La ministra de Hacienda y Función Pública firma la orden de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2023

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy la Orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2023. Esta orden es el punto de partida para iniciar los trabajos de preparación de las cuentas públicas del próximo año.

El objetivo de los Presupuestos de 2023 es consolidar el crecimiento económico y la creación de empleo que se inició en 2021 y continúa en 2022, pero teniendo en cuenta el contexto internacional actual marcado por el impacto que la invasión de Ucrania por parte de Rusia está provocando en la economía con el encarecimiento de los precios de la energía y de otros productos.

La Orden recuerda que la economía española afronta esta situación de incertidumbre global desde una posición sólida, con un patrón de recuperación muy distinto al de crisis anteriores y con unos fundamentos más robustos. En ese sentido, hay que destacar que España registra el nivel de empleo más alto desde 2008 y, además, con un aumento muy significativo de los contratos indefinidos, que ya suponen uno de cada dos nuevos contratos firmados.

Asimismo, el Gobierno ya ha adoptado medidas para combatir el aumento de la inflación provocado por la guerra mediante, por ejemplo, una bonificación de 20 céntimos por litro de combustible, las ayudas directas a transportistas, agricultores o la industria gasintensiva o con la mayor rebaja de impuestos de la historia a la electricidad.

La Orden de elaboración de los Presupuestos también tiene en cuenta la decisión de la Comisión Europea de extender a 2023 la cláusula de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, lo que en la práctica implica que las reglas fiscales seguirán suspendidas durante el próximo ejercicio.

En cualquier caso, el Gobierno ha demostrado su compromiso con la responsabilidad fiscal al lograr en 2021 la mayor reducción del déficit con una disminución de 3,3 puntos sin contar la ayuda financiera. Una mejora del déficit que se produjo sin aplicar recortes sociales y que fue compatible con reforzar el Estado del Bienestar.

Por tanto, la responsabilidad fiscal de España se mantiene y está recogida en el último Programa de Estabilidad enviado a Bruselas, donde se incorpora una senda a medio plazo que permitirá reducir el déficit por debajo del 3 % del PIB en 2025 y situar el nivel de deuda pública por debajo del 110% del PIB para ese mismo año. Es decir, se reflejan los principios de responsabilidad fiscal y justicia social que han guiado la política económica española desde 2018.

Novedades de la Orden

Una de las principales novedades que recoge la Orden de elaboración es que se refuerza el análisis transversal de los Presupuestos Generales del Estado bajo diversas perspectivas, añadiendo para las cuentas de 2023 un nuevo Informe de alineamiento con la transición ecológica. De esta forma se cumple con uno de los hitos recogidos en el componente 29 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Este informe vendrá a acompañar a los análisis de alineamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, de impacto de género y del impacto en la infancia, en la adolescencia y en la familia, y a la información presupuestaria sobre la juventud y sobre las actuaciones referentes al reto demográfico y a la lucha contra la despoblación.

Además, los Presupuestos de 2023 continúan con el proceso iniciado en las cuentas públicas del año anterior incorporando los resultados de los procesos de revisión y evaluación del gasto público ('spending reviews') en el ciclo presupuestario.

Implementación del Plan de Recuperación

Otro de los aspectos importantes que menciona la Orden es que los Presupuestos para 2023, al igual que ocurrió con las cuentas del pasado año, incorporarán los créditos necesarios para recoger el conjunto de actuaciones que, formando parte del Plan de Recuperación, están destinadas para este ejercicio.

Los fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE son fundamentales para transformar el modelo productivo e impulsar la digitalización, la transición energética, la cohesión social y territorial y la igualdad. Para ello, España ha avanzado en la implementación de las reformas y los objetivos marcados en el Plan y ha alcanzado una velocidad de crucero en la ejecución del programa de inversiones. De hecho, la Administración General del Estado ha resuelto ya convocatorias para más de 17.000 proyectos.

Criterios prioritarios de asignación de recursos

La Orden de elaboración recoge como prioridad para los criterios de asignación de los recursos aquellos que permitirán continuar impulsando un proceso de transformación estructural de la economía para contribuir a la consecución de un desarrollo más resiliente y sostenible desde el punto de vista económico y financiero, avanzando hacia un país más verde, más digital, más cohesionado desde el punto de vista social y territorial y más igualitario. En concreto:

• Fomentar la transición verde, justa, ecológica y digital mediante el apoyo a inversiones de gran escala que contribuyan a cumplir con los objetivos establecidos en materia de cambio climático y a la transición energética. Avanzar hacia un modelo de crecimiento sostenible y de economía circular para la agricultura y la pesca, la industria y los servicios, que a su vez apuesta por las energías renovables, el autoconsumo, el reciclaje y la reutilización del agua.
• Reducir la dependencia general de los combustibles fósiles; apoyar la inversión complementaria en el almacenamiento, la infraestructura de red, la electrificación de los edificios y el transporte, y el hidrógeno renovable; ampliar la capacidad de interconexión energética; y aumentar la disponibilidad de viviendas sociales y asequibles energéticamente eficientes.
• Transformar digitalmente la sociedad a través de reformas e inversiones que potencien las infraestructuras, competencias y tecnologías necesarias para el desarrollo de una economía y una sociedad digital. Apostar de manera clara a favor de la ciencia, la I+D+i y las nuevas tecnologías, a la vez que se lucha contra la exclusión social.
• Alcanzar la plena inclusión intergeneracional de los jóvenes, tanto a nivel social como económico, con actuaciones transversales que aborden el acceso a un empleo digno, a una vivienda asequible, así como a una educación accesible.
• Apoyar, con medidas específicas y temporales, a los sectores más afectados y a los colectivos más vulnerables por la escalada de los precios energéticos, contribuyendo a reforzar la seguridad e interconexión energéticas y de suministro, la estabilidad de precios y reforzando las bases de la recuperación económica y de la creación de empleo de calidad.
• Modernizar nuestro tejido productivo, para que pueda actuar como vehículo tractor de los cambios tecnológicos e innovaciones, potenciando la eficiencia de las administraciones públicas y el papel primordial de las pymes y autónomos.
• Trabajar por la cohesión social y territorial de España, reforzando el Estado del Bienestar, garantizando la excelencia de la sanidad pública española, potenciando un sistema fiscal justo y equitativo, así como el establecimiento de iniciativas que permitan afrontar el reto demográfico.
• Garantizar la plena igualdad de género y la seguridad y libertad de las mujeres, a través de la implementación de medidas transversales orientadas a la conciliación familiar y a incrementar la tasa de empleo femenino. También combatiendo de manera firme y decidida la violencia de género, impulsando de manera simultánea la participación paritaria e igualitaria de las mujeres en la economía y en la sociedad en su conjunto.
• Reforzar la protección del capital humano y de las políticas de empleo, priorizando el desarrollo de oportunidades profesionales para las generaciones futuras.
• Continuar impulsando la economía de los cuidados, tanto en lo relativo a la atención de las personas dependientes o vulnerables como en lo relativo al cuidado de nuestros mayores, ampliando sus derechos y garantizando a través del sistema de pensiones una recuperación económica en la que nadie quede al margen de la sociedad.