La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha comparecido por primera vez en la Comisión General de las comunidades autónomas del Senado a petición propia para informar sobre los avances en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por la Comisión Europea el 13 de julio de 2021.
Ante la presencia de los consejeros de las comunidades autónomas y los grupos parlamentarios, la vicepresidenta ha insistido en que el Plan de Recuperación es un plan de país para transformar y modernizar España, una oportunidad histórica que requiere de la cooperación y la co-gobernanza, "seguir sumando esfuerzos y evitar la confrontación partidista para aprovecharlo al máximo".
"Las comunidades autónomas juegan un papel clave para el despliegue de inversiones y llegue al tejido productivo del territorio", ha señalado la vicepresidenta.
Desde la aprobación del Plan de Recuperación, hace 10 meses, se han asignado a las comunidades autónomas más de 13.300 millones de euros de los fondos europeos para inversiones del Plan de Recuperación. Estas transferencias se suman a los 10.000 millones de euros transferidos de los fondos REACT EU para financiar la respuesta inmediata a la pandemia, fundamentalmente en el ámbito de la sanidad, la educación y las ayudas a empresas.
Las comunidades que más fondos han recibido del Plan de Recuperación son Andalucía (2.258 millones de euros), Cataluña (1.930 millones de euros), Madrid (1.467 millones de euros), C. Valenciana (1.254 millones de euros), Castilla y León (878 millones de euros) y Galicia (818 millones de euros), siendo Islas Baleares, con 380 millones de euros transferidos, la más avanzada en ritmo de ejecución.
La distribución de casi la totalidad de estos fondos (97%) se ha acordado en 75 conferencias sectoriales -principal instrumento para consensuar los criterios y aprobar el reparto- en las que participan los representantes de los gobiernos autonómicos.
Con estos fondos las comunidades autónomas han podido realizar ya inversiones importantes, como la creación de 120.000 plazas de formación profesional, inversiones en educación de 0 a 3 años, recualificación del profesorado, políticas activas de empleo, así como renovación de flotas de transportes -dentro del programa MOVES- y la extensión de la banda ancha en polígonos industriales o centros empresariales, por señalar algunos ejemplos.
Para la vicepresidenta, las Comunidades Autónomas juegan un papel fundamental para hacer llegar a los ciudadanos y las empresas el importante volumen de recursos ya transferidos. "El límite principal para la capacidad de las comunidades autónomas en el desarrollo de sus proyectos estratégicos no va a ser financiero, sino que depende de que el gobierno autonómico tenga visión de futuro, que establezca claramente sus prioridades y tenga capacidad de gestión eficiente de los recursos".
El Plan de Recuperación ha llegado a la economía
Durante su intervención, la vicepresidenta señaló que los fondos europeos están llegando a la economía española y las convocatorias de ayudas resueltas por la Administración General del Estado benefician ya a más de 11.500 proyectos de todo el país. Estos están siendo ejecutados por más de 6.000 empresas, más de 1.000 entidades locales y más de 2.400 universidades y centros tecnológicos.
España sigue siendo el país más avanzado en la ejecución del Plan, siendo el primer país en solicitar los pagos de fondos. La aceleración en el ritmo de ejecución del Plan permite al Gobierno solicitar esta semana el segundo desembolso, correspondiente al primer semestre de 2022, por importe de 12.000 millones de euros, ante el cumplimiento de 40 hitos y objetivos.
La vicepresidenta ha señalado que el Gobierno ha puesto en marcha el 60% (cerca de 30.000 M€) de la inversión de fondos prevista para 2021 y 2022, cantidad que prácticamente se corresponde con las transferencias europeas previstas por la consecución de objetivos.
Estos fondos llegan a la economía mediante ayudas, licitaciones de obras, instrumentos financieros, créditos u otras formas de participación en capital, así como a través de importantes rebajas fiscales, como es el caso de los incentivos a la rehabilitación de viviendas para la mejora de la eficiencia energética o para la aceleración del despliegue del 5G.
Hasta mediados de abril, se han resuelto más de 520 convocatorias de ayudas gestionadas directamente por la Administración General del Estado, con una inversión superior a los 8.500 millones de euros, destinadas a empresas y entidades públicas de todo el territorio.
La vicepresidenta primera ha indicado que en 2022 se pondrán en marcha todos los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y la Transformación (PERTE) y se acelerará el despliegue de inversiones, aumentando el impacto directo sobre la actividad económica, la creación de empleo.
El Plan de Respuesta a la invasión rusa a Ucrania incorpora importantes medidas para agilizar las inversiones del Plan, especialmente las relativas a la autonomía estratégica de nuestro país en el ámbito energético, tecnológico, agroalimentario y en el de la ciberseguridad.
Avance en los PERTE
El Gobierno ha lanzado once Proyectos Estratégicos para Recuperación y la Transformación Económica (PERTE), con gran capacidad tractora del crecimiento económico, el empleo y la competitividad y con un alto componente de colaboración público-privada, así como entre administraciones públicas.
Estos PERTE van a canalizar 30.000 millones de euros de inversión pública. El Consejo de Ministros ya ha aprobado formalmente nueve, centrados en áreas clave para el futuro y la resiliencia de la economía española.
Se han resuelto o están próximas a su resolución convocatorias de ayudas de los PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC), de Salud de Vanguardia, de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento (ERHA), Aeroespacial, Economía Circular y de la Cadena Agroalimentaria, que alcanzan una inversión de más de 5.200 millones de euros.
Todas las comunidades autónomas cuentan con alguna empresa o centro de investigación implicado en el desarrollo de los PERTE ya aprobados.
Las empresas y centros de investigación de la Comunidad de Madrid son los que han recibido, hasta el momento, más fondos para el desarrollo de PERTE. Además, todas las CCAA participan en al menos un Plan Complementario de I+D. Cataluña es la Comunidad Autónoma con mayor participación en estos Planes Complementarios. Por otro lado, Andalucía es la Comunidad Autónoma que más fondos ha recibido en proyectos piloto.
Impulso reformista
Las reformas estructurales modernizadoras del país aprobadas constituyen hitos establecidos en el Plan de Recuperación y su impacto en la economía está siendo palpable. En este sentido, destaca el impacto positivo de la reforma laboral ya en el primer trimestre de 2022, con un importante incremento de la contratación indefinida y una reducción de los contratos de más corta duración, los más precarios.
El impacto de la reforma educativa y de la Ley de Formación Profesional también es visible: el abandono escolar temprano ha pasado del 18% al 13%. Actualmente, hay más de un millón de alumnos en FP (un 4% más que el curso anterior) y, gracias al Plan de Recuperación se han creado 120.000 plazas de formación profesional.
En el primer semestre de 2022 está previsto culminar el proceso legislativo de reformas clave en el ámbito empresarial y de negocios como son la ley Crea y Crece, la ley de Startups y la reforma concursal. También está previsto que se aprueben la Ley de Ciencia, la Ley Audiovisual, la Ley de Telecomunicaciones y las leyes de agilización procesal y modernización de la justicia.
Adenda para reforzar el impacto del Plan de Recuperación a partir de 2023
Nuestro país solicitará a la Comisión Europea esta misma semana la solicitud del segundo pago semestral, por importe de 12.000 millones de euros, correspondiente al cumplimiento de 40 hitos y objetivos.
El 30 de junio se producirá la asignación definitiva de transferencias a España. Sobre esta base, se presentará una adenda al Plan de Recuperación con el fin de movilizar las transferencias adicionales, así como los créditos, lo que permitirá reforzar y dar continuidad a los proyectos de mayor impacto más allá de 2023.