Conferencia de prensa de la vicepresidenta y portavoz del Gobierno después de la reunión del Consejo de Ministros

Madrid

Vicepresidenta.- Muy buenos días. Vamos a informarles de los principales asuntos que han sido aprobados hoy en el Consejo de Ministros.

Aprobamos para su remisión a las Cortes Generales el Proyecto de Ley de Seguridad Nacional. Este texto dota al Estado de instrumentos más adecuados para afrontar los riesgos de nuestros días de forma más coordinada y eficaz, potenciando las capacidades para responder a desafíos de muy diferente índole. Lo que regula son las situaciones de interés para la seguridad nacional y viene a rellenar un vacío normativo existente entre las crisis más graves, que son aquellas que contemplan los estados de alarma, excepción y sitio, y aquéllas otras que han de afrontarse con medios y con recursos, digamos, más habituales. Fundamentalmente, esta Ley lo que persigue es una colaboración mucho más eficiente en el uso de todos los instrumentos del Estado ante situaciones de esta naturaleza.

Tras el dictamen del Consejo de Estado, la norma que hoy aprobamos como Proyecto de Ley incorpora algunas modificaciones. La más importante es que, de acuerdo con el Consejo de Estado, toda la Ley va a ser considerada como una ley ordinaria y ya no orgánica, porque se considera que se aborda esta definición desde una perspectiva marcadamente organizativa e integradora, y, dado que no tiene ninguna afección ni ninguna consecuencia sobre los derechos fundamentales y las libertades públicas, no es preciso tener esa cautela de ley orgánica. Esto abunda en el argumento que ya les manifestamos en la presentación de esta Ley: que se trata de una Ley de coordinación; de trabajo fundamentalmente interno de las propias Administraciones, de los propios instrumentos de seguridad nacional, sin ulteriores consecuencias en materia de derechos y libertades.

Además, concretamos que la Situación de Interés para la Seguridad Nacional será declarada por el presidente del Gobierno mediante Real Decreto y se dispone que el Gobierno informará al Congreso de los Diputados.

Muy brevemente --ya les informamos sobre esta Ley-- les expondré las principales aportaciones que supone esta Ley a todo el Sistema de Seguridad Nacional.

En primer lugar, se concreta legalmente en nuestro ordenamiento jurídico este concepto, el de Seguridad Nacional, que se entiende como la acción del Estado dirigida a proteger la libertad y bienestar de los ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales, así como a contribuir, junto a nuestros socios y aliados, a la seguridad internacional en el cumplimiento de los compromisos asumidos.

Por otra parte, se establece un Sistema de Seguridad Nacional que se basa, principalmente, en el Consejo de Seguridad Nacional, que preside el presidente del Gobierno. En este Sistema se integran como componentes fundamentales la defensa nacional, la seguridad pública y la acción exterior, pero también otros ámbitos de especial interés en el momento actual, como pueden ser la ciberseguridad, la seguridad energética o la protección de infraestructuras críticas. Si bien se rigen por su regulación específica, se refuerza su coordinación.

Otro aspecto importante de esta Ley es la regulación de lo que se entiende por Situación de Interés para la Seguridad Nacional. Esta situación se define como aquella en que, por la gravedad efectiva o potencial de sus efectos y la dispersión o transversalidad de las medidas para su resolución, requiere la coordinación reforzada de las autoridades competentes en el desempeño de sus funciones ordinarias, bajo la dirección del Gobierno en el marco del Sistema de Seguridad Nacional.

Por último, se regula la contribución de recursos a esta seguridad nacional conforme a los principios de contribución gradual y proporcionada a la situación planteada.

El segundo de los asuntos importantes que hemos aprobado hoy en el Consejo de Ministros es un Real Decreto por el que se modifica la normativa del Boletín Oficial del Estado. Esto es así para poder introducir uno de los elementos claves de la reforma de las Administraciones Públicas, como es la creación del Tablón Edictal Único.

Hace dos semanas, como saben, el Consejo de Ministros analizó y publicó el informe trimestral de ejecución de la reforma de la Administración. Insistíamos hace quince días en el grado de ejecución avanzado, más del 70 por 100 de las medidas ejecutadas, y en el ahorro de los veinte mil millones de euros. Pero no todo, o no sólo lo más importante, es el ahorro, sino también la mejora y la modernización de la Administración al servicio de los ciudadanos. Con este Real Decreto damos un nuevo paso importante en esa modernización y mejora, y en la sencillez de los trámites.

