El Gobierno reorganiza la Administración de Justicia para agilizar los procedimientos

La Moncloa, Madrid

El Consejo de Ministros ha aprobado remitir a las Cortes el Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia y de acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha afirmado que "el Gobierno está decidido a llevar a cabo la mayor transformación de la Justicia en décadas" para lo que está implementando leyes, medios humanos y materiales así como recursos económicos.

La futura ley de eficiencia organizativa del servicio público de Justicia supone un paso decisivo en la modernización y agilidad en el servicio, ya que transforma una estructura propia del siglo XIX en una que atiende las necesidades actuales.

Félix Bolaños ha expuesto las tres novedades de la norma: se crean los Tribunales de Instancia, que sustituirán a todos los juzgados unipersonales, se establecen las Oficinas Judiciales adscritas a cada Tribunal de Instancia y se implementan las Oficinas de Justicia en los municipios, que sustituirán a los juzgados de paz.

El ministro ha precisado que se pasará de 3.800 juzgados unipersonales a 431 Tribunales de Instancia, uno por cada partido judicial existente en España. Esta medida permitirá igualar la carga de trabajo en todos los partidos judiciales y favorecerá que los jueces y magistrados puedan sacar adelante los procedimientos con mayor agilidad. Además, los criterios procesales serán comunes para todos ellos.

Por su parte, las Oficinas de Justicia amplían las competencias que en la actualidad tienen los juzgados de Paz y los servicios que prestan a los ciudadanos y garantizan los trámites procesales telemáticos. "Pondremos el foco para que puedan acceder al servicio público de Justicia en igualdad de condiciones que si estuvieran en grandes ciudades, sin tener que desplazarse a donde esté el Tribunal de Instancia", ha remarcado Bolaños.

Solución de controversias

El ministro Félix Bolaños, la ministra Pilar Alegría y el ministro José Luis Escrivá durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

La futura ley también regula los mecanismos alternativos de solución de controversias, es decir, cualquier proceso de diálogo y de negociación entre las partes que evite un litigio. De esta manera, ha argumentado el ministro, el servicio público de Justicia tendrá que atender menos procedimientos judiciales, por lo que será más ágil y se evitará el colapso de algunos juzgados.

Bolaños ha indicado que la negociación entre las partes está muy extendida en algunos ámbitos, como el social, pero hay que ampliarla a los ámbitos civil y mercantil. "Vamos a apostar por la conciliación privada, por ofertas vinculantes confidenciales, por la opinión de expertos independientes y vamos a facilitar que esos acuerdos tengan una traslación fácil al mercado jurídico", ha añadido.

Protección y defensa de consumidores y usuarios

La norma establece un procedimiento único para abordar las demandas colectivas de los consumidores y usuarios a través de entidades habilitadas para que no tengan que acudir a los tribunales de manera individual. El ministro ha resaltado que con esta medida se pretende evitar procedimientos judiciales que afectan a multitud de personas y que se desperdigan por diferentes juzgados y tribunales.

Por otra parte, los afectados podrán ejercer acciones de cesación (que se interrumpa una conducta nociva para ellos) y resarcitorias (solicitar una indemnización) a través de plataformas electrónicas. En el caso de que se den acciones resarcitorias, el procedimiento vinculará a todos los afectados automáticamente, sin necesidad de que cada uno de ellos solicité su adhesión al fallo. Además, se crea un sistema de difusión y publicidad electrónica de estas acciones colectivas, de carácter público y gratuito.

Intercambio de información de antecedentes penales entre Estados miembros de la Unión Europea

El Gobierno también ha acordado hoy remitir a las Cortes el Proyecto de Ley Orgánica sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales de la Unión Europea, transponiendo así una directiva comunitaria.

Esta decisión, según ha remarcado el ministro, favorecerá y agilizará la cooperación judicial entre Estados miembros para luchar contra el terrorismo, el crimen organizado y la delincuencia transfronteriza.

España formará así parte del sistema electrónico de interconexión de bases de datos de todos los Estados donde se intercambian los detalles de antecedentes y condenas de forma rápida y sencilla, sin necesidad de tramitar peticiones que, en ocasiones, se prolongan durante meses. Además, Bolaños ha subrayado que se podrá acceder al historial y a la imagen de las personas con antecedentes penales.

El ministro ha anunciado que la norma también incluye la creación de un registro de menores que recoge la inscripción de las sentencias firmes y las medidas cautelares para la custodia, defensa y protección del menor expedientado.

Ayudas para la asistencia jurídica gratuita

Félix Bolaños ha informado, además, de la aprobación de un real decreto que regula la concesión de subvenciones para la prestación de la asistencia jurídica gratuita. Según ha avanzado el ministro, estas subvenciones financiarán con un total de 54,3 millones de euros las actuaciones de los profesionales que hayan prestado servicios de asistencia jurídica gratuita o de atención psicológica a víctimas de delitos.

Así, estas ayudas irán destinadas a los colectivos profesionales de abogados, procuradores y psicólogos, así como a las Oficinas de Atención a las Víctimas del Delito. "Estamos apostando por la tutela judicial efectiva, pero también por una justicia más cercana, en línea con las leyes que hemos aprobado", ha explicado el ministro, que ha subrayado que esta iniciativa contribuye a "una justicia más cercana y que acompañe a esas víctimas de los delitos, que en ocasiones se ven desamparadas y necesitan atención psicológica".

