El Gobierno prorroga la rebaja del IVA de alimentos básicos al 0%, a los que se sumará el aceite de oliva

La Moncloa, Madrid

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley mediante el que se prorrogan varias medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos de Ucrania y Oriente Próximo y se aprueban otras nuevas en materia fiscal energética y social.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha destacado que estas iniciativas se suman a las aprobadas por el Ejecutivo desde el año 2020 para apoyar a las familias, a las empresas y a los colectivos más vulnerables.

Montero ha añadido que el Gobierno ha llevado a cabo una política fiscal responsable que ha supuesto la mayor rebaja de impuestos energéticos y del IVA de la historia, lo que ha permitido un ahorro de 25.000 millones de euros a las familias. Asimismo, esa política ha sido compatible con la reducción del déficit sin aplicar recortes y con el cumplimiento de los compromisos de estabilidad presupuestaria y consolidación fiscal.

Medidas de apoyo a las familias

La norma aprobada hoy incluye la prórroga del IVA al 0%, hasta el 30 de septiembre, de los alimentos básicos: leche, pan, harinas, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, cereales, tubérculos, quesos y huevos, a los que se sumará el aceite de oliva. Del 1 de octubre hasta el 31 de diciembre, el IVA de esos productos pasará al 2%. Asimismo, el resto de aceites de semillas y las pastas alimenticias mantendrán el IVA al 5% hasta que finalice septiembre, y a partir de octubre se situará en el 7,5%.

María Jesús Montero ha confirmado que el aceite de oliva pasará a formar parte de la cesta de alimentos básicos y, por tanto, tendrá siempre un IVA superreducido, es decir, nunca superará el 4%.

Prohibición de corte de suministros básicos

El Real Decreto-ley mantiene la prohibición de interrumpir los suministros de agua, electricidad y gas a los colectivos más vulnerables hasta el próximo 31 de diciembre. Además, la vicepresidenta ha señalado que se extienden los descuentos del bono social eléctrico hasta el 30 de junio de 2025, aunque irán disminuyendo de forma progresiva.

La Tarifa de Último Recurso (TUR) de gas para las comunidades de propietarios y las empresas de servicios energéticos que atienen sus demandas tendrá carácter indefinido.

Modificación del IRPF a los perceptores del Salario Mínimo Interprofesional

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

La vicepresidenta primera ha explicado que se reforma la ley del IRPF para que las personas que cobran el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) estén exentas de tributación: "No se les practicarán retenciones en sus nóminas mensuales ni tendrán que pagar posteriormente este impuesto".

La cuantía del salario bruto a partir del cual se empieza a pagar el IRPF pasa de 15.000 euros anuales a 15.876, el actual SMI. Dada la progresividad del impuesto, los cambios aplicados alcanzarán a rentas de hasta 22.000 euros, lo que implicará que la bajada de retenciones del IRPF beneficie a 5,2 millones de contribuyentes, sobre todo a asalariados y a pensionistas con rentas bajas y medias que, según ha detallado Montero, podrán ahorrar 1.358 millones de euros.

Montero ha remarcado que la suma de las medidas fiscales incluidas en el Real Decreto-ley, tanto el IVA como el IRPF, supone un ahorro de unos 3.000 millones euros al año para las familias.

Mejora de los servicios públicos y del Estado del bienestar

El Real Decreto-ley incluye la actualización de las entregas a cuenta para las comunidades autónomas y las entidades locales que, según ha subrayado María Jesús Montero, "recibirán una financiación récord por parte del Estado". Así, las comunidades dispondrán de un total de 154.467 millones de euros, 20.000 millones más que el año pasado, recursos que el Gobierno desea que puedan fortalecer la sanidad, la educación o la dependencia, según la vicepresidenta. Las entidades locales contarán con 28.557 millones de euros.

Montero ha resaltado que, en los seis años de gobierno del presidente Pedro Sánchez, las comunidades autónomas han recibido casi 250.000 millones más del Estado que los seis años anteriores al Ejecutivo actual, al margen de los 60.000 millones procedentes de los fondos Next Generation o del marco financiero plurianual europeo: "Todas las comunidades autónomas han mejorado su financiación con este gobierno".

Subida de los salarios de los empleados públicos

La vicepresidenta primera ha reiterado el compromiso del Gobierno con los empleados públicos, que verán incrementadas sus retribuciones en un 2% con efecto retroactivo desde el 1 de enero. La norma también establece la posibilidad de una subida adicional y consolidable del 0,5% en función de la evolución de la inflación. "Así cumplimos en la totalidad del Acuerdo Marco para la Administración del siglo XXI que firmamos con los sindicatos y, de hecho, la revalorización total de los empleados en el período de vigencia 2022-2024 alcanzará hasta el 9,8% en estos años", ha remarcado.

