España remite a la Comisión Europea unas perspectivas macroeconómicas y fiscales marcadas por la máxima prudencia ante la elevada incertidumbre de la guerra

El envío se efectúa en cumplimiento de la obligación de todos los Estados Miembros de presentar cada año en el mes de abril ante la Comisión Europea sus Programas Nacionales de Reformas y sus Programas de Estabilidad, en el marco del Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas.

En ambos documentos, el Gobierno explica las medidas de política económica adoptadas para paliar el impacto de la guerra de Rusia en Ucrania, destinadas a compensar a los ciudadanos por el incremento del precio de la energía y los carburantes, y proteger a los colectivos más vulnerables y a los sectores más afectados; los efectos de las inversiones y reformas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como el escenario macroeconómico y fiscal para el periodo de referencia. El nuevo cuadro macroeconómico ha sido avalado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Programa de Estabilidad 2022-2025

El Programa de Estabilidad incluye el escenario macroeconómico previsto para el periodo 2022-2025, apoyado en la última información disponible.

La vicepresidenta primera del Gobierno ha señalado que "en el contexto actual de elevada incertidumbre por la situación geopolítica internacional y la fuerte subida de los precios de la energía, el escenario macroeconómico y fiscal está marcado por el principio de máxima prudencia".

La economía española se mantendrá en una senda de crecimiento económico a lo largo del todo el periodo de previsión, que será más intenso en 2022 y 2023, con unas tasas de crecimiento previstas del Producto Interior Bruto del 4,3% y del 3,5%, respectivamente.

En línea con los organismos nacionales e internacionales, se prevé un crecimiento superior al de las principales economías avanzadas, confirmándose la solidez del actual ciclo expansivo iniciado en 2021.

El alza de los precios de la energía, junto con el impacto negativo sobre las principales economías europeas está ralentizando la recuperación de la economía española tras la pandemia, que se había acelerado en el segundo semestre de 2021.

No obstante, en 2022 continuará a buen ritmo el crecimiento de la economía española apoyado, sobre todo, en la creación de empleo de calidad, la inversión en bienes de equipo y propiedad intelectual, la recuperación del turismo y el impulso de las inversiones y reformas del Plan de Recuperación.

El alza de los precios energéticos y el efecto base han provocado una aceleración del nivel general de precios desde mediados de 2021, que se ha intensificado a comienzos de 2022 por el impacto de la guerra. No obstante, todas las previsiones apuntan a una desaceleración significativa de la inflación desde el segundo semestre de 2022, hasta situarse alrededor del 2% el próximo año.

En este contexto, el nuevo cuadro macroeconómico prevé que la demanda interna sea el principal motor de crecimiento, y especialmente la inversión que se estima que se acelere este año hasta el 9,3%, apoyada en el Plan de Recuperación, cuyo despliegue seguirá ganando impulso en 2022 y 2023 a través de la plena ejecución de las inversiones, consolidando el cambio de patrón en la recuperación frente a crisis anteriores.

La concentración del Plan en proyectos estratégicos permitirá atraer inversión privada adicional, aumentando el factor multiplicador de los fondos y generando un efecto arrastre para el conjunto de la economía. Junto a las inversiones, las reformas en marcha están impulsando la transformación del tejido productivo, lo que se traducirá en un aumento de la productividad y del crecimiento potencial.

El dinamismo de la actividad turística será un elemento determinante para el crecimiento económico en 2022, con una recuperación del 80% del registrado en 2019, favorecido por un impacto más limitado de las olas del virus gracias a la elevada vacunación y a la recuperación de lo los principales mercados emisores.

Para el periodo 2022-2025, el empleo seguirá siendo el motor del crecimiento económico, consolidándose la senda de descenso de la tasa de paro, que pasará del 14,8% en 2021 hasta reducirse hasta el 9,6% en 2025, descenso que se acompaña de una mejora en la calidad del empleo, gracias al impulso de las inversiones y las reformas del Plan de Recuperación, especialmente los efectos positivos de la Reforma Laboral.

Dada la alta incertidumbre del contexto internacional, el cuadro macroeconómico prevé que la demanda externa tendrá una aportación negativa al crecimiento en 2022 y 2023.

Reducción progresiva del déficit y la deuda

El Programa de Estabilidad remitido a la Comisión Europea incluye las perspectivas fiscales para el periodo comprendido entre 2022 y 2025.

