar una Administración de lo que otra hace? Ese reconocimiento cuando doy una licencia, ese acto administrativo, se presume legal y se presume que es eficaz, tiene que serlo para todos, porque en un principio constitucional de distribución de competencias cada Administración pública tenemos que confiar en lo que hace otra en el ejercicio de sus competencias. Lo bien hecho para una tiene que estar bien hecho para todas.

Esta norma se basa, además, en un principio de colaboración ex ante, es decir, al inicio, porque lo que vamos a buscar son elementos de control y supervisión, como el intercambio electrónico de información, entre Administraciones para tratar de converger todas hacia una mejor regulación.

Esta Ley es una ley, en parte, de coordinación de todas las Administraciones públicas y ha insistido mucho la Comisión de Reforma para las Administraciones Públicas, que ha intervenido en su elaboración. Se trata de que, buscando una mejor regulación --la mejor regulación genera ingresos--, todas las Administraciones públicas puedan sentarse en una mesa y converger en sus regulaciones. Para ello, se crea un Consejo Nacional de Unidad de Mercado, que digamos que es una especie de conferencia sectorial horizontal, donde se establecerá un programa para que las distintas Administraciones puedan buscar la calidad regulatoria en cada caso. Y, después, cada Conferencia Sectorial, con todos los actores implicados sentados en una mesa, analizarán de qué manera, además, se puede converger en esa mejora de la regulación.

Esta Ley incluye, además, buenas prácticas regulatorias. ¿En qué sentido? Es necesario que futuras leyes y las presentes garanticen el principio de no discriminación: que una Administración no va a exigir más requisitos, por ejemplo en un concurso público, que otra Administración; es decir, que, para poder concursar o acceder a un contrato de una Administración no se le exijan requisitos diferentes a los que esa persona tiene en el lugar de la Administración que es la relativa a su residencia, a su lugar de origen.

Por primera vez, se le da a los administrados, al empresario o al trabajador la posibilidad de poner de manifiesto que existe una quiebra, una vulneración, de unidad de mercado; de protegerle frente a esa discriminación que puede sufrir en un contrato público o frente a esa empresa a la que se le exigen mayores requisitos o certificaciones adicionales. Puede ponerlo de manifiesto en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, cuya creación ya saben que está tramitándose en el Congreso de los Diputados, para que, a través de puntos de contacto en las distintas Administraciones, se trate, de una manera coordinada, de eliminarlo. Si así no fuera, la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia puede acudir a un proceso contencioso-administrativo, que será resuelto de manera sumaria y que puede significar la suspensión automática de ese acto que le está impidiendo ejercer esa libertad empresarial y esa libertad económica que todos tenemos.

Se trata, por tanto, de una norma en beneficio de todos los operadores económicos españoles; que no perjudica a nadie y beneficia a todos, indudablemente a algunos más que a otros. Precisamente, las Comunidades Autónomas más beneficiadas y las Administraciones más beneficiadas serán las que tienen los sectores industriales y el sector servicios más importante. Cataluña, Madrid y el País Vasco suponen el 44,6 por 100 del PIB de la industria española; el 43,7 por 100 del transporte, el comercio y la hostelería, y, en términos generales, el 42,5 del Producto Interior Bruto total a precios básicos de España. Es decir, que, además, beneficia precisamente a los que tienen un mayor sector industrial, un mayor sector comercial, que les permitirá circular libremente por todo el territorio.

También les llamo la atención sobre un elemento de esta norma, que va en disposiciones adicionales y que es importante en los trabajos que estamos haciendo de la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas: la plataforma de contratación del Estado se va a convertir en una plataforma de contratación de todo el sector público, de manera que en esa plataforma se incluirán todas las licitaciones y los resultados de todas las licitaciones de las Administraciones de nuestro país, para que todo el mundo pueda conocer qué necesita contratar cualquier Administración.

Perdónenme que me haya extendido en esta Ley, pero es una ley importante, una reforma importante, que inicia ahora un trámite de informe. Irá a la Conferencia Sectorial de Comercio. Ya hubo un primer contacto con las Comunidades Autónomas en este punto, en los elementos que constituían el borrador del Anteproyecto de Ley, y ahora ya con un texto, se buscará el máximo consenso y acuerdo entre todas para poner en marcha una norma muy importante y muy necesaria, y que, además, puede generar un importante impulso a la credibilidad que nuestro país está ganando y que tiene que seguir ganando.

Muy ligado a esta norma, no por la norma, sino por las tareas que tiene este Gobierno, digamos, como ejes básicos de actuación, es la otra Ley, ya en fase de Proyecto para remitir a Cortes Generales, que hemos aprobado hoy después de haber pasado distintos trámites, que es la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, cuya modificación se ha aprobado. Forma parte de esos principios de simplificación administrativa que constituyen toda la acción del Gobierno y, muy especialmente, de la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas.

Con esta norma, que se envía ahora a Cortes Generales y a las que le pediremos tramitación de urgencia porque hay que cumplir unos plazos comunitarios, trasponemos una Directiva europea sobre emisiones industriales; pero, además, aprovechamos para simplificar el procedimiento, mejorando la protección del medio ambiente.

Se trata de hacer una política más efectiva y más ambiciosa, mediante un tratamiento integrado de prevención y control de la contaminación en aspectos como emisiones a la atmósfera, al agua y al suelo; la gestión de los residuos, la prevención de accidentes y la eficiencia energética; lo que se llama, y ustedes conocen, Autorización Medioambiental Integrada. Permite, además, una mayor simplificación administrativa, porque se han reducido muchos trámites en el procedimiento, sin merma de las garantías, y que, fundamentalmente, permite agilidad en sectores como el industrial.

Aunque la legislación es más exigente desde el punto de vista medioambiental, se introducen mecanismos que facilitarán y agilizarán la autorización o la denegación de la correspondiente autorización a las empresas.

Afecta ni más ni menos que a 6.100 instalaciones industriales, más que la normativa anterior. Ya digo, protege más, pero también es más ágil, más claro el procedimiento, para impedir que aspectos como éste puedan paralizar una actividad que sea perfectamente correcta y compatible con el medio ambiente, como es el caso de las refinerías, cementeras o siderúrgicas. Se reduce el plazo de otorgamiento de la Autorización Medioambiental a nueve meses y se suprime la necesidad de aportar documentos en los procesos de revisión y actualización de la autorización cuando ya han sido aportados; es decir, cumplimos uno de los principios que estamos buscando: no tener que aportar a la Administración documentación que ya obra en su poder. También se ha suprimido el deber de renovación de la autorización, que obligaba cada ocho años ir necesariamente a una renovación, aunque no hubiera habido ningún cambio de circunstancias.

Ya en otro orden de cosas, ya no en el capítulo de leyes, sino de reales decretos y acuerdos, el Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo para la creación del Consorcio Barcelona Capital Mundial del Móvil, conocida como Barcelona Mobile World Capital. Se trata de un convenio de colaboración entre la Administración General del Estado, la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona y la Fundación Barcelona Mobile World Capital. Como saben, en el año 2010, las asociaciones de operadores y empresas de telefonía móvil eligieron Barcelona para celebrar anualmente esta reunión durante el período 2013-2018.

Con la creación del Consorcio cumplimos, por tanto, un compromiso adquirido con otras instituciones participantes y nos dotamos de una herramienta administrativa para el desarrollo de estos congresos. Entre otras cuestiones, el Consorcio se encarga de canalizar los incentivos fiscales a las empresas que participen, exenciones que son posibles porque en los Presupuestos Generales del Estado, precisamente, a este evento se le declaró "acontecimiento excepcional y de interés público". Además, el ministro de Industria ya ha hecho público que se aportará por el Gobierno de España para este período 2013-2018 un total de 30 millones de euros pero, según cálculos del mismo Ministerio de Industria, la capitalidad mundial del móvil supone un impacto sobre la economía de cerca de 3.500 millones de euros para todo ese período. Es decir, lo que suele llamarse como retornos son bastante amplios.