A partir del 1 de junio se pondrá en marcha ese Tablón Edictal Único en el Boletín Oficial del Estado. Este Tablón Edictal Único, más el BOE a la carta y las notificaciones electrónicas son tres medidas clave para garantizar una comunicación mucho más fluida, mucho más instantánea, entre la Administración y los ciudadanos. Voy a explicar en qué consiste.

Ahora, con carácter general, la Administración correspondiente manda las notificaciones --las hace por vía postal-- a los ciudadanos. El coste medio de esa notificación es de 2,5 euros. La entrega debe intentarse en dos ocasiones en horas distintas. Cuando una Administración no consigue entregar una notificación al interesado, bien porque desconoce su domicilio o bien porque no está en casa cuando le han ido a notificar, la Administración tiene que proceder a una notificación edictal, que es la publicación de un anuncio en un tablón. En un principio, estos anuncios se publican en uno de los 63 boletines oficiales existentes, ya sea del Estado, los autonómicos o los provinciales, con lo que es muy difícil el conocimiento por parte de los ciudadanos, especialmente cuando se trata de actos que se publican en el territorio de una Administración y el ciudadano reside en el territorio de otra.

Además, en estos últimos años han surgido nuevos tablones edictales en ámbitos como el fiscal, tráfico y seguridad social y empleo, que ahora, mediante normas de carácter transitorio, lo que trataremos es de que converjan. Por tanto, al menos teóricamente, para poder conocer una notificación de naturaleza edictal, es decir, por un tablón; el ciudadano teóricamente tendría que consultar todos los diarios oficiales y todos los tablones edictales para ver si tiene o no una notificación pendiente. Además, con el problema añadido de que, una vez que se publicada en el tablón de anuncios, en el tablón de edictos, eso se tiene por notificado y surte todos sus efectos, aunque uno no lo haya llegado a conocer.

Entonces, ¿cómo vamos a cambiar todo el sistema de notificaciones? En primer lugar, fomentando las notificaciones electrónicas, si así lo decide el administrado. En 2014 ya se realizaron un total de 47 millones de notificaciones electrónicas y, actualmente, el 90 por 100 de las comunicaciones y notificaciones a las empresas ya son electrónicas. Lo que hacemos en la Ley de Procedimiento Administrativo que mandamos hace pocos días a las Cortes es precisamente insistir en ese avance en la notificación electrónica cuando el ciudadano voluntariamente --hay obligaciones, pero son para empresas y profesionales--, ordinariamente, decide y considera darle a la Administración una dirección de correo electrónico para que se relacione con él.

En todo caso, ya sea la notificación electrónica o sea la notificación ordinaria, que sigue existiendo, si no es posible, a partir del 1 de junio, y con una serie de plazos transitorios para tablones como el de Tráfico o la Agencia Tributaria, las notificaciones se publicarán en el Boletín Oficial del Estado, con independencia de la Administración o el órgano que las notifique. Es decir, las Administraciones pueden publicar o tener sus propios tablones de edictos; pero la publicación en el BOE es necesaria en todo caso y es la determinante a los efectos de plazo.

Entonces, bastará con estar pendientes de esos tablones edictales: el del Boletín Oficial del Estado, conectado con todos los demás. Pero, además, facilitamos la vida al ciudadano de la siguiente manera: mediante el sistema del Boletín Oficial del Estado a la carta, el BOE a la carta, los ciudadanos pueden comunicar una dirección de correo electrónico al BOE con los asuntos que les interesen o con su propio Documento Nacional de Identidad para que sea el BOE el que les mande un correo informándoles de que hay una notificación a su Documento Nacional de Identidad. Es decir, si una persona quiere tener la tranquilidad de que un asunto se le va a notificar, puede comunicarlo al Boletín Oficial del Estado y será el Boletín Oficial del Estado el que se lo mande a su correo electrónico cuando tenga esas palabras que se le han suministrado. Por tanto, puede llegar a conocer, sin necesidad de mayor esfuerzo, que tiene una notificación edictal.

