El Gobierno fija las condiciones de los avales que facilitarán que jóvenes y familias con menores a cargo accedan a la vivienda

La Moncloa, Madrid

El Consejo de Ministros ha definido las condiciones, los criterios y los requisitos de acceso a la línea de avales del Estado por valor de 2.500 millones de euros destinada a facilitar que unos 50.000 jóvenes y familias con menores a cargo adquieran su primera vivienda.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha señalado que el Ejecutivo cumple así uno de los compromisos del presidente del Gobierno y del acuerdo de coalición de los partidos que lo conforman. Además, ha enmarcado la iniciativa en el conjunto de medidas adoptadas para abordar un "problema complejo" para el que no existen "soluciones fáciles ni únicas". Entre esas acciones, ha destacado los 3.500 millones de euros para políticas públicas de vivienda recogidos en los Presupuestos Generales de 2023, la aprobación de la Ley de Vivienda, los planes estatales impulsados con las comunidades autónomas y los más de 4.500 millones del Plan de Recuperación para fomentar el alquiler asequible y la rehabilitación, entre otros fines.

Aval para acceder a la hipoteca

Isabel Rodríguez ha explicado que los avales se dirigen a personas que cuentan con una estabilidad económica y laboral y han decidido adquirir una vivienda, pero no pueden hacerlo por la situación del mercado hipotecario y la falta de ahorros. "Les vamos a avalar y vamos a dar garantías a su banco para que puedan acceder a esa hipoteca que les garantizará su vivienda", ha manifestado. El aval del Estado cubrirá, con carácter general, hasta el 20% del importe del crédito.

La medida permitirá, además, abordar dos cuestiones específicas, según ha sostenido la ministra. Por una parte, aliviará la situación en las zonas donde la renta que se paga por el alquiler supera al pago que supondría la cuota de la hipoteca, al facilitar que salgan de ese mercado personas que quieren tener una vivienda en propiedad. Por otra parte, ayudará a fijar la población en el medio rural, otra de las prioridades del Ejecutivo.

En el diseño de la línea de avales, el Ministerio ha tenido en cuenta el perfil de las familias que, debido a la crisis financiera de hace quince años, perdieron la capacidad de comprar una vivienda y aún no la han recuperado, y el hecho de que el 40% de los arrendatarios destinan al alquiler más del 40% de sus rentas, entre otros factores. La meta -ha indicado la ministra- es que ningún ciudadano tenga que dedicar más del 30% de sus ingresos para acceder a una vivienda digna.

Condiciones y requisitos

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durante su intervención. | Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

El acuerdo del Consejo de Ministros se concretará en un convenio con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) al que podrán adherirse las entidades financieras, con las que ya han mantenido conversaciones tanto el Ministerio de Economía como el de Vivienda, según ha apuntado Isabel Rodríguez. Está previsto que los préstamos que se acojan a esta línea de avales puedan formalizarse hasta el 31 de diciembre de 2025. El convenio con el ICO recogerá que ese plazo podrá prorrogarse dos años más.

Podrán beneficiarse de la línea de avales jóvenes de no más de 35 años y familias con menores a cargo para la compra de su primera vivienda, destinada a residencia habitual y permanente. Tendrán que ser personas físicas mayores de edad y con residencia legal en España, acreditada de manera continuada e ininterrumpida durante los dos años anteriores a la solicitud del préstamo. El plazo del aval será de 10 años como máximo; la vivienda tendrá que ser la habitual del solicitante de la hipoteca durante al menos 10 años también.

Los ingresos individuales del beneficiario no podrán superar 4,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), es decir, los 37.800 euros brutos al año. En el caso de que la vivienda la adquieran dos personas, la cantidad será el doble. Además, el límite se incrementará en 0,3 veces el IPREM -2.520 euros brutos anuales- por cada menor a cargo. En cuanto al valor del patrimonio del beneficiario, no podrá exceder los 100.000 euros.