El impulso económico, la fuerte creación de empleo y el aumento del crecimiento permitirán progresar en la senda de consolidación fiscal iniciada en 2018 e interrumpida por la pandemia. En 2021 ya se ha registrado una reducción del déficit de 3,3 puntos porcentuales con respecto al año anterior, 1,6 puntos inferior a la prevista en el anterior programa de estabilidad, al igual que la ratio de deuda/PIB.

El escenario que plantea el Programa de Estabilidad muestra un progresivo descenso del déficit a lo largo de los cuatro ejercicios. De esta manera, el año 2022 terminará con una tasa del 5% del PIB, frente al 6,76% con que cerró el ejercicio 2021. Para el ejercicio siguiente se prevé un descenso adicional hasta el 3,9%, para a continuación retroceder hasta el 3,3% en 2024 y terminar en 2025 en el 2,9% del PIB.

En línea con la bajada del déficit público, se seguirá reduciendo la ratio deuda/PIB hasta situarse en el 109,7% en 2025.

Esta progresiva corrección del déficit sigue a la registrada en el ejercicio 2021, cuando retrocedió hasta el 6,76% desde el 10,08% en que había terminado en el año 2020. Fue una reducción de 3,3 puntos de PIB, la mayor de la serie histórica sin ayudas financieras.

La mejora de las cuentas públicas el ejercicio pasado tuvo lugar sin la adopción de políticas de austeridad ni de recortes sociales. Por el contrario, encontró su base en el vigor del crecimiento económico y en la fuerte creación de empleo de calidad, posibles gracias a las medidas de sostenimiento de rentas y del tejido productivo puestas en marcha en 2020 y que se mantuvieron también durante el año 2021. Entre esos dos ejercicios se invirtieron casi 80.000 millones de euros para mitigar las consecuencias económicas y sociales de la pandemia y proporcionar un mejor punto de partida a la recuperación.

Margen para tomar más medidas mientras baja el déficit

Las cifras de cierre presupuestario de 2021 fueron mejores de lo anticipado por el propio Gobierno, que situó su previsión en el 8,4% del PIB. También fueron mejores de lo estimado por organismos independientes tanto nacionales como internacionales. Ello da muestra del realismo y la prudencia con los que el Ejecutivo efectúa sus previsiones.

El déficit en 2021 fue 19.500 millones de euros inferior al avance realizado por el Gobierno. Esa mejor evolución proporciona margen de maniobra para adaptar las decisiones en materia de ingresos y gastos a las necesidades de la coyuntura geopolítica.

De esta manera, la reducción del déficit que contempla el Programa de Estabilidad para el periodo comprendido entre 2022 y 2025, que lo sitúa al final de ese último ejercicio por debajo de la cota del 3%, es compatible con el paquete de medidas aprobado por el Gobierno para contrarrestar los efectos de la guerra en la economía, fundamentalmente en la evolución de los precios.

El Gobierno ha tomado medidas fiscales para rebajar la factura eléctrica a todos los hogares, a todas las empresas y a todos los autónomos; ha aprobado subvenciones para el repostaje de combustible tanto a particulares como a empresas y trabajadores por cuenta propia; y ha puesto en marcha ayudas directas a los sectores más sensibles, desde el transporte a las industrias gasintensivas o electrointensivas, pasando por la agricultura, la ganadería y la pesca. También se ha ocupado de los hogares más vulnerables, incrementando un 15% el Ingreso Mínimo Vital o incrementando el alcance de los bonos sociales térmico y eléctrico.

En definitiva, el Ejecutivo, en el Programa de Estabilidad, muestra una hoja de ruta en la que es compatible su compromiso con la reducción del déficit y de la deuda y su objetivo de la estabilidad presupuestaria, con la adopción de medidas de apoyo a la ciudadanía y a las empresas cuando las circunstancias así lo requieren.

Evolución por subsectores

En cuanto a las previsiones sobre la evolución del déficit por subsectores, la Administración Central continuará siendo la responsable del grueso del déficit público durante todo el periodo, debido al apoyo que durante los últimos ejercicios ha proporcionado al resto de los subsectores, tanto a las Comunidades Autónomas como a la Seguridad Social y a las Entidades Locales, para que pudieran prestar con una calidad excelente los servicios a la ciudadanía de los que son responsables sin que se vieran afectados por la difícil coyuntura reciente marcada por la pandemia.

