Conferencia de prensa de la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, y de los ministros de Hacienda y de Agricultura, después de la reunión del Consejo de Ministros

Madrid

Vicepresidenta.- Muy buenos días. Vamos a informarles de los principales acuerdos aprobados hoy en el Consejo de Ministros.

Me acompaña la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, porque hemos aprobado, para su remisión a las Cortes Generales, el Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Montes. El objetivo de esta modificación es la mejora de la gestión de los montes para la conservación de la biodiversidad, la prevención de los incendios forestales, la lucha contra el cambio climático y el aprovechamiento económico de los recursos forestales, que, sin duda, además, son una contribución esencial para el desarrollo del medio rural.

Por otro lado, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y yo misma comparecemos para informarles del impulso importante que hemos dado hoy a la reforma de las Administraciones Públicas en determinados aspectos que brevemente expondré y que explicará con más detalles el ministro Cristóbal Montoro.

En primer lugar, hemos aprovechado este Consejo de Ministros para presentar un Informe de progreso del cumplimiento del informe de la reforma de las Administraciones Públicas. La Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración ha elevado este Informe anual de Progreso, que corresponde al año 2014. Quiero decirles que el Informe estará disponible on-line para consulta de todos los interesados y detalla los avances realizados a lo largo del año pasado.

Sí quiero destacar, en resumen de este Informe de Progreso, tres aspectos fundamentales: los ahorros acumulados hasta la fecha con la reforma de las Administraciones Públicas son de dieciocho mil millones de euros; en segundo lugar, el número de entidades, entre organismos y empresas públicas, suprimidos en este proceso ha sido de más de dos mil, 2029 organismos y empresas públicas; y el grado de ejecución del Informe es, en grandes líneas: un 85 por 100 de sus medidas están, o totalmente implantadas, o en fase final de implantación: más de un 58 por 100, totalmente implantadas, y un 27 por 100, en fase final o muy avanzada de ejecución.

Quiero añadir, además, que no solo se han producido ahorros para la Administración, sino que, como consecuencia de la eliminación de trabas para los ciudadanos, se ha generado un ahorro para empresas y particulares de 1.700 millones de euros.

Por tanto, dieciocho mil millones de ahorro acumulado por la reforma de las Administraciones; en segundo lugar, más de dos mil entidades, entre organismos y empresas públicas, suprimidos, y un grado de ejecución muy avanzado, en el entorno del 85 por 100, de medidas totalmente implantadas o en fase muy avanzada de implantación.

También hoy hemos aprobado --aparte de las dos Leyes que les diré muy brevemente-- un Acuerdo… Ya saben que periódicamente hacemos revisión de todos los procedimientos y vemos qué trámites nos podemos cargar, por decirlo de alguna manera; qué trámites podemos suprimir, que trabas le quitamos al ciudadano. Diecinueve nuevas medidas: permitir el cambio de domicilio a través de la plataforma de intermediación de datos; habilitar centros de reconocimiento de conductores para la gestión de la renovación del permiso de conducir a las personas con discapacidad, cuando se mantengan las condiciones por las que fue concedido; o, por ejemplo, la solicitud telemática de certificación del informe de gastos en I+D+i ante el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial; o, por ejemplo también, utilizar el punto único de la Administración General del Estado para la remisión de facturas electrónicas de proveedores, también de otros organismos públicos del Estado.

Pero, como decía, hoy damos un avance muy importante al Informe de la Comisión de la Reforma de las Administraciones Públicas. ¿En qué sentido? Voy a poner un ejemplo. Saben que una de las medidas del informe era reducir la tasa de morosidad de las Administraciones Públicas pagando a sus proveedores. Primero, ¿qué hicimos? Aplicar los Planes de Pagos a Proveedores, que supusieron una importante inyección de liquidez a nuestra economía, y además salvaron a muchas empresas de la quiebra; y, después, una vez que limpiamos esas deudas pendientes, aprobar una Ley de Deuda Comercial y una Ley de Factura Electrónica.

Ahora hacemos lo mismo. Hoy se presentan para una primera fase, Anteproyecto de Ley, una nueva Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y una nueva Ley de Procedimiento Administrativo. Como decía, proceso de reestructuración de todo el sector público: se suprimen más de dos mil entidades. Ahora lo que tenemos que conseguir es que no volvamos otra vez al punto de partida; una nueva Ley de Régimen Jurídico que analiza cómo se deben crear entes públicos, cómo deben funcionar las Administraciones, qué planes y qué objetivos tienen que cumplir, cómo tiene que ser su contabilidad, sus controles, etc., etc., hasta un proceso nuevo, más fácil, de disolución en caso de que no sean necesarias o en caso de que sean superficiales.

Del mismo modo, en el ámbito del procedimiento administrativo. Les he explicado ahora mismo un Acuerdo de reducción de cargas, de eliminación de trámites. A lo largo de estos meses lo que hemos hecho es convertir en telemáticos muchos procedimientos: citas previas, la posibilidad de a través de Internet obtener mucha información o relacionarse directamente por Internet... Por ejemplo, esta semana se abrió el plazo para la presentación de solicitudes de las deducciones de apoyo a la familia, de lo que llama el Ministro "impuestos negativos", en esa terminología curiosa, a las familias numerosas o a las familias que tienen algún dependiente a su cargo. Se podía hacer telemáticamente o por teléfono, antes que presencial.

Lo que hacemos es el procedimiento telemático. La relación a través de Internet con la Administración se convierte en la tónica general. Por supuesto, los ciudadanos que no tengan Internet o no quieran acceder a través de Internet podrán hacerlo por la vía tradicional; pero el procedimiento electrónico se convierte en la vía ordinaria de trabajo y de relación de la Administración con el resto de las Administraciones Públicas.

Ésa es, digamos, la filosofía. Ahora explicará el Ministro el contenido de las dos leyes que hoy presentamos y, como digo, son la consolidación, la cristalización, en dos leyes de los principios que han inspirado la profunda reforma administrativa que hemos hecho y que se traduce en esos, entre otros, datos que les acabo de presentar.

Finalmente, les informo de otras dos cuestiones. Hoy se aprueba un Real Decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Como saben, España forma parte del Consejo de Seguridad de la ONU durante estos dos años, 2015-2016, y ello conlleva un incremento de trabajo; pero también una mayor capacidad para incidir en la toma de decisiones y para, además, representar, a través de esta silla, determinadas opciones que consideramos adecuadas a nivel internacional. Para ello lo que se hace es crear la Dirección General de Naciones Unidas y de Derechos Humanos. Se suprime la Dirección General de Política Exterior y Asuntos Multilaterales, Globales y de Seguridad, y se divide en dos: una que será de Política Exterior y de Seguridad, que se encargará de esa Dirección Política del Ministerio, y la otra, la Dirección General de Naciones Unidas y Derechos Humanos, para potenciar la acción de España en ese foro internacional para estos dos años.

Por último, les informo que ya se ha aprobado definitivamente el Real Decreto por el que se nombra fiscal general del Estado a doña Consuelo Madrigal Martínez-Pereda. Tal y como marcan la Constitución y la ley por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, oído el Consejo General del Poder Judicial y previa comparecencia de la candidata ante el Congreso de los Diputados, que se produjo ayer, hoy se aprueba su nombramiento mediante ese Real Decreto.

