Comparecencia del presidente del Gobierno para informar de las medidas adoptadas por el Gobierno para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania y el papel de las administraciones

Senado

COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO

Señoras y señores senadoras y senadores, como ha dicho el señor Gil, comparezco ante ustedes para explicar las medidas económicas que hemos venido aprobando desde el Gobierno de España para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania.

Y para ello me gustaría comenzar esta intervención haciendo una pregunta y es ¿Qué preocupa a los españoles? ¿Y en qué se diferencian esas preocupaciones actuales de las de hace un lustro?

Hace cinco años, señorías, los cinco principales desvelos de los españoles eran por este orden: el paro, la corrupción, los problemas políticos, la economía en general y la independencia en Cataluña.

Cinco años después, en enero de 2023, dos de esos cinco problemas han desaparecido de la lista. La independencia de Cataluña ha pasado de preocupar a un 15% del total de encuestados a hacerlo solo a menos del 1%, repito, a menos de un 1%. Y la corrupción que llegó a figurar entre uno de los principales problemas y preocupaciones en consecuencia de los ciudadanos españoles, en segundo lugar de esas preocupaciones, y que llegó a preocupar al 35% de nuestros conciudadanos, es hoy un problema solo para el 5% de la población.

Por tanto, resumo. A diferencia de cinco años atrás, ni la independencia de Cataluña ni tampoco la corrupción forman parte ya de las principales preocupaciones de los españoles. Dos preocupaciones menos, por tanto, para la mayoría de ciudadanos.

Y hay un problema que lógicamente persiste, señorías, entre los principales, pero que también hay que reconocer, ha descendido espectacularmente. Me refiero al desempleo. Mientras hace cinco años el desempleo preocupaba, fíjense, señorías, a dos de cada tres españoles, hoy preocupa a uno de cada cuatro.

¿Qué problemas continúan? Se mantienen los problemas económicos y también los problemas políticos.

Por cierto, contribuiría a reducir la carga de los problemas políticos una lectura completa y no ventajista de la Constitución. Y por eso aprovecho nuevamente para solicitar al principal partido de la oposición que vuelva al consenso constitucional, que facilite la renovación del órgano de gobierno de los jueces, bloqueado desde hace cinco años, tal y como nos mandata el artículo 122 de la Constitución.

Y, por último, ¿qué problema nuevo aparece? Bueno, pues aparece -y surge además con bastante fuerza- la preocupación por la sanidad pública con un 17% de menciones de todos los encuestados.

Por tanto, estamos hablando de que estas son las principales preocupaciones de los ciudadanos en este año 2023: la economía, el paro, la crispación política, la sanidad. Y desde luego, no está dentro de sus principales preocupaciones ese supuesto contubernio bolivariano que, según algunos, conspira para convertir a España en una dictadura colectivista.

Para traducirlo a términos de calle, la gran preocupación ciudadana, su gran problema, es, lógicamente, que la vida está más cara. Es que los salarios no son los que deberían ser. Es que en muchos hogares les resulta difícil poder llegar a fin de mes y a muchos otros les cuesta ahorrar, comprar una vivienda, no digamos a la gente joven, montar un negocio o simplemente irse de vacaciones.

La causa más inmediata de esta situación es, naturalmente, la espiral inflacionista que ocasionaron la pandemia, también los cuellos de botella de las cadenas de suministro global, que, por cierto, han sido también objeto de otros debates en esta Cámara y también en el Congreso de los Diputados, y que aceleró drásticamente la invasión de Putin en Ucrania el pasado 24 de febrero del año 2022.

En marzo del año pasado, para que nos hagamos una idea de cuál ha sido el impacto de esta guerra, poco después de que las tropas rusas entraran en Ucrania, la inflación en nuestro país alcanzó el 9,8% y en julio de 2022 llegó al doloroso récord del 10,8%, situándose entre las más altas de Europa.

Es verdad que los profetas del desastre anunciaron entonces el colapso inminente de nuestra economía. Dijeron que entraríamos en recesión económica y que se destruirían millones de empleos.

En el debate del Estado de la Nación les comprometí que desde el Gobierno íbamos a dejarnos la piel, si me permiten la expresión, para doblegar la curva inflacionaria, como también hicimos con la curva de la COVID-19.

