El Gobierno aprueba el Proyecto de Ley de Seguridad Nacional

La Moncloa, Madrid

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley de Seguridad Nacional, que mejorará la coordinación entre las distintas administraciones ante situaciones de emergencia.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que por recomendación del Consejo de Estado la norma, que fue presentada el pasado 16 de enero como anteproyecto de ley orgánica, será tramitada como ley ordinaria, dado que "no tiene ninguna consecuencia sobre los derechos fundamentales y las libertades públicas".

El texto, ha resaltado, dota al Estado de instrumentos adecuados para afrontar riesgos de forma "más coordinada y eficaz, potenciando las capacidades para responder a desafíos de muy diferente índole". Además, cubre el vacío normativo existente entre las crisis más graves -que son aquellas que contemplan los estados de alarma, excepción y sitio- y aquellas otras que se afrontan con los medios y recursos habituales.

Pool MoncloaEn este sentido, la vicepresidenta ha concretado que la norma regula la situación de interés para la seguridad nacional, que es aquella que por la gravedad efectiva o potencial de sus efectos y la dimensión o transversalidad de las medidas necesarias para resolverla, requiere la coordinación reforzada de las autoridades competentes en el desempeño de sus funciones ordinarias, bajo la dirección del Gobierno. Esta situación será declarada por el presidente del Gobierno, mediante un Real Decreto, y el Ejecutivo informará al Congreso de los Diputados.

La futura ley también concreta legalmente en el ordenamiento jurídico el concepto de seguridad nacional, que se entiende como la acción del Estado dirigida a proteger la libertad y bienestar de los ciudadanos, a garantizar la defensa de España, sus principios y valores constitucionales, y a contribuir al cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de seguridad.

Se establece un sistema de seguridad nacional basado en el Consejo de Seguridad Nacional, que preside el jefe del Ejecutivo. En este sistema se integran la seguridad pública, la acción exterior y la coordinación en ámbitos como la ciberseguridad, la seguridad energética o la protección de infraestructuras críticas.

La contribución de recursos a la seguridad nacional se hará "conforme a los principios de contribución gradual y proporcionada a la situación planteada", ha concluido la vicepresidenta.

Comunicación más fluida entre la Administración y los ciudadanos

El Consejo de Ministros ha modificado la normativa del Boletín Oficial del Estado (BOE) para poner en marcha el Tablón Edictal Único, "uno de los elementos claves de la reforma de la Administración Pública", en palabras de la vicepresidenta del Gobierno.

Sáenz de Santamaría ha recordado que esa reforma ha supuesto gastar 20.000 millones de euros menos y ha añadido que "no solo lo más importante es el ahorro, sino también la mejora en la modernización de la Administración al servicio de los ciudadanos". El Tablón Edictal Único, junto al BOE a la carta y las notificaciones electrónicas, ha afirmado, contribuirá a "garantizar una comunicación mucho más fluida e instantánea entre la Administración y los ciudadanos".

Pool MoncloaEn la actualidad, la Administración correspondiente manda la notificación por vía postal, con un coste de 2,5 euros. La entrega debe intentarse en dos ocasiones, en horas distintas, y si no se consigue porque el interesado no está en casa o se desconoce su domicilio, la Administración tiene que proceder a una "notificación edictal" en un tablón. Esos anuncios se publican en uno de los 63 boletines oficiales existentes, ya sea en el del Estado, en los autonómicos o en los provinciales. Además, en los últimos años han surgido nuevos tablones en ámbitos como el fiscal o el de tráfico. Una vez publicado el anuncio, se tiene por notificado y surte todos sus efectos, aunque el ciudadano no lo sepa.

Para cambiar todo este sistema, ha señalado Sáenz de Santamaría, en primer lugar se van a fomentar las notificaciones electrónicas, "si así lo decide el administrado". El 90% de las comunicaciones a las empresas ya son electrónicas, y en la Ley de Procedimiento Administrativo que el Ejecutivo remitió en su reunión del 8 de mayo a las Cortes se avanza en esa línea: el ciudadano puede proporcionar de manera voluntaria a la Administración una dirección de correo electrónico para que se relacione con él.

