Conferencia de prensa de la ministra de Educación, Formación Profesional y portavoz del Gobierno, de la ministra de Política Territorial y Función Pública, de la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, y de la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, después de la reunión del Consejo de Ministros

La Moncloa

Portavoz.- Buenos días, señoras y señores. Hemos adelantado esta rueda de prensa porque, estando reunidos en Consejo de Ministros, hemos conocido la noticia de que en unos minutos el Congreso no aprobará la senda de estabilidad, los objetivos de estabilidad propuestos por este Gobierno y ya negociados y aceptados por Bruselas. Nos parece incomprensible, primero, y lógico y muy doloroso para los ciudadanos y ciudadanas españolas. Nos preguntamos qué estrategia puede justificar, qué explicación puede haber, salvo la de un excesivo dogmatismo, o cálculo excesivo electoralista para no atender las necesidades y prioridades de tantos conciudadanos. ¿Qué estrategia puede existir para mantener la incomodidad, la necesidad, el sufrimiento de españoles en las comunidades autónomas que necesitan una pequeña escuela, un dispensario de salud, una ayuda para la pobreza energética, una carretera?

Por eso, este Gobierno, observa con suma gravedad el anuncio que se realizará en el Congreso en pocos minutos. Queremos insistir en la importancia que merece el significado que esta nueva senda de bienestar tiene en las vidas cotidianas de millones de españoles. Nos preguntamos qué otro significado puede tener el no atender las necesidades primordiales, sino únicamente, puro dogmatismo, pura inflexibilidad ideológica de unos y otros. ¿Cómo podemos privar, después de que el Gobierno lo tenía todo preparado, resuelto con Bruselas, aceptado por Bruselas, llevado al Parlamento? ¿Cómo el Parlamento puede privar a las comunidades autónomas de los 2.500 millones de euros que les permitiría tener, disponer la senda de estabilidad, que en unos minutos nos advierten será rechazada? ¿Cómo puede interpretarse ese desaire a los españoles? ¿Cómo podemos justificar ante ellos y teniendo la oportunidad de recuperar las arcas de la Seguridad Social con otros 2.500 millones de euros --ustedes conocen que de las cinco décimas, dos iban a las comunidades autónomas, dos iban a la Seguridad Social--? ¿Cómo, por esa inflexibilidad, podemos seguir manteniendo la Seguridad Social sin los recursos que podríamos haber prestado ahora con esa nueva senda de déficit?

Hablamos, como ustedes saben, --aquí el pasado viernes nos lo explicó ampliamente la ministra de Hacienda-- de una senda de estabilidad que suavizaba los objetivos de déficit y otorgaba ese margen adicional fiscal para todas las administraciones. Una senda que va a ser votada en contra por Partido Popular y Ciudadanos, y que va a recibir también la abstención de otros grupos, entre ellos, Unidos Podemos. Estas fuerzas tendrán que explicarlo, tendrán que explicarlo a sus conciudadanos. El resultado es que este nuevo marco creado por la senda de déficit, que podría haber favorecido toda la mejora y ampliación del Estado del bienestar por el cual está trabajando este Gobierno, con ese rechazo --como digo-- volvemos a la antigua senda. Esas fuerzas van a tener que explicarlo.

No hace falta repetir que este nuevo camino nos iba a favorecer muchísimo. Todos los presidentes de las Comunidades Autónomas reunidos con el presidente del Gobierno así se lo han afirmado, más allá de la ideología que uno u otro tuviera. Así que el Gobierno mantiene su rumbo, el Gobierno prepara sus Presupuestos Generales del Estado para 2019, y el Gobierno sigue con su agenda de cambio dispuesto a seguir consolidando el crecimiento, a seguir impulsando el empleo, a continuar situando a España en el seno de la Unión Europea y del mundo y, desde luego, a seguir regenerando la vida democrática de este país.

Los conciudadanos, nuestros conciudadanos saben qué hace el Gobierno y qué hacen otras fuerzas políticas. Ellos toman sus apuntes.

Con todo esto paso ya a presentarles la mesa donde me acompañan mis queridas colegas: la ministra de Sanidad, la ministra de Trabajo y la ministra de Política Territorial. Su presencia hoy aquí da idea del calado que ha tenido este Consejo de Ministros, en cantidad y calidad, los reales decretos-ley, o reales decretos, o acuerdos que ha aprobado el Consejo de Ministros.

Como ustedes saben, uno de los principales compromisos del presidente del Gobierno es devolver a los ciudadanos los derechos que la gestión de la crisis les ha ido arrebatando. A eso le llamamos la agenda del cambio. Son derechos laborales diezmados en los últimos años por la crisis, y derechos sanitarios, de los que se privó a una gran parte de los ciudadanos so pretexto de reajustes económicos. Buscamos que la mejora por la que nosotros estamos trabajando tenga un impulso directo, que los ciudadanos tengan en sus vidas el beneficio de lo que ha significado la terminación de la crisis.

Empiezo por mencionar el Plan Director por un Trabajo Digno que hoy se ha aprobado en Consejo de Ministros. Lo explicará la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Con este ambicioso Plan de Trabajo Digno, pretendemos abordar --y ella lo especificará mejor-- los problemas que tiene nuestro mercado laboral: abuso y fraude en los contratos temporales a tiempo parcial, externalización de actividades, promoción de la igualdad, lucha contra la economía irregular, falsos becarios, precariedad laboral.

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha llevado hoy también al Consejo distintas normativas que suman la mayor oferta de empleo público de los últimos diez años, con la capacidad del Gobierno, y con la capacidad de los agentes sociales, ha podido llegar a acuerdos muy importantes que arrojan el resultado que ella explicará enseguida. Es hora de incrementar el empleo público. No solo porque lo merezcan los funcionarios, abandonados desde hace mucho tiempo, sino porque nuestro propósito es mejorar y potenciar los servicios públicos.

También la atención sanitaria es de destacar hoy. La ministra Montón ha cumplido con su palabra, nos anunció hace seis semanas, --creo, ministra--, que iba a traer un Real Decreto-ley para la protección universal de la salud y así lo ha hecho. Tenemos que felicitar --y os felicito en nombre del Gobierno-- a las tres ministras que me acompañan hoy aquí. También hemos aprobado en este Consejo de Ministros un Real Decreto --que más tarde explicaremos-- para establecer los umbrales y las cuantías de las becas y ayudas para el curso 2018-2019. Así que ya ven ustedes que el Gobierno continúa centrado en la tarea de entablar, consolidar diálogo fructífero a todos los niveles, tanto político como social, como internacional, con el fin de sacar adelante propuestas de mejora para toda España.

