Consejo de Ministros
El Gobierno planifica una inversión en ciencia de 18.400 millones de euros, la mayor de la historia
Consejo de Ministros - 7.5.2024
Pool Moncloa / Jorge Villar
- Pilar Alegría Continente Ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno
- Óscar Puente Santiago Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible
- Ángel Víctor Torres Pérez Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática
- Diana Morant Ripoll Ministra de Ciencia, Innovación y Universidades
- Medios de comunicación Respuestas a los medios de comunicación
La Moncloa, Madrid
El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación (PEICTI) para el período 2024-2027, que prevé destinar 18.400 millones de euros al impulso de la ciencia y el conocimiento a través de convocatorias para financiar proyectos tanto del sector público como del privado.
La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha destacado que el plan es la constatación de que este Gobierno es el que más ha invertido en ciencia en toda la historia de España. Morant ha manifestado que, desde que se enfrentó a la crisis sanitaria y científica del COVID-19, el Ejecutivo ha tenido claro que los grandes retos sociales deben abordarse "de la mano de la ciencia y el conocimiento", "frente a la proliferación de las pseudociencias o de la desinformación", que ponen en peligro a las democracias.
La titular de Ciencia también ha subrayado que la apuesta por el conocimiento está facilitando que uno de cada cinco nuevos puestos de trabajo generados en España esté relacionado con la ciencia, la innovación y las tecnologías de la información. "Hemos pasado de ser un país que expulsaba a su talento con la fuga de cerebros a ser un país en el que precisamente estos empleos crecen a una velocidad cinco veces superior a la media del resto de sectores productivos", ha indicado. Un cambio -ha añadido- que explica en buena medida el aumento de la productividad de la economía española.
La apuesta por la ciencia, un objetivo de país
La inversión anual recogida en el nuevo plan ronda los 4.500 millones de euros, unos 1.000 millones más que en el anterior, correspondiente al período 2021-2023. Esto significa que la Administración General del Estado va a incrementar en un 32% los recursos dedicads a convocatorias públicas, en régimen de concurrencia competitiva, para financiar la ciencia. El aumento es del 73% si se comparan las cifras con las del plan implementado entre los años 2017 y 2020.
Diana Morant ha defendido que estos planes contribuyen a elevar la inversión del resto de las administraciones públicas y del sector privado: gracias a la iniciativa del Ejecutivo, el gasto global de España en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) creció un 22% en el bienio 2021-2022. La ministra ha asegurado que España está "en la senda del cumplimiento" del compromiso de que ese gasto alcance el 3% del Producto Interior Bruto (PIB) en el año 2030, como recoge la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros | Pool Moncloa/José Manuel Álvarez
El presupuesto previsto en el PEICTI abarca numerosas acciones en torno a un "objetivo de país": potenciar la capacidad de España de atraer y retener talento, aumentar la calidad de la I+D+i, consolidar la transferencia de conocimiento e incrementar la actividad innovadora de todos los agentes públicos y privados del sistema.
Para alcanzar esas metas, la planificación estratégica incluye medidas dirigidas a la mejora de los recursos humanos y de la investigación, la colaboración entre la academia y las empresas, el refuerzo de las infraestructuras y los equipamientos, el impulso de la internacionalización de la ciencia española y la cooperación institucional. Se trata, en definitiva, de posibilitar que los científicos españoles "hagan mejor ciencia", según ha resumido Diana Morant, que ha dicho que la ciencia española se encuentra cada vez mejor posicionada.
Convocatorias de ayudas científicas
También en el ámbito científico, el Consejo de Ministros ha autorizado la convocatoria anual de las ayudas destinadas a proyectos de I+D 'Misiones Ciencia e Innovación', por un importe de 70 millones de euros. Diana Morant ha detallado que esta cantidad se verá complementada con 40 millones de euros de la Agencia Estatal de Investigación. Los fondos priorizarán retos como el desarrollo de una industria de fusión española, la mejora de la economía circular en el ámbito de las energías renovables o el desarrollo de tratamientos y medicinas personalizados.
Igualmente, el Ejecutivo ha concedido ayudas por valor de algo más de 19 millones de euros a proyectos de investigación y desarrollo seleccionados en convocatorias internacionales.
Además, el Gobierno ha destinado casi 18 millones de euros al Instituto de España y a las Reales Academias y Academias de ámbito nacional, una cantidad que triplica la del Ejecutivo anterior, según ha destacado la ministra. "Somos hijos e hijas de la Ilustración que las vio nacer y del espíritu transformador y reformista de nuestras academias", ha sostenido Morant.
Actualización de la normativa sobre navegación aérea
El Consejo de Ministros ha aprobado remitir a las Cortes el proyecto de Ley que actualiza dos normas: la Ley sobre Navegación Aérea y la Ley de Seguridad Aérea.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros | Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha destacado que el objetivo es lograr un uso más eficiente de los recursos públicos, al eliminar órganos innecesarios y simplificar procedimientos. "Perseguimos racionalizar, simplificar y reforzar la coherencia del régimen jurídico aplicable a aspectos como la planificación de los aeropuertos de interés general y las servidumbres aeronáuticas, el transporte aéreo internacional o las operaciones de bajo riesgo, así como el procedimiento para obtener autorizaciones, certificaciones, licencias y otras habilitaciones para el ejercicio de las profesiones aeronáuticas", ha agregado.