Sr. Montoro.- El Gobierno, como ha planteado la Vicepresidenta y portavoz del mismo, planteó desde el comienzo de Legislatura la reforma de las Administraciones Públicas, por entender que la contribución de las Administraciones Públicas a la salida de la crisis era un objetivo absolutamente primordial. Eso lo estamos viendo y lo vemos en la Contabilidad Nacional trimestral, del tercer trimestre del año 2014, donde vemos que España tiene una capacidad de financiación frente al resto del mundo, que también está siendo favorecida por el comportamiento, la reducción, de la necesidad de financiación de las Administraciones Públicas.

Detrás de ello hay mucho más que presupuesto, en el sentido estricto del término; hay una reforma por la que lo que estamos haciendo en el último tramo de legislatura es abordar aquellos procedimientos internos de la Administración y procedimientos de relación de la Administración con el administrado, que podemos completar a partir de la experiencia que hemos recorrido. Esa experiencia, que es positiva porque esa reforma de la Administración está facilitando la salida de la crisis económica… Esa reforma, decía, es la que nos tiene que conducir a que a final de Legislatura tengamos una Administración moderna, ágil, eficiente y transparente.

Éstos serían los grandes conceptos que han guiado esa reforma y que todavía, en el último tramo de Legislatura, con el desarrollo de estos Proyectos de Ley, pretendemos completar: moderna, ágil, eficiente y transparente. Es lo que necesita un país como es España, un país plenamente europeo, y una economía competitiva que dé respuesta a la necesidad de crear empleo.

Al mismo tiempo, decía que estamos identificando también la conveniencia de que la Administración debe regular mejor su actividad interna, desde esos mismos principios, tanto en el funcionamiento de la Administración General del Estado, como en las relaciones entre las distintas Administraciones, que también, en lo que llevamos recorrido de Legislatura, ha sido también exponente de que el Gobierno de España, además de ejercer su responsabilidad constitucional de coordinar las políticas económicas del conjunto de las Administraciones públicas de España, puede también hacer, a través del desarrollo de la regulación básica, esa transformación que debe impulsar la reforma de la Administración en sus diferentes estamentos, en concreto, en la relación con las Administraciones territoriales.

Esos datos que presentaba la Vicepresidenta, que son datos realmente impresionantes de ahorro, en buena parte descansan en la tarea que han hecho las Administraciones territoriales: Comunidades Autónomas y Administraciones Locales. Cuando ella ha leído ese resumen de cifras, detrás de ello está el comportamiento de Ayuntamientos, de Diputaciones y de Comunidades Autónomas. No es ni mucho menos, y nadie debe entenderlo, como una tarea o un esfuerzo únicamente de la Administración General del Estado.

Es CORA, como ella ya ha relatado, y hoy el Consejo de Ministros, en términos de completar ese proceso de CORA, pretende dar un impulso legislativo a la manera de integrar la organización y el funcionamiento de nuestras Administraciones Públicas impulsando dos Anteproyectos de Ley: el Anteproyecto de Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regulará las relaciones externas entre las Administraciones y los administrados; por otro lado, el Anteproyecto de Ley de Régimen Jurídico del sector público, que se centra en la regulación sistemática de las relaciones internas de las Administraciones.

Para facilitarles también a los medios de comunicación el contenido más concreto, además que ya saben que no es tan propio de esta mesa, como hacemos, casi tradicionalmente, esta tarde convocaremos un briefing que estará protagonizado por quienes son los autores, digamos, materiales, que son nuestros equipos, el subsecretario de Presidencia y la subsecretaria del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que también con sus equipos tendrán oportunidad de desarrollarles el contenido de ambos Anteproyectos de Ley.

Insistiéndoles en los grandes planteamientos, como decía, es lógico que tratemos de dotar a esas relaciones entre Administración y administrado de la mayor agilidad, simplicidad y transparencia posible, para lo que contamos hoy con la oportunidad que significa el uso extensivo de las tecnologías de la información.

El objetivo es llegar completamente a la Administración electrónica, es decir, hacerlo desde un planteamiento integral: que la Administración sea íntegramente electrónica, en la que desaparecerá el papel y que estará totalmente interconectada. ¿Qué ventajas tiene eso para el ciudadano? Son grandes, porque ya las estamos comprobando. En la parte de la Administración que está más avanzada, los ciudadanos podrán realizar sus gestiones administrativas en cualquier momento, a lo largo del día, las veinticuatro horas del día, y con independencia de cuál sea el organismo al que se dirijan. Además, ningún ciudadano se encontrará con que no puede realizar un trámite porque le falte algún documento, sino que será la propia Administración la que obtendrá las copias que necesite de cualquier documento que esté registrado electrónicamente.

Éste es otro de los avances que ya estamos consiguiendo: se acaba el famoso papeleo de "tráigame usted, ciudadano, administrado, lo que la Administración ya conoce". Entonces, lo hacemos al contrario: responsabilizamos a la Administración del documento que ya tiene en su poder.

Para poder extender la Administración electrónica también se van a simplificar los medios que permiten la identificación de los ciudadanos y la firma electrónica. Para ello, se facilitarán claves electrónicas concertadas en el momento, para realizar el trámite, y aquellos ciudadanos que necesiten ayuda para poder relacionarse con la Administración electrónicamente, como decía la Vicepresidenta en la presentación, recibirán la asistencia del funcionario, del personal, obviamente. Hay una parte de la población que no lo podrá hacer por sí misma y, entonces, será asistida por los funcionarios.

Además, los ciudadanos podrán conocer a través de Internet también las principales reformas que se tienen previstas abordar cada año.

Ventajas para las empresas. Cuando esta reforma esté totalmente en vigor, las empresas tendrán que relacionarse obligatoriamente de forma electrónica con la Administración, de la manera que ya lo están haciendo obligatoriamente con la Administración Tributaria, con la Agencia Tributaria, o con la Seguridad Social, cuyo modelo de gestión pretendemos extender al conjunto de la Administración, una vez que hemos comprobado su eficacia.

Las empresas tampoco podrán aportar documentos que ya hayan sido registrados con anterioridad o elaborados por la propia Administración, lo que, sin duda, también va a agilizar mucho los procedimientos administrativos. Además, podrán otorgar poderes electrónicamente para que sus representantes realicen trámites administrativos. Finalmente, se fija con carácter general que las normas entrarán en vigor en enero o junio, de manera que las empresas puedan planificar su actividad con mayor certidumbre.

En lo que se refiere al funcionamiento interno de la Administración, las comunicaciones entre las Administraciones serán íntegramente electrónicas. No existirá otra forma de relación entre Administraciones, con lo que se reduce, por razones obvias, el tiempo de conocimiento de información entre Administraciones y el tiempo de tramitación, lo que, sobre todo, acabará repercutiendo al administrado.

Además, se creará un inventario único y público de todos los organismos y entidades para que puedan ser conocidos por los ciudadanos y empresas. Con la misma filosofía se creará un registro estatal en el que se incluirán todos los órganos de cooperación en los que participa la Administración General del Estado y todos los convenios que ésta tiene suscritos con el resto de las Administraciones; también en los Convenios todo ese conocimiento y esa difusión son absolutamente fundamentales. La Administración ganará en transparencia en el proceso de elaboración de normas, al prever una realización de una consulta pública previa y al establecer una evaluación de las iniciativas normativas aprobadas en el año anterior, para analizar sus efectos y el grado de cumplimiento de sus objetivos.

Por otro lado, también llevamos a cabo una norma reguladora de las Conferencias Sectoriales. Serán informadas de los cambios normativos previstos, cuando puedan afectar a las competencias de otras Administraciones, con el fin de evitar duplicidades.

