El Gobierno aprueba la mayor oferta de empleo público desde hace diez años

La Moncloa, Madrid

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha informado de que el Consejo de Ministros ha aprobado varios reales decretos relacionados con el empleo público. "Necesitamos unos empleados públicos ilusionados, motivados, que superen la falta de horizonte de los últimos años y que trabajen con convicción para los intereses de la sociedad. Ellos tienen esa vocación de servicio público y desde el Gobierno de España tenemos que poner las condiciones para que esa vocación se extienda y se aplique lo mejor posible", ha dicho.

En este sentido, la ministra ha afirmado que el Gobierno ha aprobado la mayor oferta de empleo público desde el año 2008, con un total de 30.844 plazas. Además, ha destacado que es la "mayor creación de empleo neto desde ese momento, ya que se convocarán 1.909 plazas nuevas, lo que supone un 58% más que en la oferta del año pasado, que fue la primera en crear empleo desde 2008". Batet ha resaltado que la oferta de empleo viene respaldada por cuatro de los cinco sindicatos presentes en la Mesa General de la Administración General del Estado (CSIF, CCOO, UGT y CIG).

La Oferta Pública de Empleo contempla la creación de 23.156 plazas. De ellas, 11.095 son de nuevo ingreso y 6.204 de promoción interna. Además, Batet ha informado de que el Gobierno ha aprobado un Real Decreto que incorpora una oferta extraordinaria de 323 plazas para hacer frente a las demandas derivadas de las solicitudes de asilo y refugio, que están creciendo de manera exponencial y que se acumulan a las ya existentes en los últimos años: "Se atiende así también una reivindicación, una demanda de las organizaciones no gubernamentales".

Pool Moncloa / César P. SendraAsimismo, el Ejecutivo ha acordado un decreto de estabilización en el empleo. La ministra ha especificado que se trata de la parte correspondiente a la Administración General del Estado que todavía no se ha ejecutado y la correspondiente a la Administración de Justicia de 2018, cuya primera fase sí se aprobó el pasado ejercicio y que en su conjunto afecta a 5.534 empleados y empleadas de carácter temporal.

A las plazas aprobadas hoy, se añaden las 7.688 convocadas en abril para docentes, Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Con ello se alcanza la cifra total de 30.844 plazas.

Meritxell Batet ha subrayado que esta oferta afrontará las demandas de empleo en los sectores prioritarios para los ciudadanos: servicios sociales, necesidades urgentes en materia de asilo y refugio, prestaciones en materia de desempleo, administración penitenciaria, seguridad y emergencias, entre otros.

Con ello, ha resaltado la ministra, "trasladamos la recuperación económica no solo al ámbito salarial sino también al de la creación de empleo como una apuesta decidida por el sector público y por una prestación de servicios públicos de calidad".

Por otra parte, Meritxell Batet también ha resaltado que los trabajadores públicos en situación de incapacidad temporal volverán a cobrar el 100% de sus retribuciones, gracias al Real Decreto sobre recuperación de derechos acordado hoy.

Plan Director por un Trabajo Digno

El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2020, cuya finalidad es luchar contra la precariedad laboral y mejorar la calidad del empleo y las condiciones de trabajo, asuntos prioritarios para el Gobierno.

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha precisado que hablar de trabajo digno es hablar de "un trabajo que asegure un salario digno, unas condiciones justas, la igualdad entre hombres y mujeres, una protección social" y seguridad en materia de prevención de riesgos laborales.

Pool Moncloa / César P. SendraValerio ha afirmado que el Plan se ha consensuado con las comunidades autónomas, los agentes sociales y las organizaciones de autónomos, que han realizado sus aportaciones.

Los objetivos del plan, según ha expuesto la ministra, son "recuperar los derechos laborales perdidos o no aplicados durante la crisis", mejorar la calidad del empleo y combatir el fraude laboral que "está dando lugar a una competencia desleal entre empresas", mermando su competitividad y la productividad de la economía española.

Magdalena Valerio ha apuntado que el Ejecutivo quiere reforzar los recursos humanos y materiales de la Inspección de Trabajo para luchar contra los falsos contratos temporales y contra los contratos a tiempo parcial en los que se cotiza por la mitad del trabajo que realmente se realiza, así como para combatir la brecha salarial entre hombres y mujeres o las discriminaciones por razón de género, ideología o condición sexual que se están dando en el mercado laboral. Además, ha apuntado que hay que evitar que los empresarios obliguen a los trabajadores a que se conviertan en falsos autónomos.

La ministra ha indicado que se incorporarán 822 nuevas plazas de inspectores y subinspectores hasta el año 2020 y que habrá una inyección de 30 millones de euros. "Cuando hablamos de acción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social hablamos de inversión y no de gasto. Estamos invirtiendo en una acción social positiva en el mercado de trabajo que va a redundar en mejores condiciones laborales para los trabajadores y trabajadoras de nuestro país", ha aclarado.

Además, Valerio ha detallado que la conexión de los datos fiscales y de la Tesorería General de la Seguridad social permitirá "ir a tiro hecho" sobre las "bolsas de fraude", lo que supone una alta rentabilidad económica y social.

