El Gobierno prorroga los ERTE por fuerza mayor hasta el 30 de junio

La Moncloa, Madrid

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley de medidas sociales en defensa del empleo que plasma el contenido del acuerdo social suscrito ayer por el Gobierno, los empresarios y los sindicatos.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha destacado que el texto aúna los intereses del Ejecutivo y de los agentes sociales porque sienta las bases para defender la viabilidad de los negocios y facilitar la recuperación de la actividad.

La norma prorroga hasta el 30 de junio las condiciones de los ERTE por fuerza mayor para aquellas empresas que todavía no puedan reanudar su actividad. Esto significa, ha explicado Montero, que estas compañías y autónomos seguirán disfrutando de una exoneración de las cuotas a la Seguridad Social. En el caso de que la empresa tenga 50 o más trabajadores, la exoneración se mantiene, como hasta, ahora en el 75%.

La ministra ha avanzado que, con el fin de adecuar la normativa a la fase de desescalada, el Real Decreto-ley contempla una nueva categoría de ERTE, denominada de fuerza mayor parcial, cuya vigencia también se extenderá hasta el 30 de junio. Esta figura permitirá a las empresas reincorporar a parte de su plantilla y mantener otra parte con su contrato suspendido. Tanto para el trabajador que regrese como para el que se siga en el ERTE se mantendrán las exoneraciones en las cotizaciones sociales.

Las empresas de menos de 50 empleados tendrán derecho a una exención del 85% en el mes mayo y del 70% en junio para los trabajadores que se reincorporen a la actividad productiva. Para los que continúen suspendidos, el porcentaje será menor.

En el caso de empresas con 50 o más empleados, la bonificación alcanzará el 60% en mayo y el 45% en junio para los trabajadores reincorporados y será del 45% y del 30% para los que permanezcan suspendidos.

La portavoz ha añadido que los trabajadores afectados por un ERTE percibirán prestaciones por desempleo incluso en el caso de que no hayan cotizado el tiempo suficiente para poder percibirlas.

La norma incluye cláusulas que determinan que ninguna empresa que tenga su domicilio fiscal en un paraíso fiscal podrá acogerse a la prórroga de los ERTE por fuerza mayor. Además, veta la posibilidad de que las compañías que han disfrutado de las exoneraciones sociales puedan repartir dividendos durante el ejercicio fiscal correspondiente a la aplicación de los ERTE, salvo que devuelvan la parte correspondiente a la bonificación recibida.

La ministra ha señalado que 5,2 millones de trabajadores se están beneficiando de prestaciones por desempleo, de los que más de tres millones están inmersos en un ERTE por fuerza mayor. Este dato, ha dicho, pone de manifiesto la eficacia que ha tenido la medida adoptada por el Gobierno para afrontar la situación laboral derivada de la pandemia.

Comisión tripartita

María Jesús Montero ha informado de que el acuerdo firmado ayer entre el Gobierno y los representantes de los empresarios y de los sindicatos contempla la creación de una Comisión de Seguimiento tripartita laboral del proceso de desconfinamiento entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y los agentes sociales (CEOE, CEPYME, UGT y CCOO) para el seguimiento de estas medidas.

La portavoz ha insistido en la importancia que tiene el diálogo y la colaboración entre todos ellos y también en la necesidad de que las fuerzas políticas que integran la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, que hoy inicia su andadura en el Congreso, sigan este ejemplo y puedan encontrar la mejor solución posible para que España afronte "con mayor ventaja competitiva" la recuperación económica.

Control fronterizo y cuarentena para las personas procedentes de otros países

Pool Moncloa/Borja Puig de la BellacasaEl ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha informado de dos medidas "de precaución" dirigidas a evitar la importación de casos de COVID-19 y prevenir los contagios: "Se trata de intentar garantizar que todo el esfuerzo que hemos hecho durante estas semanas no se malogre".

Por una parte, entre el 15 y el 24 de mayo, se restablecerán temporalmente los controles en las fronteras aéreas y marítimas y solo se permitirá la entrada en territorio nacional a ciudadanos españoles, residentes habituales en España, trabajadores transfronterizos, profesionales sanitarios, personal dedicado al cuidado de mayores que se dirijan a ejercer su actividad profesional y a personas que acrediten fuerza mayor o traslados por razones exclusivamente laborales. Se exceptúan las tripulaciones de aeronaves y los trabajadores del sector del transporte.

Por otro lado, todas las personas procedentes del extranjero -excepto quienes ejerzan trabajos transfronterizos, transportistas, tripulaciones o profesionales sanitarios- deberán realizar una cuarentena los 14 días siguientes a su llegada. Salvador Illa ha explicado que solo podrán salir del lugar donde se confinen, preferentemente su domicilio, para adquirir alimentos, productos farmacéuticos o de primera necesidad, y acudir a centros sanitarios por causas de fuerza mayor, siempre con mascarilla.