En el capítulo de inversiones les voy a transmitir algunos asuntos. En primer lugar, se ha aprobado un Acuerdo para ratificar la suscripción de un convenio de colaboración entre el Ministerio de Fomento, el Gobierno de Aragón y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias para las actuaciones de mejora en la gestión y en las instalaciones ferroviarias entre Sagunto, Teruel y Zaragoza, con objeto de potenciar el tráfico de mercancías. El objeto de este Acuerdo es articular la cooperación entre los tres organismos para la mejora en la gestión y en las instalaciones ferroviarias entre Sagunto, Teruel y Zaragoza, y mejorar las conexiones por ferrocarril de Aragón con Valencia y el resto de la Península Ibérica y Europa. Este sistema es fundamental para poder articular la relación de determinados puertos del Mediterráneo con las plataformas logísticas en Aragón.

Lo que queremos destacar es la instalación de sistemas de comunicaciones entre Zaragoza y Teruel, y la mejora de infraestructuras que faciliten la explotación de los trenes de mercancías en las líneas. Estas actuaciones, que se desarrollarán en dos años, tienen un coste estimado de 4,8 millones de euros; de ellos, ADIF aporta 3 millones y el Gobierno de Aragón, el resto. La licitación y dirección de los contratos, y la autorización de las encomiendas, las realiza el ADIF.

Se trata, por tanto, de una medida que trata de mejorar la gestión de las operaciones ferroviarias, dando mayor flexibilidad para reducir los costes de operación y conseguir mejoras de conectividad y de competitividad que permitan atraer nuevos tráficos, y mantener los existentes.

También en el capítulo de inversiones, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria ha autorizado --como saben, gestiona en Ceuta y Melilla la atención sanitaria-- una modificación de límites para la rehabilitación del Centro de Salud de esta Ciudad Autónoma de Melilla, para ir adecuando este edificio a las necesidades asistenciales que han crecido desde su construcción y que asciende a 2,1 millones de euros.

Igualmente --importante para el Campo de Gibraltar--, se ha modificado el convenio de gestión directa entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas para solventar determinados problemas de inundaciones periódicas que ha sufrido Algeciras debido a la insuficiencia de la red de su saneamiento. Se trata de una fase muy importante para todo el Campo de Gibraltar, muy demandada por los ciudadanos, y que va a permitir el desarrollo de un proyecto, llamado Colectores de Algeciras, con un coste aproximado de ocho millones de euros.

También se ha aprobado un Acuerdo para las condiciones de gestión de la transferencia anual de 4,99 hectómetros cúbicos de residuos hídricos realizados desde la Demarcación Hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras a la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir. Con ello --esta medida es importante-- corregimos la situación de sobreexplotación de acuíferos que abastecen de agua al Parque Nacional de Doñana; una recarga que se produce dentro de la Comarca del Condado de Huelva, que es una zona donde el sector agrícola, en concreto el cultivo de la fresa, es gran generador de empleo y los agricultores de la comarca llevaban décadas reclamando agua superficial que garantice el riego de los cultivos.

Por tanto, solucionamos en parte este problema con esta transferencia. Una vez que finalicen las obras necesarias de conducción y regadíos, se podrán regar hasta 917 hectáreas. Con ello, no sólo mejoramos la situación de los agricultores de la zona, sino también damos respuesta a la preocupación social e institucional existente para la conservación de un entorno único, como es el Parque de Doñana.

Entre otros asuntos, también hemos aprobado un acuerdo por el que se autoriza la adhesión al Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso; lo remitimos a las Cortes Generales. La adhesión a este Tratado de Marrakech viene a reforzar la trayectoria de España en la defensa de derechos de este colectivo y de su plena integración en la vida social y cultural, complementando la normativa nacional ya existente en materia de derechos relacionados con la propiedad intelectual en aspectos que ésta no contempla, como el uso transfronterizo sin ánimo de lucro de obras protegidas. España siempre ha sido pionera en el campo de la protección de las personas con discapacidad visual y un referente para otros países; por tanto, la adhesión a este instrumento viene a consolidar nuestro compromiso en este ámbito.

