El Gobierno garantiza los derechos laborales de los repartidores a través de plataformas digitales

La Moncloa, Madrid

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que garantiza los derechos laborales de las personas que se dedican al reparto en el ámbito de las plataformas digitales, tras el acuerdo alcanzado el 10 de marzo entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social y las organizaciones sindicales y empresariales.

La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha explicado que la norma modifica el Estatuto de los Trabajadores y determina que aquellos que desempeñan su trabajo de reparto o distribución de cualquier tipo de producto o mercancía a través de las plataformas digitales son laborales. "Tienen derechos de organización, sindicación, de protección social, de cotizaciones y salariales", ha precisado.

Foto: Pool Moncloa/Borja Puig de la BellacasaAdemás, el documento recoge que la empresa tendrá que informar a los representantes de los trabajadores en el entorno laboral digitalizado de las reglas en las que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones que puedan incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y el mantenimiento del empleo.

Al respecto, Yolanda Díaz ha anunciado la creación de un grupo de expertos que estudiará el uso de la inteligencia artificial y de los algoritmos en las relaciones laborales para evitar sesgos. "Los trabajadores tenemos derecho a saber cuáles son las razones que motivan ciertas decisiones empresariales", ha dicho.

La vicepresidenta ha reiterado que, con esta norma, el Ejecutivo acepta los cambios tecnológicos sin miedo, protegiendo los derechos de los más vulnerables, y asumiendo el gobierno de la transición tecnológica. España, ha sostenido, se coloca a la vanguardia de la legislación internacional en este ámbito: "No hay ningún país en el mundo que se haya atrevido a legislar sobre esta materia".

Díaz ha agradecido la colaboración de los agentes sociales por su valentía y su colaboración para llegar a un acuerdo sobre un tema tan complejo. Asimismo, ha destacado la labor de la Inspección de Trabajo que ha permitido "laboralizar" a 16.794 personas, lo que supone un impacto económico, en términos de recaudación social, de 29 millones de euros.

Plan para la Internacionalización de la Economía Española 2021-2022

Foto: Pool Moncloa/Borja Puig de la BellacasaEl Gobierno ha aprobado el Plan para la Internacionalización de la Economía Española 2020-2021, que sienta las bases de la recuperación económica y está alineado con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha afirmado que es un plan ambicioso porque va a movilizar más de 4.600 millones de euros en recursos públicos; es un plan moderno porque se adapta a un contexto de la pandemia que ha tenido efectos negativos en los flujos comerciales y de inversión, y es un plan fruto del consenso y de la colaboración público-privada, que son dos ejes sobre los que el Gobierno quiere construir la recuperación que España necesita.

Maroto ha incidido en que el objetivo principal del plan es que el sector exterior se configure como pilar de crecimiento y empleo. En la última década, ha recordado, las empresas españolas han mejorado su posicionamiento en los mercados internacionales y España se ha convertido en uno de los países más atractivos para atraer inversión extranjera. Sin embargo, ha dicho, hay que afrontar retos pendientes con nuevas herramientas para promover la base exportadora de las PYME.

La ministra ha detallado que el plan contempla la diversificación de las exportaciones, buscando la apertura de nuevos mercados. Prevé consolidar la presencia permanente de empresas españolas en el exterior y aumentar la resiliencia del sector exterior potenciando instrumentos financieros de apoyo a la internacionalización, con especial atención a la pequeña y mediana empresa. Además, promueve la transición digital y la sostenibilidad entre las empresas internacionalizadas y refuerza el desarrollo del talento para la internacionalización.

En este contexto, Reyes Maroto ha anunciado que el Gobierno va a lanzar el Programa Vives (ICEX) que facilitará la contratación en prácticas de jóvenes profesionales en empresas españolas con filiales en el exterior. Asimismo, ha puesto en marcha la plataforma "Mujer e internacionalización" para crear una red de apoyos que animen la vocación internacional de las mujeres. Otra de las prioridades del plan es impulsar el atractivo de España como destino de la inversión extranjera, mediante el programa de ayudas INNOVAInvest (ICEX).

Ayudas a los consumidores electrointensivos

El Ejecutivo ha autorizado la convocatoria de subvenciones, por un importe máximo de 91 millones de euros, para compensar la financiación de apoyo para la producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración de alta eficiencia y el extracoste en los territorios no peninsulares incluidos en los peajes y cargos del sistema eléctrico soportados por estos consumidores en el año 2020.

Reyes Maroto ha indicado que con este mecanismo se despliega el conjunto de instrumentos recogidos en el Estatuto del Consumidor Electrointensivo y se refuerza el compromiso del Gobierno de afrontar la transición energética de la industria electrointensiva con garantías.

Mayor protección a las personas con discapacidad

Foto: Pool Moncloa/Borja Puig de la BellacasaEl Consejo de Ministros ha impulsado la reforma del artículo 49 de la Constitución, relativo a la protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad.

La ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha señalado que la reforma supone un paso adelante en la configuración del Estado social que proclama la Constitución y es fruto de una "reflexión abierta sosegada y rigurosa" en la que han participado miembros de las fuerzas políticas parlamentarias y representantes de la sociedad civil vinculados a las personas con discapacidad.

El nuevo texto pone el énfasis sobre los derechos y deberes de los que son titulares las personas con discapacidad, como ciudadanos libres e iguales. Además, fija los objetivos que deben orientar la acción positiva de los poderes públicos, como son su plena autonomía personal y su inclusión social, políticas que deberán respetar siempre la libertad de elección y preferencias estas personas.

El texto establece asimismo la protección especial de los ciudadanos de este colectivo, alude expresamente a la atención específica de las necesidades de las mujeres y niñas y menciona los tratados internacionales ratificados por España en este ámbito.

María Jesús Montero ha añadido que con esta reforma se moderniza y mejora la Carta Magna, adaptándola a la España real.

Apoyo a la solvencia empresarial

El Gobierno ha aprobado el Código de Buenas Prácticas al que podrán adherirse, de forma voluntaria, las entidades financieras que hayan canalizado avales públicos y quieran facilitar la renegociación de la deuda contraída por las empresas o autónomos.

María Jesús Montero ha explicado que el código será el marco de referencia para implementar, en colaboración con esas entidades, las acciones de reestructuración financiera aprobadas en el Real Decreto-ley de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia.

Con esta nueva línea, ha afirmado, el Gobierno crea un marco adecuado para preservar y apoyar al tejido productivo y contribuir a la recuperación económica tras la crisis desatada con motivo de la Covid-19.

Algunas de las medidas recogidas en el código establecen que las empresas y los autónomos podrán beneficiarse de la extensión en el plazo de amortización de los préstamos; se mantendrá el aval público de los préstamos que, por acuerdo voluntario entre la entidad y la empresa, se conviertan en préstamos participativos, y se destinan 3.000 millones de euros para acompañar los procesos de reestructuración de préstamos que cuenten con aval o reaval del Estado, permitiendo reducir así el importe nominal de la deuda, entre otras actuaciones. Las empresas y los autónomos deberán cumplir diversos requisitos, entre ellos la caída de la facturación.

Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia

El Consejo de Ministros ha aprobado una declaración institucional con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, que se celebra el 17 de mayo.

La portavoz ha destacado que el Gobierno manifiesta así su firme compromiso en la defensa de los derechos de las personas LGTBI, tanto a nivel nacional como internacional. Además, se compromete a seguir adoptando las medidas necesarias para erradicar las discriminaciones, ataques y actos de violencia contra este colectivo.

Acogida de inmigrantes en Canarias

El Ejecutivo ha autorizado destinar 51 millones de euros para contratar a la empresa pública Tragsa para que preste servicios en dispositivos de acogida de inmigrantes en Canarias. El plazo de vigencia del encargo se extenderá desde el 13 de julio de 2021 hasta el 12 de julio de 2022.

El objetivo es proporcionar una adecuada atención humanitaria, en condiciones de dignidad y seguridad, a las personas migrantes vulnerables que llegan al archipiélago.

María Jesús Montero ha resaltado que entre esos servicios se encuentran los relativos a la alimentación, la seguridad, la limpieza y el mantenimiento en los centros de acogida para la atención de un máximo de 7.000 personas migrantes.

Actuaciones agrarias

El Gobierno ha acordado destinar 49,2 millones de euros a 9 líneas de actuaciones agrarias.

La portavoz del Ejecutivo ha avanzado que se trata de una propuesta de distribución territorial entre las comunidades autónomas que se llevará a la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural para su ratificación. El presupuesto financiará objetivos muy concretos en los ámbitos de la agricultura y la ganadería, como el fomento de la apicultura, el control del rendimiento lechero y la lucha contra enfermedades de animales y plagas, entre otros.

Asuntos de actualidad

Durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, María Jesús Montero ha destacado que, tras la finalización del estado de alarma, las comunidades autónomas tienen a su disposición las herramientas que prevé la legislación ordinaria para seguir controlando la pandemia y solo precisan del aval judicial si las medidas afectan a derechos fundamentales.

El Gobierno, ha añadido, ha puesto a disposición de las comunidades "un arsenal de vacunas" para que el ritmo de vacunación permita cumplir el objetivo marcado por el presidente Sánchez: que en torno al mes de agosto esté el 70% de la población vacunada y, por tanto, se haya conseguido la inmunidad de grupo.

Montero ha informado de que casi el 30% de la población tiene administrada una dosis de la vacuna y 6,2 millones de personas han recibido la pauta completa. Además, ha reiterado que el fin del estado de alarma no significa que se haya acabado la pandemia y ha apelado a la responsabilidad de los ciudadanos para que extremen las precauciones hasta que se cumpla el objetivo de vacunación.

Por otra parte, la portavoz ha felicitado al Teatro Real que acaba de recibir el premio al mejor teatro de ópera del mundo en un contexto de crisis sanitaria.