El Anteproyecto de Ley de Régimen Jurídico de Sector Público incide, como decía desde el comienzo de la explicación, en la consolidación fiscal puesta en marcha a lo largo de esta Legislatura, estableciendo nuevas causas de disolución de entidades públicas. Por ejemplo, cuando estén en desequilibrio económico durante más de dos ejercicios, eso será causa de disolución de esas entidades pública o cuando se constate que ya no cumplen el fin para el que fueron creadas. Para mejorar el control sobre los organismos estatales se evaluará periódicamente el cumplimiento de sus objetivos. Además, se impondrá condiciones exigentes para que la creación de cualquier organismo estatal esté plenamente justificada y sea económicamente sostenible.

Finalmente, quería destacarles que por primera vez se regula por ley el funcionamiento de la Conferencia de Presidentes y entramos también a regular más precisamente el contenido de las Conferencias Sectoriales, así como también los requisitos de idoneidad que deben cumplir los miembros del Gobierno, secretarios de Estado, subsecretarios, secretarios generales, delegados del Gobierno y directores generales, acomodándolo a lo que está siendo la tramitación de la Ley que regula la ocupación de los altos cargos, que está en tramitación parlamentaria; por tanto, adecuándolo a ello.

Sra. García Tejerina.- El Proyecto de modificación de la Ley de Montes tiene tres objetivos básicos fundamentales, que son: primero, una mayor protección de nuestra biodiversidad; por otra parte, prevenir de manera importante los incendios forestales y la lucha contra el cambio climático, porque las masas forestales, la vegetación, absorben CO₂ y, por otra parte, cuando se prende fuego a los montes estamos en sentido contrario, perjudicando porque emitimos CO₂, con lo cual prevenimos los incendios forestales y luchamos contra el cambio climático, tanto en sentido positivo como negativo; y, como tercer objetivo, y también muy importante, facilitar el aprovechamiento económico de los recursos que guardan nuestros montes, recursos forestales que pueden contribuir al desarrollo rural, es decir, a la creación de riqueza y de empleo en el medio rural.

Antes de entrar a detallar un poquito la Ley, lo que sí que quisiera es brevemente clarificar qué es lo que es un monte, porque todos tendemos a asimilar un monte con, o bien una montaña, o muchas veces con un bosque, y normalmente frondoso. Pero, realmente, a efectos de esta Ley, un monte es toda superficie en la cual vegetan superficies forestales --arbóreas, pueden serlo, pero también arbustivas o, incluso, herbáceos-- y muchas veces terrenos yermos sin vegetación, y también arenales. En definitiva, "monte", a efectos de esta Ley, es toda la superficie --simplificando--, menos aquella que tiene usos agrícolas o aquella que es urbana. Todo este tipo de superficie, con características muy distintas, es objeto de regulación de esta Ley.

Para lograr estos tres objetivos, lo que debemos hacer es facilitar y mejorar la gestión de estos montes. Un monte gestionado es un monte cuidado, es un monte donde se reduce el riesgo de incendios forestales. Y esta mejora de la gestión se sustenta en tres elementos: primero, una clasificación de los montes, en función de la cual, de dicha clasificación, se establecerá la gestión para ellos; la simplificación de los instrumentos de gestión, con el establecimiento de modelos tipo por las Comunidades Autónomas que lo faciliten; y la incorporación también de figuras que faciliten la gestión.

Con respecto a la clasificación, lo que se pretende es una clasificación más clara y concreta, de tal manera que un monte solamente pueda pertenecer a una categoría. Y las categorías se definen atendiendo a dos criterios: por una parte, la titularidad --si el monte es público, pertenece a la Administración General del Estado, a las Autonomías o a las Entidades Locales-- o si sus propietarios son privados; y, por otra parte, si, sea público o sea privado, ese monte cumple funciones de interés general, cumple funciones de utilidad pública.

¿Qué son estas funciones de utilidad pública? Por ejemplo, aquellos montes que protegen el suelo contra la erosión, aquellos montes que están en las cabeceras de las cuencas hidrográficas y regulan o ayudan a regular el régimen hidrológico, montes que evitan desprendimientos o montes que tienen una especial riqueza y diversidad geológica. Estos montes tienen la categoría de utilidad pública y, por lo tanto, su regulación es diferente de las otras.

Así encontramos cuatro tipos de montes, pero un monte solamente puede pertenecer a una única categoría, lo cual no sucedía antes y generaba bastante confusión en su gestión.

Se simplifican los instrumentos de gestión de los montes. Todo aquel monte que cumple una función de utilidad pública tiene que tener un instrumento de gestión; pero a los tres que ya existían, que tienen unos costes y una tramitación muy compleja, se añade una nueva fórmula, un nuevo instrumento de gestión, y es que las Comunidades Autónomas podrán establecer modelos técnicos de gestión tipo; modelos tipo en función de las características de los distintos montes de la Comunidad Autónoma. Sobre estos modelos, los propietarios públicos o privados de los montes, basta con que se adhieran y cumplan con ellos para que ese monte se considere ordenado. Los otros tipos de gestión se mantienen previstos y, desde luego, esto es una manera de simplificar enormemente el poder ordenar los montes, el que los montes tengan un instrumento de gestión, y, con ello, hacer un uso más racional de toda la riqueza que tienen nuestros montes.

Por otra parte, se regulan estas figuras que faciliten la gestión: en primer lugar, los montes de socios. Lo que se hace es una legislación más detallada. Éstos son montes que vienen ocupando un millón y medio de hectáreas y que son montes cuya titularidad pertenece pro indiviso a varias personas, siendo alguna de estas personas desconocida, y precisamente por ello no pueden estar siendo gestionados. A través de la figura de montes de socios y de su regulación, lo que se habilita es un marco que permita la gestión del monte sin necesidad del acuerdo de todos sus propietarios.

Se crea una nueva figura, que son las Sociedades Forestales. Son sociedades que también son instrumentos de gestión agrupada, de tal manera que los propietarios no pierden la titularidad. Las Sociedades tienen como único objeto social la explotación y el aprovechamiento común de los terrenos forestales. Esto va dirigido a todos aquellos montes, muchas veces masas en terrenos forestales, que no tienen una dimensión suficiente por sí mismos para ser gestionados, y estas Sociedades permiten agruparse con el fin único de la explotación y el aprovechamiento, y facilitar así la gestión de estos montes.

En definitiva, en España hay muchos montes que no están gestionados y esto significa que están abandonados, que se están deteriorando, muchas veces porque la titularidad no es conocida, en el caso de los montes de socios, o porque no tienen dimensión adecuada para su gestión. Lo que nosotros pretendemos con estas figuras es evitar este abandono y este deterioro, y facilitar la gestión de los montes, porque un monte gestionado es un monte cuidado y un monte cuidado es un monte que tiene muchas menos posibilidades de que se le prenda fuego, es un monte que está contribuyendo a que tengamos todos un mejor medio ambiente y, por otra parte, está facilitando el aprovechamiento de los recursos naturales, y está siendo una fuente de empleo y de riqueza en el medio rural.

Otras novedades de la Ley son la adopción de medidas para luchar contra la tala ilegal de la madera y que esta madera que ha sido talada ilegalmente pueda ser comercializada. Se mejora también la tipificación de las infracciones, precisando las conductas que suponen una infracción, y se mejora también la clasificación de las infracciones desde el punto de vista de que para su clasificación se tiene en cuenta, no solamente la importancia del daño atendiendo al tiempo de recuperación del daño causado, y también la cuantía económica, porque puede darse el caso de un monte con una reciente plantación, en el cual el tiempo de recuperación, que es muy poco --hemos perdido poco tiempo, el año tiempo lo volvemos a replantar--; pero, sin embargo, por su extensión o por otras características, el importe económico sea sustancial. Con lo cual la clasificación atiende, tanto a la cuantía económica, como al tiempo de reposición del daño causado.