Por último, verán en la Referencia del Consejo de Ministros un tipo de acuerdo que no han visto hasta ahora y es la autorización para usos diferentes a los que se crearon de algunos faros existentes en nuestro país. Hoy hemos autorizado que en el edificio del antiguo faro de la Isla Pancha, en Ribadeo (Lugo), se puedan desarrollar actividades hoteleras, convirtiéndose así en el primer faro de España en el que podrán desarrollarse este tipo de actividades, que, como saben, es muy frecuente y es muy habitual en faros de otros países de nuestro entorno.

El Ministerio de Fomento, a través del proyecto "Faros de España", trata de potenciar el desarrollo de actividades sostenibles en los faros mediante servicios de calidad que desarrolle la iniciativa privada y que garanticen su conservación, sin afectar eso al servicio de señalización que presta el faro.

Se trata, por tanto, de una apuesta en valor de estas edificaciones singulares, toda vez que ciertos espacios, fundamentalmente los que se dedicaban a las viviendas de los fareros, se han ido quedando en desuso. Se pretende con ello dinamizar la economía y el turismo, un turismo singular bajo un enfoque, porque, por otro lado, es muy respetuoso con el medio ambiente. Además, esos usos hoteleros podrán compatibilizarse con otros de tipo social o cultural.

El Ministerio de Fomento tiene constancia de que varias de estas iniciativas se van a promover en otros faros de nuestra costa. Por tanto, como ya digo, hoy es el primero; es una novedad en la Referencia del Consejo de Ministros, pero probablemente en las próximas fechas podrán ver alguna más. Con ésta lo que ponemos en uso es el edificio del antiguo faro de la Isla Pancha, que está fuera de servicio desde 1983 y que, si lo buscan ustedes por Internet, verán que es un entorno maravilloso.

Abrimos un turno de preguntas.

P.- Ante la jornada de reflexión de mañana, quería saber si el Gobierno teme que pueda haber algún problema o algún altercado después de que la Junta Electoral Provincial de Madrid haya prohibido la concentración convocada por el movimiento 15-M en la Puerta de Sol de Madrid.

Por otro lado, después de la investigación abierta, quería saber si el Gobierno cree que se puede conocer pronto el origen de la filtración de la declaración de la renta de la candidata Esperanza Aguirre, y si al Gobierno le preocupa un hecho de estas características.

Vicepresidenta.- Sobre la primera de sus preguntas, desde el Gobierno quiero hacer un llamamiento a todos para el cumplimiento de la Ley y el respeto a las decisiones de las Juntas Electorales, que son las encargadas de velar por el cumplimiento de la legalidad en la jornada de reflexión y durante el desarrollo de la jornada electoral. Yo creo que está bien claro: nosotros tenemos un sistema electoral muy bien definido, en el que a la Junta Electoral le corresponde tomar estas decisiones. Del mismo modo que el Gobierno y los partidos políticos tenemos que acatarlas, yo espero que el resto de las organizaciones y el conjunto de los ciudadanos así lo hagamos, porque es lo que da a nuestro Derecho y a nuestro sistema democrático toda la fortaleza que tiene.

Me pregunta usted sobre la filtración de los ingresos de la candidata por el Partido Popular al Gobierno de Madrid. Quiero decir y quiero confirmar que la Agencia Tributaria ha abierto una investigación para determinar, como hace en otras ocasiones porque ése es el procedimiento, el origen de esas filtraciones. Pero en este momento y a estas alturas de la investigación no puede determinarse aún que el origen haya sido la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Habrá que esperar al resultado de esa investigación.

P.- Siguiendo con el tema de la filtración de la declaración de Hacienda, hilando con la pregunta anterior, ¿le preocupa realmente este goteo de filtraciones que están afectando al Ministerio de Hacienda?

También quería saber si comparte la afirmación que hacía la candidata al Ayuntamiento de Madrid, que era muy concreta, en la que decía que "están en peligro la solidez y la solvencia del Ministerio de Hacienda".

Una última pregunta es si le parece tan criticable esta filtración como la que se produjo en el caso de Juan Carlos Monedero, cuya información fiscal se utilizó por miembros del Gobierno o, incluso, usted misma lo valoró aquí, en esta sala de prensa de Moncloa.