Cautela y prudencia en la desescalada

Salvador Illa ha considerado que los datos -un 0,19% de incremento de casos en el día de ayer, con 426 nuevos afectados- avalan la puesta en marcha del Plan de Transición Hacia una Nueva Normalidad, que ha permitido que más de la mitad de la población española se encuentre ya en la fase 1. "Los datos son buenos pero no hay que perder nunca los criterios de prudencia y de cautela, ni el respeto al virus", ha afirmado Illa, que ha insistido en que es necesario seguir cumpliendo las indicaciones de las autoridades sanitarias, la distancia interpersonal y las medidas de higiene como el lavado de manos.

Pool Moncloa/Borja Puig de la BellacasaEl paso de una fase a otra del plan de desescalada continuará esta semana, ha indicado, aplicando el procedimiento de cogobernanza entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas. Cada una de ellas remitirá una propuesta sobre qué unidades de sus territorios cumplen, a su juicio, los criterios establecidos. La decisión de progresar a la siguiente fase se tomará en una comisión bilateral formada por técnicos de salud pública ministeriales y autonómicos.

El Ministerio de Sanidad ha aprobado una nueva orden para que las comunidades autónomas remitan información sobre los casos sospechosos y las pruebas diagnósticas PCR realizadas en las primeras 24 horas en aquellas personas que presenten síntomas. Este mecanismo de detección precoz, ha explicado, es importante para poder descartar de inmediato si una persona tiene la enfermedad, o, si la prueba es positiva, aislarla cuanto antes.

Día Internacional de la Enfermería

En su intervención, el ministro de Sanidad ha tenido palabras de "reconocimiento y gratitud" hacia los enfermeros y enfermeras en el Día Internacional de la Enfermería, que hoy se celebra, por los cuidados a los pacientes, por su humanidad y por el trabajo de nexo que hacen entre los centros de salud y la ciudadanía: "Su papel ha sido clave en estos meses de emergencia sanitaria".

La portavoz del Gobierno también ha elogiado su compromiso y su elevada cualificación técnica, profesional y humana: "Son personas que arriesgan su vida para intentar salvar la vida de los otros".

Fondos contra la violencia de género

El Gobierno ha aprobado los criterios de reparto de los fondos para luchar contra la violencia de género, por un importe total de cien millones de euros, y la distribución de tres créditos correspondientes a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género que suman 9,5 millones.

La portavoz ha indicado que los fondos contribuirán a que las comunidades autónomas y las ciudades con estatuto de autonomía luchen contra esta lacra. Se destinarán a mantener las redes de atención a las víctimas, en especial a las mujeres en situación de más vulnerabilidad, a su inserción sociolaboral, a establecer un sistema de acompañamiento psicológico y a reforzar los servicios de apoyo a los hijos menores de las víctimas. En el caso de las autonomías con competencias en materia de justicia, se planea un refuerzo de las Unidades de Valoración Forense Integral y de las oficinas de asistencia a las víctimas.

En cuanto a los tres créditos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, 6,5 millones irán a programas de asistencia social para mujeres víctimas y sus hijos, un millón a planes personalizados de atención y dos millones al programa de apoyo a víctimas de agresiones y abusos sexuales.

Lucha contra el fraude y la elusión fiscal

Pool MoncloaEl Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley General Tributaria para transponer la directiva europea conocida como DAC 6. Esta norma comunitaria establece la obligación por parte de los intermediarios fiscales de declarar las operaciones que puedan considerarse planificación fiscal agresiva en el ámbito internacional.

La ministra de Hacienda ha afirmado que, aunque para el Gobierno siempre ha sido una prioridad la lucha contra el fraude y la elusión fiscal, en estos momentos es más necesario que nunca proteger el sistema tributario de prácticas ilegales o abusivas que lo debiliten e impidan obtener los recursos necesarios para sostener el Estado de bienestar: "No puede haber justicia social si no hay justicia fiscal".

El proyecto de ley obliga a profesionales como los asesores fiscales a comunicar a la Administración Tributaria operaciones transfronterizas y operaciones que podrían ser indiciarias de una planificación fiscal abusiva. La norma reconoce el secreto profesional de los intermediarios pero lo regula para evitar un uso injustificado y desproporcionado que sirva para sortear la obligación de informar sobre estas prácticas.

Día Internacional de las Familias

El Gobierno ha aprobado una declaración institucional con ocasión del Día Internacional de las Familias, que se conmemora el 15 de mayo a instancias de Naciones Unidas, para reconocer su aportación esencial a la cohesión y el bienestar social.

María Jesús Montero ha destacado el papel que las familias están jugando durante la pandemia, al aunar el cuidado de los menores que no pueden asistir presencialmente a la escuela, la atención a sus mayores y sus responsabilidades laborales. "Son un núcleo que permite el funcionamiento de nuestra sociedad", ha dicho.

La portavoz ha enumerado algunas de las medidas sociales y económicas implantadas por el Gobierno para "estar al lado de las familias", como el incremento del Salario Mínimo Interprofesional, y ha anunciado la presentación de un proyecto de ley para garantizar la protección efectiva "de las distintas realidades familiares elegidas por los ciudadanos con libertad".