El Gobierno aprueba la ley de prevención del consumo de alcohol en menores

La Moncloa, Madrid

El Consejo de Ministros ha aprobado remitir a las Cortes, para su tramitación parlamentaria, el Proyecto de Ley de prevención del consumo de bebidas alcohólicas y de sus efectos en las personas menores de edad, norma que aborda de manera integral este asunto.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha concretado que se trata de una legislación estatal pionera que armoniza las leyes existentes en la materia en el territorio, incluye medidas nuevas, responde a una preocupación social que hay que abordar de manera urgente y viene respaldada por las recomendaciones de una comisión parlamentaria.

Los datos de la última Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES), reflejan que el alcohol es la sustancia psicoactiva de consumo más generalizado entre estudiantes de 14 y 18 años. Además, según ha remarcado la ministra, el 93% afirma que, a pesar de las restricciones existentes, el acceso a las bebidas alcohólicas en supermercados, tiendas y bares es casi libre.

Mónica García ha explicado que los objetivos de la ley son prevenir el consumo de alcohol en menores de edad y protegerlos de sus efectos, crear entornos seguros y saludables para la infancia y la adolescencia y dotar de herramientas eficaces a los sectores que trabajan con estos colectivos para promover hábitos saludables. "La evidencia científica es clara: no existe una cantidad segura de alcohol de cualquier tipo que no implique un impacto negativo en la salud. Beber alcohol de forma moderada no aporta ningún beneficio a la salud", ha remarcado la ministra.

Principales medidas de la futura ley

La ministra de Sanidad, Mónica García, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros | Pool Moncloa/José Manuel Álvarez

La titular de Sanidad ha avanzado tres ámbitos concretos de actuación de la norma: la prevención en el consumo, su regulación y la regulación de la publicidad.

El consumo de alcohol queda prohibido para los menores de edad, así como para todas las personas en los espacios donde la presencia de menores sea mayoritaria, como centros educativos, deportivos o de ocio.

La ley prohíbe la venta y exposición de bebidas alcohólicas en establecimientos que están destinados principalmente a menores, como puedan ser jugueterías que también vendan alimentos o bebidas, ha apuntado Mónica García. Además, la ministra ha indicado que las máquinas de autoservicio deberán contar con mecanismos que impidan la adquisición de bebidas a menores y no podrán instalarse en la vía pública o en espacios en los que esté prohibida la venta y consumo de bebidas alcohólicas.

En cuanto a la publicidad, la ministra ha resaltado que se prohíbe la publicidad de alcohol dirigida a menores, así como aquella que use imágenes, mensajes o términos que minimicen sus riesgos para la salud y los asocien con la infancia o la juventud. Se prohíbe el patrocinio de bebidas alcohólicas y de empresas en los espacios públicos dirigidos a menores y en las actividades formativas para profesionales de la sanidad, de la enseñanza, del deporte o de los servicios de infancia y juventud.

Se prohíbe, también, el emplazamiento de cualquier tipo de comunicación comercial, incluida la publicidad, en la vía pública en un radio de 150 metros de centros educativos, sanitarios, sociosanitarios, parques y lugares de ocio infantil. Esta medida tendrá efectos a partir de un año después de la publicación de la ley.

Evitar los riesgos de un mal uso de la Inteligencia Artificial

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/José Manuel Álvarez

El Consejo de Ministros ha abordado el anteproyecto de ley de gobernanza de la Inteligencia Artificial, que adapta a la legislación española el reglamento europeo sobre esta materia.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha destacado que la economía española podría crecer un 8% solo mediante la aplicación de la Inteligencia Artificial durante los próximos 10 años. Además, ha apuntado que, según las propias compañías tecnológicas, el Gobierno de España es líder en la implementación y el impulso de la Inteligencia Artificial.

El ministro ha recordado que el Ejecutivo puso en marcha en 2020 una estrategia para que la Inteligencia Artificial favoreciera el crecimiento y el bienestar de la ciudadanía. Se trata de una herramienta -ha añadido López- que puede usarse para investigar enfermedades o prevenir catástrofes naturales, por ejemplo, pero también para "difundir bulos, mentiras y esparcir odio".

Entre los logros de esa estrategia, Óscar López ha citado el Centro de Supercomputación de Barcelona; la puesta en marcha de una familia de modelos de lenguaje entrenados en español y demás lenguas cooficiales; la transferencia de 223 millones de euros a las comunidades autónomas para impulsar la Inteligencia Artificial en el sector público, y las inversiones estratégicas de la Sociedad Española de Transformación Tecnológica en sectores de colaboración público-privada.

Otro beneficio de esa estrategia, según ha subrayado el ministro, es el impulso de los derechos digitales. España ha sido el primer país en aprobar una Carta de Derechos Digitales y también en poner en marcha un Observatorio de Derechos Digitales y una Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA).

Prácticas prohibidas y sanciones

El anteproyecto de ley completa la regulación de los servicios digitales y los medios de comunicación presentada recientemente por el Ejecutivo. La futura norma protege los derechos digitales frente a un uso negativo de la Inteligencia Artificial, identificando prácticas prohibidas y sistemas de alto riesgo, según ha resumido el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública.