También se ha aprobado el Acuerdo por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo volcánico. El Plan abarca todo el territorio y, en particular, está atento a las necesidades de las Islas Canarias, que es la zona de mayor riesgo volcánico en nuestro país. Ha habido referencias históricas en los últimos quinientos años de erupciones en esa zona; más de veinte. El último episodio, como saben, empezó el 19 de julio de 2011 y se vino produciendo todo ese año, hasta bien entrado 2012.

El Plan, que luego tendrá como complementario un Plan Especial Autonómico, es estatal porque, aunque haya zonas en las que no sean previsibles fenómenos volcánicos, sin embargo, sí se comparten medios y recursos para la gestión de emergencia. Sobre el funcionamiento, se activa por el Ministerio del Interior, se fijan las medidas a adoptar en función de los niveles de emergencia y se regulan muy especialmente los procesos de intercambio, información y seguimiento de los fenómenos, con especial incidencia en la protección civil.

Por último, pongo en su conocimiento un hecho que, aunque afecta a un ciudadano particular, se nos ha pedido información al respecto. El Consejo de Ministros ha acordado que se proceda a la continuación del procedimiento de extradición pasiva, por un segundo delito diferente, solicitada por las autoridades de Serbia de Luka Bojovic. Las autoridades serbias solicitan la ampliación de la extradición pasiva para la ejecución de la sentencia de un Juzgado de Belgrado, esta vez por una condena en rebeldía de una pena de ocho meses de prisión por la comisión de un delito de falsificación.

Es una segunda petición de extradición pasiva; hay una anterior por un delito más grave, que ustedes recordarán. Luka Bojovic es el líder de un clan que estuvo detrás del asesinato, según acredita la documentación enviada por el Gobierno serbio, del primer ministro serbio y forma parte del grupo conocido como "Clan Zemun", continuación del grupo paramilitar serbio de los "Tigres de Arkan". La primera solicitud de extradición se recibió el 9 de marzo de 2012 para el cumplimiento de condena y enjuiciamiento por la comisión de delitos de pertenencia a organización criminal, asesinato y detención ilegal, tenencia ilícita de armas, falsedad de documento público y robo con intimidación.

Esta solicitud está pendiente de pronunciamiento por parte de la Audiencia Nacional y se incorpora esta segunda para el cumplimiento de una condena en rebeldía de ocho meses por falsificación de delito. Lógicamente, por estas dos peticiones, si se dan, la extradición pasiva sería única, se tramitaría de forma conjunta. El reclamado, como ustedes recordarán, fue detenido en Valencia el 10 de febrero de 2012 y tiene decretada prisión provisional por el Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional. Esa información se la damos porque ha sido reclamada por alguno de los presentes, habida cuenta la alarma social que generó el caso.

Doy la palabra a la ministra de Empleo --perdónenme por la larga exposición del día de hoy, era una ley importante-- para que nos explique el Real Decreto Ley sobre el Plan PREPARA y otras medidas de protección social

Sra. Báñez.- Muy buenos días a todos. Como muy bien ha dicho la vicepresidenta del Gobierno, desde el primer momento el Gobierno de Mariano Rajoy tenía un triple objetivo: lo primero, buscar y volver al equilibrio de las cuentas públicas; lo segundo, reformas estructurales como la importante que hoy presenta la Vicepresidenta en el Consejo de Ministros para volver al crecimiento económico creador de empleo; y lo tercero, y no menos importante, apoyar a aquellos más vulnerables en la salida de la crisis, y eso significa apoyar, fundamentalmente, a los parados y a los pensionistas en esta travesía de la salida de la crisis.

Pues bien, en coherencia con ese compromiso del presidente del Gobierno desde el primer momento, hoy el Ministerio de Empleo presenta al Consejo de Ministros un Real Decreto Ley que tiene como objetivo fundamental prorrogar el Plan PREPARA, los 450 euros para aquellos parados de larga duración que no tienen prestaciones y puedan acceder a ese programa de recualificación para el empleo --aquellos que sean parados de larga duración y que tengan mayores responsabilidades familiares, 450 euros; 400 euros para el resto-- y, a su vez, mejorar ese Programa, estableciendo su prórroga automática hasta que la tasa de paro en nuestro país no sea menor del 20 por 100. Por tanto, es una nueva decisión con los parados que adopta este Gobierno en la responsabilidad de apoyar a aquellas personas que más lo necesitan en la salida de la crisis.

El Real Decreto Ley también reconoce la reducción del número de jornales necesarios para acceder al subsidio o la renta agraria en Andalucía y Extremadura, por circunstancias excepcionales, por la bajada en la producción de la aceituna este año por la sequía. La bajada de peonadas será de 35 a 20 para que todos los trabajadores del campo puedan acceder al subsidio, a la renta agraria, como les pertenece. Y también otras medidas urgentes en materia de empleo y de apoyo al empleo.

Me gustaría empezar diciendo que una de las decisiones por las que se ha prorrogado el Plan PREPARA y se ha mejorado con esa prórroga automática en la situación hoy del mercado de trabajo. La situación del mercado de trabajo en España es evidentemente coherente con la situación económica. En España durante 2012 tuvimos el segundo peor año de toda la recesión de los últimos cinco, una caída del -1,3 por 100 de nuestro Producto Interior Bruto. Pero el Gobierno era consciente desde el primer momento de que éste sería un año difícil, doce años de difícil travesía, en términos de empleo y dijo la verdad desde el primer momento, y lo dijo donde lo tenía que decir: al elaborar el cuadro macroeconómico que acompañaba a los Presupuestos Generales del Estado.

Ya dijimos que este año los parados serían más de 670.000; finalmente, según los datos de la EPA de ayer, fueron 694.000. Por tanto, sabíamos que teníamos por delante un año de dura recesión económica; además, teníamos que equilibrar las cuentas públicas, porque nos habíamos encontrado un déficit del 9 por 100, y, aunque empezábamos desde el primer momento a hacer reformas estructurales, éramos conscientes de que se seguiría destruyendo empleo.

También quiero recordar que entre las reformas estructurales que hemos hecho a lo largo de este año una de ellas ha sido la reforma laboral. En esta misma sala les dije a ustedes y a la sociedad española que el objetivo fundamental de la reforma laboral en este año tan duro de recesión --insisto, el segundo peor de los últimos cinco años de crisis-- era frenar el ritmo de destrucción de empleo en ese escenario de recesión y, que cuando volviéramos a crecer, nuestro mercado de trabajo, al ser más flexible, creara empleo y fuera de calidad.

Pues bien, pese a la magnitud de los datos, a esa elevada tasa del 26 por 100, las cifras internas de evaluación de la EPA están poniendo de manifiesto que algo empieza también a cambiar en el mercado de trabajo. Se está empezando a frenar el ritmo de destrucción de empleo mes a mes, trimestre a trimestre, y un gráfico lo demuestra con claridad: la destrucción de empleo ha pasado del 18 por 100 al 13 por 100 después de la aprobación de la reforma laboral. Eso, obviamente, no nos reconforta, porque hay muchos españoles que tienen todavía pocas oportunidades para encontrar un empleo, pero hemos conseguido a frenar la destrucción de puestos de trabajo. En términos de paro registrado, mes a mes, esa destrucción ha pasado del 12 por 100 antes de la reforma laboral al 9 por 100 hoy.

Quiero decir que, pese a los malos datos de desempleo que señala la EPA, durante doce meses, durante 2012, existieron cuatrocientos parados menos al día en España frente a la cifra que día a día se produjo en los cuatro años anteriores de crisis, de 2008 a 2011. Es decir, desde la aprobación de la reforma laboral, durante todo el año 2012, hay cuatrocientos menos parados al día que en los años anteriores a la crisis.

También en el último trimestre, cuando la caída del PIB fue superior a la caída del PIB del año 2011, el desempleo fue 108.000 personas menos que en el año anterior. Y en los dos últimos trimestres de este año, después de la reforma laboral, el paro se ha incrementado en 275.000 personas frente a las casi 440.000 de 2011, cuando sólo tuvimos un trimestre de recesión, que fue el último de 2011.

Quisiera resaltar un dato que es esperanzador: durante los años anteriores a 2012, es decir, durante toda la crisis, entre 2008 y 2011, se destruyeron en nuestro país 625.000 empleos por cuenta propia; este año 2012 es el primero en el que aumenta el empleo autónomo: en 53.300 personas.

