​El Gobierno aprueba la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos

La Moncloa, Madrid

El Real Decreto-ley aprobado hoy modifica dos aspectos puntuales de la Ley de Memoria Histórica del año 2007 para permitir la exhumación y el traslado de los restos mortales del dictador Francisco Franco, que se encuentran desde 1975 en el Valle de los Caídos, en el municipio de San Lorenzo de El Escorial (Madrid).

De esta manera, el Ejecutivo podrá cumplir "los compromisos con los contenidos de esa Ley, las indicaciones constantes de Naciones Unidas al Estado español y el último pronunciamiento del Congreso de los Diputados, en mayo de 2017, con ningún grupo parlamentario en contra", según ha destacado la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo.

Pool Moncloa/ César P. SendraCalvo ha manifestado que el hecho de que el dictador siga teniendo una "tumba de Estado" en el lugar donde están enterradas víctimas de ambos bandos de la Guerra Civil "supone incumplir la prohibición del enaltecimiento del franquismo y de la propia figura de Franco" y es incompatible con una democracia madura y consolidada. "No hay ni una sola democracia en el panorama internacional con la que nos queramos comparar que haya sostenido una situación" como esa durante más de cuarenta años, ha añadido.

El Gobierno, ha afirmado la vicepresidenta, no va a perder "ni un solo instante" para cumplir el mandato del Congreso y el informe que los expertos emitieron en el seno de los trabajos de la Cámara, según el cual "la acción más rápida y preferente que había de acometerse para la paz, la concordia y la dignidad de las víctimas" era exhumar los restos de Franco. "No puede haber un momento más en la democracia española sin tener ordenado nuestro recuerdo", ha dicho Calvo, quien ha subrayado la importancia de que las generaciones más jóvenes conozcan "las circunstancias difíciles y trágicas" de la historia de España para que "nunca vuelvan a ocurrir".

Garantías y respeto a las víctimas

La ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad ha explicado que el Real Decreto-ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado y que el Consejo de Ministros aprobará el 31 de agosto un acuerdo para iniciar el procedimiento recogido en el texto.

La exhumación, ha remarcado, se realizará con todas las garantías legales, y los familiares del dictador contarán con un plazo de 15 días para comunicar el destino de los restos mortales; en el caso de que la familia no plantee ninguno, será el Gobierno quien decida "a qué lugar digno y respetuoso" se trasladarán los restos.

Calvo ha indicado que el procedimiento podría estar culminado antes del final de 2018. A partir de ese momento, ha afirmado, el Valle de los Caídos cumplirá una primera función prevista en la Ley de Memoria Histórica: el respeto de las víctimas y la paz en ese lugar.

Pool Moncloa/ César P. SendraEl Real Decreto-ley será remitido al Congreso de los Diputados para su debate y votación en un plazo de treinta días. La vicepresidenta ha señalado que el Ejecutivo quiere que, una vez convalidado, se tramite por el procedimiento de ley para escuchar al resto de grupos parlamentarios y abrir "un espacio de reflexión" sobre cómo mejorar la Ley de Memoria Histórica.

Carmen Calvo ha precisado que el Gobierno dispone de instrumentos jurídicos, dentro del marco de los acuerdos con la Santa Sede, para proceder a la exhumación de los restos del dictador.

Compromiso con la igualdad

Entre los acuerdos del Consejo de Ministros, la ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad ha destacado otro "por lo que significa para los compromisos de igualdad entre hombres y mujeres, columna vertebral de este Gobierno": el nombramiento de los representantes de España en ocho embajadas, de los que cuatro son mujeres.

Las nuevas embajadoras encabezarán, en concreto, la representación diplomática de nuestro país en Cabo Verde, Nicaragua, los Países Bajos y Portugal.

Otros acuerdos del Consejo

• Distribuidos fondos contra la pobreza infantil entre las comunidades autónomas.
• Desarrollada la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia, que incorpora a sus competencias la promoción de los derechos humanos.
• Destinados más de 36 millones de euros a la renovación de la vía de un tramo de la línea de ancho convencional Ciudad Real-Badajoz.

Asuntos de actualidad

La vicepresidenta ha iniciado su intervención en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros confirmando el último caso de violencia de género, ocurrido en Barcelona, con el que se eleva a 951 el número de mujeres asesinadas desde que existen estadísticas. Calvo ha transmitido las condolencias a la familia de la víctima y ha apelado a la unidad de todas las instituciones, los representantes públicos y la sociedad contra una "tragedia de esta naturaleza que supone tanta inseguridad" para las mujeres y los menores.

Pool Moncloa/ César P. SendraA preguntas de los periodistas, la ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad ha explicado que la respuesta del Gobierno a "la presión migratoria" es la política común europea y humanitaria, que atiende al respeto de los derechos humanos, a la seguridad en las fronteras y a la protección a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Sobre este punto ha diferenciado entre, por una parte, las acciones humanitarias de auxilio y rescate de migrantes en situación de riesgo en el mar y, por otra, el asalto a las fronteras de forma irregular, agresiva y con una "violencia inaceptable". "Esto no lo vamos a consentir", ha concluido.

Respecto a la aprobación del techo de gasto para el año 2019, Carmen Calvo ha asegurado que el Ejecutivo considera prioritario modificar la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de 2012, en la que se establece la posibilidad de que el Senado vete la decisión del Congreso. Esa capacidad de la Cámara Alta, ha apuntado, es "excepcional" en el ordenamiento jurídico español.

La vicepresidenta ha recordado, además, que el techo de gasto propuesto por el Gobierno, con la aplicación de las cinco décimas adicionales de déficit concedidas por la Unión Europea, permitiría "recuperar derechos" y "restablecer igualdades".