Se deja y obliga a las Comunidades Autónomas que sean ellas quienes regulen la circulación rodada por las pistas forestales dentro de su territorio.

Y se añade una nueva excepción al artículo 50 de la Ley. En este artículo se regulan las excepciones, las situaciones excepcionales, de cambio de uso forestal cuando se haya producido un incendio en esta superficie forestal. Antes las excepciones eran exclusivamente cuando, para una actuación, del tipo que fuera, ya se había iniciado el planteamiento, ya había algún trámite administrativo previamente aprobado. Se incluye una nueva excepción para aquellas situaciones en que esto no haya sido así y para que se exceptúe deben de concurrir razones imperiosas de interés público de primer orden. Estas razones tienen que estar recogidas en una norma de rango de Ley por parte de las Comunidades Autónomas y debe reponerse el daño.

Se incluye esta nueva excepción para evitar que por medio de incendios, sean éstos provocados o fortuitamente, se evite el llevar a cabo actuaciones que tengan esta característica de interés público de mayor orden. Esto nunca se aplica a los montes que cumplen funciones de utilidad pública; pero, en definitiva y para que se entienda, si un señor puede tener una finca y, o bien se conoce, aunque no se haya tramitado, de la manera que sea que se va a iniciar una actuación, una autovía, sea del tipo que sea, basta con que prenda fuego a su propia finca para que no se la expropien y no se la partan por dos por una carretera y esa infraestructura del máximo interés general quede absolutamente paralizada durante treinta años. Con lo cual, disuadir los incendios es una de las razones por las cuales se incorpora esta nueva excepción.

Por último, se recoge que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con la participación de las Comunidades Autónomas, elaborará una Estrategia Nacional de Gestión Cinegética. Lo que se pretenderá con esta Estrategia Nacional, siendo las Comunidades Autónomas competentes en materia de caza, es coordinar aquellos aspectos de la caza que afectan a más de una Comunidad Autónoma. Pongo por ejemplo los períodos de veda; la regulación, sobre la cual estamos trabajando, de licencias de caza, aquellas que van a ser reconocidas en varias Comunidades Autónomas; la regulación de la caza de especies migratorias que pasan de una Comunidad a otra y tienen distinta regulación, o la regulación de introducción de especies foráneas. Por poner alguno de los ejemplos.

Finalmente, se crea un Registro Español de Infractores de Caza y Pesca. Este Registro es a efectos informativos. Las Comunidades Autónomas remitirán esta información al Ministerio y este Registro tiene importancia porque nos va a facilitar el mecanismo de reconocimiento mutuo de licencias de caza y pesca entre Comunidades Autónomas. Éste es un aspecto muy demandado por los cazadores y estamos trabajando ya con varias Comunidades Autónomas, de manera que para la próxima temporada de caza las Comunidades que hayan suscrito este acuerdo, que son, por el momento, Castilla-la Mancha, Castilla y León, Madrid y Extremadura, que fueron de las que partimos, y se han adherido Asturias, Galicia y Aragón; en estas Comunidades Autónomas, a partir de la temporada que viene, habrá una licencia de reconocimiento mutuo, de tal manera que los cazadores de estas Comunidades Autónomas con esta licencia podrán cazar en todo el territorio de esas Comunidades Autónomas.

P.- Yo quería preguntarle por la reforma de las Administraciones Públicas. En primer lugar, me gustaría saber, de los dieciocho mil millones, si todo este ahorro se ha generado en el déficit, se ha conseguido reducir en el déficit; si me podría concretar los años porque, como la reforma se aprobó hace un año, más o menos, si ha sido todo en 2014, el déficit quedaría muy por debajo de lo que estaba previsto con Bruselas, entiendo.

Después, sobre este tema también me gustaría que, tanto el Ministro, como la Vicepresidenta, evaluaran un poco cómo ha sido el trabajo de las Comunidades Autónomas, porque la reforma era voluntaria en determinados aspectos, por ejemplo, en la supresión de determinados organismos, y supongo que no todas se han comportado igual. Por ejemplo, había once Defensores del Pueblo, trece mini Tribunales de Cuentas y 149 "embajadas" en el exterior, si no recuerdo mal. En esos tres aspectos, ¿cuántos quedan ahora; por ejemplo, "embajadas" en el exterior, Tribunales de Cuentas y Defensores del Pueblo? Por evaluar un poco qué Comunidad cumplió más o menos. No sé si lo pueden hacer.

Después, de las dos mil empresas públicas que se han suprimido, ¿es en la Legislatura, desde que comenzó la Legislatura, o también en la Legislatura pasada? Es por saberlo un poco. ¿Nos podría decir cuántas en Comunidades, cuántas en Ayuntamientos y cuántas en el Estado?

Por último, parece que se acaba la Legislatura. Entonces, hay muchos Anteproyectos de Ley pendientes en el Ejecutivo que quizá en la tramitación parlamentaria se queden en el limbo de las elecciones y, al final, no se aprueben. Por ejemplo, se me ocurre el tema de la Ley de Servicios Profesionales y me gustaría si se va a aprobar finalmente o no, porque es una ley muy polémica. Bruselas ha insistido mucho y hay mucha gente en contra, y todavía está pendiente. Y después el tema de la lista de morosos, de la publicación de la lista de morosos, de la que se ha hablado tanto y que todavía sigue sin publicarse. ¿Estas dos cuestiones van a sacarse en esta Legislatura o no?

Vicepresidenta.- Sin prejuicio de que esta tarde habrá un briefing en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y le podrán dar el detalle concreto de muchísimas cosas, permítanos, al Ministro y a mí, concretar algunos puntos.

Por ejemplo, los dieciocho mil millones de ahorro, 18.187 millones de euros; de éstos, que son la acumulación desde el inicio de la Legislatura, 4.773 millones de euros han sido generados por la reforma de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, 4.773 millones; 10.510 millones, por las Comunidades Autónomas y, por tanto, las Comunidades Autónomas han hecho un esfuerzo muy parejo a lo que supone el montante de su presupuesto y de su gasto público; y 2.904 millones para las Entidades Locales. Éste es el esfuerzo, que es, como digo, bastante parejo, y ahora podrá insistir el Ministro, en lo que es el reparto del gasto público entre Administraciones.

Esto también sirve para evaluar el esfuerzo de las Comunidades Autónomas, porque es una parte muy importante del ahorro acumulado.

En el asunto relativo a las entidades, a la reducción de entidades, sabe que las distintas Administraciones hicieron unos planes --los del Estado se hicieron a principios de año--, se ampliaron, las Comunidades Autónomas han ido cumpliendo sus planes de ajuste, etc., etc.

Comunidades Autónomas. Éstas han extinguido yo, o están en la fase ya de liquidación final, 675 entidades, cuando el compromiso inicial eran 508. Es decir, con el compromiso de los primeros planes, 508, han extinguido o liquidado 675 entidades y han elevado su compromiso de reducción a 790 entes. Cuando se cumpla este objetivo --y ya ve, 675/790--, el sector público instrumental del conjunto de las Comunidades Autónomas estará compuesto por un 33,35 por 100 menos que al inicio del proceso y a niveles inferiores a 2003.

Por su parte, las Entidades Locales han reducido 1.244 entes y están ya en niveles del año 2000.

