El Gobierno aprueba el reconocimiento del Estado de Palestina

La Moncloa, Madrid

El Consejo de Ministros ha aprobado el reconocimiento del Estado de Palestina, una decisión que el titular de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha calificado de "hito histórico". Es un día -ha manifestado- "en el que nuestro país dice que ante el sufrimiento no es posible la indiferencia y que es posible la paz, la solidaridad, el compromiso y la confianza en la humanidad".

El ministro ha argumentado que es un acto de justicia con el pueblo palestino, una medida imprescindible para garantizar a Israel la seguridad que demanda legítimamente y el único camino viable hacia la paz en la región: "El pueblo palestino tiene derecho a un futuro de esperanza, del mismo modo que el pueblo de Israel tiene derecho a un futuro de paz y de seguridad. Y, tras tantas décadas de dolor y enfrentamiento, sabemos que no puede haber lo uno sin lo otro".

La convivencia de dos estados, única solución al conflicto

José Manuel Albares ha asegurado que toda la comunidad internacional, incluyendo a israelíes y palestinos, sabe que la solución al conflicto en Oriente Próximo pasa por la existencia de dos Estados, Israel y Palestina, conviviendo en paz y seguridad. Tras reconocer hoy España, Noruega e Irlanda al Estado de Palestina, ya son 146 los países que comparten esa postura. "Y muy pronto otros como Eslovenia, que lo hará este jueves, se sumarán a nosotros: una amplísima mayoría de la comunidad internacional", ha afirmado.

El titular de Exteriores ha expuesto que el reconocimiento refleja el "sentir de la sociedad española", que es pacífica, cree en el derecho internacional y mantiene vínculos estrechos con todos los pueblos mediterráneos. La decisión -ha añadido- recoge también la voluntad del Parlamento español, que el 18 de noviembre de 2014 aprobó una proposición no de ley a favor del reconocimiento de Palestina como Estado independiente, y es coherente con la posición que ha mantenido el Ejecutivo. En este sentido, Albares ha recordado que el pasado 10 de mayo España patrocinó y votó, junto a otros 142 países, a favor de que Palestina sea miembro de pleno derecho de Naciones Unidas.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares | Foto:Pool Moncloa /Borja Puig de la Bellacasa

Sobre la oportunidad de la medida, Albares ha recalcado que "no podemos esperar más" para adoptarla porque desde los ataques terroristas contra Israel del pasado 7 de octubre ha habido más víctimas que en todos los brotes de violencia anteriores. Igualmente, ha apuntado que se trata del problema más antiguo sin resolver de todos a los que se ha enfrentado Naciones Unidas. "Cientos de miles de personas, niños, niñas y familias enteras están en este mismo momento en el que hablo privadas de alimento, de agua, de medicinas, de alojamiento y, sobre todo, temen por sus vidas", ha dicho Albares, quien ha agregado que más de 100 rehenes siguen en manos de Hamas y que "la violencia se ha llevado la vida de 1.200 israelíes, entre ellos dos compatriotas, y de más de 35.000 palestinos".

El reconocimiento es el inicio del camino hacia la paz, ha sostenido Albares, quien ha subrayado el compromiso del Gobierno de seguir avanzando por esa vía con iniciativas como la celebración de una conferencia internacional de paz, "tan pronto como sea posible tras el cese de la violencia". Más de 80 países ya se han sumado a esta propuesta española. En el corto plazo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibirá mañana en La Moncloa a responsables de Exteriores de varios países de Oriente Próximo.

Efectos inmediatos del reconocimiento

Respecto a las consecuencias prácticas de la decisión, el ministro ha precisado que "implica reconocer a Palestina como sujeto de derecho internacional a todos los efectos" y "desde esta misma mañana, en el momento en el que se produjo". España ya tenía establecidas relaciones diplomáticas con Palestina, que cuenta con una misión en Madrid, y las relaciones diplomáticas con los palestinos seguirán realizándose a través de los diplomáticos del Consulado de España en Jerusalén, según ha informado.

Preguntado por la reacción del ministro de Exteriores de Israel, Albares ha dicho que ha acordado con sus colegas de Irlanda y Noruega, "que están también recibiendo ataques", "dar una respuesta coordinada, serena y firme". En relación con la "amenaza" de impedir a los diplomáticos españoles los contactos con el pueblo y las autoridades palestinas, el ministro ha señalado que la están estudiando la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio y todo el equipo encargado de las relaciones con Oriente Próximo. "Hay unos privilegios y unas inmunidades que España respeta escrupulosamente con todos los países del mundo, con sus embajadas y consulados, y exigimos en base al derecho internacional el mismo respeto", ha indicado.

