Subida de salario de las empleadas y empleados públicos

En octubre de 2022 el Gobierno y los sindicatos mayoritarios en la Función Pública, CCOO y UGT, firmaron el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, con el objetivo de modernizar el servicio público y abordar las actualizaciones salariares. Entre otras iniciativas, el acuerdo contempla el aumento de las retribuciones en las Administraciones Públicas durante el período 2022-2024.

Tras la firma de este acuerdo, en 2022 se alcanzó una subida del 3,5 %. Durante 2023, se aplicó una subida del 2,5 %, a la que se sumaron otros dos incrementos: uno del 0,5 % para compensar los efectos de la inflación y otro 0,5 % adicional por la subida del PIB nominal.

¿Qué objetivo tiene la subida de sueldo de los empleados públicos?

Los trabajadores y trabajadoras públicos tuvieron un papel esencial en la pandemia de Covid-19, período en el que garantizaron la sanidad, la educación, los servicios sociales o la seguridad de la ciudadanía. La situación económica se agravó, además, con la crisis provocada por la guerra en Ucrania y el posterior aumento del coste de la vida.

En este escenario y considerando los esfuerzos realizados, se impulsó el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, planteado en línea con el Plan de Recuperación, Transformacion y Resiliencia, con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo en la función pública.

¿Cuánto subirán las retribuciones en el año 2024?

La senda de mejoras retributivas culminará en 2024, donde se producirá una subida fija del 2 %, aprobada en Consejo de Ministros el 25 de junio con efectos retroactivos desde el 1 de enero.

Además, se establece la posibilidad de otra subida adicional y consolidable del 0,5 % si la suma de la variación del dato del Índice de Precios de Consumo (IPC) adelantado de los años 2022, 2023 y 2024 supera el incremento retributivo aplicado durante esos mismos años.

¿Quiénes se benefician de estas subidas?

Más de 3 millones de trabajadores y trabajadoras se benefician de estas subidas: funcionarios, personal laboral u otro tipo de asalariados del sector público. La mayoría trabaja para las comunidades autónomas; les siguen por número de personal las entidades locales y la Administración Central. Las subidas son las del 2 % correspondiente a 2024, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año.

Otras subidas para empleados públicos

El Consejo de Ministros del 3 de octubre actualizó, además, el régimen retributivo en la Administración de Justicia. De esta forma, jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia verán incrementadas sus retribuciones con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2023, tras los acuerdos alcanzados con las asociaciones judiciales y los sindicatos.

En lo referido a jueces y fiscales, se aprobó la actualización del complemento de destino por representación, que será de entre 440 y 450 euros mensuales, en función del órgano y el destino de los profesionales. Se ejecutará de forma gradual entre 2023 y 2024, abonando un 40 % con efectos a 1 de enero de 2023 y otro 40 % a partir del 1 de enero de 2024, y el restante 20 % tendrá efecto desde el 1 de julio de 2024.

En cuanto a las retribuciones de letradas y letrados de la Administración de Justicia, el Gobierno reconoció su labor con un complemento específico transitorio de 430 euros mensuales en el año 2023. Este se devengará de manera progresiva, con efectos a 1 de enero de 2023, a partir del 1 de enero de 2024 y, por último, desde el 1 de julio de 2024.

Por otra parte, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha firmado otro acuerdo en beneficio de los funcionarios de los Cuerpos Generales de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial, así como a los de los Cuerpos Especiales de Médicos Forenses y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Este acuerdo, firmado en el mes de abril, recoge el aumento de las retribuciones a través del complemento específico, que se llevará a cabo de forma escalonada y progresiva en 2024 y 2025, y con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año, así como la convocatoria de la mesa delegada para mejorar las condiciones laborales en materias como la reducción de la temporalidad, el nombramiento de personal de refuerzo, la formación y la protección de la salud en el trabajo.