Y en el Estado, que tiene, como sabe, un entramado mucho más pequeño, se ha actuado con una reducción neta de cincuenta entidades con configuración empresarial: cuarenta y siete sociedades estatales, dos entidades públicas empresariales y una rama de actividad, una sociedad anónima, que actuaba como medio propio. En cuanto a la supresión en su conjunto --esto son sociedades-- se ha actuado sobre 163 entidades, algunas se han fusionado, y se han suprimido, supresión neta, 105.

Por darles un dato, el ahorro en supresión de entidades, porque me preguntaba por el esfuerzo de las Comunidades Autónomas, ha sido de 1.853 millones de euros; estos planes de reestructuración empresarial.

Por otro lado, respecto de las medidas de reducción de entidades, se habla mucho y para el desglose de todos los datos saben ustedes, nos lo pidieron, que tienen colgadas en Internet todas las fichas. Saben perfectamente lo que supone y lo que ahorra la supresión de cada una de estas cuestiones. Pues bien, ni de lejos la supresión de esos órganos constitucionales, que son conocidos, alcanzaría la cifra de 1.853 millones de euros. Con esto se ha ahorrado bastante más que con la eliminación de esas entidades.

En lo que se refiere a "embajadas", la mayor parte de las Comunidades Autónomas han procedido --lo tienen en el desarrollo del Informe-- a la integración de esas oficinas en las oficinas diplomáticas o consulares españolas; no todas, pero la mayor parte. Algunas han suprimido esos organismos a los que usted hacía referencia; otras lo que han hecho es reducir sus costes. Por ejemplo, hay Comunidades Autónomas que han aglutinado los gastos de gestión, de organización, de personal y de funcionamiento ordinario de varias de estas instituciones para que no supongan mayor gasto que incorporarse al ofrecimiento que les hacía el Estado.

Y antes de dar la palabra al ministro de Hacienda para que pueda precisar algunas cuestiones, sobre el asunto de la agenda legislativa del Gobierno le diré que hoy hemos presentado el calendario legislativo para el próximo semestre, organizado en cinco grandes ejes:

- Medidas para mejorar el empleo, y especialmente la empleabilidad, que van muy ligadas a la reforma de la formación, al trabajo autónomo y a la mejora de los funcionamientos de los servicios de empleo.

- En segundo lugar, la Agenda Social del Gobierno. Éste es, quizá, el punto más amplio y más ambicioso de este semestre, por cuanto hay que presentar, tanto un conjunto de normas, como un conjunto de planes, en todos los ámbitos sociales, sin perjuicio que, como ya sabe, para el Gobierno el primero de estos ejes, el empleo, es la política social más importante que podemos acometer; pero hay una Agenda Social muy amplia y unos planes, tanto de apoyo a la familia, como a determinados colectivos, muy ambiciosos que hay que poner en marcha.

- Seguimos en el desarrollo de reformas estructurales. Tenemos que culminar una serie de reformas que afectan al sistema financiero, a su resolución, etc., etc.; una serie de cuestiones ligadas a nuestra pertenencia a la Unión Europea, pero también en ámbitos sectoriales concretos que suponen también un impulso muy importante para la economía: el desarrollo de la Ley de Indexación o el cumplimiento de la Ley de Unidad de Mercado, que formarán una parte muy importante de esta agenda.

- El cuarto de los elementos: la consolidación que hoy hemos presentado de la reforma de las Administraciones Públicas: la ejecución del Informe, pero además su consolidación a través de la presentación de estas Leyes.

- Y, por último, las medidas de regeneración democrática, institucional y lucha contra la corrupción, donde tiene un apartado importante la lucha contra el fraude, no sólo a través de medidas que impulsen, por ejemplo, el funcionamiento de la Inspección de Trabajo, sino también de medidas en el ámbito de la Ley General Tributaria, como la lista de morosos, de la que puede hablar el ministro Montoro.

Sr. Montoro.- Como es conocido, pero es pertinente la cuestión que plantea, el Informe CORA se publica ahora en la web, obviamente, de la Oficina para el Desarrollo de la Reforma de las Administraciones Públicas, se va haciendo sistemáticamente. Ese Informe contiene una evaluación cuantitativa y ese Informe se corresponde con la evaluación cuantitativa que va haciendo la propia Oficina y que, en parte, las cifras se corresponden también con lo que ustedes conocen como evolución presupuestaria de las propias Administraciones Públicas. Eso es compatible.

Ya saben que ya mi duda es si damos demasiada información. Somos el país que damos más información. Yo, cuando veo que realmente luego hay quien duda. ¿Cuáles son las cuentas públicas en España, que no se van a negar? No hay país de mundo, y no exagero, que lleve adelante cada mes la ejecución del Presupuesto del Estado, de las Comunidades Autónomas, de cada una de las Comunidades Autónomas, y trimestralmente va haciendo un consolidado de las Administraciones Locales. No hay país del mundo desarrollado que haga esto.

A partir de ahí sigue el debate: "¡Pero no lo conocemos!". No lo conocemos, pero hay que hacer un esfuerzo por entrar en la web, por entrar en la información, y, a partir de ahí, para eso estamos, para ser consultados. Es que claro, es que si no, insisto y no aprovecho para explicarlo, todo este torrente de información contable… Luego tengo que leer unas cosas ahí, que siguen diciendo algunos, de que… ¡Válgame Dios! Además, estamos felicitados por el Fondo Monetario Internacional y por la OCDE. Es que no hay nadie que haga esto en el mundo desarrollado, y eso lo hacemos porque tenemos esa Administración, tenemos esta Oficina creada en Presidencia, tenemos la Intervención General del Estado y tenemos la coordinación derivada de las leyes presupuestarias.

La respuesta, por tanto, es que, en parte, lo que llamamos el ahorro está incorporado en la evolución del presupuesto y, en parte, se corresponde a procedimientos internos de las propias Administraciones. Es lo que está ahorrando la propia Administración, que a su vez, lo veremos, obviamente, en lo que es la ejecución de ese presupuesto. Por ejemplo, está ahorrando en gastos corrientes, en gastos de funcionamiento de la Administración; eso es lo que estás ahorrando.

Pero quiero decir que la cifra no es, ni mucho menos, la que se va publicando en términos de evolución de la ejecución de gasto de las Administraciones Públicas de España, que además la tienen también en el programa presupuestario enviado a Bruselas en forma de previsión para el año 2015. Es que lo tienen todo desarrollado por categorías de gasto, hacia dónde se va a orientar, previsiblemente, el gasto de todos los presupuestos públicos de las Administraciones Públicas, y demás.

Por eso decía que agradezco que me den la oportunidad de explicarme también, porque les aseguro que no hay país desarrollado del mundo que haga semejante esfuerzo de información, siendo, como sabemos todos, que no es fácil y que no es accesible. Pero no es equivalente. Sobre todo estas cifras que se están publicando regularmente, no son equivalentes a la ejecución presupuestaria. Por eso he empezado mis palabras leyendo la Contabilidad Nacional de España, la situación financiera de España, que ha publicado el Banco de España. Por tanto, ahí pueden ver cuál es la evolución de los grandes agentes públicos y, entre otros, el sector público, las Administraciones Públicas, que han reducido sus necesidades de financiación en el tercer trimestre y están contribuyendo a que el saldo total de España tenga una capacidad de financiación frente al resto del mundo en el tercer trimestre del año 2014. Entonces, son las posiciones financieras lo que realmente nos conviene resaltar.