Ayudas al tejido productivo

María Jesús Montero ha señalado que para el Ejecutivo es fundamental seguir acompañando la transformación de las empresas aprovechando las oportunidades que genera la revolución verde. Así, con el objetivo de promover la movilidad eléctrica, incentivar la compra de vehículos y el despliegue de infraestructuras de recarga, se amplía el plazo del Programa de Apoyo a la Movilidad Eléctrica, MOVES III, hasta el 31 de diciembre de 2024. Las distintas líneas de ayuda destinadas al vehículo eléctrico alcanzan los 1.500 millones de euros.

Por otra parte, para lograr el objetivo de la descarbonización, el Real Decreto-ley recoge una nueva partida de 50 millones de euros para la transformación sostenible de flotas de vehículos pesados de transporte de pasajeros y mercancías por carretera. Igualmente, la norma incorpora incentivos fiscales para que empresas y autónomos apuesten por la renovación de su flota.

El Gobierno también mantiene las ayudas al tejido industrial mediante la prórroga hasta el 31 de diciembre del mecanismo de apoyo a la competitividad de la industria electrointensiva con el fin de compensar sus costes energéticos. Se mantiene la reducción del 80% de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de esta industria.

De igual modo, se prorroga hasta final de año la flexibilidad para modificar sin penalización los contratos de suministro de electricidad.

Montero ha trasladado que se crea un nuevo Fondo de Impacto Social, dotado con 400 millones de euros, cuyos beneficiarios finales serán las empresas que desarrollen proyectos clasificados como inversiones de impacto social o medioambiental.

Por otra parte, la vicepresidenta primera ha avanzado que el Ejecutivo prorroga todos los beneficios fiscales dirigidos a los afectados por la erupción del volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma. Se prorrogan asimismo las prestaciones por cese de actividad y los ERTE para las empresas afectadas.

Defensa de los derechos de las personas trans y LGTBI

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, comparece en la rueda de prensa tras el Consejo de MInistros. | Foto:Pool Moncloa /Borja Puig de la Bellacasa

El Consejo de Ministros ha acordado interponer recursos de constitucionalidad contra dos leyes aprobadas en 2023 por la Comunidad de Madrid por considerar que recortan derechos de las personas trans y las personas LGTBI reconocidos en la normativa autonómica previa y, sobre todo, en la legislación estatal.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha manifestado que, en vez de "ir más allá" en la defensa y la garantía de los derechos de sus ciudadanos, las leyes 17/2023 y 18/2023 de la Comunidad de Madrid "son claramente regresivas". Redondo también ha destacado que el Gobierno negoció con el Ejecutivo autonómico para acordar una solución a través de una comisión bilateral, como establece la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, pero "no ha habido avances" en las reuniones mantenidas.

Los recursos se basan, fundamentalmente, en cuatro motivos.

En primer lugar, la ley estatal prohíbe de manera absoluta las llamadas 'terapias de conversión', en línea con lo establecido por la comunidad científica internacional y la jurisprudencia, mientras que en la normativa de la Comunidad de Madrid "se abre la puerta a que haya una evaluación psiquiátrica, un acompañamiento psicológico que, en muchas ocasiones, está encubriendo las terapias de aversión, las terapias de reconducción", según ha argumentado Ana Redondo.

El segundo motivo de inconstitucionalidad que alega el Gobierno es la patologización de los menores trans en la legislación autonómica al obligarles a un proceso de acompañamiento psicológico y psiquiátrico y a un informe obligatorio previo al inicio de cualquier terapia de transición. Esta razón -ha apuntado la ministra- es precisamente la que motiva el recurso de inconstitucionalidad que presentó el Defensor del Pueblo y ya ha sido admitido a trámite por el Constitucional.

En tercer lugar, el Ejecutivo considera que la normativa de la Comunidad de Madrid discrimina a las mujeres trans al señalar que podrán utilizar aquellos lugares o equipamientos comunes si no menoscaban los derechos y la intimidad del resto de mujeres y niñas. "Lo consideramos claramente discriminatorio", ha afirmado la responsable del Ministerio de Igualdad.

Ana Redondo ha indicado que la cuarta motivación de los recursos es la invasión de competencias, ya que las dos leyes madrileñas excluyen a las organizaciones LGTBI de la legitimación activa para interponer recursos en el ámbito penal y en el contencioso-administrativo como participantes interesados en los procesos. Se trata de una cuestión que es competencia exclusiva del Estado y, por lo tanto, esas normas atentan contra la distribución competencial fijada en la Constitución.

El recurso suspenderá los efectos de las leyes autonómicas, según ha remarcado la ministra: "Es un avance importante que pone de manifiesto el firme compromiso del Gobierno de España con la igualdad de derechos, porque nos sentimos orgullosos de la diversidad y de manifestarnos libremente iguales".

Día Nacional del Orgullo LGTBI

El Consejo de Ministros ha aprobado una declaración institucional con motivo del 28 de junio, Día Nacional del Orgullo LGTBI. La ministra de Igualdad ha subrayado que para el Ejecutivo "el Orgullo es un orgullo de España, un orgullo democrático, un orgullo de avance como sociedad".