Estas subvenciones se aplicarán a los ejercicios de 2023 y 2024 con pagos que se articularán a través del Consejo General de la Abogacía Española (48,3 millones de euros), el Consejo General de Procuradores de España (5 millones de euros) y el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos (1 millón de euros).

Creación del mayor operador del sector de las telecomunicaciones

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/José Manuel Álvarez

El Consejo de Ministros ha autorizado la fusión de dos operadoras del sector de las telecomunicaciones, Orange y Más Móvil. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, ha explicado que se trata de una "fusión entre iguales" por la combinación de los negocios de Orange y Más Móvil. El operador resultante es el mayor de España, con más de 30 millones de clientes de móviles, más de 7 millones de usuarios de banda ancha y más de 2 millones en cuanto a servicios de televisión.

Escrivá ha destacado el carácter estratégico del sector de las telecomunicaciones por su importancia para los ciudadanos y las empresas, por las oportunidades que ofrece a las zonas despobladas y remotas y porque despliega y opera infraestructuras digitales que son críticas para la seguridad nacional. "La competitividad de un país depende en una parte muy importante de sus infraestructuras digitales y su conectividad, y España está muy bien posicionada porque ha tenido mucho apoyo público en los últimos años en este sentido, y debemos asegurarnos de que sigue siendo así", ha manifestado.

La aprobación de la fusión -ha detallado el ministro- se acompaña de un plan industrial "verdaderamente ambicioso", con una orientación a medio plazo, una política de inversiones "muy potente" para los próximos años en infraestructuras digitales fijas y móviles y, además, compromisos específicos de gestión de operativa de red. "En definitiva, estamos convencidos de que, con esta fusión y las condiciones y los compromisos que la acompañan, garantizamos mejores servicios para los ciudadanos en el despliegue de fibra y de 5G y de las tecnologías que vienen, 5G+ y 6G", ha señalado.

Sistema de control de acceso al contenido para adultos en línea

El Consejo de Ministros ha creado el grupo de trabajo para determinar las funcionalidades del sistema de control en el acceso a contenidos para personas adultas de los menores de edad.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública ha recordado que, ante la "extraordinaria alarma social" que genera el acceso de los menores a la pornografía en Internet", el presidente del Gobierno está liderando una estrategia nacional "muy ambiciosa y muy extensa" para proteger a ese colectivo.

Esa estrategia, que Pedro Sánchez y José Luis Escrivá abordaron con las principales operadoras y plataformas la semana pasada, depende de la existencia de una tecnología que permita verificar la edad de la persona que accede a esos contenidos. El objetivo del grupo de trabajo creado hoy es precisamente desarrollar esa solución tecnológica. El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública liderará el grupo de trabajo, en el que participarán también el Ministerio de Juventud e Infancia y el de Interior, así como la Agencia Española de Protección de Datos y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. También asistirá a las reuniones del grupo la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que será el emisor de las credenciales verificables.

José Luis Escrivá ha precisado que el sistema de control debe cumplir dos requisitos fundamentales: por una parte, tiene que asegurar la privacidad y el anonimato cuando se declara la edad; por otra parte, debe generar las suficientes garantías de autenticidad. La tecnología se está desarrollando en el ámbito europeo a través de la Cartera Digital regulada por el Reglamento de Identidad Digital Europea, que ya aprobó el Parlamento Europeo y ahora está pendiente del visto bueno del Consejo de la Unión Europea.

"España está liderando todos los trabajos técnicos que acompañan el desarrollo de esta regulación y eso nos va a permitir ser pioneros y poder disponer de esta tecnología, en el ámbito de la identificación de la edad, muy pronto", ha indicado Escrivá. El ministro prevé que la verificación de la edad será de obligado cumplimiento antes de que termine este año para las plataformas residenciadas en España, que "están absolutamente comprometidas en acompañar este proceso".

Defensa de los derechos de los consumidores

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, durante su intervención, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/José Manuel Álvarez

Con motivo del Día Internacional de las Personas Consumidoras, que se celebra el 15 de marzo, el Ejecutivo ha reafirmado en una declaración institucional su compromiso con la defensa de los derechos de las personas consumidoras, en especial de las vulnerables.

El texto apuesta por la igualdad en el acceso a bienes y servicios por parte de toda la ciudadanía, particularmente de las personas con discapacidad, y por el fomento de un consumo sostenible.

Vigésimo aniversario de los atentados del 11 de marzo

Al inicio de la rueda de prensa del Consejo de Ministros, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha expresado el cariño, el respeto y el recuerdo del Ejecutivo hacia las víctimas de los atentados del 11 de marzo de 2004.

"Este país no olvida lo que supusieron aquellos días el dolor y la conmoción, pero también la solidaridad", ha dicho Alegría, quien ha añadido que "la principal vacuna frente a los terroristas es el refuerzo de nuestro Estado de derecho", "basado en valores como la solidaridad, la tolerancia, el respeto, la honestidad, la justicia y la verdad".