La ministra ha concretado que el plan incluye 75 medidas -de las cuales 55 son actuaciones concretas de inspección-, 20 medidas organizativas y dos planes de choque: uno contra el fraude en la contratación temporal y otro contra la utilización irregular de la contratación a tiempo parcial. Ambos comenzarán a implementarse el 1 de agosto.

Acceso universal a la sanidad

Pool Moncloa / César P. SendraEl Gobierno ha aprobado el Real Decreto-ley sobre Acceso Universal al Sistema Nacional de Salud, que garantiza que "todas las personas sean atendidas en igualdad de condiciones en España", según ha explicado la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón.

La ministra ha señalado que "a partir de hoy, la titularidad del derecho a la asistencia en el Sistema Nacional de Salud se basa en la condición de ciudadanía, por tanto, se desliga de la condición de asegurado".

Carmen Montón ha resaltado que España disfruta de una sanidad pública y de calidad de la que "sentirnos muy orgullosos, que hoy se fortalece recuperando su carácter universal".

La ministra ha avanzado que la norma define como titulares del derecho a la protección a la salud y a la atención sanitaria a las personas con nacionalidad española y a las extranjeras que tengan residencia en España. También a aquellas que, no teniendo su residencia habitual en el territorio español, tienen reconocido su derecho a la asistencia sanitaria en España por cualquier otro título jurídico, como son los pensionistas españoles que no residen en el país o los trabajadores transfronterizos.

Para los colectivos no registrados y no autorizados como residentes, se han establecido criterios para evitar el uso inapropiado del derecho a la asistencia sanitaria. Montón ha señalado que "la asistencia correrá a cargo de fondos públicos cuando no exista un tercero obligado al pago o no se pueda exportar el derecho a cobertura desde su país de origen".

La ministra ha asegurado que "la universalidad no supone un sobrecoste para el Sistema Nacional de Salud", sino que favorece su sostenibilidad. La asistencia normalizada en atención primaria, ha argumentado, "permite un mejor control de las enfermedades, evita que se agraven y que los pacientes tengan que acudir a urgencias o ser hospitalizados, procesos estos que implican un mayor gasto sanitario".

"Lo esencial de esta norma -ha añadido Montón-, lo que justifica la urgencia de la recuperación de la asistencia sanitaria universal es la mejora en la salud individual de las personas que han quedado fuera del sistema y también la mejora de la salud colectiva de toda la población que está en España. Una sociedad justa no deja a nadie atrás".

Umbrales y cuantías de las becas

Pool Moncloa / César P. SendraEl Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto de umbrales de renta y patrimonio y cuantías de las becas y ayudas al estudio, con el que incrementa para el próximo curso en más de 10 millones de euros las becas para los estudiantes de las familias más desfavorecidas.

La ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha informado de que se elevará en 100 euros la cuantía fija ligada a la renta, que pasa de 1.500 a 1.600 euros. Además, se reducirá de 5,50 a 5,00 la nota para obtener la beca de matrícula en el primer curso de estudios universitarios, de modo que "todos los estudiantes que accedan a la universidad podrán tener matrícula gratuita siempre que cumplan los requisitos de carácter económico".

También se incluye el componente ligado a la excelencia por 10 millones de euros a los becarios y se incorpora un tratamiento para los solicitantes de becas que hayan sido víctimas de violencia de género y para sus hijos menores de edad exonerándolos del cumplimiento de ciertos requisitos económicos.

Asuntos de actualidad

La portavoz del Gobierno ha manifestado que es "incomprensible, ilógico y muy doloroso para los ciudadanos" que el Congreso de los Diputados haya rechazado hoy la nueva senda de estabilidad propuesta por el Ejecutivo y aceptada por Bruselas.

Isabel Celaá ha recordado que el nuevo marco suavizaba los objetivos de déficit y otorgaba un margen fiscal adicional a todas las administraciones, por lo que "podría haber favorecido la mejora y ampliación del estado de bienestar". "El Gobierno -ha asegurado- mantiene su rumbo, prepara sus Presupuestos Generales del Estado para 2019 y sigue con su agenda de cambio dispuesto a seguir consolidando el crecimiento, impulsando el empleo y situando a España en el seno de la UE y del mundo, y seguir regenerando la vida democrática de este país".

Por su parte, la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha asegurado que el Gobierno está "preocupado y ocupado" por la presión migratoria que se viene desarrollando en nuestro país desde hace tiempo y, en especial, por los incidentes de los últimos días. A este respecto, ha dicho, el Ejecutivo no "mira hacia otro lado" y está tomando medidas para reforzar todos los dispositivos que operan en las costas.

A título de ejemplo, ha mencionado que el 1 de agosto se pondrá en funcionamiento un nuevo centro de acogida en Chiclana de la Frontera (Cádiz) y que se está tramitando un Plan de emergencia para inyectar 30 millones de euros hasta final de año para reforzar los dispositivos y la atención humanitaria.