Y termino diciendo también que el paro entre los menores de veinticinco años, según la última EPA, ha bajado en 40.000 jóvenes. Para el Gobierno, sin duda ninguna, es una prioridad el empleo pero, sobre todo, el empleo juvenil, porque hoy el 55 por 100 de los jóvenes que quieren trabajar no lo pueden hacer y, por eso, hemos puesto en marcha iniciativas para se pueda volver a crear empleo entre los jóvenes y también estamos trabajando, como alguna vez ya he anunciado, en la puesta en marcha de una Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, que está finalizando el diálogo y la negociación con los agentes sociales, y que esperamos poder traer pronto al Consejo de Ministros.

Lo más importante que ha aportado durante todo este año de dura recesión la reforma laboral, en términos de empleo, a la crisis ha sido la flexibilidad que aporta: que hoy los trabajadores y las empresas puedan tomar decisiones de acuerdo para evitar despidos, decisiones como cambiar las condiciones de trabajo, moderar salarios, producir jornada o suspender contratos. Eso también está empezando a funcionar. El 84 por 100 de todas las medidas colectivas son medidas alternativas al despido. Hoy el despido significa sólo el 16 por 100 de todas las medidas colectivas.

Insisto, no son datos que nos satisfagan cuando hay tantas personas en España que no tienen empleo y tantos jóvenes en España, uno de cada dos, que no tienen oportunidades; pero también hay que analizar en el contexto en el que se ha puesto en marcha una reforma, que es en la recesión, junto con 2009, más grave que hemos vivido en los últimos cinco años.

Y termino diciendo que esta reforma, como la reformas que ha puesto en marcha el Gobierno de Mariano Rajoy durante todo este año, está ayudando a algo fundamental, que es conseguir que vuelva la confianza a España, conseguir que vuelva el crédito internacional a España y conseguir que España sea atractiva para nuevas inversiones. Y pongo como ejemplo el sector del automóvil y la industria en nuestro país. Están empezando a confiar en nosotros, que es sentar las bases de la recuperación de nuestro país.

Como les decía al principio, y entrando en el Real Decreto Ley que hoy hemos aprobado en el Consejo de Ministros, el Plan PREPARA se prorroga en las mismas condiciones que estaba hoy. Su duración, por tanto, seguirá siendo de seis meses. Como decía, la ayuda será de 450 euros para aquellos parados de larga duración que tengan mayores cargas familiares y de 400 euros para el resto. Es, por tanto, una medida importante; es apoyar a aquellos que más lo necesitan en la salida de la crisis y, además, el Gobierno ha mejorado esta decisión renovando automáticamente dicho Programa hasta que el paro no baje del 20 por 100.

Decía que también hemos tomado otra decisión importante en relación con el número de jornales necesarios para acceder al subsidio o a la renta agraria como causa de la bajada de producción este año en el olivar por la sequía.

Después de conocidos los datos del Ministerio de Agricultura y Alimentación, la caída de la producción en el olivar este año ha estado, de media, en el 60 por 100 en Andalucía y Extremadura. Eso hace que los trabajadores del campo tengan dificultad par acceder a las 35 peonadas que necesitan para acceder al subsidio y a la renta agraria. Hemos tenido conversaciones con los agentes sociales, con las organizaciones empresariales y las organizaciones sindicales del campo, y hemos llegado a la conclusión de que era exigible bajar a 20 las peonadas para que ningún trabajador del campo tuviese o perdiese el subsidio o la renta agraria. Esto no supone ningún coste adicional para los Presupuestos, puesto que ya está presupuestada esa cantidad en los Presupuestos Generales de este año. Por tanto, se bajan las peonadas de 35 a 20 para que ningún trabajador del campo se quede sin su subsidio o renta agraria.

En cuanto a otras medidas que también hemos aprobado en este Real Decreto Ley, la primera de ellas es que se mantienen los incentivos a las medidas de flexibilidad internas alternativas al despido. Les decía que están funcionando bien, que son el 84 por 100 de todas las medidas colectivas y las medidas colectivas de suspensión de contratos o de reducción de jornada llevan aparejados incentivos para las empresas y trabajadores: el 50 por 100 de la bonificación de la cotización, y, por otra parte, la reposición de prestaciones en caso de que, finalmente, esta medida suspensiva derive en despido.

Pues bien, con este Real Decreto Ley hemos alargado la duración de esta protección adicional de reposición de las prestaciones para cuando, finalmente, una medida de suspensión acaba en despido, hasta final del año 2013. Por tanto, supongan que una persona tiene derecho a una prestación por desempleo de veinticuatro meses y, si en vez de extinguir el contrato la empresa decide mantener la suspensión del contrato seis meses, cuando acabase esa suspensión, si el trabajador es despedido finalmente, se le reponen esos seis meses de prestaciones y cumpliría los veinticuatro meses de prestación como le correspondería. Por tanto, es un incentivo a que las empresas y los trabajadores alcancen acuerdos y eviten despidos, que es lo que no queremos ninguno de los ciudadanos.

Por último, también se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2013 el plazo para mantener la posibilidad de efectuar contratos para formación y aprendizaje no vinculados a los Certificados de Profesionalidad o títulos de Formación Profesional. De esta forma, la actividad formativa asociada a este tipo de contratos seguirá pudiendo estar constituida por los contenidos mínimos orientativos establecidos en el fichero de Especialidades Formativas del Servicio Público de Empleo Estatal. La formación es esencial para capacitar a nuestros jóvenes para acceder a un empleo y todas las oportunidades que les demos para formarse son pocas, porque hoy un trabajador mejor formado siempre tiene más posibilidad de volver al mercado de trabajo.

Termino, Vicepresidenta, como empecé. La situación económica y social de España es difícil. Hemos sentado durante 2012 las bases de la recuperación, pero nos queda todavía camino por delante y lo que no va a hacer este Gobierno, en ningún caso, es desatender a aquellos que lo están pasando peor y son más vulnerables, que son los parados. Por eso, se ha tomado esta decisión tan importante de renovar y prorrogar el Plan PREPARA, esa ayuda de 450 euros para los parados de larga duración y con mayores cargas familiares, y también establecer esa prórroga automática hasta que la tasa de paro no baje del 20 por 100.

Quiero decir también que con esta decisión el Gobierno, no sólo cumple con su compromiso desde el primer momento, que es el compromiso de Mariano Rajoy, de apoyar a las personas que más lo necesitan en la salida de la crisis, sino también atiende una sugerencia de los agentes sociales, que también han elevado al presidente del Gobierno, de mantener y prorrogar automáticamente el Plan PREPARA. Por tanto, la sociedad española tiene la tranquilidad, la certidumbre, de que la travesía de la salida de la crisis contará con las ayudas adicionales a las personas que más lo necesiten como se comprometió desde el primer día Mariano Rajoy, nuestro presidente del Gobierno.

P.- Yo tenía dos preguntas para la Vicepresidenta y una para la Ministra.

A la Vicepresidenta. Sabemos, de palabras del presidente del Gobierno, que se ha encargado un informe a la Abogacía del Estado; le hablo de la situación en Cataluña. Pero, más allá de si el Gobierno puede o no puede recurrir ante el Tribunal Constitucional, no sé si el Gobierno puede articular algún tipo de respuesta o de medida política ante el desafío. ¿Se puede articular, a la espera de ese informe, algún tipo de respuesta política?

Sobre el mandato del Presidente para que usted misma sondeara a las formaciones políticas para intentar llegar a un pacto contra la corrupción, me gustaría saber cómo ha encontrado la reciprocidad, cómo ha encontrado a los grupos políticos. ¿Considera que puede llegar a un acuerdo? ¿Se van a tomar medidas para la regeneración política, después de los últimos casos de corrupción que hemos conocido?

A la ministra Báñez. Ha hecho usted una referencia a la reforma laboral y nos ha puesto datos encima de la mesa; pero esta semana, después de los datos de la EPA, hemos escuchado a los líderes sindicales, e incluso al Partido Socialista, decir que todo es culpa de la reforma laboral. Me gustaría una contestación; al menos, que nos lo explicara.