Como decía la Vicepresidenta, la intención del Gobierno es --es muy pronto, estamos en enero, avanzado enero-- llevar adelante la modificación, la reforma, de la Ley General Tributaria, que es la que habilitará también la publicación de la lista de morosos con la Hacienda Pública, que por lo demás es una lista que se va reduciendo a medidas que se va advirtiendo que viene la lista, que es lo positivo que tiene. "Oiga, ¿por qué no lo han hecho antes?" Porque es complicada esa modificación de la Ley General Tributaria y para dar tiempo a que se reduzca la morosidad, porque comprenderán ustedes que aquí no hay ningún interés en hacer ninguna lista de nada, si no es el cumplimiento fiel de las obligaciones con la Administración Tributaria.

Luego la intención es también junto a los defraudadores. Obviamente, los defraudares lo son en virtud de sentencia judicial y también eso es algo que estamos contrastando, entre otros, con el Consejo General del Poder Judicial, para hacerlo y para que la sociedad española tenga la completa información de quién es sentenciado, porque ésas son sentencias en firme, sobre fraude fiscal.

P.- Vicepresidenta, quería preguntarle por la lucha en España contra el terrorismo yihadista. En este sentido, ¿el Gobierno está estudiando nuevas fórmulas para luchar contra este tipo de terrorismo? En concreto, ¿el Gobierno baraja que sea delito en el nuevo Código Penal el visitar determinadas páginas web?

Vicepresidenta.- En primer lugar, quiero destacar que, en el ámbito de la lucha contra el terrorismo yihadista, la labor, tanto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como de jueces y fiscales, en España ha sido especialmente intensa. Solo daré un dato: en el año 2014 ha habido doce grandes operaciones contra el yihadismo, que se han saldado con 47 detenidos y un esfuerzo muy grande de todos los servicios, en colaboración también con otros Estados, para llevar un control lo más exhaustivo posible de esas salidas y de esos retornos.

En este momento lo que, sobre todo, nos planteamos es intensificar la colaboración y la cooperación a nivel internacional. Yo creo que la reunión que se va a celebrar en París este fin de semana es un buen elemento para seguir insistiendo en medidas de colaboración y coordinación de mayor control que se puede llevar a cabo, que se puede adoptar, en el seno de la Unión Europea y con otros Estados, como Estados Unidos o Canadá, que vienen aplicando medidas de naturaleza similar.

En el espacio del Código Penal, y también de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, hay determinadas medidas que refuerzan elementos en la lucha contra el terrorismo. De hecho, en algunas cuestiones relativas a delitos cometidos por Internet, desde luego, el Código Penal es muy susceptible y muy sensible respecto de este punto.

Creo que es un buen momento, y se tiene intención de hablar con la oposición, para poder analizar qué medidas en la discusión de esos Proyectos de Ley pueden ser eficaces en la lucha contra el yihadismo. Pero también quiero señalar que entendemos que en este punto la labor de la Unión Europea, como en otros momentos históricos… Por ejemplo, el año 2002 fue un momento muy decisivo en la cooperación europea en la lucha contra el terrorismo; fue el momento en que se aprobó la Eurorden, que ha sido un elemento clave en la lucha contra el terrorismo en el seno de la Unión Europea, o la Decisión Marco contra el terrorismo, en la que por primera vez hubo una definición del terrorismo a nivel europeo.

Creo que podemos asistir a un momento similar, en el que el impulso de estas iniciativas de cooperación en el ámbito de la Unión Europea, y con otros Estados socios y aliados, puede tener un importante impulso.

P.- Vicepresidenta, yo le quería preguntar por los enfermos de hepatitis C. Tengo entendido que mañana hay una manifestación que va a llegar hasta las puertas del Palacio de La Moncloa y el lunes tienen pensado presentar una denuncia contra el señor Alonso y contra Ana Mato, porque les responsabilizan de las muertes que se han producido. Entonces, me gustaría saber qué tiene el Gobierno que decir a los enfermos y también preguntarle si el Ejecutivo no puede afrontar el pago del tratamiento; si es algo tan descomunal.

Por otro lado, le quería preguntar por las encuestas. Estamos viendo en todas ellas --hoy ha salido otra en la SER-- el auge de Podemos. ¿Le preocupa, teme, que el auge, el ascenso, de la formación de Pablo Iglesias pueda desestabilizar los mercados, nos afecte a la economía, ocurra algo, como en Grecia con Syriza? ¿Nos lo puede comentar?

Por último, quería preguntarle por su futuro, porque ayer en una entrevista a usted le preguntaban si querría ser presidenta del Gobierno y usted respondió tajante que no; le preguntaron por la Alcaldía y me pareció que lo dejaba bastante más abierto; no lo cerró del todo. Entonces, era por si podía decirnos si quiere usted ser alcaldesa o no.

Vicepresidenta.- Vamos por el primero de los asuntos. Como ustedes conocen, ayer el ministro de Sanidad y Asuntos Sociales anunció que el Ministerio trabaja en un plan estratégico que tiene su base en la evidencia científica. La primera reunión para la coordinación de ese plan tendrá lugar este mismo lunes. El encargado de coordinar este Plan Estratégico nacional para abordar la hepatitis C será el doctor Joan Rodés, que es uno de los hepatólogos españoles de mayor prestigio, presidente del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Clínic y profesor emérito de la Universidad de Barcelona. Creo que tiene una experiencia suficientemente acreditada, dilatada y amplia en la investigación y tratamiento de las enfermedades hepáticas.

Creemos que es necesario contar con expertos. Siempre en estos asuntos el criterio científico es mucho más documentado y mucho más eficaz que el criterio político y la opinión política, y con arreglo a ese criterio científico se va a definir una estrategia que dará respuesta a esos nuevos tratamientos sobre la enfermedad.

Queremos contar con datos fiables, actualizar de acuerdo con el conocimiento científico y asegurar el acceso equitativo y con criterios clínicos. En él participarán las Comunidades Autónomas y las sociedades científicas, y, por supuesto, el Ministerio quiere dar cabida también a las organizaciones de pacientes. Creo que es un tema lo suficientemente serio como para que sean los expertos, por un lado, los que planteen sus conocimientos y las necesidades, y, por otro lado, los pacientes, sus inquietudes.

Desde luego, la Administración nunca estará supeditada a causas económicas. Las Comunidades Autónomas, que, como sabe, son las competentes, tendrán, gracias a la política farmacéutica de agilización de genéricos y bajada de precios, sus márgenes para poder aplicar este tipo de acuerdos.

Sí digo que para nosotros es importante la elaboración de este Plan Estratégico, es importante que lo hagan quienes conocen muy bien esos tratamiento y, que se haga teniendo muy presentes las diferentes necesidades de los pacientes. Desde luego, éste es un tema que el Gobierno va a abordar con sensibilidad y con rigor científico.

Sobre las encuestas, ya sabe que yo no comento encuestas. No comento ni las del CIS, que no son por Internet, que son presenciales. Marcan evolución, marcan tendencia, pero aquí lo que importa es el día de las elecciones. Y nosotros, como en lo que estamos es a trabajar, a seguir cumpliendo con las reformas que España necesita para crear más empleo y para traducir la recuperación económica, que se ve en los gráficos y que hoy contábamos con cifras los ministros aquí presentes, en bienestar para los ciudadanos. Eso es lo que hay que hacer.

Nosotros hemos garantizado la estabilidad, la garantizamos, y la estabilidad cotiza en Bolsa, pero, lo que es más importante, la estabilidad también cotiza en el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, como ha hecho este Gobierno; en el mantenimiento de las prestaciones por desempleo, como ha hecho este Gobierno; y en el mantenimiento del Estado de Bienestar, que a pesar de las dificultades, a pesar de una deuda de dieciséis mil millones de euros en el sector sanitario y de un déficit tarifario de veinticinco mil millones, se ha logrado preservar.