Respecto al precio de la vivienda adquirida, la ministra ha apuntado que el Gobierno velará por que exista un límite máximo que podrá fijarse en función del ámbito territorial y ser modificado después por la comisión de seguimiento del convenio.

Futura Ley de Movilidad Sostenible

El Consejo de Ministros ha acordado remitir el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible a las Cortes para su tramitación parlamentaria por la vía de urgencia para cumplir así con los plazos acordados con la Comisión Europea en la Adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha recordado que el texto ya se remitió al Parlamento en diciembre de 2022, pero no culminó su tramitación como consecuencia de la convocatoria electoral. Puente ha defendido la importancia de reactivar ahora la iniciativa legislativa porque es "tremendamente necesaria" para España y está vinculada a la recepción de los fondos de recuperación.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante su intervención. | Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

El texto está abierto a las enmiendas que puedan presentar los grupos parlamentarios, y el ministro confía en que pueda suscitar "un alto grado de consenso", tal como se atisbaba cuando se remitió en la ocasión anterior: "Vamos a seguir transitando por esa senda del diálogo y de la incorporación de propuestas para que, finalmente, cuente con el mayor respaldo posible".

Óscar Puente ha destacado que la ley tiene una razón económica porque la movilidad supone el 13% del gasto de los hogares en España, crea más de 800.000 empleos, conlleva casi el 5% del Producto Interior Bruto (PIB) y genera más de 5.000 millones de viajes en transporte colectivo. Además, desde la perspectiva social, es un derecho que trasciende el lugar donde vive cada ciudadano. La norma también es necesaria para abordar lo que supone la movilidad en términos de contaminación.

"En nuestro país, el 27% de la emisión de gases de efecto invernadero tiene que ver con la movilidad. Estamos 5 puntos por encima de la media europea y ese hueco había que cerrarlo introduciendo medidas que nos permitan converger con esa media europea", ha remarcado el ministro.

Pilares de la movilidad: cohesión social, limpia, rentable y digital

El nuevo marco regulatorio para el transporte y la movilidad en nuestro país se sustenta en cuatro pilares, según ha expuesto el ministro.

Es un derecho social porque, por primera vez, la futura ley reconocerá la movilidad como un derecho ciudadano, que no se confundirá con la libre circulación, sino con el derecho a contar con un ecosistema de transporte que garantice el ejercicio de otros derechos, como el trabajo, el ocio o la salud. Además, Puente ha señalado que "una premisa fundamental de esta ley es respetar el ámbito competencial de cada una de las administraciones y apostar por la colaboración entre ellas".

El segundo objetivo es la descarbonización. Sobre este pilar de carácter medioambiental y sostenible, el ministro ha indicado que "tenemos que avanzar en la transformación de ciudades de los coches a ciudades de las personas" y, respetando las competencias de los ayuntamientos, incentivar un modelo sostenible de movilidad.

En el ámbito de las mercancías, Óscar Puente ha expresado su apuesta por "subir más mercancías al tren y bajarlas de la carretera".

En cuanto al objetivo de eficiencia de gasto, el ministro ha resaltado que el texto recoge las recomendaciones de varios organismos para garantizar la rentabilidad socioambiental de las actuaciones, mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de las decisiones. "Queremos reducir las ineficiencias en el gasto en las inversiones públicas en torno a 8.000 millones de euros en una década. Y también incrementar la productividad de las empresas hasta un 3% en ese mismo periodo", ha avanzado.

En este contexto, Puente también ha anticipado que en la integración de los ferrocarriles a su paso por los tramos urbanos, los denominados soterramientos, se introducen criterios objetivos y porcentajes de financiación de las distintas administraciones.

Respecto al pilar de la digitalización y el apoyo a la innovación, el ministro ha subrayado que hay que crear un espacio de datos compartido entre empresas de transportes, gestores de infraestructuras y administraciones. También se creará un entorno de pruebas de movilidad para probar soluciones innovadoras de movilidad.

