El Gobierno avanza en la protección de los derechos digitales y en la creación de un registro de medios de comunicación

La Moncloa, Madrid

El Consejo de Ministros ha analizado el anteproyecto de Ley para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y medios de comunicación, que adaptará la normativa española a la legislación europea en la materia. En concreto, el Reglamento Europeo de Servicios Digitales y el Reglamento el Reglamento Europeo sobre la libertad de los medios de comunicación. La futura norma se enmarca dentro de las actuaciones del Gobierno incluidas en el Plan de Acción por la Democracia.

El ministro para la Transformación Digital y para la Función Pública, Óscar López, ha avanzado que, en breve, el Ejecutivo también adaptará la directiva europea en materia de regulación de la inteligencia artificial para completar un "paradigma de protección no solamente de derechos fundamentales, como establece la Constitución, sino de derechos digitales".

A este respecto, Óscar López ha recordado que España fue el primer país en aprobar una Carta de Derechos Digitales, sobre la que se inspiró Europa para elaborar la Carta Europea de Derechos Digitales.

Espacio digital seguro

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/José Manuel Álvarez

La futura ley, según ha detallado el ministro, designa a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como organismo coordinador de servicios digitales, para lo que reforzará sus competencias de control, supervisión, inspección y sanción sobre las plataformas digitales.

La CNMC velará para que los proveedores de servicios digitales cumplan la ley, ha apuntado el ministro, por ejemplo, obligándoles a que dispongan de un canal para que los usuarios puedan denunciar contenidos ilícitos. Además, se les exigirá transparencia sobre los criterios de recomendación del algoritmo y sobre la publicidad presente en sus plataformas. La norma también garantizará que el portal de entrada a cualquier servicio digital sea comprensible para el usuario y no dé lugar a manipulación o engaños. En este sentido, protegerá a los consumidores cuando realizan contratos 'on line' y combatirá prácticas de desinformación o de alto riesgo, como la manipulación electoral o el uso de la inteligencia artificial para suplantar la identidad de una persona.

En este contexto, el ministro ha recordado que el reglamento europeo de inteligencia artificial ya obliga a los creadores de audio o video que identifiquen como tal un contenido generado por inteligencia artificial si tiene carácter de "ultrasuplantación" (deepfake).

Registro público de medios de comunicación

Óscar López también ha anticipado de que se creará un registro estatal de medios de comunicación para avanzar en la transparencia acerca de su propiedad, de sus vías de financiación y de la publicidad institucional que reciben. Los medios deberán mantener actualizada esta información en el registro, que dependerá de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

La futura norma, ha concluido el ministro, "refuerza los derechos de todos los ciudadanos y mucho más en un contexto como el actual, donde hemos visto retrocesos, por ejemplo, el sistema de verificación, en redes sociales, en medios de comunicación".

Avances contra las violencias machistas y las brechas de género

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/José Manuel Álvarez

El Consejo de Ministros ha abordado en su reunión el informe "Más derechos, más feminismo, más democracia: un año de avances en igualdad", que recoge las medidas adoptadas por el Ejecutivo y los progresos alcanzados. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha reiterado el compromiso del Gobierno en este ámbito y ha defendido que el informe refleja las prioridades del Gobierno en la lucha contra todas las desigualdades y las discriminaciones.

Lucha contra la violencia de género

Ana Redondo ha destacado la evolución positiva de la lucha contra la violencia machista, iniciada con la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, cuyo vigésimo aniversario se ha celebrado recientemente. Si en 2003 se registraron 74 víctimas mortales, en 2024 fueron 48 las mujeres asesinadas. "Cada asesinato de una mujer es un fracaso colectivo y nos interpela como democracia, pero es importante también rescatar la esperanza", ha sostenido.

Entre las medidas adoptadas en el último año, la ministra ha señalado la puesta en marcha del sistema VioGén 2, que mejora la coordinación en el seguimiento integral de los casos de violencia de género. Además, ha resaltado la próxima aprobación en el Congreso de los Diputados, previsiblemente con un consenso muy amplio, de la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que incorpora 461 nuevas medidas.