Y hoy, seis meses más tarde, y con los datos sobre la mesa, podemos afirmar que seguimos, evidentemente afrontando riesgos e incertidumbres, que tenemos una inflación evidentemente alta si la comparamos con períodos previos de nuestra etapa económica, pero que nuestro país, España, está sorteando la crisis mejor que los países de nuestro entorno y que, desde luego, mucho mejor de lo que pronosticaron los profetas del Apocalipsis, que no confiaron en las fortalezas de nuestro país.

Señorías, hemos desplegado uno de los planes anticrisis más ambiciosos del conjunto de la Unión Europea.

La semana pasada el Congreso de los Diputados convalidó el sexto paquete, recordemos que la invasión de Putin a Ucrania se perpetró a finales del mes de febrero del año pasado, desde que en marzo de 2022 aprobamos el primero. Es decir, no había pasado ni tan solo un mes desde que Putin había invadido Ucrania, cuando el Gobierno de España solicitó la convalidación tanto del Congreso de los Diputados, como de sus señorías, a las distintas medidas que hemos venido aplicando desde entonces.

Y a lo largo de estos meses, ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues hemos hecho cosas, también hay que reconocerlo, que nos decían antes de la invasión que eran imposibles.

Hemos intervenido mercados como el de la energía o también en el alquiler, para impedir que el precio de los bienes esenciales se disparara.

Hemos dado ayudas directas a millones de hogares y también a empresas, a nuestro tejido productivo.

Hemos establecido fuertes descuentos o la gratuidad absoluta en el transporte público.

Hemos batallado y también hemos logrado en Bruselas medidas que protegen a nuestros conciudadanos.

Hemos reducido impuestos a trabajadores, a pymes, a autónomos.

Hemos rebajado o eliminado el IVA de muchos alimentos para que sea un poco menos difícil llenar la cesta de la compra.

En total, para que nos hagamos una idea del enorme esfuerzo que estamos haciendo el conjunto de la sociedad española para revertir, al menos atemperar, el impacto de esta guerra sobre el bolsillo de nuestros conciudadanos, hemos movilizado, como decía, 45 mil millones de euros en proteger a la mayoría social, a las clases medias, a los trabajadores, a los autónomos, a las industrias y a las pymes.

Y gracias a estos y otros esfuerzos vinculados con las reformas que estamos haciendo de nuestra economía, hemos logrado que en 2022 España haya sido una de las economías europeas que más ha crecido.

Que el mercado laboral haya alcanzado cifras récord, tanto en número de empleos como también en cuanto a la estabilidad laboral.

Y que nuestro país sea, a día de hoy, el país con la inflación más baja de la Unión Europea.

Y lo hemos hecho mientras, señorías, avanzábamos en un conjunto de reformas capitales para nuestro país. Por ejemplo, la reforma del mercado laboral, también del sistema de pensiones, la reforma educativa, la reforma ahora mismo en tramitación parlamentaria de la universidad o también de la Formación Profesional, el impulso a las políticas de igualdad de género, la transición ecológica, el reto demográfico, la transformación digital y la reindustrialización de nuestro país.

Y ahí están las cifras también, señorías, de la confianza de los inversores extranjeros en la potencialidad de nuestra economía. El año pasado, sin ir más lejos, cerramos con un incremento histórico de la inversión extranjera directa, más de 30.000 millones de euros de incremento, es decir, un 24% más que el año anterior.

Esto no significa, señorías, que no seamos conscientes -me lo he escuchado en muchísimas ocasiones-, es decir, de que aún queda mucho trabajo por delante. Por tanto, ni autocomplacencia, pero tampoco catastrofismo. Prudencia y respuesta desde lo social al impacto de la guerra en Ucrania. Este va a ser lo que hagamos en un año cargado de desafíos y, por tanto, también de incertidumbres internacionales.

Pero la respuesta va a ser la siguiente, señorías, el año 2023 será un año en el que la inflación seguirá bajando -lo ha dicho hoy mismo el Fondo Monetario Internacional-, los precios se van a reducir, pero aun así seguirán impactando en el bolsillo de nuestros conciudadanos. Y en este punto, lo que quiero decirles a los españoles y españolas es que evidentemente lo sabemos. Desde el Gobierno nos hacemos cargo y, a pesar de todos los esfuerzos, sabemos, somos muy conscientes de que la mayoría social de españoles y españolas siguen teniendo un poder adquisitivo demasiado bajo.