Lo esencial -ha afirmado Albares- es lograr el alto el fuego, la entrada de ayuda humanitaria y la liberación de los rehenes, así como apoyar al Tribunal Internacional de Justicia en su exigencia a Israel de medidas cautelares en Gaza, especialmente el cese de la operación militar en Rafah. En este sentido, ha detallado que ayer los 27 ministros de Exteriores de la Unión Europea decidieron por unanimidad convocar, en el marco del Acuerdo de Asociación con Israel, a su colega israelí para que ofrezca las explicaciones oportunas; en caso de que Israel no aplique la decisión del Tribunal Internacional de Justicia, se podrán adoptar las medidas que proponga el Alto Representante de la UE.

Recurso de inconstitucionalidad contra la derogación de la Ley de memoria democrática de Aragón

El Consejo de Ministros ha acordado solicitar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la totalidad de la Ley 1/2024 que deroga la Ley 14/2018, de memoria democrática de Aragón. Una vez admitido a trámite por el Tribunal Constitucional, se suspenderá la eficacia de la ley impugnada en su conjunto.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. | Foto:Pool Moncloa /Borja Puig de la Bellacasa

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha recordado que esta ley se publicó en el Boletín Oficial de Aragón el 29 de febrero. El Gobierno analizó un informe sobre el desarrollo de la Ley de Memoria Democrática y su incidencia en las comunidades autónomas el 2 de abril, que reflejaba que la norma aprobada por el Gobierno de Aragón para derogar su ley autonómica de memoria democrática de 2018 vulnera los principios del derecho internacional público en la materia, de las resoluciones de Naciones Unidas y de todos los convenios internacionales suscritos por España. Además, invade las competencias del Estado.

El Ejecutivo también abordó el 7 de mayo un informe sobre el cumplimiento de los estándares internacionales en derechos humanos sobre memoria histórica, tras recibir el 3 de mayo una comunicación de los relatores de la Organización de Naciones Unidas acerca de las iniciativas legislativas en la materia impulsadas por las comunidades autónomas de Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León. El texto de los relatores insta al Estado español a que adopte todas las medidas necesarias para garantizar el estricto respeto a los estándares internacionales de derechos humanos en materia de preservación de la memoria histórica.

El Ejecutivo activó entonces el mecanismo de diálogo que establece la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para abordar con el Gobierno de Aragón la fórmula para que su texto regresara al ámbito constitucional.

Ángel Víctor Torres ha señalado que el Ejecutivo de Aragón comunicó por escrito que rechazaba la invitación del Gobierno al diálogo y al acuerdo: "El Gobierno de España ha querido hablar, ha querido negociar y sentarse con el de Aragón, que ha dicho no".

El ministro ha explicado que, una vez solicitado dictamen al Consejo de Estado, el Consejo de Ministros aprueba hoy, con su aval, la interposición del recurso contra el conjunto de la ley de Aragón por vulneración competencial y del principio de colaboración con el Estado por parte de esa comunidad, y por vulneración de los artículos 10 y 15 de la Constitución.

Torres ha reiterado que la nueva ley de Aragón retira las señales de los campos de concentración y los lugares de memoria, elimina el mapa de fosas comunes y el reconocimiento y reparación a las víctimas del sistema educativo. Además, dificulta las actividades de las asociaciones memorialistas y la transparencia a través de las páginas web.

El Gobierno considera, pues, que el incumplimiento de la ley estatal de memoria democrática deriva en un incumplimiento con la dignidad de las víctimas y su integridad moral garantizadas por la Constitución. "Por defender el deber de memoria, la reparación de las víctimas, la no repetición, la verdad, para impedir que nadie reescriba la historia intentando blanquear la dictadura franquista, recurrimos a la Constitución y acudiremos adonde sea preciso para defender los derechos humanos y el derecho internacional", ha remarcado.

Proyecto de Ley de Seguros de Automóviles y subvención para sindicatos

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. | Foto:Pool Moncloa /Borja Puig de la Bellacasa

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha informado de que el Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley de Seguros de Automóviles, una norma que pretende mejorar la cobertura, indemnizaciones y seguridad de las víctimas de accidentes.

El proyecto normativo, que se remitirá ahora al Congreso para su tramitación parlamentaria, amplía el conjunto de vehículos que deben disponer de seguro obligatorio de responsabilidad civil, incluyendo a vehículos agrícolas e industriales, además de los vehículos de movilidad personal. Además, se incluye por primera vez la obligación de contar con un seguro de responsabilidad para los propietarios de patinetes eléctricos y establece la creación de un registro de este tipo de vehículos ligeros.

La norma introduce también mejoras en las indemnizaciones a las víctimas y lo hace a través de procedimientos más ágiles en la valoración y el pago, así como con el aumento de la cuantía de las indemnizaciones. En este sentido, los importes de las coberturas se actualizarán conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC) y se incrementan o se amplían algunos supuestos indemnizatorios para mejorar la cobertura de los afectados, como es el caso de las personas dedicadas a las tareas del hogar de la unidad familiar.

Finalmente, Alegría ha informado de la autorización en el Consejo de Ministros de una convocatoria de subvención de 17 millones de euros para organizaciones sindicales, una dotación que se distribuirá -según criterios de representatividad- entre 74 organizaciones.