Vicepresidenta.- Sobre la primera de sus preguntas, es cierto, yo recibí la instrucción del presidente del Gobierno de, a través del Ministerio de Justicia, solicitar a la Abogacía General del Estado que emitiera un informe con carácter urgente sobre el alcance de la declaración aprobada en el Parlamento catalán y las posibles actuaciones a seguir respecto de la misma.

Respuesta política está teniendo, desde el primer momento, por parte de este Gobierno y en boca de su propio Presidente. Ahora se trata de analizar el alcance que tiene dicha resolución por si, haciendo uso del artículo 151 y siguientes de la Constitución Española, pudiera procederse a su impugnación. Dado que es un asunto jurídico de relevancia, se ha reclamado el informe al propio abogado general del Estado, como superior órgano consultivo del Gobierno, más allá del Consejo de Estado, y estaremos a lo que ese informe, que, como digo, se ha pedido con carácter urgente, señale para poder proceder en una de las vías.

Respecto de la otra cuestión, como ya digo, el propio presidente del Gobierno ya ha dado cumplida respuesta a esa decisión. Yo sólo quiero señalar un aspecto que me parece importante: si hablamos de política y de Derecho, hablaremos también cuando ese informe haga un análisis riguroso y exhaustivo de esa resolución. Es que ha sido aprobada por 85 votos y le recuerdo que simplemente para hacer una modificación de un Estatuto de Autonomía se requieren dos tercios. Es una prueba evidente de que aquí no estamos ante una mayoría de naturaleza excepcional que algunos reclamaban. Lo digo por si quiere una valoración de corte político, como político es decir que esa resolución no se ajusta a las normas y al marco de convivencia que nos hemos dado entre todos, que añade incertidumbre en un momento en que la estabilidad es muy necesaria y que, además, todos tienen que tener presente de que no es el marco europeo en el que nos movemos porque, sencillamente, en otros lugares y en la Unión Europea se avanza hacia la integración, y aquí se pretende recorrer un camino contrario, que de nada sirve.

Por último, en la segunda de sus preguntas me interpelaba por los resultados de las primeras conversaciones. He mantenido ya conversaciones con todos los grupos políticos, aunque tengo también intención de ampliarlas a los partidos que integran esos grupos, por cuanto hay variedad. Yo he visto receptividad por todos ellos. Esto es un procedimiento que se inicia. Yo creo que todos los partidos somos muy conscientes de que tenemos que trabajar juntos, de que esto es un tema de personas, personas que no son honradas, de personas que no se comportan como deben, más allá de las siglas a que podemos pertenecer unos y otros.

Yo creo que hay un camino que tenemos andado, sobre el que yo también me he centrado en esas conversaciones, y es que, por primera vez, hay una Ley de Transparencia; de Transparencia y de Buen Gobierno, que siempre se nos esta parte, pero es una Ley de Buen Gobierno, con comportamientos concretos a quienes accedan a cargos administrativos. Que siempre hemos dicho, y yo lo he oído también en boca de otros portavoces, que puede y debe ser un antídoto frente a la corrupción. Les he pedido, y he mostrado, como ya lo hice al principio de su tramitación, la máxima disposición del Ministerio de la Presidencia, que es, digamos, el titular de esa iniciativa, con el Ministerio de Hacienda, para consensuarla, para abordar las observaciones, las enmiendas o las mejoras que tengan cada uno. Ése es un trecho que está avanzado y en el que podemos construir la primera parte de ese pacto, que es por la transparencia y contra la corrupción.

Sobre el segundo de los puntos, saben que el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales tiene el encargo de elaborar un informe sobre medidas de regeneración democrática. Le hemos pedido que anticipe la parte relativa a la lucha contra la corrupción, a ser posible, en el tiempo más breve, para plantearla a los Grupos, establecer medidas concretas y buscar un acuerdo entre todos. Yo creo que es momento de trabajar para fortalecer nuestras instituciones. Yo creo que las instituciones funcionan, la Fiscalía y los jueces investigan, resuelven y condenan. Ésa es la mejor manera de luchar, porque ése es el sistema; pero, si les podemos dar mejores mecanismos, más herramientas o una respuesta más contundente y más clara, estamos dispuestos a trabajar.

Alguno de los grupos me planteó alguna cuestión concreta y yo, también; pero eso forma parte de las negociaciones, que yo espero que se hagan de una manera constructiva, porque creo que es importante para todos, sobre todo, porque también hay que poner en valor… En todos esos grupos políticos la inmensa mayoría de la gente trabaja, trabaja bien, hace su tarea de la mejor manera posible, está entregada a lo que hace y aquí no pueden pagar justos por pecadores. A todos, la Justicia: a los justos, por lo que hacen y, a los pecadores, si podemos que la Justicia sea lo más rigurosa posible, trabajemos para fortalecer el sistema.

Sra. Báñez.- Le contestaré con un dato que dio, al presentar la reforma laboral este Gobierno, el Banco de España, que entonces lo presidía el gobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez. El Banco de España dijo que, si la reforma laboral del Gobierno de Rajoy, que es la reforma de la flexibilidad, se hubiera puesto en marcha al inicio de la crisis, nos hubiéramos ahorrando un millón de parados. Eso lo dijo el Banco de España.

Yo lo único que le puedo decir es que lo que este Gobierno anunció cuando se presentó es que durante este año de recesión, insisto, el segundo peor año de los últimos cinco de crisis económica, ayudaría a frenar el ritmo de destrucción de empleo. Mes a mes está siendo realidad, porque hemos pasado de un ritmo de destrucción de empleo del 12 por 100 al 9 por 100 hoy. Se lo diré también en media mensual del número de parados: durante los meses de la reforma laboral el número de parados mensual ha sido de 57.600 más; antes de la reforma laboral y durante todos los años de crisis desde 2008 a 2011, el ritmo era de 70.000.

Eso no nos satisface, insisto, porque todavía queda mucha gente que no tiene oportunidades en España; pero sí ha cambiado algo desde la reforma laboral, que es el corazón de la reforma laboral. Son las medidas de flexibilidad que permiten que trabajadores y empresarios busquen alternativas al despido cuando vengan situaciones económicas complicadas, y eso está empezando a pasar. Por eso les daba el dato que antes decía: de las medidas colectivas, el 84 por 100 son medidas de flexibilidad interna: modificación de las condiciones de trabajo, suspensión de contratos o reducción de jornada. Antes que despedir. Y medidas de despido hoy son el 16 por 100. En las medidas colectivas los despidos son el 16 por 100 y antes de la reforma laboral era mucho mayor, eran el 22 por 100. Por tanto, está empezando a funcionar esa flexibilidad.

También quiero resaltar, porque es muy importante, que en ese acuerdo de los agentes sociales, de los empresarios y organizaciones empresariales, con los trabajadores y organizaciones sindicales, se acordó en enero una moderación salarial y otras medidas de flexibilidad interna. Ese acuerdo de los agentes sociales, que fue un acuerdo responsable y muy importante para alcanzar competitividad en nuestro país, junto a las medidas de modificación y de reforma laboral, está suponiendo que se frene la destrucción de empleo, porque las medidas alternativas al despido están funcionando.

Lo que no puede hacer ninguna reforma laboral es pretender crear empleo en una recesión tan importante como ésta del 1,3 por 100. Insisto, la situación económica es muy difícil, hemos pasado un año muy difícil de recesión económica y los datos de empleo son coherentes con esa dura situación económica.

P.- Vicepresidenta, yo le quería preguntar, al hilo del pacto contra la corrupción, si usted cree que ese pacto, en caso de que se alcance, va a ser suficiente para combatir el descrédito que tiene ahora mismo la clase política ante la sociedad.

Después, a la ministra de Empleo le quería preguntar cuándo calcula el Gobierno o sabe el Gobierno cuándo alcanzaremos esa tasa del 20 por 100; de cuándo, aproximadamente, podríamos estar hablando.

Finalmente, quería preguntarle por la preocupación que ha manifestado Merkel en torno al paro juvenil en España. ¿Usted cree que va a ser necesario tomar nuevas medidas?

Vicepresidenta.- Sobre la primera de sus preguntas, si ese pacto es suficiente, yo creo que es necesario; pero, indudablemente, hay que hacer muchas cosas.