Y la pregunta que nos tendríamos que hacer, señorías, y es en la que me gustaría, digamos, centrarme en esta primera intervención, es por qué ahora mismo tenemos un poder adquisitivo los trabajadores y trabajadoras, la mayoría social de nuestro país, tan bajo. Qué es lo que está detrás de esta situación. Y ¿qué podemos hacer entre nosotros, los políticos, las administraciones públicas, para contribuir a reducir esta pérdida de poder adquisitivo de nuestros conciudadanos y de la clase media trabajadora de nuestro país?

Hoy, como he dicho, me quiero centrar en mi intervención en este punto. Me gustaría compartir con los ciudadanos y ciudadanas, a través de este debate en la cámara territorial, que representa el Senado, cuál es el diagnóstico del Gobierno, qué medicinas estamos aplicando y también cuáles vamos a aplicar en el futuro.

Es evidente que los curanderos, en su doble versión, más o menos ultra, lo tienen claro. Si los españoles pierden poder adquisitivo es por tres culpables:

El primero, por un Estado sobredimensionado. Se habla mucho, por parte de los neoliberales, de que tenemos un Estado sobredimensionado, que exprime a la población con muchos impuestos. Los más altos, dicen ellos, de Europa.

En segundo lugar, también hablan de manera un poquito más indirecta, porque es demasiado burdo, de los inmigrantes, que nos roban los empleos y que también hacen que caigan los salarios.

Y, en tercer lugar, de la transición ecológica. Algunos hablan de la religión o el fanatismo ecológico, que dispara el precio de la energía y, en consecuencia, también de nuestros alimentos.

Bueno, por supuesto, están estos tres culpables y luego estoy yo. Está el señor Sánchez, que es causa y consecuencia de todos los males, como en su día también fue Zapatero y González, o cualquier otro líder progresista que haya osado gobernar este país, a diferencia de la derecha.

Pero, en realidad. En realidad, señorías, aunque hay horas y horas de emisiones de radio y de televisión y kilómetros de artículos consagrados a defender estas teorías, no existe ningún estudio serio, ninguno que las avale.

Todos los organismos internacionales serios y centros académicos que han estudiado el asunto de la pérdida de poder adquisitivo de nuestros conciudadanos, de la clase media y trabajadora de nuestro país, coinciden en que las causas son otras. No es un supuesto Estado del bienestar sobredimensionado; por supuesto, no es la transición ecológica y, desde luego, no es la migración.

Indican que la pérdida de poder adquisitivo de los españoles y españolas no tiene nada que ver, insisto, con la inmigración o con la transición verde. Tampoco con el tamaño de los servicios públicos. Coinciden en que el problema, además, no empezó el año pasado.

Indican que se exacerbó hace una década, a raíz de la crisis financiera, y que ha continuado desde entonces, a través de dos procesos, que arrancaron con la gestión neoliberal que se hizo de esa crisis financiera.

Y yo creo, señorías, que merece que tratemos estos temas sin ningún tipo de tapujos y que hablemos a fondo y de verdad, seria y rigurosamente, sobre cuáles son los dos procesos que efectivamente han llevado a la pérdida de poder adquisitivo, por parte de la clase media trabajadora de nuestro país. Y esa es la conversación que creo que nuestro país necesita, y es la conversación que creo que nuestros ciudadanos merecen que tengamos en esta Cámara.

Verán, el primer proceso que este empobrecimiento ha llevado a los españoles a tener una pérdida de poder adquisitivo es el que los salarios reales llevan cayendo más de una década. En los últimos diez años, señorías, para que nos hagamos una idea, los precios que pagan los españoles han aumentado en un 17%, mientras que los salarios lo han hecho solo en un 10,6%. 17%, 10,6%.

Y esta simetría ha sido especialmente sangrante en ámbitos tan importantes para la emancipación de nuestros jóvenes o para el bienestar de nuestros conciudadanos, como es el acceso a la vivienda. En 1999, simplemente retengan este dato, un español necesitaba dedicar cuatro salarios anuales a comprarse un piso. Cuatro salarios anuales. Hoy, en el año 2023, necesita dedicar más del doble: ocho salarios anuales.

Por tanto, es evidente que el poder adquisitivo se ha reducido y parte de la responsabilidad, evidentemente, la tiene la política. Cuando, por ejemplo, nos ha faltado el valor, el coraje de revalorizar las pensiones, conforme al IPC, y otra parte de responsabilidad, hay que decirlo sin tapujos, la tiene también el sector privado.