Vicepresidenta.- En primer lugar, en estos casos lo que hay que aplicar por parte de todos es la Ley y, desde luego, de acuerdo con nuestra legislación, y aunque en reiteradas ocasiones se ha pedido que hiciéramos pública información tributaria que afectaba a los ciudadanos --se ha pedido en reiteradas ocasiones--, este Gobierno siempre mantiene el mismo criterio: que, mientras la Ley establezca que esos datos de los ciudadanos están sujetos al secreto que establece la Ley General Tributaria, ni pueden ni deben hacerse públicos. No es la primera vez que nos han pedido que lo hagamos, y, además, con carácter masivo.

En segundo lugar, cuando se produce una filtración de esta naturaleza, lo que hay que investigarse es el origen para poder acreditar de dónde procede, porque pueden o no ser distintas las fuentes desde las que tenga su origen.

Por tanto, yo creo que en estos temas, como en otros, ha de respetarse siempre la legalidad y, por otro lado, el procedimiento en su investigación.

Sobre el tercero de los asuntos, es que en algunas de esas ocasiones han sido los propios afectados los que han hablado de su propia situación tributaria, que es lo que permite, de acuerdo con los informes jurídicos de la propia Agencia, entrar en otro tipo de valoraciones cuando es el propio ciudadano, el propio afectado, el que procede a explicar o a dar él mismo publicidad a sus propias circunstancias tributarias.

P.- Vicepresidenta, siguiendo con este asunto, quería saber si se confirma que el origen de la filtración ha sido, efectivamente, la Agencia Tributaria y si deberían asumirse responsabilidades, como está exigiendo también la candidata Esperanza Aguirre, que es la afectada; responsabilidades políticas, me refiero, también.

Quería conocer una valoración suya sobre el hecho de que plataformas nacionalistas, en concreto, vinculadas a ERC, están apoyando o están impulsando una gran pitada en la final de la Copa del Rey del próximo sábado día 30 contra los símbolos nacionales. ¿Le preocupa que se pite de esa manera a los símbolos nacionales? ¿Deberían tomarse medidas? ¿Usted apoyaría que se suspendiera el partido, en ese caso?

Vicepresidenta.- Para responder a su primera pregunta es necesario conocer el resultado de esa investigación, conocer dónde está el origen y tomar las decisiones oportunas, porque sólo sabiendo ese origen es posible exigir las responsabilidades jurídicas que correspondan.

Sobre la siguiente de sus preguntas, yo lo que les pediría a los partidos políticos es que sepamos diferenciar unas cosas de las otras: que ya está bien de intentar hacer política en todos los foros y con todos los temas; que no todo es bueno para el convento, que una cosa es el fútbol y otra cosa es la política; y que hay que ser mucho más respetuosos con la afición y con otros ámbitos que no tienen por qué politizarse y que todos deberíamos respetar muchísimo más.

No obstante, a cada uno con este tipo de declaraciones le ponemos en su sitio. ¿Y qué quiere que le diga? No todo puede utilizarse al servicio de la independencia, no todo puede utilizarse al servicio de un programa político muy concreto, porque, primero, las aficiones lo son por el fútbol, con independencia de otras cuestiones; que muchísimos se sienten representados en alguna de las dos o simplemente les gusta el fútbol; y, en tercer lugar, que sencillamente, como decía hace un determinado momento, creo que ese día lo que tendrían que hacer es dejar disfrutar al conjunto de los españoles de ese partido.

Por otro lado, yo creo que hay que ser muy respetuosos con los símbolos que nos identifican, porque identifican a la democracia española y, entonces, identifican al conjunto de los españoles; representan a los españoles. Uno puede hacer la política que quiera en los foros que quiera. Oiga, usted tiene el Parlamento, los señores de Esquerra Republicana de Catalunya, para discutir y promover, dentro de la Ley y dentro de la Constitución, lo que corresponda. Pero yo creo que ese día más bien lo deberían dejar para que fuera la fiesta del fútbol y no otro tipo de reivindicaciones, porque foros, como han demostrado, tienen muchos, aunque no siempre los utilicen bajo la fórmula de la legalidad.

P.- Ayer la Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación a Rita Barberá por supuestos usos de fondos públicos para gastos privados. Yo quería saber si al Gobierno le preocupa un nuevo posible caso de corrupción o un nuevo motivo de enfado para los ciudadanos.