En este trabajo contra ese descrédito del que usted me habla es fundamental la ejemplaridad de los comportamientos individuales, y yo lo he dicho muchas veces en esta mesa.

Yo creo que es importante trabajar para fortalecer las instituciones y, por eso, hemos pedido ese informe sobre la regeneración democrática. Creo que es muy importante, además, que sepamos conectar con los problemas y las necesidades que tienen los ciudadanos; eso también forma parte de nuestra tarea. Creo que uno de los elementos que influyen en ese descrédito es cuando muchas veces es nos ve, o a veces se nos ve, concentrados en otras cosas que no es lo que la gente vive en sus casas. Pero, indudablemente, el sistema tiene que pasar por un sistema en el que individualmente haya comportamientos ejemplares.

Por tanto, yo creo que es necesario, pero la suficiencia vendrá de que sea también una implicación individual. Mucha gente la tiene porque, ya digo que, a nivel individual, la inmensa mayoría de los políticos de cualquier grupo procuran hacerlo de la mejor manera posible.

Creo que entre todos tenemos que erradicar del sistema a los que no lo hacen, que generan un gran perjuicio para todos, los de dentro y los de fuera de la política, y yo creo que siempre hay que estar revisando las leyes para ver si podemos ser más eficaces y podemos anticiparnos a algunas cuestiones. Creo que ese trabajo tiene que ser compartido y es muy importante que en esta tarea el Gobierno y los grupos políticos vayan de la mano, porque no es una cosa que solo preocupe a un partido o a otro, o al Gobierno o a una Administración. Creo que nos implica a todos los que estamos y respetamos y queremos fortalecer el sistema democrático.

Sra. Báñez.- En cuanto a la primera de sus preguntas, el Gobierno trabaja cada día, y va a seguir, con esa agenda reformista. Hoy aprobamos una nueva reforma, como es la Ley de Unidad de Mercado, para volver cuanto antes a ese crecimiento económico creador de empleo, que es lo que todos deseamos, y no hacemos previsiones más allá. Trabajamos cada día en cambiar las cosas y en volver cuanto antes a ese crecimiento económico creador de empleo.

Como he dicho al principio, la tasa de paro juvenil en España es muy elevada, uno de cada dos jóvenes no tienen oportunidades, y ha sido desde el principio la gran preocupación de este Gobierno. Por eso, ya lo hicimos en la reforma laboral, apostando por nuevas fórmulas de contratación que incentivaran el contratar a jóvenes. Y, por eso, una de las figuras más importantes de las nuevas fórmulas de contratación de la reforma laboral fue el contrato indefinido de apoyo a emprendedores, que está funcionando pese a la recesión económica. Ha acabado el año con 82.238 nuevos contratos indefinidos de emprendedores y la suerte que tenemos es que la mitad de ellos han sido cerrados con jóvenes. Es decir, los incentivos a la contratación juvenil a través de ese contrato están funcionando.

También hemos buscado nuevas fórmulas de contratación para apostar por la formación de nuestros jóvenes, porque Eurostat señala que en España es uno de los países donde hay más "ninis", más jóvenes que no tienen ni formación ni empleo. Por tanto, hemos mejorado las fórmulas de contratación, como ese contrato para la formación y el aprendizaje, que es uno de los caminos de la formación dual en España, que ha supuesto desde la reforma laboral un incremento del 10 por 100 de la contratación. Hay durante 2012 600.589 nuevos contratos de formación y aprendizaje, y lo más importante es que el 63 por 100 de esos contratos se han producido con jóvenes sin estudios previos. Por tanto, los jóvenes se están formando para volver al mercado de trabajo.

De igual manera, el contrato a tiempo parcial, que permite compatibilizar a los jóvenes un empleo y su formación, también ha subido desde la reforma laboral un 25 por 100.

Por tanto, hemos mejorado las fórmulas de contratación para darles más oportunidades a los jóvenes y para darles más oportunidades de formación, y también, como les decía al principio, estamos trabajando desde hace meses en esa Estrategia Española de Emprendimiento y Empleo Joven. La estamos dialogando y acordando con las organizaciones sindicales y empresariales, va muy avanzado el documento y espero que pronto podamos presentar en un Consejo de Ministros esa Estrategia que ayudará a la empleabilidad de los jóvenes, apostará también por fórmulas de autoempleo para los jóvenes, por el emprendimiento y también mejorará el acceso de los jóvenes en condiciones de igualdad al marcado de trabajo.

Estamos haciendo esa Estrategia en coordinación con las políticas europeas. Tendrá y compartirá recursos nacionales y del Fondo Social Europeo, y está en la línea de lo que hoy la Comisión Europea pide a todos los Estados de esa garantía juvenil y de esas políticas para los jóvenes, para que les demos más oportunidades.

Por tanto, este Gobierno no para de trabajar desde el inicio en nuevas medidas y en nuevas reformas para darles oportunidades a aquellos que peor lo tienen hoy en el mercado de trabajo, que son los jóvenes, con esa alta tasa de desempleo del 55 por 100.

P.- Vicepresidenta, tengo dos preguntas para usted. Una es sobre la unidad de mercado y quería saber si el Ejecutivo teme una reacción adversa de las Comunidades Autónomas por temor a que suponga un recorte en sus competencias.

En segundo lugar, esta semana se ha conocido que Cataluña cerró 2012 con un déficit del 2,3 por 100. Quería saber si el Ejecutivo tiene previsto tomar alguna medida de las que están incluidas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Vicepresidenta.- A la segunda de sus preguntas, directamente, el Gobierno lo que hace es cumplir la Ley y examinar la ejecución de los planes de ajuste, sus cumplimientos o incumplimientos y proceder conforme a lo que la propia normativa establece.

Sobre el asunto de la unidad de mercado, esta Ley de Unidad de Mercado no es una ley de armonización, ni es una ley de recentralización de competencias. Esta norma lo que opera es de la siguiente manera: por ejemplo, usted me pregunta por Comunidades Autónomas y una Comunidad Autónoma tiene competencia sobre determinadas materias y fija en su territorio qué requisitos o qué elementos tiene que tener una empresa, por ejemplo, para tener una determinada licencia. Eso va a seguir haciéndolo, aunque ya le he dicho que vamos a trabajar por la vía de la coordinación para prácticas regulatorias buenas para todas, de común acuerdo. Pero lo que se hace es: esa empresa, que en su Comunidad Autónoma tiene una licencia, se va a otra Comunidad Autónoma que tiene que reconocer que esa licencia, que da la otra Comunidad Autónoma en ejercicio de sus competencias, es correcta, porque es un principio de confianza mutua, y con ella opera.

Fíjese, más que afectar a las competencias en negativo, les afecta en positivo, porque aquella Comunidad Autónoma que con una buena regulación tiene muchas empresas y quiere que operen fuera, con su licencia, con su mecanismo, con sus requisitos, van a poder hacerlo.

El Estado no dice cuáles tienen que ser o dejar de ser, sólo dice: si usted fabrica un producto con unas especificaciones técnicas en una Comunidad Autónoma con arreglo a su normativa, el resto de las Administraciones confiamos en que esa normativa es correcta y aceptamos lo que de allí venga. Nadie le dice a nadie cómo lo tiene que hacer, pero se acepta, por un principio de confianza mutua entre Administraciones, que eso está bien hecho y le sirve para operar.

Precisamente, no sé si está pensando en algunas de las Comunidades Autónomas que yo de entrada le he dicho. Esto no perjudica a nadie, no se mete en las competencias de nadie, ¿y a quién beneficia más? A los que tienen un mayor sector industrial, sector comercial, etc., etc. ¿Por qué? Porque, si tienen más empresas constituidas legalmente, fabricando productos legalmente y actuando normalmente, con arreglo a las normas de esa Comunidad Autónoma, no podrá llegar otra Comunidad Autónoma u otra Administración y decirle: "mira, no; aquí para operar empresa de la Comunidad Autónoma equis, te vamos a pedir más cosas o cosas más diferentes, o no te vamos a dejar operar".