Así, el déficit de la Administración Central será en 2022 del 3,8% (lo que implica un significativo descenso desde el 6,1% de 2021), para caer hasta el 3,4% en 2023 y situarse en 2025 en el 3,2%.

El déficit de las Comunidades Autónomas se situará al cierre de este año en el 0,8%, para bajar al 0,1% en 2023. En los dos últimos ejercicios del periodo, este subsector pasará a una situación de superávit equivalente al 0,2% del PIB, idéntico para ambos años 2024 y 2025.

Las Entidades Locales, por su parte, registrarán superávit durante todo el periodo, partiendo del 0,1% al cierre de este año, para situarse entre el 0,2% y el 0,3% los ejercicios restantes.

Los Fondos de la Seguridad Social reducirán a la mitad su déficit al pasar del 1% de 2021 al 0,5% en 2022 y, de acuerdo con la senda prevista, en el año 2025 habrá recortado hasta el 0,2% del PIB.

Apoyos a las comunidades autónomas

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha destacado el apoyo sin precedentes que el Gobierno central ha prestado al resto de subsectores, especialmente a las Comunidades Autónomas. Gracias a este apoyo, este subsector cerró el ejercicio 2021 en situación de equilibrio presupuestario por primera vez.

Este respaldo extraordinario prestado desde el Estado Central a los territorios es el que explica que, en contabilidad nacional, los ingresos públicos totales con que han contado los Gobiernos regionales han aumentado un 24,6% en los últimos cuatro años. Sin embargo, en el mismo periodo, los ingresos públicos de la Administración Central han crecido menos de la mitad, un 10%.

Los recursos extraordinarios transferidos desde el Gobierno a las Comunidades Autónomas han ido dirigidos a blindar el Estado del Bienestar y a evitar recortes en áreas como la sanidad o la educación pública, así como a sostener el tejido productivo más afectado por la pandemia en cada región.

Medidas para combatir los efectos de la guerra

Como el Ejecutivo hizo en los dos últimos años para paliar las consecuencias económicas de la pandemia, ahora ha puesto en marcha un paquete de medidas que este jueves consiguió su aprobación en el Congreso de los Diputados para combatir los efectos económicos de la guerra y para proteger a familias, trabajadores, autónomos y empresas. Se trata de medidas, como ha insistido Montero, que se encuentran alineadas con las recomendaciones del FMI o de la Comisión Europea.

Entre estas actuaciones destacan la bonificación de hasta 20 céntimos por litro repostado de combustible para todo tipo de consumidores, tanto particulares como profesionales y empresas, con un impacto presupuestario de más de 1.400 millones de euros; ayudas directas al sector del transporte por valor de 450 millones de euros; ayudas directas a la agricultura de 364 millones; ayudas directas a la pesca de 68 millones de euros; además de un apoyo de 500 millones de euros para la industria gasintensiva y electrointensiva.

También se han adoptado medidas de índole social por un montante de 500 millones de euros, para apoyar a las familias más vulnerables, como el aumento del 15% del Ingreso Mínimo Vital; así como la ampliación del alcance del bono social término y del bono social eléctrico.

A ello se suma la mayor rebaja de impuestos de la historia en la electricidad, que supondrá un ahorro de 12.000 millones de euros para todo tipo de consumidores, tanto hogares como empresas y autónomos, si se prorroga hasta final de 2022. El Gobierno rebajó el IVA de la luz desde el 21% al 10% en junio de 2021; además suspendió el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica; y redujo el Impuesto Especial sobre la Electricidad al mínimo que permite la Comisión Europea.

El Programa de Estabilidad, como ha concluido la ministra de Hacienda y Función Pública, es muestra de cómo la economía española es capaz de adaptarse a un contexto de incertidumbre y apuesta por el fortalecimiento de los servicios públicos mientras también cumple con el compromiso de reducir de forma progresiva con los desequilibrios fiscales.

Programa Nacional de Reformas

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ha acordado también la remisión a la Comisión Europea del Programa Nacional de Reformas.

Este Plan recoge las reformas e inversiones previstas en el Plan de Recuperación, que están alineadas con las recomendaciones específicas de la Unión Europea en el contexto del Semestre Europeo.