También ha habido complicaciones con el voto por correo; ha habido complicaciones para los votantes en el exterior. Yo no sé si el Gobierno se plantea alguna reforma de cara a las elecciones generales.

Vicepresidenta.- Sobre el asunto que me pregunta usted, que le preocupa, yo le digo una cosa: hay una denuncia por parte de un partido político, que se ha presentado en la Fiscalía y a la que la Fiscalía, como en otras ocasiones, ha dado el trámite que corresponde, con carácter habitual. Por tanto, no adelantemos acontecimientos. Un partido político ha planteado una denuncia y la Fiscalía va a investigar si los hechos que allí ese partido relata tienen una entidad desde el punto de vista judicial. Nosotros, desde luego, respetamos esa investigación de la Fiscalía.

Sobre el voto por correo, como en anteriores ocasiones, no es la primera vez que sobre este asunto se han planteado algunas cuestiones; ya desde hace tiempo, no sólo en los últimos tiempos. Desde luego, estamos abiertos a analizar cuantos elementos puedan mejorar esa participación del voto por correo.

P.- Siguiendo con el tema anterior, he creído entender que siempre que se publican datos reservados de Hacienda se abre una investigación. Yo le quería preguntar, por resultados de investigaciones que se supone que han abierto en casos recientes; por ejemplo, si se sabe de dónde salió la filtración de la amnistía fiscal de Rodrigo Rato, si ha llegado ya a algún propósito esa investigación; o, por ejemplo, en el caso de Monedero, que sí que salieron datos sobre Hacienda y cuentas corrientes. ¿También tiene algún tipo de conclusión de aquellas investigaciones? ¿En ésta hay algún plazo concreto o cree que puede dar en un tiempo concreto el resultado de esa investigación?

Vicepresidenta.- No puedo darle ningún plazo en concreto.

Y sobre alguno de los asuntos que me pregunta, algunas de las cuestiones de esas investigaciones, en éste y en otros casos; no sólo algunas de esas informaciones estaban a disposición de la Agencia Estatal de Administración Tributaria como único ente, sino que son informaciones que por las circunstancias pueden estar en distintos organismos, no sólo administrativos, sino en algunos casos de Fiscalía y judiciales. Por tanto, depende de cada caso. Incluso, en algunas, en otros países, que no es la propia España. Con lo que aquí digamos que el origen de esas informaciones puede ser variado y a nosotros no nos corresponde o no tenemos capacidad para investigar en algunos de ellos.

Yo no le puedo dar esa información sobre el resultado de la investigación porque lo desconozco. Sí le digo que en alguno de los casos que ha citado, y en algún otro más, pueden ser varios los organismos, españoles o no españoles, que puedan tener esa información, lo cual muchas veces complica esa cuestión.

P.- Le pregunto sobre el colapso de ayer en las Cercanías de Cataluña. La Generalitat ha responsabilizado del caos al Gobierno por la falta de inversiones. De hecho, esta mañana decían que del plan de choque de cuatrocientos millones de euros sólo se ha ejecutado el 20 por 100 de todo lo previsto. Dice también la Generalitat que en una Cataluña independiente esto no pasaría, no se colapsarían las Cercanías. ¿Qué responde el Gobierno y, sobre todo, cómo se puede garantizar que estos caos, que son reiterados en la red de Cataluña, no se vuelvan a repetir?

Vicepresidenta.- Por ir del caso concreto a lo general, a primera hora de la mañana de ayer, como saben, se produjo un fallo en el sistema del software informático del Centro de Control del Tráfico Centralizado de ADIF en Barcelona. La ministra de Fomento anunció inmediatamente que en cuanto a la empresa responsable de este sistema informático se va a analizar el problema que ha sufrido, las correspondientes sanciones a imponer y, con seguridad, con toda seguridad, puede que se le rescinda el contrato dados los perjuicios causados. Es decir, ante un hecho como es un fallo de esta naturaleza, lo que se hace es que se analiza cuál ha sido la actuación de la empresa responsable, de la empresa que tiene ese contrato, y se actúa frente a la misma.