Esta norma es en beneficio de todos: de los empresarios, de los trabajadores, de las inversiones extranjeras, de toda esa gente que lo que quiere es hacer su trabajo de la manera más ágil posible y no perder --y le doy un dato-- en cargas administrativas un 4,6 por 100 del Producto Interior Bruto. Esto se va en cargas administrativas y con esta norma las reduciremos un 35 por 100. ¿A quién beneficia? Al que soporta la carga administrativa, llámese trabajador, empresa, profesional liberal, etc., etc.

Por eso, yo pido a todos que veamos esto con unos ojos muy diferentes, porque aquí no le estamos diciendo a nadie cómo tiene que regular, sin perjuicio de que se fomentarán las buenas prácticas por la coordinación, sino que lo que estamos diciendo es: si esto es un sistema democrático en el que hay un reparto de competencias; en el que usted --Comunidad Autónoma, Administración del Estado o Corporación Local--, en uso de sus competencias constitucionalmente reconocidas, regula una cosa, y eso está bien, ninguna otra Administración puede pedirle a este señor que trabaja en su Comunidad Autónoma con normalidad, más cosas. Habrá supuestos tasados de orden de interés público que se verán; pero, con carácter general, no se le puede pedir más u otra cosa distinta porque, si para usted está bien, yo confío en lo que usted hace y usted confía en lo que hago yo. Y, como todos somos muy respetuosos con nuestras competencias, el que a uno le da una autorización, el otro se la reconoce.

P.- Yo tengo un par de preguntas para la ministra de Empleo. En primer lugar, casi seis meses después de la prórroga que llevaron a cabo en agosto del Programa PREPARA, ¿puede darnos algunos datos? Si no la evaluación completa del Programa, sí algunos datos de cuántas solicitudes ha habido, cuántas de estas solicitudes se han aceptado, cuántos beneficiarios son jóvenes y cuántos beneficiarios están cobrando 450 euros y cuántos los 400 euros.

En segundo lugar, ¿en qué condiciones se prorroga el Programa PREPARA? ¿Son exactamente las mismas que hasta ahora? ¿Los requisitos son los mismos que se pusieron en agosto?

Luego, ¿el Gobierno está estudiando alguna medida para las personas que ya no cobran ningún tipo de prestación y que en algún momento se beneficiaron del Plan PREPARA y que ya no pueden volver a hacerlo, porque es uno de los requisitos del Plan PREPARA: que no puede acceder a él quien ya lo ha cobrado alguna vez?

Sra. Báñez.- Lo que le puedo decir sobre la mejora que estableció el Gobierno en la prórroga de agosto, de subir a 450 euros para aquellos que estuviesen parados de larga duración, con mayores responsabilidades familiares, de lo que llevamos de Plan PREPARA, que no ha finalizado, como les decía al principio, es que uno de cada cuatro está recibiendo esos 450 euros.

Hoy casi el 84 por 100 de los beneficiarios no lleva más de tres meses en el Programa desde la última prórroga y, por tanto, los datos que tenemos son bastante parciales; pero sí decir que a lo largo de 2012 se han beneficiado del Plan PREPARA 300.000 personas. Nosotros estimamos que pueden ser los mismos beneficiarios el año próximo.

El Programa está funcionando bien. Las Comunidades Autónomas, a las que les hemos pedido un esfuerzo en los itinerarios personalizados para recalificar a estas personas, están actuando de forma muy coordinada y muy colaboradora con el Gobierno.

Sobre esa petición que también nos han hecho las organizaciones sociales y las organizaciones sindicales, estamos estudiando ese tramo de personas que tiene entre treinta y cincuenta años, muchas de las cuales son ya parados de larga duración, para analizar los niveles de protección que tienen y la situación en la que están hoy; pero seguimos trabajando en un dialogo abierto con las organizaciones sindicales y empresariales para ver cómo damos oportunidades a esta gente a través de los programas de formación y de recualificación que ya tenemos, para mejorarlos si hiciera falta, y estudiar, siempre por supuesto, alternativas en el futuro.

Pero, de momento, quiero decir que el Programa está funcionando y está funcionando bien. Además, quiero resaltar que uno de cada cuatro que participan en el Programa obtiene los 450 euros, porque se trata de un parado de larga duración con responsabilidades familiares.

P.- Vicepresidenta, respecto a ese posible recurso a la declaración soberanista de parte del Parlamento catalán, ¿qué les diría a los nacionalistas que interpretan como una agresión la mera posibilidad de plantear el recurso? Por otro lado, ¿qué les diría a quienes, porque también hay otras voces, que indican que el Gobierno contemporiza al estudiar el recurso y creen que debería presentarse ya?

Además, ¿nos puede indicar cuáles son los puntos en litigio, es decir, la disputa jurídica o cuál es la discusión de fondo que hay entre presentarlo o no? ¿Cuándo podríamos ver ese informe, si en una semana, más, menos…?

Vicepresidenta.- Si me permite, hago una respuesta conjunta porque van muy ligadas sus dos preguntas.

En primer lugar, yo lo que les diría a todos es que este Gobierno tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes, y muy especialmente la Constitución, que es la Ley de Leyes. A nadie, desde luego, se le puede pedir que deje de cumplir la Constitución o que haga dejación de sus funciones de hacerla cumplir, porque son las reglas del juego. La Constitución no la ha inventado este Gobierno; la Constitución nos la hemos dado todos los españoles, es de todos y yo no puedo dejar de aplicar o contemporizar con lo que es la Ley de todos.

Pero, indudablemente, la declaración se produjo el pasado miércoles, ha habido cambios respecto a la inicial y este Gobierno tiene un excelente servicio jurídico, a quien corresponde el análisis del alcance para poder fundamentar un recurso, en su caso, más ajustado a Derecho. Por eso se le ha requerido con carácter urgente. Lo que hemos pedido a la Abogacía General del Estado es que, a pesar de la trascendencia del tema, lo haga en el plazo más breve para poder ser examinada en Consejo de Ministros y por el presidente del Gobierno, que es a quien le corresponde el ejercicio, en su caso, de la acción.

Indudablemente, se analizarán todos los aspectos de esa declaración, aunque usted conoce, como yo, algunas expresiones de la misma que, en su relación con el artículo 2 y concordantes de la Constitución, es lo que, indudablemente, tiene un mayor interés en su análisis.

P.- Vicepresidenta, yo quería preguntarle sobre la Ley de Unidad de Mercado, porque nosotros hemos visto algunos borradores de la Ley t en uno de los primeros se limitaba la discriminación lingüística en los contratos públicos; pero en el último que hemos visto, no. Entonces, nos gustaría saber si eso va a ser también uno de los asuntos que, al final, se ha incluido en la Ley o no; si la discriminación lingüística, a la hora de tener un contrato público, la Ley la recoge o no.

Después, aunque es verdad que usted nos lo ha explicado como si fuera la ministra de Economía, nos gustaría saber por qué el ministro Guindos no ha presentado este Anteproyecto, que es uno de los estrellas de su Departamento. Yo no sé si es por algo particular o por qué no se le ha esperado para que se presente.

También, con el tema del Plan PREPARA España es uno de los países en el que durante más tiempo un parado puede estar cobrando una prestación de paro; es verdad que esto es un colchón necesario para los parados. Pero, ¿para cuándo una reforma integral de los Servicios Públicos de Empleo, que yo creo que es uno de los asuntos pendientes? Por lo menos, los expertos es lo que están diciendo: que no funcionan.

Vicepresidenta.- Voy a empezar por la segunda de sus preguntas, porque la anécdota a la altura del viernes sirve también para relajarse. El ministro de Economía, como bien saben, está en Davos, esta Ley la vimos en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos y, por supuesto, en la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios, y yo les pregunté al presidente del Gobierno y al ministro de Economía: "¿qué hago? ¿espero o no?". Dijeron: "no, no; está cerrada. Cuanto antes se tramite, mejor". Me dijo el ministro de Economía que confiaba en mis explicaciones pero, no obstante, para completarlas, esta tarde hay un " briefing" en el Ministerio de Economía. O sea, que esperamos que sea todo cumplido.

Me preguntaba por esa parte… Ésta es una Ley de Unidad de Mercado, con rango de ley ordinaria, y esta Ley lo que no puede entrar es a modificar algunas cuestiones que están reguladas en normas de naturaleza orgánica, como pueden ser Estatutos de Autonomía, y su propia regulación e interpretación por las sentencias de los Tribunales.