Esta semana --como siempre recorremos-- ustedes conocen que el presidente se encontró ayer con el presidente Macron, corroborando con este encuentro la magnífica sintonía que en este momento se mantiene entre Francia y España. El presidente Sánchez y Emmanuel Macron avanzaron en la colaboración sobre materias tales como la integración política y económica de la UE, así como también, en el fenómeno, es decir, en tratamiento, los procedimientos para tratar la política de la Migración.

También esta semana, el presidente del Gobierno, ha mantenido un encuentro con el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, y han firmado un acuerdo de colaboración policial. Los más de 300.000 ciudadanos ecuatorianos que residen en España han sido también centro de sus conversaciones. Además, ha mantenido en la agenda nacional encuentros --como ustedes conocen-- con Susana Díaz y Javier Fernández, encuentros de los cuales se han concluido determinados compromisos de interés tanto para la Comunidad de Andalucía como para Asturias.

Asimismo, se ha concluido casi la semana con una reunión del presidente y la ministra de Trabajo con líderes sindicales. Aquí tenemos a la ministra y probablemente podrá hacer una pequeña alusión, si ustedes tienen interés.

Ha habido asuntos muy relevantes --como les digo-- aprobados en este Consejo de Ministros. Empiezo por el Real Decreto-ley de medidas urgentes para adaptación a la normativa europea en materia de protección de datos. Esta es una cuestión bien interesante en la que --como ustedes saben-- Europa ha trabajado denodadamente en el último tiempo. Desde el 25 de mayo de este año, el Reglamento General de Protección de Datos europeos es aplicable en España y para adaptarlo a nuestro ordenamiento interno, aunque disponemos de un proyecto de ley orgánica que está en curso, hemos tenido que --mientras esa ley cursa su trámite-- aprobar un Real Decreto-ley de medidas urgentes para adaptar el ordenamiento español a la nueva normativa de la UE fijada en ese Reglamento.

Hemos aprobado reales decretos -como les comentaba-- relativos a la oferta de empleo público para el año 2018 y otras iniciativas para empleo público, por lo que cedo la palabra a la ministra de Política Territorial y Función Pública para que proceda a su explicación.

Sra. Batet.- Muchas gracias, ministra de Educación, ministra portavoz, y muy buenos días a todos y a todas. Agradezco la asistencia a esta comparecencia, importante, después de un Consejo de Ministros intenso como anunciaba la ministra Portavoz.

El Consejo de Ministros de hoy inicia la senda de recuperación y de poner en valor lo público, de poner en valor la Administración Pública, las administraciones públicas y los empleados públicos como un instrumento fundamental de defensa de los derechos del ciudadano. Necesitamos recuperar a la Administración y a los empleados públicos como garantes de las personas más necesitadas y como armas de igualdad en manos de los ciudadanos. Para ello, necesitamos unos empleados públicos ilusionados, motivados, que superen la falta de horizonte de los últimos años, y que trabajen con convicción para los intereses de la sociedad. Ellos tienen esa vocación de servicio público y desde los poderes públicos, desde el Gobierno de España, tenemos que poner las condiciones para que esa vocación de servicio público se extienda y se aplique lo mejor posible. Para ello, es fundamental mejorar las capacidades de la Administración tras los recortes de los pasados años que se centraron en el personal. En este sentido, hoy, el Consejo de Ministros ha aprobado un paquete de propuestas relacionadas con el empleo público, tres de ellas con la oferta de empleo público para 2018 y, otra, relacionada con la recuperación de derechos por parte de las empleadas y de los empleados públicos.

Todas las medidas que expondré a continuación suponen que en 2018 la oferta de empleo público alcance un total de 30.844 plazas, la mayor oferta desde el año 2008. Las medidas relacionadas con el empleo son: el Real Decreto-ley, en primer lugar, de oferta extraordinaria en los ámbitos de asilo y refugio; el Real Decreto de oferta de empleo público, propiamente dicho, en segundo lugar; y, en tercer lugar, el Real Decreto de estabilización en el empleo temporal.

Hoy aprobamos la creación de 23.156 plazas con la siguiente distribución: 11.095 de nuevo ingreso y 6.204 de promoción interna, cosa que hace un total de 17.299 plazas. A ellas, hay que añadir 5.534 de los procesos de estabilización y 323 derivadas de la oferta extraordinaria de asilo y refugio. Todo ello, todos estos datos sumados a las ya convocadas de abril --que eran 7.688 plazas--. Esta oferta la he planteado como una oferta que debemos destinar a hacer frente a las demandas de empleo en los sectores prioritarios. tales como asilo y refugio --como ya he mencionado a través del Real Decreto-ley--, Seguridad Social y lucha contra el fraude, como el Plan para el Empleo Digno que nos expondrá la ministra de Trabajo a través del 5 por ciento adicional y el grueso de la oferta, las 17.299 plazas que van destinadas, preferentemente, a Instituciones Penitenciarias, asistencia directa a usuarios de Servicios Sociales, prestaciones en materia de desempleo, seguridad y emergencias, o a atención al ciudadano en los servicios públicos, entre otros.

Me gustaría destacar, no solo que es la mayor oferta desde el año 2008, sino que, además, es la mayor creación de empleo neto desde ese momento, ya que se crean un total 1.909 plazas nuevas, lo que supone un 58% más que la oferta del año pasado que fue la primera en crear empleo desde 2009. Pero, no solo eso, quisiera resaltar también que, por primera vez, la oferta de empleo viene respaldada por la firma del correspondiente acuerdo con cuatro de los cinco sindicatos presentes en la Mesa General de la Administración General del Estado: CSIF, Comisiones Obreras, UGT y CIGA; y las otras dos medidas vienen también acordadas con los tres sindicatos mayoritarios: CSIF, Comisiones Obreras y UGT.

Por eso, quiero agradecer el sentido de responsabilidad y la colaboración sindical, que ha sido fundamental para alcanzar estos acuerdos. Aprovecho, también, para felicitar a todo el equipo del Ministerio, al secretario de Estado de Función Pública a su cabeza, por haber alcanzado este acuerdo con los sindicatos.

Con todo ello, trasladamos la recuperación económica no sólo al ámbito salarial, sino también al de la creación del empleo como una apuesta decidida por el sector público y por una prestación de servicios públicos de calidad. En el Real Decreto de oferta se incluye, igualmente, la oferta correspondiente a la Administración de Justicia, que está también respaldada por las organizaciones sindicales presentes en su mesa sectorial. Al decreto de oferta, como decía al principio, se añade un Real Decreto-ley que incorpora una oferta extraordinaria de 323 plazas con las que hacer frente a las demandas derivadas de las solicitudes de asilo y refugio que están creciendo de manera exponencial y que vienen a acumularse a las ya existentes en los últimos años. Se atiende así, también, una reivindicación, una demanda de las organizaciones no gubernamentales.