En cuanto a los avances frente a la violencia sexual, la titular de Igualdad se ha referido a la ampliación de los derechos económicos de las víctimas, el aumento de los puntos de apoyo e información a las víctimas (conocidos como Puntos Violeta) y la apertura de 54 centros de crisis que funcionan las 24 horas del día. Respecto a estos centros, que constituían un compromiso del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, este año debe establecerse una cartera mínima de servicios conjunta y común en todo el territorio nacional.

Reducción de las brechas de género

La reducción de las brechas de género es otra prioridad del Ejecutivo. Ana Redondo ha apuntado que el informe definitivo del Observatorio de Igualdad de la Unión Europea sitúa a España en el cuarto puesto en el índice de igualdad con 76,7 puntos, frente a la media europea de 71. "Ir achicando las brechas laborales y retributivas da buenos resultados a la economía, ahí están los resultados de 2024", ha indicado.

En concreto, la brecha salarial entre hombres y mujeres se está reduciendo gracias a medidas como el incremento del Salario Mínimo Interprofesional -el 60% de los perceptores son mujeres-, el aumento de las pensiones, los permisos de paternidad y maternidad retribuidos y los planes de igualdad que se exigen a las empresas. En 2024 se alcanzó el récord de mujeres cotizantes, con más de 10 millones, y la brecha retributiva bajó 6,8 puntos.

Respecto a la "brecha de representación", la ministra ha reconocido que sigue "muy presente" en las empresas, tanto en las grandes compañías que cotizan en bolsa como en las medianas y pequeñas. Por ese motivo, el Gobierno va a poner "especial énfasis" en la Ley de Paridad que se aprobó en 2024 y tiene que implementarse este año. Un dato positivo en este terreno es que ya son 157 las compañías que cuentan con el distintivo de igualdad.

Redondo ha afirmado que al Ejecutivo también le preocupa especialmente la brecha de los cuidados, que trunca la carrera profesional de muchas mujeres. Entre las iniciativas desarrolladas para evitar esa discriminación, la ministra ha mencionado el Plan Corresponsables, dotado en 2024 con más de 190 millones de euros, que ha permitido poner en marcha más de 2.000 proyectos relacionados con la conciliación y los cuidados en los tres últimos años.

La titular de Igualdad ha remarcado, por último, la voluntad del Ejecutivo de liderar no solo las políticas de igualdad, sino también una "alianza global" frente al negacionismo de la violencia de género que demuestre que las políticas de igualdad son rentables social y democráticamente y también desde el punto de vista económico.

Refuerzo de la protección de los consumidores con acciones colectivas

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/José Manuel Álvarez

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha informado de que el Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a Cortes del proyecto de Ley de acciones colectivas para la protección y la defensa de los derechos y los intereses de los consumidores y usuarios.

Tal y como ha explicado Alegría, se trata una reforma impulsada por los ministerios de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 con el objetivo de "reforzar la protección a los consumidores" a través de las acciones colectivas.

Para ello, la nueva norma permitirá que las reclamaciones contra una persona física o jurídica puedan hacerse, de manera colectiva, a través de una entidad legalmente habilitada para la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios. "Estamos hablando de asociaciones de consumidores u órganos de la Administración, tanto estatal y autonómica, como local", ha apuntado la ministra.

Protocolo del Convenio Europeo de Derechos Humanos y ayudas internacionales

La portavoz del Gobierno ha destacado también que el Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a Cortes del acuerdo para la firma del Protocolo 16 al Convenio Europeo de Derechos Humanos, un protocolo que permite a los Altos Tribunales de los Estados miembros solicitar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos la emisión de consultas y opiniones.

"Esto permitirá fortalecer el diálogo entre la justicia española y la justicia europea y, además, nos ayudará a avanzar en nuestro compromiso con la protección de los Derechos Humanos como eje vertebrador de nuestra política exterior", ha señalado Alegría.

También en el ámbito de Asuntos Exteriores, el Consejo de Ministros ha aprobado el reparto de 34 millones de euros a organizaciones y programas de carácter internacional, entre las que la ministra ha citado al Comité Internacional de Cruz Roja, ACNUR o Naciones Unidas.

Asistencia sanitaria a los funcionarios en el exterior

Durante su intervención en la rueda de prensa, el titular de Transformación Digital y Función Pública ha subrayado que la entidad Nueva Mutua Sanitaria ha sido propuesta como adjudicataria para prestar la asistencia sanitaria de MUFACE a más de 8.000 los funcionarios destinados en el exterior.