¿Sobre mi futuro? Esta tarde voy a Ávila, por que iniciamos la conmemoración de Santa Teresa. Yo ya vivo al día. Entonces, ése es mi futuro inmediato. Yo le puedo decir las cosas que de mí más dependen; en las que no dependen de mí, yo siempre he sido una persona que ha estado a disposición de mi partido y de los ciudadanos, donde me necesiten. Esta tarde, en Ávila. Salvo que haya alguna cosa, ése es mi futuro inmediato.

P.- Voy a ser breve. Tenía dos preguntas; una, para el ministro Montoro. Esa regulación que se hace por primera vez de la Conferencia de Presidentes, ¿fija con periodicidad las reuniones que van a tener o algún motivo por el cual tenga que convocarse obligatoriamente esa Conferencia?

A la vicepresidenta me gustaría preguntarle si el Gobierno ha mantenido algún contacto con la Casa del Rey para abordar la conveniencia de que la infanta Cristina, a estas alturas, renuncie a los derechos dinásticos.

Sr. Montoro.- Hemos entendido que esa Conferencia, que nace por iniciativa del anterior presidente del Gobierno, llegaba un momento en que había que darle un formato legal en términos de contenidos. Pero ello no presupone, obviamente, que no haya una flexibilidad en la convocatoria de la misma, puesto que no es, ni pretende, ser un órgano de Gobierno; es un órgano más de coordinación de un Estado de las Autonomías. A ese respecto también entendíamos que era pertinente, junto a esa nueva regulación, darle un marco legal; es pertinente también hacerlo y hacer progresar en relación con las Conferencias Sectoriales. Dando más todavía y aprovechando la experiencia relativa, irlas normalizando en su propio funcionamiento.

También algunas de las modificaciones, por ejemplo, relativas a que cada norma que se elabore, en principio, desde el propio Consejo de Ministros tenga que pasar a las Conferencias Sectoriales, puesto que la gran mayoría de las normas… Éstas que hemos presentado esta mañana, obviamente, pero casi todas afectan realmente al funcionamiento de ese Estado de las Autonomías. Por eso decía que lo que estamos haciendo es eso, pero más allá de un formato, como usted requería, de convocatoria o no. Éste es un asunto que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, por ejemplo, hemos abordado. Hemos abierto también que el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en determinada circunstancia, se pueda hacer por vía telemática.

Por eso decía que no se trata de ponerse plazos, ni siquiera medios o reducción, que pueda llamar a entenderse respecto del propio funcionamiento, sino todo lo contrario: darle un marco de asentamiento legal, y en ese terreno ya es un avance.

Vicepresidenta.- Ese es un asunto que afecta a la familia del Rey y a una institución sobre la que el Gobierno no tiene competencias. No se ha realizado ninguna gestión de esa naturaleza y, a nuestro juicio, corresponde a una decisión personal de la propia Infanta.

P.- Yo quiero volver al asunto del terrorismo yihadista, porque --no sé si están al tanto-- las cosas no van bien ahora mismo en París: hay dos secuestros simultáneos, uno parece que tiene además dos muertos encima ya de la mesa.

Por otro lado, los servicios secretos británicos dicen que el próximo objetivo podría ser Reino Unido. No sé qué información maneja el Gobierno respecto a este peligro potencial respecto a España. ¿Se plantea medidas adicionales el Gobierno respecto a esta situación? ¿El Gobierno percibe una situación, un estado de alarma, en la población española? ¿Considera conveniente lanzar un mensaje de tranquilidad?

Vicepresidenta.- Yo no le puedo dar más información que la que ofrezcan las autoridades francesas sobre la situación en Francia. Como comprenderá, es a ellas a quien le corresponde informar. Y desconocía que el Reino Unido hubiera hecho público ese tipo de informaciones.

Sí le digo que España es, en el ámbito de la seguridad, un país seguro, de los más seguros del mundo. Pero, como yo misma he dicho, el riesgo cero no existe y, desde luego, no hay que bajar la guardia. Nosotros hemos incrementado un escalón el nivel de alerta y eso supone que nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado prestan más atención, que se cumplen protocolos adicionales y que se adoptan medidas; ayer, por ejemplo, hemos visto especial precaución en determinadas estaciones. Es lo que vamos a hacer, y vamos a colaborar con todos nuestros socios intensamente en este tiempo.

Yo creo que a lo largo de todos estos años, por desgracia, España tiene una experiencia en la lucha antiterrorista muy dilatada. Tenemos una legislación antiterrorista muy rigurosa. De hecho, yo citaba hace unos momentos el año 2002, pero en 2002, por ejemplo, muchas de las medidas que para nuestro Derecho y nuestro sistema eran tradicionales empezaron a utilizarse en otros Estados y en otros organismos internacionales. Nuestros servicios de información a todos los niveles funcionan bien y están en un nivel muy bueno de cooperación, tanto con nuestros socios europeos, con nuestros aliados, como con otros Estados donde el yihadismo puede tener algún tipo de actuación o algún tipo de actividad.

Nosotros creemos que hay que actuar en varios ámbitos. Saben que es un momento en el que existen abundantes misiones desplegadas en el exterior, algunas precisamente en territorios en los que se lucha contra el yihadismo. Quiero agradecer, además, que se ha hecho a lo largo de toda esta Legislatura con un buen nivel de consenso.

En segundo lugar, el esfuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los servicios de información, que están actuando y actúan muy bien, con mucha seriedad y con mucha agilidad, sobre todo a la hora de detectar estos movimientos por los que me preguntaban, de personas que van a hacer la Yihad y que retornan; donde, además, se está colaborando muy bien con todos los servicios para que esas listas sean lo más completas posibles. E, indudablemente, tendrán todo nuestro apoyo y toda nuestra experiencia a la hora de tomar medidas adicionales en el seno de la Unión Europea, si así se decide, para poder ser todavía mucho más eficaces en esa lucha y mucho más ágiles a la hora de detectar movimientos de esta naturaleza, a la hora de desarticular elementos de captación, etc., etc. Lo hemos hecho y lo hemos hecho intensamente, y desde luego lo seguiremos haciendo.

Como digo, el riesgo cero no existe. Nadie está libre de esa barbarie, pero yo creo que nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están al nivel de los mejores, y lo han demostrado en reiteradas ocasiones.

P.- Quería volver a los dieciocho mil millones. Entiendo que, por lo que dicen ustedes, es ahorro de las reformas de las Administraciones y eso no tiene que ver con los recortes que se hicieron en sanidad y educación en los primeros dos años de Legislatura, sobre todo. Nos han dado algún detalle y entiendo que nos van a explicar en ese Informe de dónde salen exactamente los dieciocho mil millones, que es una cantidad enorme. Pero, si ha sido tan enorme, ¿no podría eso ser utilizado para revertir, de alguna manera, esos recortes que han perjudicado tanto, sobre todo en sanidad y educación, esos dos años? ¿Están pensando en este último año de Legislatura de alguna manera revertir en algún momento esos recortes que han hecho con esos ahorros que están haciendo?