Además, se incorpora también un Real Decreto de estabilización en el empleo. Hoy traemos aquí la parte correspondiente a la Administración General del Estado que todavía no se ha ejecutado y la correspondiente a la Administración de Justicia de 2018, cuya primera fase sí se aprobó el pasado ejercicio y que en su conjunto afecta a 5.534 empleados y empleadas de carácter temporal. El compromiso firmado el pasado lunes con los sindicatos incluye, igualmente, el compromiso de aprobar en los próximos seis meses el Real Decreto de estabilización de empleo temporal, correspondiente a la Administración General del Estado, derivado de la Ley de Presupuestos Generales del Estado del 2018 que abre a todos los sectores la posibilidad de estabilización. Asimismo, se acordó con los sindicatos convocar conjuntamente los procesos de 2017 y de 2018 en los supuestos en los que haya continuidad.

Por último, quiero hacer, también, una breve referencia al Decreto de recuperación de derechos. En el año 2012, mediante Real Decreto-ley, se recortó el derecho a la percepción del 100% del salario a los trabajadores en situación de incapacidad temporal. En concreto, se estableció una retribución del 50% para los cuatro primeros días y de un 75% para los 14 siguientes. La Ley de Presupuestos Generales del Estado permite, con carácter potestativo, a cada Administración negociar con los sindicatos y volver a la retribución del 100% desde el primer día. El pasado lunes firmé con los sindicatos la recuperación de este 100% desde el primer día y, hoy, el Consejo ha aprobado hacer efectiva esta recuperación de un derecho que nunca se debió perder.

Muchas gracias.

Portavoz.- Gracias, ministra Batet. Quiero cederle la palabra ahora a la ministra Montón para que nos hable del Real Decreto-ley sobre el acceso al sistema universal de protección de la Salud.

Sra. Montón.- Muchas gracias. Buenos días. Hoy el Gobierno ha aprobado un Real Decreto-ley que garantiza que todas las personas sean atendidas en igualdad de condiciones en España en el Sistema Nacional de Salud. La norma aprobada representa un cambio en la atención sanitaria en España. A partir de hoy, la titularidad del derecho a la asistencia en el Sistema Nacional de Salud se basa en la condición de ciudadanía y, por tanto, se desliga de la condición de asegurado. De este modo, el acceso a la atención sanitaria en condiciones de equidad y de universalidad es un derecho básico de toda persona, como así también lo reconocen los tratados internacionales y la Constitución Española.

España disfruta de una sanidad pública y de calidad de la cual nos sentimos muy orgullosos que, hoy, se fortalece recuperando su carácter universal. Esto implica alcanzar la meta marcada por el ministro Ernest Lluch en 1986 con la Ley General de Sanidad, la norma que sentó las bases de uno de los pilares del Estado de bienestar. El concepto de atención sanitaria integral, la universalidad en el acceso y la planificación de los centros y los servicios sanitarios orientados a la cohesión social y territorial, que impulsó la ley de 1996, y que hoy estamos fortaleciendo, se ha revelado como uno de los grandes logros de nuestra democracia.

La norma define como titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria a las personas con nacionalidad española y a las extranjeras que tengan residencia en España. También aquellas que no teniendo su residencia habitual en el territorio español tienen reconocido su derecho a la asistencia sanitaria en España por cualquier otro título jurídico, como son los pensionistas españoles que no residen en el país o los trabajadores transfronterizos. Y además, corrige la exclusión de la atención sanitaria integral provocada a los colectivos que quedaron fuera por el Real Decreto 16/2012, que ejecutó el anterior Gobierno; es decir, contempla como titulares del derecho a la salud y a la atención sanitaria a los colectivos no registrados, ni autorizados, como residentes en España en las mismas condiciones de atención que las personas con nacionalidad española. En el caso de los colectivos no registrados y no autorizados como residentes en España se ha establecido criterios para evitar el uso inapropiado del derecho a la asistencia sanitaria. En este caso, la asistencia correrá a cargo de fondos públicos cuando no exista un tercero obligado al pago, o no se pueda exportar el derecho a cobertura desde su país de origen. La universalidad no supone un sobrecoste para el Sistema Nacional de Salud, al contrario, favorece la sostenibilidad del sistema. La asistencia normalizada en atención primaria permite un mejor control de las enfermedades, evita que se agraven, y que los pacientes tengan que acudir a urgencias o ser hospitalizados, procesos éstos que implican un mayor gasto sanitario. De hecho, la exclusión sanitaria que puso en marcha el anterior Gobierno, ha producido un empeoramiento de la salud de las personas que quedaron excluidas del sistema.

Por otra parte, la fragmentación del derecho a la protección de la salud y a la asistencia sanitaria ha provocado situaciones de inequidad y de desigualdad, que todas las Comunidades Autónomas han ido solucionando, asumiendo la prestación de manera desigual y sin la seguridad jurídica adecuada. También quiero recordar que estamos atendiendo a las demandas de organismos internacionales como la Unión Europea, el Consejo Europeo de Naciones Unidas, o la Organización Mundial de la Salud, además de sociedades científicas y movimientos y organizaciones sociales que han censurado la exclusión sanitaria y los perjuicios que esta ha producido.

Pero, lo esencial de esta norma, lo que justifica la urgencia de la recuperación de la asistencia sanitaria universal es la mejora en la salud individual de las personas que han quedado fuera del sistema y también la mejora de la salud colectiva de toda la población que está en España. Una sociedad justa no deja a nadie atrás.

Hoy en España se recupera la universalidad en el derecho a la salud gracias a una norma que viene a armonizar y a dar cohesión al sistema nacional de salud, que genera igualdad y equidad en el acceso y da seguridad jurídica a las personas, a los profesionales sanitarios, y a las administraciones públicas. Hace seis semanas el Consejo de Ministros anunció el inicio de un proceso dialogado para la recuperación del derecho a la salud en España para todas las personas y, hoy, esto se cumple.

Gracias.

Portavoz.- Muchas gracias, ministra Montón. Voy a cederle la palabra a la ministra Valerio porque ella también ha traído reales decretos de muchísima importancia a este Consejo de Ministros. Ministra.

Sra. Valerio.- Gracias, ministra Portavoz. Muy buenos días a todos y a todos y gracias por acudir a esta comparecencia.

Voy a comenzar presentando el acuerdo que acaba de adoptar el Consejo de Ministros para aprobar un Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2020. Este Plan Director responde a una iniciativa del presidente del Gobierno, que ustedes recordarán, anunció en una entrevista el día 24 de junio que el Gobierno iba a aprobar un plan contra la explotación laboral, hace poquito más de un mes. Bien, pues este plan al cual también el presidente se refirió en su comparecencia en el Congreso de los Diputados el pasado 17 de junio, hoy ha visto la luz y ha sido aprobado por el Consejo de Ministros.

