El Gobierno presenta la futura Ley de Coordinación y Gobernanza de la Ciberseguridad

La Moncloa, Madrid

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha presentado el anteproyecto de Ley de Coordinación y Gobernanza de la Seguridad, a propuesta de su departamento y los ministerios de Defensa y para la Transformación Digital y de la Función Pública.

La norma se tramitará por el procedimiento de urgencia y recabará los informes preceptivos de distintos organismos y el dictamen del Consejo de Estado antes de que el Consejo de Ministros apruebe su remisión a las Cortes para su debate parlamentario.

El titular de Interior ha destacado que "la cantidad, la magnitud, la sofisticación, la frecuencia y los efectos de los incidentes de naturaleza cibernética representan una grave amenaza para el funcionamiento de las redes y los sistemas de información". Además, pueden llegar a perturbar las actividades económicas, mermar la confianza de los usuarios y ocasionar grandes daños a la economía, la sociedad y a la seguridad nacional, por lo que se requiere de un esfuerzo permanente para hacerles frente.

El objetivo de la futura ley, según ha indicado el ministro, es "mejorar nuestra preparación en materia de seguridad", e incorporar al ordenamiento jurídico nacional la normativa europea destinada a garantizar "un elevado nivel común de ciberseguridad en el conjunto de los países miembros de la Unión".

Las normas de ciberseguridad que se implantarán afectarán a las entidades públicas y privadas que tengan su residencia fiscal en España y a aquellas que tengan su residencia fiscal en otro Estado de la Unión Europea, pero desarrollen su actividad u ofrezcan sus servicios en nuestro país.

En ambos casos, según ha explicado Grande-Marlaska, estas entidades deberán estar encuadradas en sectores considerados de alta criticidad para el normal funcionamiento del país: energía, transporte, banca y mercados financieros, sanitario, agua, infraestructuras digitales y servicios tecnológicos, entidades de la administración pública e industria nuclear. Otros servicios de menos criticidad también recogidos en la futura ley son los servicios postales y de mensajería, la gestión de residuos, la producción, transformación y distribución de alimentos; los proveedores de servicios digitales; la investigación científica y la seguridad privada.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El ministro ha avanzado que las entidades deberán realizar una evaluación individualizada de su riesgo y poner en marcha actuaciones para garantizar y elevar los niveles de seguridad de sus redes y sistemas de información y prevenir el riesgo de incidentes. Además, estarán obligadas a notificar los incidentes significativos que tengan al operar o prestar servicios, tanto si son suyos como si pertenecen a proveedores externos. Asimismo, deberán comunicar a los destinatarios de sus servicios cualquier ciberamenaza que les pueda afectar y las medidas o soluciones a aplicar como respuesta.

Centro Nacional de Ciberseguridad

Respecto al modelo de gobernanza de este esquema institucional de ciberseguridad, se creará el Centro Nacional de Ciberseguridad, órgano que se encargará de la dirección, impulso y coordinación del mecanismo y será la autoridad de gestión de las crisis de ciberseguridad que puedan producirse.

Además, la norma recoge las autoridades de control encargadas de las funciones de supervisión y ejecución del mecanismo de ciberseguridad: la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad de la Secretaría de Estado de Seguridad; el Centro Criptológico Nacional del Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales y la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.

Estos órganos de control velarán por el cumplimiento de los estándares, guías, especificaciones e instrucciones técnicas de ciberseguridad y realizará las comprobaciones, inspecciones, pruebas y revisiones necesarias para comprobar las medidas de seguridad.

Abordaje integral de la gestión de la vivienda pública

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha presentado en el Consejo de Ministros un informe sobre la gestión pública de vivienda en 2024 y las previsiones para el primer semestre de 2025.