En segundo lugar, dado que se ha vinculado esto con la independencia, y me sirve la frase que le decía a su compañero, no todo sirve el convento, porque es que no fue el único incidente registrado ayer en el transporte de Barcelona, porque las líneas 9 y 10 del Metro de Barcelona se paralizaron también, a las 15:09 horas, por un fallo en el sistema de control de tráfico de transportes, según informaron fuentes de Transportes Metropolitanos de Barcelona. Con lo que ¿esto va también ligado a la independencia?

Yo creo que hay que ser mucho más serios. Yo creo que, cuando hay un problema técnico, hay que investigarlo y hay que analizar qué ha pasado. Un fallo técnico de estas naturalezas se depura y se toman las responsabilidades correspondientes dentro de la empresa que lo gestiona. Pero lo que no puede servir es que cualquier asunto se utilice para la reclamación constante, sobre todo, cuando horas después tienes un problema que en nada afecta a las competencias del Estado, cual es el problema generado en el Metro. Yo creo que hay que ser un poquito más serios y, además, llama a uno poderosísimamente la atención esta campaña a pocas horas de unas elecciones.

Además, me pregunta usted por las inversiones. La red ferroviaria de Cataluña --y esto son datos, ¡eh! Yo aquí ya no entro en valoraciones-- es la infraestructura que más inversiones ha recibido en los últimos años en España. Entre los años 2008 y 2011, las infraestructuras ferroviarias catalanas recibieron inversiones por importe global de 664,6 millones de euros; a lo largo de la última Legislatura, período 2011-2014, Cataluña recibió inversiones del Estado por valor de 113,6 millones de euros en materia ferroviaria, por cierto, bastantes más que en otros sitios donde también gestionamos una importante línea de Cercanías, como es el caso de Madrid: Madrid recibió 55,64 millones de euros. Por cada euro de inversión en Madrid, se invirtieron dos en Cataluña.

Cercanías es un servicio esencial para Cataluña y, por tanto, seguimos invirtiendo para la mejora del servicio; por ejemplo, implantación del ERTMS en diversas líneas, nuevos servicios, extensión de nuevas tecnologías y adecuación y mejora de las estaciones. Las inversiones previstas para el período 2015-2018 ascienden a 553,7 millones de euros, sin contar con la inversión que el otro día yo misma anuncié en esta mesa del Consejo de Ministros, que es la conexión del acceso ferroviario a la T-1 del aeropuerto de El Prat.

En la red de Cercanías, con 669,9 kilómetros de red de Cercanías, Cataluña es la mayor red de Cercanías de España, duplicando casi la longitud de la red de Madrid. Y algo ocurre, de manera similar, en las estaciones: 145 frente a 92 que hay en Madrid.

El índice de puntualidad alcanzado en la red de Cercanías de Cataluña es de un 96,87 por 100, que lo sitúa entre los más altos de las principales capitales europeas.

El núcleo de Cercanías de Barcelona es el segundo de España por número de viajeros en día laborable, con una media de 348.000 viajeros, frente a la media de 812.000 viajeros de la red madrileña.

La red de Cercanías de Barcelona da servicio a 79 municipios, frente a los 36 que da Cercanías de Madrid.

El coste anual de explotación de la red de Cercanías asciende en Cataluña a 87,6 millones de euros; en Madrid, 76,7 millones. Esto significa que el coste de explotación por viajero asciende a 0,83 euros en Cataluña y a 0,33 euros, respectivamente, en Cataluña y en Madrid.

Es decir, hay un compromiso del Gobierno de España con la red de Cercanías en Cataluña.

En segundo lugar, como nosotros somos una Administración seria, cuando hay un problema como el que se generó ayer y lo padecen ese número tan importante de ciudadanos, ejercemos las responsabilidades que nos corresponden, analizamos cómo se ha producido el fallo, le pedimos responsabilidades a la empresa, se le impondrán las sanciones correspondientes

y, en su caso, se rescindirá el contrato.

Vamos a seguir comprometidos con las inversiones en Cercanías en Cataluña, porque de ellas depende mucha gente para ir a su trabajo o a lo que quiera hacer. Nuestro compromiso con esa red de Cercanías se ve en las cifras que hemos dado, aisladas y comparativas con otras Comunidades Autónomas.

