​El Gobierno impulsa una administración moderna, ágil, eficiente y transparente

La Moncloa, Madrid

El Consejo de Ministros ha analizado el Anteproyecto de Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula las relaciones externas de la administración con ciudadanos y empresas.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha subrayado que la reforma de las administraciones públicas es una "experiencia positiva" porque "está facilitando la salida de la crisis económica" y tiene que conducir a que "al final de la legislatura tengamos una administración moderna, ágil, eficiente y transparente".

Montoro ha resaltado que para alcanzar estos objetivos se potenciará el uso extensivo de las tecnologías de la información en las relaciones de los ciudadanos con la administración: "La administración será íntegramente electrónica, desaparecerá el papel y estará totalmente interconectada".

El ministro ha asegurado que los ciudadanos podrán hacer sus gestiones administrativas durante las 24 horas del día y con independencia de cuál sea el organismo al que se dirijan. Además, la propia administración obtendrá las copias que necesite de cualquier documento que esté registrado electrónicamente: "Se acaba el famoso papeleo".

Pool MoncloaAdemás, se simplificarán los medios de identificación de los ciudadanos y de firma electrónica. El ministro ha aclarado que se facilitará a los usuarios claves electrónicas concertadas en el momento para realizar sus trámites pero quienes necesiten ayuda recibirán la asistencia de los funcionarios.

En este sentido, la vicepresidenta del Gobierno ha resaltado que los ciudadanos que no tengan Internet o que no quieran acceder a través de la red "podrán hacerlo por la vía tradicional, pero el procedimiento electrónico se convierte en la vía ordinaria de trabajo".

Ventajas para las empresas

Cristóbal Montoro ha explicado que las empresas tendrán que relacionarse obligatoriamente de forma electrónica con las administraciones, al igual que vienen haciendo con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social. Como regla general, no tendrán que aportar documentos que ya hayan sido registrados con anterioridad o elaborados por la administración, lo que agilizará los procedimientos administrativos. Asimismo, podrán otorgar poderes electrónicamente para que sus representantes realicen trámites.

En el ámbito estatal, las nuevas normas entrarán en vigor en enero y junio para que las empresas puedan planificar su actividad con mayor certidumbre y adaptarse mejor a los cambios normativos.

Funcionamiento interno de la administración

El ministro ha avanzado que las comunicaciones entre administraciones serán íntegramente electrónicas, por lo que se reducirán los tiempos de información y tramitación de las normas, lo que repercutirá en beneficio del administrado.

Pool MoncloaCon el objetivo de ganar en transparencia, se creará un inventario único y público de todos los organismos y entidades que podrá ser consultado por ciudadanos y empresas. Además, se habilitará un registro estatal que incluirá todos los órganos de cooperación en los que participa la Administración General del Estado y todos los convenios que ésta tiene suscritos con el resto de las administraciones.

Montoro también ha destacado que se prevé la realización de una consulta pública, previa a la elaboración de las normas, y se evaluarán los efectos y el grado de cumplimiento de la normativa aprobada en el año anterior.

Por otra parte, las Conferencias Sectoriales (principal órgano de cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas) serán informadas sobre los proyectos normativos previstos cuando puedan afectar a las competencias de otras administraciones con el fin de evitar duplicidades.

Anteproyecto de Régimen Jurídico del Sector Público

El Gobierno también ha analizado el Anteproyecto de Régimen Jurídico del Sector Público, que se centra en la organización y relaciones internas dentro de cada administración y entre las distintas administraciones.

Cristóbal Montoro ha señalado que la norma incide en la consolidación fiscal puesta en marcha en la legislatura y establece nuevas causas de disolución de entidades públicas, como por ejemplo que estén en desequilibrio económico durante más de dos ejercicios o que ya no cumplan sus fines. Además, la creación de cualquier organismo estatal deberá estar plenamente justificada y ser económicamente sostenible.

El ministro ha anunciado que, por primera vez, se regula por ley el funcionamiento de la Conferencia de Presidentes, el contenido de las conferencias sectoriales y los requisitos de idoneidad que deben cumplir los miembros del Gobierno, secretarios de estado, subsecretarios, secretarios generales, delegados del Gobierno y directores generales.

Informe anual de la CORA

Pool MoncloaLa vicepresidenta del Gobierno ha destacado que el informe sobre el seguimiento de la ejecución del Informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) correspondiente al año 2014, presenta datos muy positivos. En el mismo sentido, el ministro de Hacienda y Administraciones públicas ha dicho que las cifras son "impresionantes" y en buena parte responden al comportamiento de las administraciones territoriales: "Nadie debe entenderlo sólo como un esfuerzo de la Administración General del Estado".

Soraya Sáenz de Santamaría ha concretado que todas las medidas de reforma de la Administración abordadas desde el inicio de la Legislatura han supuesto unos ahorros acumulados de más de 18.000 millones de euros. De ellos, 4.773 corresponden a la Administración General del Estado, 10.510 a las Comunidades Autónomas y 2.904 a las entidades locales.

