Félix Bolaños anuncia una herramienta de IA que facilitará a la ciudadanía la comprensión de las resoluciones judiciales
Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes - 2.10.2024
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante su comparecencia en la Comisión de Justicia del Senado.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha comparecido hoy en la Comisión de Justicia del Senado para informar sobre las líneas generales de su departamento.
Bolaños ha comenzado poniendo en valor que se trata de la primera comparecencia tras la plena normalización del Poder Judicial gracias a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Asimismo, ha destacado la agenda reformista del ministerio para realizar la mayor transformación de la Justicia en décadas, basada en la digitalización, la modernización de las estructuras y la vocación social.
Digitalización del Servicio Público de Justicia
La digitalización del Servicio Público de Justicia se ha materializado en distintas medidas, reconocidas por la Comisión Europea, entre las que se encuentran la celebración de vistas y actos procesales por vía telemática con el consiguiente ahorro en desplazamientos, la creación de la Carpeta Justicia o la potenciación del Expediente Judicial Electrónico.
Además, en su intervención, el ministro ha anunciado que el ministerio ha desarrollado una herramienta de Inteligencia Artificial (IA), que estará a disposición de todas las personas en la Carpeta Justicia, que adapta las resoluciones judiciales a un lenguaje más claro, sencillo y accesible para poder entender su contenido y consecuencias. La herramienta servirá, por tanto, para hacer efectivo el derecho incorporado a la nueva Ley Orgánica de derecho de defensa, actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados.
Modernización de la Administración de Justicia
El ministro ha explicado que el Gobierno ha emprendido también la adaptación de las estructuras judiciales, que siguen esquemas del siglo XIX, a la realidad actual. En este sentido, la futura Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del servicio público de Justicia creará los tribunales de instancia, que sustituyen a los juzgados unipersonales y permitirán compartir medios y personal, así como una especialización de acuerdo a las necesidades de cada territorio. Además, esta norma impulsará la cercanía de este servicio público a la ciudadanía, a través las Oficinas de Justicia del Municipio.
Una Justicia con vocación social
Bolaños ha resaltado el esfuerzo del ministerio por promover la igualdad de acceso a los cuerpos más altos de la Administración de Justicia a través de las becas Seré, unas ayudas que permiten que cualquier persona pueda opositar para ser juez, fiscal, abogada del Estado o Letrado de la Administración de Justicia, sea cual sea la capacidad económica de su familia.
Además, ha destacado el trabajo que se está realizando desde el ministerio para impulsar una Ley de Justicia Pública Gratuita que modernizará y fortalecerá el derecho a la asistencia jurídica gratuita, reconocido en la Constitución.
También ha puesto en valor el refuerzo de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito cuya labor es especialmente importante en los casos de víctimas de violencia de género, el 75% de las que atienden.
Acuerdos para mejorar la Justicia y la democracia
Finalmente, el ministro ha incidido en que la Justicia también debe ser el espacio donde se refuercen los grandes consensos sobre el Estado de Derecho y la democracia en España. Bolaños ha repasado algunos de los grandes acuerdos producidos en los últimos meses, como la renovación del Consejo General del Poder Judicial o los alcanzados con los distintos cuerpos de funcionarios de la Administración de Justicia.
Por último, ha hecho hincapié en las medidas referentes al ámbito de la Justicia contempladas en el Plan de Acción por la Democracia, como la reforma de las leyes orgánicas que regulan el derecho al honor y el derecho de rectificación o el refuerzo de la lucha contra la corrupción a través de la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante o la creación de dos nuevas unidades especializadas de la Fiscalía General del Estado, en materia de delitos económicos y delitos contra la Administración Pública.