No obstante, en este tema esto hay que situarlo en otro contexto, que también es importante a efectos de regulación, y es que la normativa europea es quien está asumiendo, digamos, la regulación de esos requisitos a los que usted hacía referencia en el ámbito europeo. Por ejemplo, por normativa europea, el Reglamento 1.169/2011, los productos agroalimentarios tienen que estar etiquetados en el idioma oficial de la Unión Europea de cada país. Es decir que, voluntariamente, alguien puede, pero no se puede exigir. Es la Unión Europea la que está avanzando en este ámbito y, habida cuenta el carácter normativo de esta norma, que, como digo, es ordinaria y que, en todo caso, tendría un problema a la hora de jerarquía de normas y de competencia en su contenido respecto a esto, entendemos que la fórmula tiene que ser la que ahora hacemos.

Ésta es una ley que va mucho más allá de eso. Esto, indudablemente, es un aspecto, pero esta Ley va mucho más allá y en el ámbito europeo se está avanzando, y mucho, en esa regulación, que, además, dado nuestro ingreso en la Unión Europea y la obligatoriedad de esas normas más por vía reglamentaria, el asunto de la jerarquía normativa influye, como usted sabe, de otra manera.

Sra. Báñez.- Con respecto a las preguntas que me ha dirigido, le diré que este Gobierno ya actuó con responsabilidad en julio de 2012, haciendo una racionalización, estudio y reforma de todas las prestaciones y subsidios para incentivar la búsqueda de empleo y mejorar la búsqueda de empleo de cada uno de los parados de este país. En el mismo sentido, hemos apoyado siempre a aquellas personas que están paradas que están pasando más dificultades, porque llevan más tiempo en el desempleo o tienen mayores cargas familiares; y, como ejemplo de eso, la decisión de hoy de volver a renovar y a prorrogar el Plan PREPARA de los 450 euros; y, además, establecer su prórroga automática hasta que la tasa de paro no baje del 20 por 100, porque este Gobierno está comprometido en apoyar a aquellas personas más vulnerables en la salida de la crisis.

También se adoptó una medida importante en la reforma laboral, que es la primera vez en España en que se sumaba a la colaboración pública la colaboración privada en la búsqueda de empleo. Cuando decidimos en esa Ley que las empresas de trabajo temporal pudieran actuar como agencias de colocación, colaborando con los servicios públicos de las Comunidades Autónomas y con el Servicio Público Estatal en la búsqueda de empleo, porque mejorar la empleabilidad de los trabajadores ha sido siempre una de las prioridades de este Gobierno y de este Ministerio. Por eso hoy a los esfuerzos de los Servicios Públicos de Empleo se suman los esfuerzos de esas agencias privadas de colocación que ayudan y colaboran, insisto, con las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus competencias, y con el Servicio Público de Empleo Estatal también en la suya.

P.- Tenía un par de preguntas, una para cada una de ustedes. En primer lugar, a la ministra de Empleo, porque usted ha hecho una lectura positiva de los efectos de la reforma laboral pero, teniendo en cuenta que el Gobierno del Partido Popular lleva un año gobernando, y a la vista de los datos que se conocieron ayer, con casi seis millones de personas en el paro, quería saber si el Gobierno hace alguna lectura autocrítica de esa reforma laboral que está permitiendo despidos y rebajas salariales en empresas con beneficios.

En segundo lugar, a la Vicepresidenta. Quería saber si el Gobierno comparte la decisión del Banco de España de pedir a los Bancos que reduzcan a la mitad los intereses que pagan por los depósitos que tienen los ciudadanos y, según algunas informaciones, eso puede suponer un ahorro de hasta diez mil millones para las entidades. Quería saber si tiene datos, si eso es así y si comparte esa decisión.

En último lugar, también para la Vicepresidenta. Ayer el ministro del Interior dijo que se han tomado medidas tras el indulto que se concedió al conductor kamikaze. Quería saber si nos puede explicar cuáles son esas medidas.

Sra. Báñez.- El Gobierno ha actuado desde el primer momento con total honestidad para hacer un relato de la realidad creíble y verdadero. O sea, nosotros hemos dicho la verdad desde el primer momento. Hemos dicho que el año 2012 era un año de dura recesión económica, insisto, el segundo peor año de los cinco años que llevamos de crisis, y que, por tanto, el empleo no se podía comportar bien. Lo que hemos dicho, y lo hemos dicho en los Presupuestos Generales del Estado, que es el gran instrumento de política económica en España, es que se iban a destruir más de 670.000 empleos. Eso, que habría más de 670. 000 parados, lo hemos dicho cuando presentamos los Presupuestos en las Cortes Generales y lo anunciamos a todos los españoles. Lo dijimos porque, pese al esfuerzo que ha hecho este Gobierno en su agenda reformista y pese a todas las reformas que se han puesto en marcha para volver cuanto antes a esa senda de recuperación económica, la recesión económica iba a hacer que se siguiera destruyendo empleo.

Insisto, el análisis que hago de la reforma laboral lo hago desde la total honestidad. Dijimos que serviría para frenar el ritmo de destrucción de empleo y los datos que he dado esta mañana ponen de manifiesto que está empezando a ser así. El ritmo de destrucción de empleo, mes a mes, se está frenando, pasando del 12 al 9 por 100 después de la aprobación de la reforma. E insisto en lo más importante: el objetivo de este Gobierno es que el despido no fuera la única alternativa que tuvieran empresas y trabajadores en las situaciones de crisis; que la flexibilidad, que es el corazón de la reforma laboral, fuera la protagonista de este año. Y quiero volver a resaltar que, con responsabilidad, empresas y trabajadores se están poniendo de acuerdo para mejorar las condiciones de trabajo, para reducir jornada, moderar salarios o suspender contratos. Todo antes que despedir a ningún trabajador y eso viene desde la reforma laboral.

También les he dicho que la flexibilidad está siendo puesta como ejemplo dentro y fuera de España por los organismos internacionales, porque es el gran instrumento que tienen hoy en nuestro país las empresas y los trabajadores para superar la crisis, y está siendo clave en la atracción de inversión extranjera en nuestro país. Ya lo he dicho: en concreto en el sector del automóvil, ahí están los planes de Renault, Iveco, Ford… Muchas empresas automovilísticas se están instalando en nuestro país gracias a la flexibilidad que aportan la reforma laboral y la confianza que, con el resto de las reformas económicas como la que hoy se presenta en nuestro país, está adquiriendo España en estos momentos tan difíciles de la crisis.

Vicepresidenta.- En cuanto a la segunda de sus preguntas en relación al Banco de España, hay una clara delimitación competencial entre qué le corresponde al Gobierno y qué le corresponde al Banco de España, y yo no puedo entrar a valorar decisiones de otra institución del Estado. No dispongo de esos datos. Me imagino que en el propio Banco de España podrán suministrárselos, si los tienen.

Sobre las medidas de indulto, como ya ayer les dijo el propio ministro de Interior, afectan a deliberaciones del Consejo de Ministros y yo soy tanto o más escrupulosa en la aplicación que me corresponde de guardar el debido secreto.

P.- Vicepresidenta, habla usted del pacto contra la corrupción que ha empezado a negociar. Yo quería preguntarle de qué propuestas concretas parte el Gobierno, si se trata de reformas legales o compromisos entre los partidos políticos. ¿Nos puede precisar un poquito más?

Ha hablado también usted de la Ley de Transparencia. Le quería preguntar si el Gobierno es partidario de rectificar alguno de los puntos del Proyecto de Ley, en el sentido de incluir a partidos políticos o a instituciones como la Casa Real o las Cortes.

Le quería preguntar también si cree que contribuye a la imagen de lucha contra la corrupción el que alguien imputado en un proceso como el de "Gürtel" --me refiero al ex consejero López Viejo-- se haya acogido a la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno.

Y, respecto a los indultos, le quería preguntar si nos puede precisar si ha habido o si va a haber algún cambio de criterios en el Gobierno. No le pido que nos cuente las deliberaciones, pero sí si, dnicio, si va a haber algún cambio de criterio en el Gobierno.

