El Gobierno aprueba el Ingreso Mínimo Vital

La Moncloa, Madrid

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley por el que se pone en marcha un Ingreso Mínimo Vital, una prestación no contributiva de la Seguridad Social que garantiza ingresos mínimos a quienes carecen de ellos.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha recordado que la medida está recogida en el acuerdo suscrito entre las formaciones políticas que componen el Ejecutivo y en el discurso de investidura del presidente del Gobierno.

Montero ha afirmado que la intensa crisis económica y social causada por el COVID-19 ha acelerado su implementación: "Somos muy conscientes de que a la bolsa de pobreza que teníamos identificada antes de la pandemia se añaden ahora las nuevas dificultades por las que están atravesando miles de familias".

María Jesús Montero ha recordado que el Gobierno ya ha aprobado planes para proteger el empleo y evitar situaciones de desahucio o cortes de suministro, pero, con el objetivo de que nadie se quede atrás, crea este nuevo derecho para la ciudadanía para luchar contra la pobreza extrema, sobre todo la infantil.

Nuevo derecho social

Pool Moncloa/JM CuadradoEl vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha destacado que el Ingreso Mínimo Vital supone el mayor avance en derechos sociales desde la aprobación de la Ley de Dependencia del año 2006.

Iglesias ha explicado que los ciudadanos lo recibirán siempre que cumplan los requisitos para acceder a él, como ocurre, por ejemplo, con la pensión de jubilación o la prestación por desempleo.

El umbral de renta garantizada será de 462 euros al mes para una persona adulta que viva sola. Cuando se trate de una unidad de convivencia, ha precisado el vicepresidente, se incrementará en 139 euros al mes por cada persona, hasta un máximo de 1.015 euros mensuales. Además, las familias monoparentales recibirán un complemento de 100 euros al mes.

La prestación se calcula como la diferencia entre los ingresos mensuales de la persona o unidad de convivencia y la renta garantizada en cada caso.

Pablo Iglesias ha subrayado que los solicitantes del Ingreso Mínimo Vital, si cumplen los requisitos, podrán compatibilizarlo con sus ingresos laborales mientras no superen el umbral establecido. "No se dirige solo a personas desempleadas, sino también a personas o a hogares con ingresos muy bajos o con empleos temporales muy precarios", que verían ampliada la cobertura de su prestación, ha concretado.

Requisitos

El vicepresidente ha indicado que podrán solicitar la prestación todas las personas que tengan entre 23 y 65 años, o desde los 18 si el solicitante tiene menores a cargo, que lleven, al menos, un año de residencia legal en España. El acceso a la ayuda dependerá del nivel de ingresos y del patrimonio de la persona que lo solicite.

Además de los ingresos, se comprobará el patrimonio neto del solicitante, restando sus deudas, y sin tener en cuenta la vivienda habitual. El límite de patrimonio aumenta en función del número de personas de la unidad de convivencia. Es de 16.614 euros para una persona que viva sola y se irá incrementando por cada miembro adicional hasta un máximo de 43.196 euros.

Se podrá solicitar desde el 15 de junio y todas las solicitudes que se cursen desde ese día hasta el 15 de septiembre se cobrarán con efecto retroactivo a 1 de junio.

Iglesias también ha resaltado que el Ingreso Mínimo Vital es una prestación compatible con otras rentas de inserción de las comunidades autónomas: "Hoy establecemos un suelo mínimo igual para toda España, pero las comunidades autónomas van a poder complementarlo atendiendo a sus realidades concretas".

Pablo Iglesias ha reiterado que el ingreso aprobado hoy es una medida de justicia social, porque supone la redistribución de la riqueza, y de eficiencia económica, porque los recursos van a ir directamente a los hogares, al consumo, permitiendo que las empresas y los autónomos sigan facturando, algo necesario para la recuperación económica.

A su juicio, el ingreso también es una cuestión de seguridad, porque los ciudadanos tienen que tener unos mínimos niveles de seguridad material que les permitan satisfacer sus necesidades básicas, y una cuestión de libertad, porque "no hay libertad si una persona tiene que invertir toda su energía en sobrevivir".

Inclusión e integración social de los beneficiarios

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha estimado que el Ingreso Mínimo Vital supondrá una inversión pública anual cercana a los 3.000 millones de euros, que se sitúa en la media europea de prestaciones similares. La previsión es que beneficie a 850.000 hogares en total y a 2,3 millones de personas, de las que un millón está ahora en pobreza extrema (con ingresos de menos de 3.000 euros al año) y 550.000 en pobreza muy alta (con ingresos entre 3.000 y 4.300 euros anuales).

El ministro ha señalado que, además de este impacto "extraordinario" de reducción de pobreza entre quienes tienen las rentas más bajas, esta prestación persigue su inclusión e integración social: "Ese será el éxito final, que estas personas puedan desenvolverse mejor en la sociedad".

Con este fin, se realizarán estrategias de inclusión en cooperación y colaboración con las comunidades autónomas, que tienen competencias en ello, y también con los ayuntamientos.

Por otro lado, el fomento de la participación en el mercado laboral será fundamental, por lo que las empresas recibirán incentivos por la contratación de los beneficiarios de la prestación, mientras que estos podrán compatibilizarla con la percepción de un salario en las condiciones establecidas.

Trámites fáciles y evaluación continua

Pool Moncloa/JM CuadradoEscrivá ha señalado que el acceso a la sede electrónica de la Seguridad Social para hacer la solicitud del ingreso mínimo vital es "amigable" y contará con un simulador, para comprobar fácilmente si se tiene derecho a la prestación, un asistente virtual y un teléfono 900 gratuito para información y ayuda.

Sin embargo, ha señalado, gracias al cruce de datos entre la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y comunidades autónomas, ya se podrán identificar de oficio numerosos hogares beneficiarios a quienes, ha asegurado, "ya se les podrá ir haciendo el ingreso mensual".

El ministro ha señalado que este análisis de los hogares por renta y patrimonio ha sido fundamental para poder realizar una valoración "que haga la prestación más justa". Asimismo, ha resaltado la cooperación entre todos los niveles de la Administración del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, y ha señalado que la evaluación de la prestación seguirá la misma senda "para que todo el mundo que tenga algo que decir nos aporte datos para mejorar".

En este sentido ha anunciado que habrá un informe anual de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRef), y se crearán una Comisión de Seguimiento entre administraciones y un Consejo Consultivo con la participación de sindicatos y de organizaciones del tercer sector.

Candidatura para la nueva sede del Centro Europeo de Predicción Meteorológica

Pool Moncloa/JM CuadradoEl Consejo de Ministros ha acordado postular a España como país candidato a albergar la nueva sede del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio ('European Centre for Medium-Range Weather Forecasts', ECMWF). Esta organización intergubernamental, integrada por 34 estados miembros y asociados, cuenta con un modelo meteorológico y climatológico global único y está reconocido como el que mejores previsiones genera a nivel mundial.

La portavoz del Gobierno ha explicado que esta sede se coordinaría con otras dos, situadas en Reino Unido e Italia, y acogería inicialmente a 150 personas. Montero ha afirmado que, gracias a "su capital productivo, humano y tecnológico", nuestro país está en buenas condiciones para competir con otros países para obtener esta designación.