El número de entidades públicas suprimidas ha sido de 2.029; más de un 58% de las medidas están implantadas y un 27% en fase final o muy avanzada de ejecución. Además, como consecuencia de la eliminación de trabas a los ciudadanos, se ha generado un ahorro para empresas y particulares de 1.700 millones de euros.

La vicepresidenta también ha informado de la aprobación de 19 nuevas medidas para reducir cargas administrativas que supondrán un ahorro anual de 74.843.814 euros. Entre ellas ha citado la que permite el cambio de domicilio a través de la plataforma de intermediación de datos y la que habilita centros de reconocimiento de conductores para gestionar la renovación del permiso de conducir a las personas con discapacidad.

Ley de Montes

El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de modificación de la Ley de Montes cuyos objetivos fundamentales, según ha explicado la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, son "la protección de nuestra diversidad, la prevención de los incendios forestales y la lucha contra el cambio climático", así como facilitar el aprovechamiento económico de los recursos forestales que pueden contribuir a la creación de riqueza y empleo en el medio rural.

Para lograr el cumplimiento de estos objetivos debemos facilitar y mejorar la gestión de los montes, entendiendo por tales "toda superficie menos la de usos agrícolas y la urbana", ha especificado García Tejerina. En este sentido, el proyecto contempla una nueva clasificación de los montes, la simplificación de los instrumentos de gestión y la incorporación de figuras que la faciliten.

Respecto a la clasificación, que será "más clara y concreta", atiende a dos criterios: la titularidad -pública o privada- y la función que desempeña -si el monte es o no de interés general-.

En cuanto a la simplificación de los instrumentos de gestión, la ministra ha señalado la obligación de ordenar los montes que cumplen una función de utilidad pública y ha añadido que las Comunidades Autónomas podrán establecer modelos de gestión tipo en función de las características de los distintos montes.

Pool Moncloa La nueva norma establece una figura que permite la gestión de los montes sin necesidad de acuerdo de todos los propietarios, evitando así que cuando la titularidad corresponde a varias personas y alguna de ellas es desconocida se abandone su gestión.

En este punto, García Tejerina ha comentado que "en España hay muchos montes que no están gestionados y esto significa que están abandonados y se están deteriorando porque muchas veces la titularidad no es conocida o no tienen la dimensión adecuada para su gestión. Lo que nosotros pretendemos con estas figuras es evitar este abandono y este deterioro y facilitar la gestión de los montes, porque un monte gestionado es un monte cuidado y un monte cuidado es un monte que tiene muchas menos posibilidades de que se le prenda fuego".

Además, la ministra ha explicado que la reforma incorpora medidas contra la tala ilegal de madera y su comercialización. Para ello se mejora la tipificación de las sanciones en función del daño causado, atendiendo tanto a la cuantía económica como al tiempo de recuperación.

Estrategia Nacional de Gestión Cinegética

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con la participación de las Comunidades Autónomas, elaborará una Estrategia Nacional de Gestión Cinegética para coordinar los aspectos de la caza que afectan a más de una Comunidad Autónoma.

También se creará un registro español de infractores de caza y pesca a efectos informativos. Este registro facilitará, ha dicho la ministra, el mecanismo de reconocimiento mutuo de licencias entre distintas Comunidades Autónomas. De hecho, para la próxima temporada las Comunidades que hayan suscrito el acuerdo tendrán una licencia única que posibilitará a los cazadores actuar en todo el territorio de esas Comunidades.

Asuntos de actualidad

Pool MoncloaPreguntada por la situación y las medidas adoptadas en nuestro país ante los atentados yihadistas cometidos en París esta semana, la vicepresidenta del Gobierno ha asegurado que España es uno de los países "más seguros del mundo", nuestra legislación es "muy rigurosa en materia antiterrorista", los servicios de información y la cooperación internacional funcionan bien y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad están, "como han demostrado en reiteradas ocasiones", muy preparados y realizan una gran labor.

No obstante, ha precisado que, por razones de prudencia, se ha elevado un grado el nivel de alerta porque "el riesgo cero no existe" y "nadie está libre de esa barbarie".

La vicepresidenta ha detallado las principales líneas de desarrollo del calendario legislativo para los próximos seis meses: medidas para favorecer la empleabilidad ligadas a la formación y al trabajo autónomo; una agenda social amplia y ambiciosa; la continuidad en la implementación de las reformas estructurales; la consolidación de la reforma de las administraciones públicas y la adopción de medidas de regeneración democrática y lucha contra el fraude y la corrupción.

Respecto a la atención del Gobierno a los enfermos de hepatitis C, Sáenz de Santamaría ha señalado que las medidas se adoptarán en ámbito del reciente Plan Estratégico Nacional, con la colaboración de las Comunidades Autónomas y las asociaciones de pacientes para un acceso a la atención "equitativo y basado en criterios clínicos". En esta cuestión, ha precisado que el planteamiento científico debe primar sobre el político y que el coordinador del Plan, Juan Rodés Teixidor, tiene una "acreditada experiencia" como hepatólogo.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, a preguntas de los periodistas, ha manifestado que la intención del Gobierno es que la futura Ley Tributaria permita publicar la relación de morosos a la Hacienda Pública y de los defraudadores declarados como tales por decisión judicial.