La Vicepresidenta ha dicho que no quiere comentar encuestas, pero sí decía que las encuestas marcan una tendencia. Lo que le quería preguntar es si no les llama la atención que en esa tendencia Podemos no baje, sino que incluso está subiendo. El Gobierno nos decía: con la recuperación económica, los ciudadanos empezarán a notarlo, cambiarán las encuestas, cambiará la realidad… ¿No les preocupa que los ciudadanos no estén notándolo? No sé qué piensan que está pasando, pero las encuestas siguen dando a Podemos como primera fuerza, cada vez con más fuerza.

Por último, sobre el asunto personal, no sé si lo ha hablado con el Presidente o algo. ¿No sería más lógico cerrar este asunto? Si, realmente, como nos dicen muchos, no hay ninguna posibilidad de que usted sea candidata, ¿no tendría más sentido, digo, para el propio Gobierno, para su trabajo o para todo, cerrar este asunto y decir "no hay ninguna posibilidad de que realmente sea candidata"?

Vicepresidenta.- Le voy a contestar con una cifra similar: dieciséis mil millones de euros fue la deuda sanitaria pendiente que se encontró este Gobierno. Porque, claro, eso sí es un recorte oculto, porque gastar y no pagar supone que alguien llega y tiene que pagarlo, y lo pagó este Gobierno. Hay Gobiernos de gastar y Gobiernos de pagar. Y ese dinero se llevó por delante a muchísimos proveedores y a muchísimas empresas: dieciséis mil millones de euros. Con lo que fíjese si ha sido útil esta reforma de las Administraciones Públicas, porque las cifras son muy parejas. Ha servido para poder, entre otras cuestiones, poner a punto nuestras Administraciones.

Yo le agradezco que reconozca que el esfuerzo es enorme, porque lo ha sido, porque ha sido una tarea conjunta de todas las Administraciones, de todas --del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales--, para lograr reconducir una evolución de las Administraciones que no era sostenible. Porque lo que de verdad pone en riesgo el Estado de Bienestar es la crisis económica y no pagar las deudas pendientes, porque dejas de pagar, pierdes confianza y te dejan de prestar. Eso es lo que se ha hecho en esta Legislatura y enlazo con su segunda pregunta.

Cogemos un país al borde del rescate y no hace falta mirar muy lejos para saber las consecuencias que tiene para los ciudadanos que a una economía la intervengan, en términos de sus pensiones, en términos de sus sueldos y del número de sus empleados públicos.

De una economía que no crecía, que estaba en recesión, a una economía que es la que más crece entre los países grandes de la eurozona, y de la que más crea empleo, por no decir la que más, sin perjuicio de que haya que seguir luchando mucho, porque la cifra de desempleo es muy grande, y que haya que trabajar mucho para lograr que los ciudadanos recuperen lo que han perdido a lo largo de estos muchos años de crisis, porque han sido muchos años de crisis y una crisis muy larga.

Algunos critican. Es muy fácil, como dicen en mi tierra, trillar fuera de la parva, porque criticar todas las decisiones del Gobierno siempre… Es una decisión; si se puede tomar fácilmente no son decisiones. Tienen sus dificultades, pero se adoptan, y criticar lo hacemos todos fenomenal. Otra cosa ya es sacar a este país de la crisis y colocarlo en la senda o en el inicio de la senda de la recuperación.

Como me pregunta por encuestas y me pregunta, le diré que ahí tiene también la última del CIS sobre la mejora de las expectativas. Poco a poco los ciudadanos van viendo cómo, después de estos tres años, en España se volvió a crecer, se vuelve a crear empleo, hay menos miedo a perderlo, la gente empieza a consumir más y este país vuelve a colocarse en la senda de la que salió como consecuencia de la crisis económica y de la falta de reformas, que, a lo mejor, si se hubieran adoptado antes, podía no haber sido tan profunda.

Voy a lo personal. Es que yo no tengo ningún debate ni ninguna preocupación. Yo contesto porque me preguntan ustedes y le preguntan al Presidente, pero para mí no hay ese debate. Yo vengo, hago mi trabajo y, además, yo en política no hago cálculos, porque yo me puedo equivocar esta tarde, y equivocarme a lo grande, y yo decirle al presidente o el presidente decirme a mí, "mira"… O sea que el debate existe porque algunos preguntan, pero no porque exista en el seno del Gobierno. Además, largo me lo fiais, incluso en la presentación de las candidaturas.

¿Quiere añadir algo más, Ministro?

Sr. Montoro.- Si me lo permite, voy a dar dos cifras.

Vicepresidenta.- Pensé que era sobre esto.

Sr. Montoro.- Sobre esto… ¡Para una cosa que no me preguntan a mí! No voy a abrirlo, no voy a abrirlo en el día de hoy.

Voy a dar dos cifras más. El Fondo de Pago a Proveedores, en el período 2012-2014, ha movilizado 41.814 millones de euros, de los que el 71 por 100 se ha destinado a financiar servicios fundamentales: sanidad, educación y servicios sociales; estamos hablando de pago a proveedores. El FLA ha movilizado en el período 2012-2014 62.800 millones de euros y, aproximadamente, el 78,5 por 100 de las facturas pagadas a través del FLA se han destinado a servicios públicos fundamentales. Lo digo para que veamos todo lo que es la financiación de los servicios públicos respecto de los recortes.

Éstas son las cifras de lo que han utilizado los españoles, puesto que esto es del conjunto de los españoles, en financiar los servicios públicos fundamentales en su país en este período.

Vicepresidenta.- La "tablet" de Montoro… Lo tiene todo.

Sr. Montoro.- Para una cosa que tenía bien…

P.- Me gustaría preguntar, aunque sea brevemente, a la ministra de Agricultura qué expectativas tienen con esta reforma de la Ley de Montes en términos económicos. Supongo que manejan algún dato de cuánta riqueza y empleo se puede crear gracias a este nuevo marco legal.

Sra. García Tejerina.- La Ley es una de las medidas que este Gobierno ha adoptado para favorecer la conservación y la potenciación de los montes, que yo quiero decir que se suma, primero, a una política importante en materia de lucha y prevención contra incendios. Desde el principio una de nuestras prioridades fue proteger los montes combatiendo mejor los incendios. Quiero destacar hoy, que ya sabemos datos a noviembre, pero serán los mismos a diciembre, que tenemos el año con menos incendios y menor superficie forestal quemada del último decenio.

Junto con la lucha contra los incendios, se presentó un plan de activación socio-económica del sector forestal, que precisamente va dirigido a esto: a poner en valor toda la riqueza de las distintas actividades que pueden encontrarse en nuestro sector forestal, y aquí estoy hablando de la caza, pero estoy hablando del corcho, de la resina, de los piñones, setas, castañas… Hay un montón de riqueza en nuestros bosques que estaba sin utilizar y que es una fuente precisamente para los habitantes que viven en su entorno, que son los que habitan los núcleos rurales. Y parte de ese Plan de Activación Socio-económica del Sector Forestal está recogido en esta Ley.

¿En términos económicos? Yo no le sé decir. Lo que sí le puedo decir es que desde que llegamos estamos haciendo política en beneficio del monte, en beneficio del medio rural y de reactivar económicamente el medio rural a través de la diversificación de las actividades. La agricultura es muy importante, pero hay otras fuentes de riqueza en el medio rural y nosotros lo que hemos puesto es a disposición de los ciudadanos todos los medios para que toda la riqueza que albergan nuestros montes, al tiempo que se preservan y se cuidan de futuro, también esté a disposición de los ciudadanos.

Se suma a toda la labor del Gobierno, en definitiva, de buscar el crecimiento allí donde es posible, porque detrás del crecimiento, sin ninguna duda, viene el empleo.

Vicepresidenta.- Muchísimas gracias.