Vicepresidenta.- Sobre el primero de los puntos que me pregunta, si en el Pacto por la Transparencia y contra la Corrupción habrá medidas legales o de acuerdo, el Gobierno está trabajando ambos terrenos; pero también le digo, y muy especialmente, reformas de naturaleza legal en distintos ámbitos del ordenamiento jurídico. Ésa es la tarea que tiene encomendada el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, y, ya le digo, será completa en ese sentido.

Sobre la Ley de Transparencia, yo he dicho, de entrada, que nosotros estamos dispuestos a analizar las peticiones de los distintos partidos políticos y Grupos Parlamentarios en relación a esta Ley. Yo misma he mantenido conversaciones con todos los Grupos y reuniones con el principal partido de la oposición sobre este punto.

En cuanto a los partidos políticos, en una pregunta parlamentaria yo misma contesté que, indudablemente, el Gobierno lo que ha hecho es una Ley de Transparencia de las Administraciones Públicas, que es lo que nos corresponde. Los partidos políticos y los Grupos Parlamentarios hicieron una modificación importante en materia de partidos hace pocas fechas, en la que hubo un acuerdo en que se avanzó en ese terreno de la transparencia; pero nosotros, si hay acuerdo, desde luego, entre partidos, bienvenido sea para ampliar esos elementos, sin ningún tipo de problemas.

Sobre el aspecto que me preguntaba en relación a la Corona, como usted sabe, el Convenio que regula y del que trae causa la Ley de Transparencia, precisamente, lo que establece es la no obligatoriedad de las Casas Reales de estar sujetas a esta norma, y no lo están algunas de las más importantes de la Unión Europea.

Sobre el asunto que me preguntaba de la regularización fiscal, yo he dicho con anterioridad en esta mesa, para cualquier partido, que el Gobierno, y en concreto yo, que soy su Vicepresidenta y Portavoz, yo no tengo datos ni puedo dar datos personales de cualquiera. Pero, si yo no he leído mal su propio medio de comunicación, y me atengo a lo que dice, porque yo lo que he conocido es lo que he leído de ustedes, se sometió a una regularización de las llamadas "ordinarias". Pero, ya digo, no lo sé; es lo que yo he leído en su periódico. Yo no sé si se ha sometido a la regularización fiscal extraordinaria, pero en su diario leí que era la ordinaria, que, como saben, es un mecanismo que existe con carácter general y desde hace muchísimo tiempo en la Ley General Tributaria y en los correspondientes procedimientos de inspección y gestión tributarias.

Sobre los indultos, como conocen, la Ley de Indultos en España es de 1870. Ha tenido pocas modificaciones desde esa fecha. Las más importantes las ha operado la Constitución al impedir amnistías generales e indultos de naturaleza general. Las amnistías tienen que ser por Ley y los indultos de naturaleza general están prohibidos en nuestra legislación, a diferencia de otras legislaciones. Y ha operado así a lo largo de todos estos años.

Indudablemente, siempre, con todos los Ejecutivos ha habido indultos, más o menos polémicos; yo no voy a hacer referencia a eso. Y, desde luego, no puedo tampoco trasladar deliberaciones del Consejo de Ministros; pero en el ánimo de todos está el aplicar la Ley de la mejor manera posible, buscando la equidad. Sabe que en el origen del indulto está la máxima "summun ius summa iniuria", tratando de evitar… Y a veces lo piden los Tribunales. De hecho, hoy todos los indultos que aprobamos tienen un informe favorable de ambos, del Ministerio Fiscal o del tribunal sentenciador, o de uno y otro. Tratan de evitar, en ocasiones, aspectos en los que la aplicación de la Ley, por las circunstancias especiales del caso o porque todavía no ha habido una adaptación legal o una modernización legal, causan al penado un perjuicio que se considera excesivo. Lo que procuraremos es hacer una gestión y un análisis mucho más riguroso, si cabe, de los procesos.

P.- Para la Vicepresidenta. Yo no sé si el Gobierno ha calibrado hasta qué punto los casos de corrupción están deshaciendo el camino hacia la confianza en España por parte de Europa, que presuntamente han construido las medidas económicas. No sé si eso lo han tanteado. Me parece que la desconfianza desde Bruselas se estaba incrementando, sobre todo, en la última semana.

En el ámbito interno, esta mañana hay miembros del PP que han llegado a decir --me parece que ha sido Mayor Oreja-- que el daño que ha hecho el "caso Bárcenas" a la confianza de los españoles es de difícil o imposible restitución. No sé si tiene algo que decir al respecto.

Quería saber, insistiendo un poco en una pregunta anterior sobre la concreción de las medidas que se puedan adoptar, si el Gobierno tiene pensado proponer que se endurezcan las condenas a los políticos de forma ejemplarizante por corrupción, incrementando de forma exponencial, por ejemplo, las penas de cárcel.

Y una última pregunta. Respecto al nombramiento de Goioaga como senador, el presidente del Gobierno creo que acaba de decir desde Chile que le parece muy mal; pero quisiera saber si pueden, si van a hacer o si quieren hacer algo para impedir ese nombramiento de la propuesta de Bildu.

Vicepresidenta.- Sobre este último punto, yo creo que el presidente del Gobierno ha sido muy claro y muy tajante. La Fiscalía ha interpuesto la correspondiente denuncia. Sabe que es el órgano al que le corresponde hacerlo y tendrá la máxima colaboración del Gobierno y, en especial, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que esa denuncia llegue a buen puerto, porque consideramos que quien tiene que ejercer funciones de carácter político en ningún caso puede estar en las condiciones en las que estaba el señor Goioaga y en las relaciones que tenía, como así acredita la denuncia planteada por el Ministerio Fiscal; en las relaciones y a lo que se dedicaba en relación con los presos de ETA.

Sobre las tres preguntas anteriores, yo creo que siempre este Gobierno --y desde el principio, no en este caso-- hemos hablado de que es necesaria la adecuada estabilidad institucional y de que es necesario el fortalecimiento de las instituciones al completo, y en las reformas que estamos llevando a cabo tratamos de trabajar en esa línea.

Indudablemente, estos casos afectan a la visión de un país que, quizá, oculta lo que es también la realidad diaria del funcionamiento de todas las Administraciones en España. Lógicamente, se conocen determinados casos y tienen mucha repercusión, y quizás lo que no se conoce es el funcionamiento normal de tantas Administraciones --estatal, autonómica y local-- que trabajan legalmente, que cumplen la Ley y que hacen el trabajo lo mejor posible. Éste es un Estado moderno, pero que funciona; que ha sabido, a lo largo de estos más de treinta años, construir el Estado de las Autonomías, que ha generado mucho bienestar, y yo creo que estamos en los parámetros, digamos, de funcionamiento y de cumplimiento de la Ley del conjunto de los países de nuestro entorno.

¿Indudablemente hay que reforzarlo? Sin ningún género de dudas; si no, no estaríamos trabajando en ese Pacto por el que me pregunta. Pero yo también quiero diferenciar ese funcionamiento normal de muchas instituciones, que lo hacen bien, y de gente que trabaja bien. Aquí no pueden padecer, como digo, unos las responsabilidades de otros. Indudablemente, hay que depurarlas y hasta sus últimas consecuencias, en la aplicación rigurosa y estricta de la Ley a todo el que cometa este tipo de conductas. Si tenemos que fortalecer la Ley, ser mucho más rigurosos, ser mucho más ágiles y ser mucho más efectivos, desde luego, este Gobierno lo va a impulsar y en eso es en lo que estamos trabajando.

Pero en este país, quiero dejarlo muy claro, las instituciones funcionan. Es un país serio que está haciendo reformas, que las están avalando muchos organismos internacionales y que así se ve, y me remito al día de hoy, en la prensa internacional. Que se hacen cosas, que todas las Administraciones están tratando de responder a la crisis y que, probablemente, podamos hacer más y mucho mejor. Que la corrupción claro que perjudica y lo que tenemos que hacer es erradicarla; pero también tenemos que saber que ésta es una democracia fuerte, con Tribunales que funcionan, con una Fiscalía que funciona, con una Agencia Tributaria que funciona, con unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que saben investigar, y bien; y que, si hay que darles más medios desde el Gobierno y desde las Cortes para que así sea, así lo haremos.

Muchísimas gracias.