El Gobierno refuerza con 96 millones de euros la apuesta por la ciencia y la innovación

La Moncloa, Madrid

El Consejo de Ministros ha aprobado dos convocatorias que suman casi 100 millones de euros para financiar la ciencia, dentro de la apuesta del Gobierno por lograr un país más productivo y democrático a través del conocimiento, según la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant.

Está demostrado científicamente -ha dicho Morant- que los países con cotas más elevadas y mejor financiación de la investigación y la innovación presentan también mayores índices de desarrollo, bienestar y democracia. Los avances científicos "se trasladan a soluciones para la ciudadanía como las vacunas, los medicamentos, energías limpias y sistemas menos burocráticos de trabajo", ha indicado.

La ministra ha resaltado, igualmente, los beneficios que invertir en ciencia supone para el empleo y la estabilidad laboral. En el caso de España, uno de cada cinco nuevos empleos se genera en los sectores de la ciencia, la innovación y la digitalización. Además, el porcentaje de contratos indefinidos supera el 75% en las actividades profesionales, científicas y técnicas, y en estos campos los niveles de temporalidad bajan con más fuerza que en el resto.

Financiación estable de los centros de excelencia

En primer lugar, el Ejecutivo ha acordado destinar 76 millones de euros a la convocatoria para centros de investigación de excelencia 'Severo Ochoa' y unidades de excelencia 'María de Maeztu'.

La titular de Ciencia, Innovación y Universidades ha destacado que se trata de la mayor aportación realizada a esta convocatoria desde que se creó en 2011 y que la inversión se ha más que duplicado desde el año 2018. También ha apuntado que esos fondos no dependen del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia porque proceden íntegramente del Presupuesto nacional. "Incluso con un Presupuesto prorrogado, seguimos teniendo la capacidad de hacer esta apuesta sin precedentes en ciencia y en innovación precisamente porque ya trabajábamos con un gran Presupuesto el año pasado", ha señalado.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros | Pool Moncloa/José Manuel Álvarez

La convocatoria tiene una doble vertiente: por un lado, acredita la excelencia de los centros; por otra, los dota de una financiación estructural que alcanza los 4,5 millones de euros en cuatro años para los centros 'Severo Ochoa' y los 2,25 millones de euros durante ese mismo período para las unidades 'María de Maeztu'.

Esta forma de financiar la ciencia ofrece estabilidad y certeza, lo que se refleja en ámbitos como la contratación, la internacionalización, la protección industrial de los resultados científicos, la apuesta por el talento investigador joven y la divulgación, según ha defendido Diana Morant. La ministra ha apuntado que, según los propios centros 'Severo Ochoa' y las unidades 'María de Maeztu', gracias a esta convocatoria han aumentado el personal investigador, las publicaciones científicas, las tesis, las patentes solicitadas y las empresas creadas.

El lanzamiento de esta nueva convocatoria ha permitido, además, rebajar la burocracia tanto en la presentación de las solicitudes como en el proceso de evaluación.

Impulso de las empresas tecnológicas innovadoras

Por otra parte, el Consejo de Ministros ha autorizado al Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) a lanzar la convocatoria de este año del programa Neotec, por un importe de 20 millones de euros.

Diana Morant ha recordado que este programa financia la creación de empresas tecnológicas con vocación de crecimiento, que crean empleo de calidad, introducen en el mercado tecnologías disruptivas y transforman positivamente su entorno. El programa ha contribuido, por ejemplo, al desarrollo del primer exoesqueleto pediátrico del mundo. "Son proyectos y empresas que normalmente no conseguirían financiación en los mercados tradicionales", ha indicado la titular de Ciencia.

Las compañías adjudicatarias recibirán 250.000 euros, que se incrementarán hasta los 325.000 euros si contratan a un doctor, una forma de incentivar la incorporación de investigadores al entorno empresarial privado.

Informe sobre memoria democrática

El Consejo de Ministros ha analizado un informe sobre el desarrollo de la Ley de Memoria Democrática y su incidencia en las comunidades autónomas. Asimismo, ha estudiado las posibles acciones tras las propuestas de algunas comunidades autónomas para derogar la regulación de memoria democrática.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha recordado que la Ley de Memoria Democrática contó con un amplio consenso en el Parlamento, es un instrumento para reconocer a las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura posterior y está basada en la defensa y protección de los derechos humanos.