Este plan le hemos denominado Plan Director por un Trabajo Digno, y se enmarca en la agenda 2030 de Naciones Unidas con lo que se denomina Iniciativa de Trabajo Decente, también, de la OIT y con el Plan de Acción para la implementación de la agenda 2030 que aprobó el Consejo de Ministros a finales de junio. Cuando estamos hablando de trabajo digno, de trabajo decente, estamos hablando de un trabajo que asegure un salario digno, que asegure unas condiciones de trabajo justas, que asegure la igualdad entre hombres y mujeres, que asegure una protección social y que, además, sea un trabajo seguro desde el punto de vista de las medidas de prevención de riesgos laborales. Estos empleos dignos son los que quiere defender el Gobierno de España. Se está creando empleo, ayer salieron los datos del segundo trimestre de la Encuesta de Población Activa. Pero no vale con cualquier empleo. El Gobierno va a apostar por este empleo digno y decente que les acabo de comentar.

Hemos utilizado para la elaboración de este plan una metodología participativa. A lo largo de todo el mes de julio hemos desarrollado un intenso proceso de participación y de reuniones con numerosos agentes, colectivos, y Comunidades Autónomas implicadas en la elaboración de este Plan y, como están presentes aquí, quiero darles las gracias a las dos personas que han liderado esta tarea que son el subsecretario del Ministerio, Raúl Riesco, y a Marisol Serrano, que es la directora general del organismo estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, porque la Inspección de Trabajo y Seguridad Social es la que se va a encargar de poner en marcha absolutamente todas las medidas que se incorporan a este plan. Ha sido un plan consensuado, se han ido haciendo aportaciones por las distintas Comunidades Autónomas, han participado de una manera muy activa UGT, Comisiones Obreras, CEOE-CEPYME pero, también, organizaciones de autónomos, de la economía social y los propios sindicatos de la inspección, con los cuales también hemos querido contar puesto que luego son los inspectores y subinspectores los que van a tener que ponerse en marcha.

Objetivos de este plan es, en primer lugar, recuperar derechos laborales perdidos o no aplicados durante la crisis, y de que la crisis tenga una salida que implique no solamente más empleo sino mejorar la calidad del empleo y, por lo tanto, de nuestro mercado de trabajo. Y en segundo lugar, combatir el fraude laboral, que está dando lugar a una competencia desleal entre empresas. Está mermando la competitividad de nuestras empresas y de la economía española. De hecho, ayer mismo en la mesa de diálogo social, donde participan tanto las organizaciones empresariales como las sindicales y el propio ministerio, una de las mesas de diálogo que se han puesto en marcha es la que se va a encargar de luchar contra la economía sumergida, incluyendo el fraude laboral y el fraude a la Seguridad Social. Y por otro lado, queremos no olvidarnos de que nuestra Inspección de Trabajo debe estar centrada en los problemas que tiene en estos momentos el mercado de trabajo. Concretamente, contratos temporales que cubren actividades permanentes de las empresas, es decir, falsos contratos temporales. Contratos a tiempo parcial en los que se paga o se cotiza por la mitad del trabajo, o menos, del que realmente se está realizando. Luchar contra la brecha salarial entre hombres y mujeres, o discriminaciones de todo tipo por razón de género, de ideología, o de condición sexual, que se están dando en nuestro mercado de trabajo. Combatir la utilización de la figura de los falsos autónomos. No tengo nada en contra de los autónomos, personas que sufren, pero sí de aquellos empresarios que están utilizando la figura del autónomo falsamente y que les someten a condiciones laborales que no corresponden con las idóneas. Que son trabajadores por cuenta ajena como la copa de un pino, y les están obligando --si quieren trabajar-- a que se conviertan en falsos autónomos. Las falsas cooperativas, también, la falsa utilización del cooperativismo; la lucha contra la siniestralidad laboral. Digamos que esos son los objetivos fundamentales del plan.

Este plan incluye 75 medidas, de las cuales, 55 son actuaciones concretas de la impresión y 20 medidas organizativas, e incluye, también, dos planes de choque que luego referiré al final de mi intervención.

Para implementar este plan, tenemos que reforzar los recursos materiales y humanos de la inspección, no podría ser de otra manera. Me voy a referir primero a los recursos humanos. En estos momentos, tenemos 1.876 personas trabajando en la inspección: inspectores y subinspectores. En el año 2010 teníamos 1.854, muy poquita diferencia. Ahora mismo, ya hay procesos selectivos que van a implicar reforzar la inspección con 367 personas, pero es que vamos a ir a 466 más, lo comentaba hace un momento la ministra cuando presentaba la oferta de empleo público. En definitiva, queremos reforzar la inspección entre los procesos que hay en marcha y los que se van a poner en marcha en las ofertas de empleo público el 2018, 2019 y 2020, con 833 nuevas plazas de inspectores y subinspectores. Fundamental para que todas las tareas que se les van a encomendar puedan llevarse a cabo. Esto va a significar un incremento de la plantilla del 23% en el curso de cinco años.

El plan, además, va a tener más recursos materiales para la inspección de trabajo, va a haber una inyección de 30 millones de euros: 15 millones el 2019, 15 millones en el año 2020. Cuando hablamos de acción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, hablamos de inversión y no de gasto. Estamos invirtiendo en mejores condiciones laborales, es decir, estamos invirtiendo en una acción social positiva en el mercado de trabajo que va a redundar en mejores condiciones laborales para los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Pero es que, además, es una inversión rentable económicamente, y les voy a dar algún dato al respecto. El año pasado, la Inspección de Trabajo realizó más de un millón de actuaciones, hizo expedientes de sanción y de liquidación que implicaron un ingreso de 1.215 millones de euros. Es decir, que de la acción de la Inspección de Trabajo también es buena para las arcas públicas, concretamente, para la Tesorería General de la Seguridad Social que tan necesitada está de recursos.

Dos planes de choque que les mencionaba anteriormente, que comienzan ya el día 1 de agosto: uno, para luchar contra el fraude en la contratación temporal, y otro, para luchar contra el fraude en la contratación abusiva e ilegal de los contratos a tiempo parcial. Este plan se va a evaluar. La primera evaluación será en enero del año que viene, cada semestre se va a ir evaluando para ver cómo va funcionando por si tenemos que hacer algún retoque. En definitiva, con este plan se demuestra el compromiso del Gobierno de España, con su presidente, Pedro Sánchez a la cabeza, que queremos cantidad de empleo pero también calidad en el empleo y unas mejores condiciones para los trabajadores y trabajadoras de este país.

Muchas gracias.