Y, en cuarto lugar, nosotros tratamos de gestionar lo mejor posible las competencias en beneficio de todos los españoles, con independencia de dónde residan. Algunos parece que buscan que se produzcan estas cosas para poder alimentar una serie de discursos que nada tienen que ver con las necesidades que tienen los ciudadanos para ir a trabajar o para otras cuestiones.

P.- Sobre la Ley de Seguridad Nacional, después del dictamen del Consejo de Estado quería preguntarle un par de cuestiones. ¿El Gobierno considera una desautorización, por ejemplo, algunos de los cambios que le ha obligado a introducir, como quitar lo de que sea orgánica para pasar a ser ley ordinaria, y, sobre todo, el hecho de que en la declaración de Situación de Interés para la Seguridad Nacional el presidente del Gobierno deba realizarla a través de Real Decreto y pasar por el Congreso?

En la cuestión competencial, en la que se levantó una cierta polémica cuando se aprobó el Anteproyecto, quería saber cómo había quedado y si había habido algún cambio en la posibilidad de que el presidente del Gobierno coordinara, movilizara, todas las policías, autonómicas, locales, de toda España para una situación de este tipo.

Vicepresidenta.- Sobre la primera de las cuestiones, nosotros mismos, en la tramitación de esta Ley, fuimos los primeros en analizar el rango que tenía que tener la Ley. Esta es una cuestión de técnica jurídica un tanto complicada. A nuestro juicio, y desde el primer momento, vimos que no había ningún tipo de afección a los derechos fundamentales, a las libertades públicas, a diferencia de lo que ocurre en la Ley Orgánica reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio.

No obstante, por prudencia, consideramos que a lo mejor a alguno de los artículos era necesario darles ese rango de Ley Orgánica. El Consejo de Estado nos ha dicho que no es necesario, lo cual, por otro lado, refuerza esa naturaleza que nosotros consideramos que tiene la Ley, mucho más organizativa y mucho más de coordinación que intrusiva sobre cualquier derecho o cualquier libertad pública. Con lo que, al contrario, esa consideración del Consejo de Estado nos permite a nosotros tener una mayor, llamémoslo así, seguridad a la hora de promover la tramitación de esta Ley. ¿Por qué? Porque lo que viene a hacer es llenar un vacío en el que, a lo mejor, una situación --y enlazo con su segunda pregunta-- tiene una relevancia importante para la seguridad nacional, pero no es necesario adoptar ninguna de las medidas reguladoras de los estados de alarma, excepción y sitio.

Les recuerdo que en España se ha declarado el estado de alarma en una ocasión para gestionar un conflicto laboral, con todo lo que eso supone de su declaración y, después, de su ratificación en las Cortes Generales. Entonces, indudablemente, ésta es una situación en la que sobre la fórmula de real decreto o acuerdo también estamos ante un aspecto también muy de técnica jurídica. Bienvenidas sean, digamos, observaciones y aportaciones en este sentido, sobre todo, teniendo en cuenta que los otros estados generan una tramitación, lógicamente, por las consecuencias que tienen, mucho más complicadas.

Sobre la tercera de sus preguntas, aquí sobre lo que estamos trabajando es sobre medidas de coordinación, igual que ante cualquier otra circunstancia o situaciones de emergencia, hay coordinación y distintos grados entre las distintas Administraciones Públicas Es de lo que se trata en esta Ley de Seguridad Nacional: que ante determinados circunstancias podamos, sobre todo, tener organizado y tener determinado de qué mecanismos y qué medios dispone cada una de las Administraciones, muy principalmente la Administración General del Estado, donde son distintos los organismos que toman decisiones sobre una determinada materia. Pero ante una determinada circunstancia, que sea de interés para la seguridad nacional, es necesario que exista una gran coordinación al respecto. De eso es de lo que trata esta Ley.

P.- La señora Aguirre ha señalado literalmente que "Montoro ya está tardando en dar con quién filtró su declaración". ¿Le preocupa al Gobierno que se ponga en duda la actuación de Hacienda por personas del propio partido del Gobierno?

Vicepresidenta.- A nosotros lo que nos preocupa es cumplir con los procedimientos que establece la Le, y eso es lo que vamos a hacer, y lo que estamos haciendo.

Muchísimas gracias.