Cuando la notificación, ya sea electrónica u ordinaria, no sea posible, a partir del 1 de julio -con una serie de plazos transitorios para tablones como el de Tráfico o el de la Agencia Tributaria- se publicará en el BOE con independencia de la Administración o el órgano de donde proceda. Las Administraciones podrán contar con sus propios tablones de edictos, pero la publicación en el BOE será necesaria y la determinante a los efectos de plazo. Además, a través del sistema del "BOE a la carta", los ciudadanos pueden recibir en su correo electrónico avisos sobre los asuntos que les interesan o cuando su DNI aparece en el Boletín.

Otros acuerdos

En el capítulo de inversiones, el Ejecutivo ha ratificado un convenio de colaboración entre el Ministerio de Fomento, el Gobierno de Aragón y ADIF para mejorar la gestión y las instalaciones ferroviarias entre Sagunto, Teruel y Zaragoza, con objeto de potenciar el tráfico de mercancías; el coste estimado de estas actuaciones es de 4,8 millones de euros. Además, ha impulsado el proyecto "Colectores de Algeciras" para solventar los problemas de inundaciones debidos a la insuficiencia de la red de saneamiento de la zona.

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Por otra parte, el Gobierno ha autorizado la adhesión al Tratado de Marrakech para facilitar a las personas ciegas o con discapacidad visual el acceso a las obras publicadas, lo que "viene a reforzar la trayectoria de España en defensa de derechos de este colectivo y de su plena integración en la vida social y cultural", según ha asegurado la vicepresidenta.

Además, el Consejo de Ministros ha autorizado que en el edificio del antiguo faro de Isla Pancha, en Ribadeo (Lugo), se puedan desarrollar actividades hoteleras. Sáenz de Santamaría ha señalado que se trata del primer caso en España y que el Ministerio de Fomento tiene constancia de que en otros faros se van a promover iniciativas similares, "una puesta en valor de estas edificaciones singulares" que permitirá dinamizar un turismo respetuoso con el medio ambiente, es compatible con otros usos de tipo social o cultural y no afecta al servicio de señalización que prestan los faros.

Asuntos de actualidad

Ante la celebración de las elecciones municipales y autonómicas del domingo 24 de mayo, Soraya Sáenz de Santamaría ha hecho un llamamiento al acatamiento de la ley y de las decisiones de las Juntas electorales, tanto en la jornada de reflexión como en la electoral: "Espero que las organizaciones y los ciudadanos así lo hagamos".

Sobre la publicación de datos fiscales correspondientes a 2013 de la candidata a la alcaldía de Madrid por el PP, Esperanza Aguirre, la vicepresidenta ha manifestado que la Agencia Tributaria ha abierto una investigación para determinar el origen de la filtración y, en virtud de sus resultados, tomar las decisiones oportunas. Corresponde al Gobierno, ha añadido, "respetar la legalidad y los procedimientos".

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Sobre la posibilidad de que se produzcan manifestaciones contrarias al Rey y a los símbolos del Estado durante el partido de fútbol de la final de la Copa del Rey, ha pedido que "sepamos diferenciar" que una "cosa es el fútbol y otra la política" y ha defendido que hay que ser "mucho más respetuoso con la afición" en lo que "debería ser la fiesta del fútbol", porque "no todo puede utilizarse al servicio de la independencia y de un programa político muy determinado".

A preguntas de los periodistas sobre los fallos producidos en el transporte ferroviario de cercanías de Barcelona y su posible relación con el gasto del Estado en esa comunidad, la portavoz ha asegurado que el Ejecutivo, ante una situación de esa naturaleza "que padece un número tan elevado de ciudadanos" ejerce las responsabilidades que le corresponden. "Analizamos cómo se ha producido, pedimos responsabilidades a la empresa, se impondrán sanciones y, en su caso, se rescindirá el contrato", ha dicho.

La vicepresidenta ha añadido que el Gobierno va a "seguir comprometido con las inversiones en cercanías en Cataluña", como atestiguan las cifras en ese ámbito. El Ejecutivo trata "de gestionar lo mejor posible las competencias, en beneficio de todos los españoles, con independencia de donde residan", ha concluido.