Portavoz.- Muchas gracias, ministra Valerio. También hemos aprobado los umbrales de renta y de patrimonio familiar, y de cuantías de las becas, y ayudas al estudio para el curso 2018-2019. Como saben ustedes, hemos trabajado con el mismo presupuesto, obviamente, el presupuesto vigente. Sin embargo, hemos hecho algún estudio y hemos modificado alguna cuantía, mejorando los umbrales de renta mínima. Quiero decirles que hay familias que pertenecen al umbral 1, que tienen tres miembros y unos ingresos netos máximos anuales de 10.606 euros, y familias de cuatro miembros con unos ingresos netos máximos de 13.909 euros. Han sido objeto de nuestro interés para que, aun jugando con el mismo cómputo global, poder mejorar algo su condición. Hemos elevado en 100 euros --una cantidad muy modesta pero, ciertamente, la que podríamos disponer-- la cuantía fija ligada a la renta, que pasa de 1.500 a 1.600 euros. Ustedes saben que el modelo con el que se trabaja actualmente en las becas y ayudas disponen de una cuantía fija y una cuantía variable, en función de la cantidad que quede restante según prorrateo. Esto estará en función de cuántos becarios haya y otras cuestiones.
Cambios, por tanto, se aumenta en 100 euros la cuantía fija a la renta que pasa de 1.500 a 1.600 euros. Además, algunos estarán acreditados para recibir una cuantía variable. Se reduce de 5,5 a 5, --una disposición que también tenía prevista el Gobierno anterior sobre la que habíamos reivindicado mucho y durante mucho tiempo-- para obtener la beca de matrícula en primer curso de estudios universitarios, de modo que todos los estudiantes que accedan a la universidad podrán tener matrícula gratuita siempre que cumplan los requisitos de carácter económico.

Se incluye, además, ese componente ligado a la excelencia por 10 millones de euros pero, entre los becarios, no otras personas fuera de la Bolsa de becarios; y se incorpora, y en esto quiero subrayarlo de manera específica, un tratamiento para las solicitantes de becas que hayan sido declaradas víctimas de violencia de género y para sus hijos menores de edad, exonerándoles -aquí sí-- del cumplimiento de ciertos requisitos académicos. Con esto, una vez más, subrayamos el carácter transversal de la igualdad y del trabajo por la igualdad que tiene este Gobierno.

Además de este Real Decreto ha habido otros acuerdos, otros Reales Decretos, uno, que voy a citarles muy brevemente, por el que se y regula una comisión interministerial para el cambio climático y la transición energética. Este Gobierno pone mucho énfasis en esta cuestión y 16 ministerios estarán incorporados a esta comisión para poder, con políticas transversales, adaptar toda la normativa de cambio climático y transición energética. También, hay otro Real Decreto sobre protección del medio marino sobre el que ustedes o del que ustedes podrán tener más noticias al final de esta conferencia.

Ha habido otros dos Reales Decretos de estructura orgánica de distintos Ministerios, y ya con esto, --y ya ven ustedes que gran cantidad de trabajo hace este Consejo de Ministros semana a semana--, con esto nos ponemos a su disposición.

Muchas gracias.

P.- Gracias, Quería preguntarle a la ministra Portavoz: nos ha dicho que van a volver a la senda de déficit del Gobierno anterior. ¿Eso significa que ustedes no se plantean intentar pactar una nueva senda dentro de un mes como le ha pedido Unidos Podemos y los grupos catalanes en el Congreso? Y, más allá de la parte económica, la parte política. ¿Ustedes afrontan esta situación con preocupación como una muestra de lo complicado que va a ser el día a día del Gobierno en el Parlamento por su situación de debilidad? Gracias.

Portavoz.- No, no reconocemos ninguna situación de debilidad, sinceramente. El Gobierno mantiene su curso, el Gobierno tiene voluntad y vocación de agotar la legislatura. El Gobierno está desplegando toda una agenda de cambio, de crecimiento económico, de impulso a un empleo digno, como aquí se ha podido ver, de regeneración democrática, de presencia en Europa que, la ciudadanía, está estimando muy positivamente y, por tanto, tenemos la obligación política de mantener el rumbo. Y así lo vamos a hacer.

Ayer, así lo expresó el presidente del Gobierno y, por lo tanto, este Gobierno que sabe en qué está trabajando y, además, lo explica, confía en poder contar con la corresponsabilidad de otras fuerzas políticas. Hoy hemos recibido un resultado que no nos ha gustado en lo que significa la aprobación de la senda de estabilidad, de los objetivos de estabilidad. No nos gusta porque desconsidera a la ciudadanía que necesita una ampliación de su Estado de bienestar, sobre todo, cuando la crisis ha concluido pero, ciertamente, son los ciudadanos y las ciudadanas los verdaderos auditores de la situación política, son los notarios y ellos son los que finalmente escribirán el contador.

Hay corresponsabilidad política y unos por dogmatismo, como PP y Ciudadanos, y otros porque consideran que las aspiraciones debieran haber estado más altas, nos han aportado un resultado no deseable para la ciudadanía de este país. Algunos tenemos la experiencia de lo que significa haber trabajado con un déficit o una senda de fiscalidad rígida, y sabemos también lo que significa el poder trabajar con una flexibilización de la senda fiscal y, ciertamente, por eso digo y por eso decimos y dice este Gobierno que cuando las Comunidades Autónomas piden que se abra una escuela, que se abra un centro de salud, que haya una ayuda para la pobreza energética, eso solo se nutre desde los 2.500 millones de euros que no sabemos por qué razones, --sí sabemos pero no nos gustaría conocerlas--, han sido negados hoy, de manera arbitraria.

P.- Buenos días. Yo quería hacerle dos preguntas: la primera, es que la mayoría de las medidas que ustedes han presentado, que ha presentado hoy el Gobierno significa un aumento del gasto. ¿No es eso una temeridad cuando el Parlamento ha rechazado el techo de gasto y la senda del déficit para el año que viene? Eso es una primera pregunta, y la segunda pregunta, era para la ministra Magdalena Valerio. Quería preguntarle si ha estimado ¿cuánto empleo pueda aflorar como consecuencia del Plan Director por el Empleo Decente? Muchas gracias.

Sra. Valerio.- Evidentemente, cuando alguien hace un plan y se lo quiere tomar en serio tiene que poner algo de presupuesto encima de la mesa, no vamos a volver a repetir lo que hacía el anterior Gobierno, que hacía planes, no se marcaba objetivos, y no ponía ningún recurso nuevo encima de la mesa. Esos planes suelen ser papel mojado. Acabo de comentar que este Plan Director por un empleo digno, por un trabajo digno, va a significar una inversión en reforzar recursos materiales, por ejemplo, no he mencionado antes una cosa muy importante, que es la herramienta de lucha contra el fraude, un sistema informático que va a implicar que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social va a ir -digamos, para entendernos-- a tiro hecho, no va a ir tanteando a ver, viendo empresas, no, va a tener información --porque va a haber una conexión con datos fiscales, con datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, etcétera-y va a ir a donde están las bolsas de fraude. Por lo tanto, va a ser mucho más ágil y mucho más rentable su actuación.