Ana Redondo ha destacado que España es un referente mundial en la protección y el reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI, gracias a avances legislativos como el matrimonio igualitario, la ley de igualdad de trato o, más recientemente, la ley de reconocimiento de derechos a nivel integral de las personas trans y LGTBI. Además, para favorecer el ejercicio de esos derechos, se han puesto en marcha recursos como el Servicio 028 Arcoíris o los planes de igualdad que, en el seno del diálogo social, se han incorporado en aquellas empresas con más de 50 trabajadores.

Además, la titular de Igualdad ha reconocido el "papel esencial" que los movimientos activistas han desempeñado en esos avances y ha señalado nuevos retos, como la lucha contra la desigualdad que sufren aquellas personas en las que se superponen varias formas de discriminación y las amenazas "que ha generado esta ola reaccionaria a nivel nacional e internacional".

Redondo ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo con la igualdad real y la defensa de los derechos de todas las personas LGTBI y ha invitado a la ciudadanía a participar en "esta fiesta del Orgullo, que es una fiesta de la democracia, una fiesta en la que nos reconocemos como una España diversa, plural y mejor".

Ayudas para la industria electrointensiva y los investigadores

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Foto:Pool Moncloa /Borja Puig de la Bellacasa

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha informado de la aprobación de varias convocatorias dirigidas a mejorar la competitividad de la industria electrointensiva y las condiciones laborales del colectivo investigador y científico.

En el primer caso, se ha aprobado una convocatoria de 300 millones de euros para mejorar la competitividad, reforzar capacidades y empleo en los sectores industriales electrointensivos. Tal y como ha explicado la portavoz del Gobierno, estas ayudas apoyarán la actividad de empresas vinculadas a sectores como el papel, el aluminio, el cobre o el hierro. Desde el año 2019 -ha explicado- el Ejecutivo ha destinado cerca de 900 millones de euros a compensar los costes de emisiones de CO2 que tienen que afrontar estas empresas.

Por otra parte, el Consejo de Ministros ha aprobado dos nuevas convocatorias que superan los 80 millones de euros para consolidar la carrera profesional de los investigadores. De acuerdo con Alegría, esta iniciativa refleja la "apuesta clara" del Gobierno "a favor de la Ciencia y la investigación en España", ya que contribuirá a retener el talento a través de nuevas plazas permanentes en instituciones adscritas al sistema español de ciencia, tecnología e innovación.

París 2024: subvención para comités olímpico y paraolímpico

Durante su intervención, la titular de Deportes ha anunciado la aprobación de una subvención dirigida al Comité Olímpico Español y al Comité Paralímpico Español para el desarrollo de las distintas actuaciones relacionadas con los Juegos Olímpicos que este año se celebran en París.

Se trata de una financiación de 7,5 millones de euros con la que, según Alegría, se podrá saldar una deuda "histórica": que los atletas paralímpicos reciban el mismo importe económico por medalla que reciben los atletas olímpicos. "Al mismo esfuerzo, igualdad de reconocimiento", ha resumido la ministra, que considera esta ayuda como "un paso en línea con esos valores que defiende también este Gobierno: la inclusión, la integración y, sobre todo, la igualdad de oportunidades". A un mes de los Juegos, la portavoz ha expresado, además, la confianza del Ejecutivo en el trabajo de los deportistas españoles: "estamos convencidos de que España nos va a dar grandes alegrías".

Otros acuerdos

Pilar Alegría ha informado, además, sobre la aprobación de un convenio con la comunidad canaria para la financiación del Gran Telescopio de Canarias. España tiene una participación del 66% en este proyecto, con una financiación de 42,3 millones, mientras que el 44% restante corresponde al Gobierno canario, con una aportación de 20 millones.

En el capítulo de nombramientos, el Consejo de Ministros ha acordado la habilitación a los funcionarios Santiago Ripol y Consuelo Femenía para que actúen como letrados habilitados por la Abogacía General del Estado para la representación del Reino de España ante el Tribunal Internacional de Justicia en la aplicación del convenio para la prevención y la sanción del delito de genocidio en la Franja de Gaza.

Asuntos de actualidad

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, junto a la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en la rueda de prensa. | Foto:Pool Moncloa /Borja Puig de la Bellacasa

Finalmente, Pilar Alegría también se ha referido a los datos económicos conocidos esta semana: "la economía española ha crecido en el primer trimestre de este año un 0,8%, una décima más de lo anunciado hace dos meses, y el crecimiento del PIB en tasa interanual se aceleró hasta el 2,5%", ha explicado la ministra, que considera estas cifras como "una buenísima noticia que confirma la previsión de todos los organismos nacionales e internacionales" con respecto a España.

En este contexto, la ministra también ha destacado el último dato de la hucha de las pensiones, que en estos momentos supera los 7.000 millones de euros. "Al crecimiento económico se suman cifras históricas en materia de empleo y consolidamos el estado de del bienestar. Y esto, sobre todo, se consigue con una política responsable con el objetivo fundamental de proteger y mejorar la vida de los españoles y las españolas", ha concluido.