Entre las prácticas prohibidas en el ámbito de la Inteligencia Artificial figuran el uso de técnicas subliminales para manipular las decisiones, por ejemplo, mediante un 'chatbot' que identifique a usuarios con adicción al juego y les incite a jugar en Internet. También se sancionará explotar las vulnerabilidades relacionadas con la edad o una discapacidad, por ejemplo, a través de un juguete infantil que anime a completar retos que acaben provocando lesiones graves. La norma prohíbe igualmente clasificar de forma biométrica a las personas en espacios públicos, salvo las excepciones motivadas por razones de seguridad en ámbitos como el de defensa o interior.

Las sanciones previstas para estas prácticas oscilan entre los 7,5 y los 35 millones de euros o entre el 2% y el 7% del negocio mundial de la empresa que haya incumplido la ley. La autoridad que perseguirá estas conductas será la Agencia Española de Protección de Datos en lo relativo a los sistemas biométricos; el Consejo General del Poder Judicial para el campo de la justicia, la Junta Electoral Central para lo que afecte a procesos democráticos, y la AESIA en el resto de casos.

Obligación de identificar las imágenes generadas con IA

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/José Manuel Álvarez

Por otra parte, el proyecto de ley identifica los sistemas de Inteligencia Artificial de alto riesgo, que deben cumplir una serie de obligaciones, como disponer de un sistema de gestión de riesgos y de supervisión humana. En este apartado se incluyen ciertas prácticas en los productos industriales, los juguetes, los equipos radioeléctricos o productos sanitarios, así como sistemas relacionados con infraestructuras críticas, educación y formación profesional, empleos, servicios bancarios y prestaciones públicas esenciales, entre otros. Las infracciones graves se sancionarán con entre 500.000 y 7,5 millones de euros o entre el 1% y el 2% del volumen del negocio mundial de la compañía.

Óscar López ha indicado que también se considerará una infracción grave no cumplir con la obligación de etiquetar o identificar correctamente cualquier imagen, audio o vídeo generado o manipulado con Inteligencia Artificial en el que se muestren personas reales o inexistentes diciendo o haciendo cosas que nunca han dicho o hecho. Todos los ciudadanos -ha manifestado- pueden "ser víctimas de una suplantación para que se les vea en un contexto falso, diciendo cosas falsas y haciendo cosas que no han pasado".

El reglamento europeo adaptado por el anteproyecto de ley obliga a establecer un entorno controlado de pruebas para facilitar la validación de los sistemas de Inteligencia Artificial antes de su comercialización o puesta en servicio. España, según ha remarcado el ministro, ya cuenta con esa herramienta para que las empresas puedan testar "tranquilamente" cómo se aplica la regulación de la Inteligencia Artificial y cómo les afecta en su día a día.

Día mundial de los derechos de las personas consumidoras

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/José Manuel Álvarez

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha informado de que el Consejo de Ministros ha aprobado una declaración institucional en el marco del Día mundial de los derechos de las personas consumidoras, que se celebra el próximo 15 de marzo. De acuerdo con Alegría, con esta declaración, en la que cobra especial relevancia la protección del consumidor en el entorno digital, "el Gobierno muestra un nuevo compromiso con los derechos de las personas consumidoras".

Concretamente, el texto recoge la voluntad del Ejecutivo de que la personalización de precios con algoritmos respete los derechos fundamentales, así como el objetivo de garantizar que la ciudadanía tenga derecho a conocer cómo es el perfilado que se les hace en la red, a controlar o denegar el uso de estos perfiles por parte de las empresas y a que no se les oferten servicios ni productos no solicitados.

Otros asuntos de actualidad: aniversario 11M y agenda del presidente

La ministra de Sanidad, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, y el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, explican los acuerdos adoptados por el Ejecutivo en la sala de prensa. | Pool Moncloa/José Manuel Álvarez

La portavoz del Gobierno ha comenzado la rueda de prensa con un mensaje de recuerdo a las víctimas del atentado terrorista del 11 de marzo de 2004 en Madrid, del que se cumplen 21 años, "el atentado más grave que se ha sufrido en nuestro país".

Un total de 192 personas fallecieron y más de 1.800 resultaron heridas y, a ellas, la ministra ha trasladado palabras de "recuerdo" y "homenaje", en una fecha en la que, además, se celebra el Día Europeo en recuerdo a las víctimas del terrorismo. "Queremos trasladarles, en nombre del Gobierno de España, todo nuestro cariño", ha subrayado.

Por otra parte, Pilar Alegría se ha referido a la agenda internacional del presidente del Gobierno, que esta semana continuará la ronda de contactos para abordar la situación en Ucrania con reuniones con los primeros ministros de Finlandia y Luxemburgo. Pedro Sánchez mantendrá un encuentro, además, con la presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño.

"El presidente ha mantenido numerosas e importantes reuniones con distintos líderes europeos en Kyiv, París, Bruselas y Londres, porque España está jugando un papel activo y protagonista en esa búsqueda de la paz, una paz justa y duradera para Ucrania y también para Europa", ha señalado Alegría, que ha avanzado que tras el próximo Consejo Europeo, que se celebrará los días 20 y 21 de marzo, el presidente comparecerá en el Congreso de los Diputados para explicar todo lo abordado en estos encuentros.