España, referente en infraestructuras

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, comparecen ante los medios. | Pool Moncloa/José Manuel Álvarez

El titular de Transportes y Movilidad Sostenible ha reiterado que la ley pretende que España siga siendo un referente en infraestructuras y que "la movilidad esté a la altura" de esa red.

Puente ha argumentado que España es el primer país en conectividad ferroviaria de alta velocidad del mundo, con el 70% de la población conectada, y el segundo país en kilómetros de alta velocidad, solo por detrás de China. También es el primer país de la Unión Europea en autovías y el tercero del mundo, solo por detrás de Estados Unidos y China. Igualmente, es el primer país de la Unión Europea en escalas portuarias, así como el mejor del mundo en infraestructuras aeroportuarias.

Los peajes en las autovías no están contemplados en la ley

Durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Óscar Puente ha aclarado que el pago por uso en las autovías no está recogido en la ley ni tampoco su estudio.

El ministro ha explicado que el acuerdo alcanzado con la Unión Europea reemplaza ese posible mecanismo de pago por un programa para aumentar las inversiones en el transporte de mercancías por tren que contempla tres premisas: desarrollar autopistas ferroviarias en aquellos tramos en los que haya demanda empresarial, bonificar los cánones de transporte ferroviario de mercancías a los operadores durante, al menos, cinco años, y lanzar apoyos e incentivos al sector.

El Gobierno se plantea alcanzar antes de 2030, como mínimo, el 10% que el transporte de mercancías por tren representa de media en la UE, ha remarcado Puente.

Objetivos de estabilidad

El Consejo de Ministros ha vuelto a aprobar los objetivos de estabilidad para las Administraciones Públicas en el período 2024-2026 y el techo de gasto para los Presupuestos Generales del Estado de este año. Es la misma ruta que aprobó el Consejo de Ministros del 12 de diciembre y que avaló el Congreso de los Diputados el 10 de enero, pero que el Senado rechazó el 7 de febrero.

"Seguimos trabajando sin perder un minuto para contar cuanto antes con unos Presupuestos que permitan que nuestro país siga esa senda de crecimiento y esa creación tan positiva de empleo. Unos Presupuestos, en definitiva, que permitan a nuestras empresas y a nuestro tejido productivo seguir avanzando y fortaleciéndose", ha asegurado la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.

Lucha contra el narcotráfico

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, durante su intervención. | Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

Al comienzo de la rueda de prensa del Consejo de Ministros, la portavoz ha trasladado en nombre del Gobierno las condolencias a los familiares y los compañeros de los dos guardias civiles "asesinados" el pasado viernes en Barbate (Cádiz), así como los deseos de "una pronta recuperación" a los agentes heridos. Pilar Alegría ha elogiado la "extraordinaria labor" diaria y la "absoluta dedicación" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La Guardia Civil -ha añadido- sigue trabajando para esclarecer lo sucedido, una vez detenidos los presuntos responsables de los hechos. "Manifestamos nuestro compromiso con las familias y les garantizamos que este crimen no va a quedar impune. Este Gobierno y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no van a cejar en su objetivo de combatir el narcotráfico y de luchar contra la delincuencia en nuestro país", ha asegurado.

Creación de empresas y de empleo

La portavoz del Gobierno ha destacado dos datos económicos conocidos el viernes pasado que, a su juicio, "avalan que nuestro país va en la buena dirección": la creación de 108.091 empresas nuevas durante el año 2023, la mayor cifra desde 2007, según el Instituto Nacional de Estadística (INE); y el liderazgo de España en la creación de empleo, con uno de cada tres nuevos puestos de trabajo de la zona euro, según Eurostat. "Empleos de mayor calidad y, sobre todo, en sectores de valor añadido", ha afirmado.

Pilar Alegría ha remarcado también que la economía española crece a una tasa del 2,5%, la inflación ya está controlada y la tasa de paro es la más baja de los últimos 16 años.