Bien, pues ese refuerzo de recursos materiales y de recursos humanos lo hemos evaluado en 15 millones de euros en el año 2019 y en el año 2020. Les comentaba que las actuaciones de la inspección sirvieron el año pasado para recaudar una cantidad de 1.200 y pico millones de euros. Si eso no es rentable económicamente, no sé cómo podríamos calificar ese resultado pero, vamos, es rentabilísimo desde el punto de vista económico; pero, lo que es más importante, es muy rentable desde el punto de vista social. En los últimos cinco años han aflorado en torno a medio millón de empleos irregulares. No tengo en estos momentos el dato pero, vamos, el objetivo es, si podemos intensificar esa acción, creemos que son muchos cientos de miles de puestos de trabajo que se pueden aflorar y que va a significar mejores condiciones laborales y más recaudación para la tesorería. O sea que, creo que aunque tengamos que retornar a esa senda de gasto que nos dejó marcado el anterior Gobierno, creo que no es una inversión tan cuantiosa para lo productivo que va a ser la misma. Por lo tanto, vamos a, por supuesto, a seguir en esa línea.

Portavoz.- Y siempre un Gobierno, además, tiene sus prioridades y sus posterioridades. Es decir, que con un mismo monto total de presupuesto tiene que establecer sus prioridades y, desde luego, las de este Gobierno están claramente alineadas con la agenda social.

P.- Gracias. Tenía preguntas para la ministra Portavoz y para la ministra Batet. En primer lugar, creo que no ha respondido a ¿qué va a hacer ahora el Gobierno tras el rechazo a la senda del gasto? Es decir, ¿el Gobierno va a volver a presentar una nueva senda de gasto en el plazo de un mes intentando negociar con los grupos y, además, se plantea o no la posibilidad de intentar reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria para sortear el veto del Senado? Eso por un lado.

Y a la ministra Batet, quería preguntarle si con la agenda de la Comisión Bilateral de la semana que viene, en la que se incluye en el orden del día asuntos como las vías de participación democrática de los ciudadanos catalanes, si ¿no teme que esto suponga una legitimación o un dar carta de naturaleza al discurso independentista en este ámbito? Y, también, si ¿comparte la opinión de la delegada del Gobierno de que los políticos presos llevan ya demasiado tiempo en prisión? Gracias.

Portavoz.- Acerca de la primera pregunta, lo que sí le digo es que la senda de gasto ha de ser, automáticamente, presentada dentro de un mes otra vez. De lo demás no le voy a contestar, dado que son asuntos técnicos y, además, se corresponden con un tiempo futuro en el que habrá que reflexionar.

Había otra pregunta para la ministra Batet.

Sra. Batet.- Gracias. Efectivamente, el orden del día de la comisión bilateral ha sido un orden del día acordado, ha habido dos puntos, a propuesta de cada una de las partes, uno de ellos, a propuesta de la Generalitat donde, efectivamente, quieren plantear y poner encima de la mesa las vías de participación democrática de los ciudadanos catalanes en las decisiones sobre su futuro político. Ellos van a hacer los planteamientos que consideren oportuno y al respecto la posición del Gobierno de España es bien conocida y bien sabida y esa va a ser la respuesta que les vamos a dar en el marco de esa comisión bilateral. Para nosotros es importante, en cambio, que se produzca esa reunión, esta comisión bilateral después de siete años sin reunirse --la última fue en 2011--. Es importante que se recupere un diálogo y una vía política que ha estado muerta durante siete años y es importante, sobretodo, reanudar la normalidad institucional entre Administraciones y entre gobiernos porque eso redunda en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, que es nuestro principal objetivo.

Respecto al tema de los presos, y de si se deben o no mantener, quiero reiterar aquí la posición del Gobierno de España, del Poder Ejecutivo, de respeto a las resoluciones y a las decisiones judiciales y, por tanto, a no pronunciarnos manteniendo y recalcando esa independencia entre poderes del Estado, imprescindible para la calidad de nuestro sistema democrático.

P.- Hola, buenos días. Yo tenía una pregunta para la ministra Valerio y otra para la ministra Portavoz. Por un lado, quería saber si ante la gran presión migratoria que se está viviendo en los últimos días, ¿el Gobierno está tomando alguna medida concreta, lo está poniendo sobre la mesa? Y, por otro lado, no sé si nos podrían hacer una valoración sobre la sentencia de Juana Rivas, la que la condena a cinco años de cárcel y seis sin sus hijos.

Sra. Valerio.- Evidentemente, que el Gobierno está actuando ante la presión migratoria que estamos viviendo, no solamente estos últimos días, sino que llevamos viviendo a lo largo ya también del año pasado y estamos tomando medidas, como no podía ser de otra manera, porque otra cosa sería mirar hacia otro lado, que es lo que hizo el anterior Gobierno también --siento decirlo-- porque ya el año pasado hubo muchísima presión y no se adoptaron ciertas medidas. Así que, lo que estamos haciendo es, tanto desde el Ministerio del Interior como, por supuesto, desde el Ministerio de Fomento pero, sobre todo, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, es reforzar todos los dispositivos que están operando en la Costa. Por lo que respecta a este Ministerio, tenemos un convenio con Cruz Roja y lo que vamos a hacer en próximos días es poner a disposición de las personas que están llegando, un nuevo centro, exactamente en Chiclana de la Frontera, que creemos que comenzará a funcionar el día 1 de agosto, para ir despejando poco a poco los polideportivos que estamos ocupando. Por ejemplo, pongo como ejemplo el de Jerez. Es decir, una atención humanitaria y estamos también tramitando un plan de emergencia --que ya hemos hecho la memoria económica y la evaluación-- para inyectar 30 millones de euros de aquí a final de año para poder reforzar los dispositivos.

Tenemos subvenciones y convenios con ONGs, con Cruz Roja, con CEAR, con Accem, y queremos reforzar esa atención humanitaria de las personas que están viniendo y que a veces vienen en unas condiciones muy delicadas. Así que, como Gobierno, no solamente es que estemos preocupados por el fenómeno, sino que estamos ocupados en buscar solución. Y, por supuesto, ayer lo volvió a poner de manifiesto nuestro presidente con la visita del presidente Macron: creemos que este asunto es un asunto que convoca a toda Europa, a toda la Unión Europea. Ya se debatió en el último Consejo Europeo, se puso encima de la mesa. Hay que trabajar con los países de origen. Nosotros somos país de tránsito, necesitamos ayudas de la Unión Europea y, como tal, se han solicitado ayuda, ayer mismo en una carta del presidente al presidente Juncker porque necesitamos más recursos y necesitamos ayuda de la Unión Europea porque, como digo, este es un problema colectivo, es un fenómeno global pero que para los países que tenemos esta presión se convierte en una situación problemática y queremos dar la mejor atención posible.