El informe presentado hoy plantea acciones que van desde la resignificación del Valle de los Caídos -ahora Valle de Cuelgamuros- como futuro centro de interpretación memorialista hasta la creación de tres comisiones relativas al pueblo gitano, a la restitución económica de las víctimas y al estudio de posibles vulneraciones de los derechos humanos entre 1978 y 1983, según ha explicado el ministro.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/José Manuel Álvarez

El ministro ha incidido en que el Gobierno prevé seguir con el Plan Cuatrienal de Exhumaciones, que ha permitido recuperar 4.500 víctimas gracias a la colaboración de las comunidades autónomas, de la Federación Española de Municipios y Provincias y de determinados ayuntamientos. Además, el ministro ha reiterado que todas las víctimas tienen que ser exhumadas con independencia del bando en el que estuvieran.

Diálogo con Aragón, Comunitat Valenciana y Castilla y León

El informe también ha analizado la norma que ha aprobado el Gobierno de Aragón para derogar su ley autonómica de Memoria Democrática de 2018. Los servicios jurídicos del Ministerio han determinado que en su contenido "hay una evidente vulneración de los derechos humanos, del derecho internacional, de las resoluciones de Naciones Unidas y de todos los convenios internacionales" suscritos por España, según ha avanzado Torres.

El ministro ha explicado que esa norma elimina el mapa de las fosas comunes, no obliga a las administraciones a que colaboren económicamente con las asociaciones memorialistas y con las víctimas, y elimina la disposición que homenajea a todas las personas de Aragón que perdieron la vida en los campos de concentración y de exterminio nazi.

Ante esta situación, Ángel Víctor Torres ha anunciado que el Gobierno de España activará un mecanismo de diálogo con las comunidades autónomas y abordará con el Gobierno de Aragón, a través de la convocatoria de una comisión bilateral, la fórmula para que "ese texto regrese al ámbito constitucional y respete la Ley de Memoria Democrática". "Espero, como hacemos con otras propuestas legislativas de las comunidades autónomas, que nos sentemos en una mesa para llegar a un acuerdo", ha añadido.

El ministro ha trasladado que, si en seis meses no hay acuerdo, el Gobierno elevará al Tribunal Constitucional la ley autonómica que deroga la regulación de la Memoria Democrática, al igual que cualquier legislación autonómica que en este sentido impulsen otras comunidades autónomas.

En este contexto, Torres se ha referido a las proposiciones presentadas por Castilla y León y la Comunitat Valenciana, aún no aprobadas, para "modificar sus leyes e igualar, cosa que es inaceptable, un periodo de régimen dictatorial con un periodo de régimen democrático". Como ejemplo, el ministro ha señalado que el artículo 1 de la Ley de Memoria Democrática, que condena la dictadura, ha desaparecido en esas proposiciones de ley.

"El Gobierno de España siempre se sentará a negociar, pero, con igual firmeza, si no hay acuerdo, iremos a los órganos pertinentes para defender todo lo que nos ha costado tanto conseguir, que es la recuperación de la democracia y el valor que tenemos de poder opinar, decir y defender aquello en lo que creemos con absoluta libertad, cosa que no ocurrió lamentablemente durante 40 años de dictadura en nuestro país", ha concluido el ministro.

Más subvenciones para seguros agrarios frente al cambio climático

La ministra de Educación y Formación Profesional y Deportes, y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros | Pool Moncloa/José Manuel Álvarez

La ministra de Educación y Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha anunciado que el Consejo de Ministros ha autorizado la firma de un convenio entre la Entidad Estatal de Seguros Agrarios y la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios (Agroseguro) para subvencionar la contratación de seguros agrarios con 284,5 millones de euros.

Según Alegría, se trata de una medida de "especial importancia" en el contexto actual de cambio climático y de sucesión de fenómenos climatológicos adversos. La portavoz ha explicado que esta cifra supone un incremento "muy importante" sobre los 211,3 millones de 2020 y refleja, asegura, "el apoyo y el respaldo del Gobierno a un sector básico y fundamental como es el sector primario".

Asuntos de actualidad

Durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Alegría se ha referido, además, a las cifras de afiliación a la Seguridad Social y paro publicadas hoy, calificándolas como unos datos de "enorme trascendencia".

"Tenemos la cifra de desempleo más baja de un mes de marzo en los últimos 16 años", ha subrayado, destacando que el mes pasado se crearon 193.600 nuevos puestos de trabajo. "Son 525.400 en lo que llevamos de año, muchas más personas trabajando en nuestro país y pudiendo proyectar su futuro con mayor certidumbre", ha concluido.