Rodríguez ha destacado que si la Entidad Estatal de Suelo (SEPES) estaba desarrollando 10 actuaciones al comienzo de 2024, la cantidad había ascendido al final de ese año a 29, concretadas en 15.500 viviendas y un presupuesto superior a los 1.500 millones de euros. Además, en la última reunión del Consejo de Ministros de 2024 se regularon los alquileres de corta duración, se simplificó la Ley de Contratos del Sector Público para impulsar la vivienda pública y se mantuvieron las bonificaciones en el IRPF por rehabilitación.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

En cuanto a las iniciativas que se llevarán a cabo en 2025, la ministra ha asegurado que la incorporación de 2 millones de metros cuadrados de suelos residenciales y más de 3.000 viviendas de titularidad estatal a la recién creada empresa pública de vivienda permitirá un abordaje integral de esta política. De esta manera, la nueva entidad podrá encargarse de todo el proceso, desde la puesta a disposición del suelo y su urbanización hasta la entrega de las llaves y la gestión de esas viviendas para el alquiler asequible.

La empresa pública de vivienda también va a incorporar las viviendas con las que actualmente cuenta la SAREB, la gestora de los activos inmobiliarios procedentes del saneamiento del sector financiero. En los próximos seis meses, el Ejecutivo elaborará, además, un plan estratégico de la entidad pública y creará un "portal de gestión transparente" para la demanda de esas viviendas por parte de la ciudadanía.

Entre los planes del Ministerio, figura igualmente el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Vivienda, anunciado ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el fin de impulsar la innovación, la agilidad y la sostenibilidad en la construcción de viviendas.

Garantizar el mandato constitucional y evitar la especulación

La meta -ha indicado Rodríguez- es aprovechar todos los recursos de la Administración General del Estado para facilitar el acceso a una vivienda digna y asequible y garantizar el mandato constitucional. La ministra ha subrayado también la importancia de "blindar" el parque público de vivienda para que el "esfuerzo sin precedentes" del Ejecutivo en este ámbito "sirva para siempre" y se impida la especulación.

Como ejemplo de la política "determinada e integral" del Gobierno, Isabel Rodríguez ha señalado el desbloqueo de la 'Operación Campamento', que permitirá construir en unos terrenos que pertenecían al Ministerio de Defensa más de 10.700 viviendas "cien por cien asequibles". El Ministerio está pendiente de que culmine la autorización de la iniciativa urbanística por el Ayuntamiento de Madrid. En febrero podrían comenzar ya los trabajos de urbanización de este "barrio completo, con criterios de sostenibilidad", según ha dicho la ministra, quien ha apuntado que, además, está pendiente de firma un convenio que responderá a la demanda vecinal de soterramiento de la autovía A-5 y lo extenderá al nuevo barrio.

La titular de Vivienda ha sostenido que, "a lo largo de la legislatura", se verán los efectos de las políticas del Ejecutivo ante un problema que afecta a "miles y miles de españoles y españolas, especialmente a los más jóvenes". Rodríguez ha reclamado la "colaboración leal de todas las administraciones públicas, comunidades autónomas y ayuntamientos" y "el acompañamiento del sector" para construir la vivienda necesaria para atender a la oferta.

Declaración de la Real Casa de Correos como 'Lugar de Memoria'

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha informado de que el Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo para responder al requerimiento de incompetencia formulado por la Comunidad de Madrid sobre la declaración de Lugar de Memoria Democrática del edificio de la Presidencia autonómica, la Real Casa de Correos.

Tal y como ha explicado la portavoz del Gobierno, el Ejecutivo responde que "no hay vulneración ni invasión de competencias en la declaración como Lugar de Memoria" y mantiene, por tanto, el expediente para la declaración. Alegría ha subrayado en este punto que, según la propia Ley de Memoria Democrática, el uso institucional y de servicio público que la Real Casa de Correos tiene actualmente es compatible con la declaración, que "conlleva, entre otras cosas, sencillamente la colocación de una placa en la fachada para recordar a las personas que allí fueron detenidas y maltratadas en la dictadura franquista".

Durante dicho período el edificio de la Real Casa de Correos albergó la denominada Dirección General de Seguridad, que desempeñó un papel central en la represión política y social: en sus sótanos, miles de personas detenidas fueron interrogadas y sometidas a tortura por motivos políticos e ideológicos.