Portavoz.- En relación a la sentencia de Juan Rivas, el Gobierno respeta, acata las sentencias, aunque algunas nos duelan más.

P.- Gracias. Para la ministra Portavoz, sobre los objetivos de déficit de deuda. Entiendo que, antes de un mes, entonces, presentará el Gobierno, como dice la Ley de Estabilidad Presupuestaria, su nueva senda, pero alguno de los grupos que se han abstenido hoy entendían como elemento para abstenerse que en el Senado habrían sido rechazados, con lo cual yo quiero insistir sobre la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, si es algo que el Gobierno contempla para que la nueva senda no lleve el camino que la anterior. Y, en segundo lugar, tras la comparecencia del director del Centro Nacional de Inteligencia, querría saber si el Gobierno considera que hay algo más a esclarecer sobre las actividades del Rey emérito, si esa crisis se ha cerrado o, por el contrario, impulsará alguna investigación, o le gustaría que se abriese en el marco del Congreso de los Diputados. Gracias.

Portavoz.- En relación a lo que hemos venido en llamar la votación del Senado sobre la senda de estabilidad, el Gobierno ya se ha manifestado en el sentido de que no parece adecuado que si todas las normativas, todas las leyes, en definitiva, pasan por Congreso-Senado y vuelven al Congreso, en este caso, haya tal excepción que lo que se dirime en el Senado no vuelva a pasar al Congreso. Por eso, el Gobierno reflexiona sobre la oportunidad o no de modificar este campo de juego; si bien, tenemos una ley, y no vamos a hablar de futuribles. Es decir, esta cuestión está abierta a la reflexión.

En relación a Corinna y en relación al director del CNI, el Gobierno está satisfecho con las explicaciones dadas y, también, por lo que no hemos sabido, por lo que sabemos, el Grupo Socialista en el Congreso. Por tanto, ahora corresponde al resto de los grupos dentro del ámbito parlamentario el tomar sus decisiones al respecto.

P.- Hola, buenas tardes. No me ha quedado claro si esa propuesta de senda de déficit que tiene que volver al Congreso va a ser la misma que se ha votado hoy o si va a haber un cambio de todo el paquete presupuestario que aprobaron la semana pasada. Y luego, les quería preguntar, ustedes piden corresponsabilidad al resto de grupos pero ellos lo que les echan en cara es que no hayan negociado con ellos esas cifras. Entonces, quería saber si va a haber una nueva cifra y se va a negociar previamente con el resto de grupos, y si a partir de ahora el Gobierno se plantea cambiar la estrategia y negociar con sus posibles aliados las iniciativas antes de llevarlas al Congreso. Gracias.

Portavoz.- En relación a la primera pregunta, no ha sido debatida en profundidad, por lo tanto, no me pronunciaré al respecto. Ese es un argumento sobre el que hay que elaborar toda una argumentación técnica y, por lo tanto, no me voy a pronunciar.

En relación a la segunda, este Gobierno, si algo hace es negociar. Es negociar, es hablar. Es hablar con las fuerzas políticas y es hablar con los agentes sociales. Entendemos que las negociaciones siempre son perfectibles pero no pensamos que haya sido una ausencia de negociación o de conversación lo que nos ha traído este resultado que no nos gusta para los ciudadanos.

P.- La ministra Montero nos dijo la semana pasada que si no se aprobaba la senda de déficit no había vuelta atrás, o sea, que solo se podía avanzar en el presupuesto nuevo con la senda anterior. En el presupuesto nuevo ¿encajan todas las propuestas que ustedes tienen?, porque supuestamente solo era un punto más de gasto; entonces, no sé si lo han hablado hoy, si están trabajando en ese presupuesto nuevo con un recorte de sólo un 0,1%, o cómo van a avanzar por ahí. Gracias.

Portavoz.- Seguramente esa pregunta tan técnica debiera contestarla la ministra de Hacienda. Efectivamente, si se vuelve a la senda anterior -que habría que volver a la senda anterior-como usted bien sabe, la diferencia que se reservaba la Administración General del Estado era una décima; por tanto, tendremos que reordenar. En este momento se está en proceso de preparación de los Presupuestos Generales, y yo creo que seremos capaces, además, con todo lo que ha dicho, también, la ministra Valerio, de reordenar nuestras prioridades para que redunden -como le digo-- en beneficio del Estado de bienestar.

P.- Gracias. Buenas tardes. Quería preguntarle a la portavoz del Gobierno, en primer lugar, ha dicho que tiene voluntad y vocación el Gobierno de continuar adelante con su proyecto político, con su rumbo. Quería saber si tiene esperanzas de poder continuar adelante con ese proyecto político y esperanzas de sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. Si políticamente ustedes ven viable, factible, probable que puedan sacar adelante este proyecto político, y qué pasa si no sale adelante esta ley que es la más importante del año, dado que en la anterior legislatura el entonces líder del Partido Socialista, hoy presidente del Gobierno, le reclamaba a Mariano Rajoy una cuestión de confianza si no salían adelante estos presupuestos.

Saber también, una segunda cuestión, si cree usted que no fue afortunada al hablar del adelanto electoral esta semana suscitando esta polémica en el seno del Ejecutivo, si se arrepiente, si cree que fue una equivocación o si, por el contrario, se mantiene en todo lo dicho.

Y, quería preguntarle, también, a la ministra de Política Territorial, a la señora Batet, entiendo que sobre los presos el Gobierno entiende que no hay nada que hablar con las autoridades catalanas, que es algo que se circunscribe únicamente al ámbito judicial y, qué opina, si teme el Ejecutivo el nuevo toque de atención que ha mandado el nuevo presidente del PdCat esta mañana, que les ha pedido pasar de las palabras a los hechos. Quería saber a qué palabras y a qué hechos se puede referir el nuevo presidente del PdCat, teniendo en cuenta que el referéndum es algo que está fuera del marco de la negociación, según las propias palabras de este Ejecutivo. Muchas gracias.

Portavoz.- El Gobierno tiene esperanzas fundadas, y factibles, de poder continuar manteniendo el rumbo. Así de claro se lo digo. Así de claro. Absolutas esperanzas fundadas porque considera que hay suficiente inteligencia colectiva en el universo político como para poder saber que, efectivamente, un acuerdo presupuestario mejorará la condición de los ciudadanos. Por tanto, lo que toca ahora hacer al Gobierno es plantear los presupuestos, y es lo que va a hacer, en tiempo y forma.