En relación con las modificaciones en la Ley de Navegación Aérea, Óscar Puente ha resaltado la creación de una única Comisión Mixta Medioambiental en cada aeropuerto de competencia estatal en el que sea precisa la participación de las administraciones autonómica y local. Esta comisión sustituirá a las diversas comisiones existentes para evitar que se solapen sus funciones. "Vamos a optimizar y coordinar mucho mejor todos los asuntos relativos al impacto ambiental de las infraestructuras al disponer de un único órgano para integrar la participación de cada una de las administraciones competentes", ha afirmado.
Otro aspecto relevante es que se integra el régimen de los planes directores de estos aeropuertos con los de las servidumbres aeronáuticas, unificando el órgano competente para su adopción en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. El ministro ha señalado que se garantiza así la coherencia entre la planificación y las servidumbres, de modo que las limitaciones al planeamiento territorial y urbanístico se correspondan con las necesidades de navegación aérea reales, efectivas y actualizadas.
La futura normativa también flexibiliza y agiliza la autorización para usar determinados transportes aéreos de emergencia o relacionados con el transporte privado.
En cuanto a las modificaciones en la Ley de Seguridad Aérea, Óscar Puente ha indicado que se simplifican los trámites administrativos para obtener o renovar licencias, certificados y autorizaciones y se actualiza el régimen de infracciones.
El ministro ha subrayado el amplio grado de consenso alcanzado entre las comunidades y ciudades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias en la elaboración de la norma, y confía en que obtenga un amplio respaldo durante su tramitación parlamentaria.
Diálogo con Aragón sobre Memoria Democrática
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/José Manuel Álvarez
El Gobierno ha analizado un informe sobre el cumplimiento de los estándares internacionales en derechos humanos sobre memoria histórica, tras recibir una comunicación de los relatores de la Organización de Naciones Unidas acerca de las iniciativas legislativas en la materia impulsadas en las comunidades autónomas de Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Ejecutivo comunicará hoy a Aragón la apertura del procedimiento previsto en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para iniciar un periodo de diálogo y reconducir la ley de esta comunidad, que deroga su anterior normativa sobre memoria democrática. Si esta comunidad autónoma rechazara la negociación, la ley será recurrida al Constitucional.
Ángel Víctor Torres también trasladó ayer a los presidentes de los parlamentos autonómicos y de los gobiernos de Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León esta comunicación.
El ministro ha recordado que el Consejo de Ministros estudió el pasado 2 de abril las posibles acciones tras las propuestas de estas comunidades para derogar la regulación de memoria democrática y elevó la cuestión a la ONU, al Parlamento Europeo y al Consejo de Europa.
Naciones Unidas comunicó el 3 de mayo al Gobierno de España su informe relativo a la ley aprobada en Aragón y a las denominadas leyes de "concordia" pendientes de aprobación parlamentaria en Castilla y León y la Comunidad Valenciana, que afectan a las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos.
Durante su intervención, el ministro ha repasado el documento firmado por tres relatores de la ONU de manera unánime que apunta, entre otros argumentos, que esas leyes vulneran los derechos humanos, invisibilizan a las víctimas de la dictadura franquista y unifican un periodo de totalitarismo como el régimen franquista -que no condenan- con un periodo democrático.
Además, impiden la divulgación de imágenes y documentos de las exhumaciones, no reconocen las subvenciones para actividades de memoria histórica que se otorgan a organizaciones sin ánimo de lucro y, en algunos casos, suprimen el inventario de fosas comunes y las actividades dirigidas a localizar, exhumar e identificar a los desaparecidos.
Valoración de los últimos datos económicos
La ministra de Educación y Formación Profesional y Deportes, y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros | Pool Moncloa/José Manuel Álvarez
La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, se ha referido a las últimas cifras de afiliación a la Seguridad Social, un dato que ha superado los 21 millones de personas en abril. Alegría ha valorado estas cifras como "una magnífica noticia" que acerca a España al "objetivo de la legislatura del pleno empleo".
De acuerdo con la portavoz, quien ha subrayado el registro de 10 millones de mujeres empleadas, España lleva 48 meses seguidos creando empleo, con "un ritmo muy superior al del resto de las grandes potencias europeas". Todos los indicadores nacionales e internacionales, ha concluido, señalan "la robustez de la economía española".
Pilar Alegría ha finalizado su intervención felicitando al equipo de investigadores del Instituto de Investigación Sant Pau de Barcelona que ha identificado una nueva forma genética del alzhéimer, "un trabajo que abre la puerta a nuevos enfoques en la investigación frente a esta enfermedad que afecta a tantos ciudadanos". Por su parte, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades ha calificado este descubrimiento como un "hito" en el conocimiento genético de la enfermedad y ha recordado que ese proyecto cuenta con financiación del Gobierno de España a través del Instituto de Salud Carlos III.