En relación al arrepentimiento, le diré que es una categoría extra-política. Es religiosa. No obstante, creo que también ustedes, que son unos profesionales, conocen lo que es la sintaxis: una oración principal y una adversativa. En la oración principal, se dijo: "nadie piensa en elecciones anticipadas". Nadie. Seguramente, con mejor fortuna y mucha mejor expresión y claridad, lo formuló ayer el presidente del Gobierno. Es voluntad de este Gobierno mantener la legislatura hasta su final porque estamos en un Estado democrático y, por lo tanto, la convocatoria electoral se hará en tiempo y forma. Este Gobierno está trabajando por el bienestar de los españoles, y los españoles y las españolas así lo están percibiendo. Vamos a persistir, vamos a continuar.

Sra. Batet.- Respecto a las preguntas planteadas, efectivamente, el tema de los presos ya lo he dicho aquí y lo he dicho en reiteradas ocasiones, está dentro del ámbito judicial. Nosotros somos dos poderes ejecutivos y tenemos mucho margen y mucha capacidad y funciones que sí dependen de nuestra acción y, por tanto, en esos temas son en los que nosotros pensamos que debemos centrar el diálogo, las negociaciones y, sobre todo, el poner en marcha las distintas comisiones mixtas previstas en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, así como los grupos de trabajo que puedan facilitar y ayudar a alcanzar los acuerdos que después, otra comisión bilateral, pueda cerrar y firmar.

Creo que hay mucho donde avanzar en las relaciones de colaboración entre las dos administraciones que, insisto, durante los últimos siete años no se han producido prácticamente. Hay mucho donde avanzar en disminuir la conflictividad entre los dos gobiernos, entre las dos administraciones, con recursos de inconstitucionalidad, con conflictos de competencias planteados ante el Tribunal Constitucional. Creo que hay mucho donde avanzar, también, en la participación en los órganos multilaterales por parte del Gobierno de la Generalitat para defender, precisamente, los intereses de las catalanas y de los catalanes en estos órganos multilaterales. Un ejemplo lo tuvimos la semana pasada, creo que de especial relevancia, el Consejo de Política Fiscal y Financiera donde su participación seguramente hubiese sido positiva y hubiésemos podido conocer, también, cuál era el planteamiento del Govern de la Generalitat en ese ámbito, y cómo defendía allí los intereses -insisto-- de los ciudadanos de Cataluña.

El orden del día de la comisión bilateral son 13 puntos y, por tanto, pensamos que hay muchos ámbitos donde poder avanzar más allá de lo que ya se ha avanzado, porque creo que este Gobierno de España ya ha hecho suficientes avances en el poco tiempo que ha tenido, en los pocos días que llevamos en el Gobierno, convocando a esta comisión bilateral --como decía--, o produciendo y provocando, también, la reunión entre el presidente del Gobierno y el president Torra hace unas semanas.

P.- Anabel Díez, de El país. Bueno, mis compañeros ya han hecho preguntas que están bastante ya resueltas, así que me las ahorro, pero sí me quería dirigir a la ministra Valerio sobre su reflexión que ha hecho sobre el tema de la presión migratoria. Ayer, los sucesos de ayer se consideraron especialmente, no sé si graves, usted los considera graves o no o, al menos, inéditos, que fue por la actitud de algunos de los migrantes que, en algunos sectores, se ha considerado como una violencia que no era conocida. No sé si esto les preocupa a ustedes o cómo lo califican, porque ya algunos sectores de las Fuerzas de Seguridad están pidiendo algún gesto de solidaridad y, sobre todo, más medios. Es lo que más piden, más y más medios en las vallas de Ceuta y Melilla.

Y, por otro lado, a la ministra Montón, si ¿cree usted que tiene más o menos arreglado, encauzado, que haya un comportamiento uniforme en todas las comunidades autónomas para garantizar esta universalidad de la atención sanitaria? Si usted cree que va a haber respuesta homogénea en todas las comunidades autónomas. Gracias.

Sra. Valerio.- Bueno, evidentemente, al Gobierno --como no podía ser de otra manera-- le preocupa lo que sucedió ayer en Ceuta. Nos preocupa y nos ocupa lo que está sucediendo en el día a día y la presión que estamos viviendo, pero lo de ayer fue especialmente preocupante por esa agresividad, esa situación tan violenta que se vivió y queremos agradecer a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a la ciudad autónoma, a las ONGs que estuvieron allí, sobre todo Cruz Roja, que está siempre en esa primera línea de atención. Queremos agradecerle su labor y, evidentemente, hay que reforzar, en materia de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, hay que reforzar el número de funcionarios. Lo decía antes la ministra Batet: en uno de los Reales Decretos- leyes que se ha aprobado hoy en materia de oferta pública de empleo, van 333 plazas para asilo y refugio, porque se demora bastante la tramitación y el reconocimiento del carácter de asilado, refugiado, a una persona cuando lo solicita. Así que, desde luego, todo el apoyo a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, en general, y a esos miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que ayer sufrieron agresión, lesiones, y vamos a estar, evidentemente, ahí, con ellos reforzando todos los dispositivos, tanto los que dependen de Interior, como los que dependen del Ministerio de Trabajo Migraciones y Seguridad Social, con ayuda de las comunidades autónomas --como decía--, de los propios ayuntamientos que están siendo solidarios por todo el país, de las ONGs, queda mucho trabajo por hacer, es un trabajo colectivo y --vuelvo a reiterar-- es un trabajo colectivo de la Unión Europea.

Portavoz.- Ya, yo creo que concluimos.

Sra. Montón.- Muy brevemente. Las Comunidades Autónomas estaban demandando, desde hace mucho tiempo, una solución conjunta porque todas las Comunidades Autónomas, todas, habían dado una solución con una seguridad jurídica que no era la adecuada. Y además, quisimos hacerlo en un proceso dialogado. Hemos invertido seis semanas de trabajo intenso en hablar con todos los actores, fundamentalmente, con las Comunidades Autónomas. Se convocó a la Comisión Delegada, se convocó el Consejo Interterritorial. En el Consejo Interterritorial se llegó a un Acuerdo Marco de qué circunstancias, qué situaciones había que contemplar en este Real Decreto. Se ha trabajado, después, con el borrador del Decreto con las comunidades autónomas y, por tanto, sí, habrá una respuesta conjunta en España porque así lo demandaban, no solamente la sociedad civil, sino también las Comunidades Autónomas que son quienes tienen transferidas las competencias de la asistencia sanitaria y que, entiendo, que tienen la misma preocupación que el Gobierno de España, que es, mejorar la salud individual y, también, la colectiva.

Portavoz.- Deseamos terminar con una felicitación a Rosa María Mateo, que ha sido elegida administradora provisional única esta mañana, y esto es una buena noticia que el Gobierno quiere hacerles extensiva.

Yo creo que ya, sin más, después de hora y media casi, nos levantamos. Muchas gracias.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)