En concreto, algunas grandes empresas, que aumentan sus beneficios año tras año, y que pagan bonus millonarios a sus ejecutivos, pero que no suben ni un céntimo el salario a sus empleados. Y yo me pregunto. Yo me pregunto. ¿Esta situación es justa? Si una empresa gana 600 millones de euros al año más que el año anterior. En perspectiva, ¿por qué esa ganancia va a parar sólo a manos de unos pocos? ¿Por qué se recompensa al consejero delegado? ¿Al consejo de administración? ¿Al director financiero? Pero, no sé, no se recompensa a los dependientes o dependientas, a los transportistas, a los administrativos o a los reponedores. ¿No tienen ellos también parte del mérito de ese éxito empresarial? Yo creo que sí. Y por eso, desde que estamos en el Ejecutivo, España es el segundo país de la OCDE que más ha subido el salario mínimo interprofesional. En concreto, lo hemos subido un 36%. Es decir, de 735 € cuando llegamos al Gobierno a 1.000 € brutos al mes en 14 pagas. Por cierto, siempre con la oposición cerril de los neoliberales.

Por eso, señorías, hemos aprobado también una reforma laboral que devuelve derechos y ofrece una mayor estabilidad a todos los trabajadores. Y es por eso por lo que hemos aprobado nuevas leyes y estatutos que mejoran las condiciones y refuerzan algo muy importante en el equilibrio de la negociación. Y es, precisamente, el poder de negociación de colectivos importantes y numerosos como son las trabajadoras del hogar -las llamadas kellys-, las y los trabajadores de las plataformas digitales o más recientemente, con el Estatuto del Artista, los trabajadores y trabajadoras de una importante industria como es la industria de la cultura.

Lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo, señorías. Quiero que los españoles y españolas sepan que nuestra lucha por mejorar las condiciones de los trabajadores y por lograr un reparto más justo de los beneficios empresariales, no ha hecho más que empezar. De hecho, les anuncio que vamos a aprobar una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional del 8% para llegar a los 1.080 euros, tal y como hemos acordado con los sindicatos.

Con ello, señorías, cumplimos con un compromiso de legislatura que creo que, además, será un deber de la democracia con los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Y es situarlo, como nos dice la Carta Social Europea, el salario mínimo en el 60% del salario medio español.

Pero no pensamos detenernos ahí, señorías, el propósito del Gobierno no se limita a demandar a las empresas un reparto más justo de los beneficios. Nuestro propósito es también que las empresas generen más riqueza y que esa riqueza no se quede en las alturas, en los de arriba.

Porque si los salarios de las clases medias, y también de las clases trabajadoras, no han subido todo lo que deberían a lo largo de esta década, es también resultado de un modelo económico que se impuso entonces. Basado en competir en costes, en atraer empresas porque aquí pagábamos salarios más bajos que en el resto de Europa. Y esto es algo que debemos cambiar, señorías.

Necesitamos desarrollar otras fortalezas, que las tiene nuestro país, y que se basen en el talento, en la ciencia, en la innovación, en la digitalización o en el menor precio de la energía. Necesitamos aumentar la productividad y también los beneficios de nuestras empresas, en especial de las pequeñas y medianas empresas, para que ellas puedan pagar mejor a sus empleados.

Y en eso, señorías, es en lo que estamos empeñados. Y es precisamente por lo que estamos ahora mismo gestionando y ejecutando los fondos europeos. Unos fondos que están fluyendo a un ritmo de 2.000 millones de euros al mes, que han llegado ya a más de 150.000 empresas y que casi 6.000 de los 8.000 municipios de nuestro país ya son perceptores de algún tipo de proyecto vinculado con los fondos europeos.

Unos fondos que nos están permitiendo apostar, señorías, por sectores estratégicos de futuro, como es, por ejemplo, la agricultura ecológica o la industria digital, las energías limpias, los chips o los semiconductores, el turismo sostenible, o, como he dicho antes, la industria de la cultura.

Y, por cierto, señorías, ya está empezando a dar sus frutos, como muestra el hecho de que nuestra productividad, que generalmente siempre ha sido muy baja, por no decir plana, haya crecido un 1,7% al mismo tiempo que se crea empleo. Algo, señorías, que no se había logrado en ningún año desde el 2001, muchísimo antes de la crisis financiera. O como se aprecia, por ejemplo, en el hecho de que el año pasado, en el año 2022, los sectores de la economía que más empleo crearon fueron precisamente los vinculados con la tecnología, con la información, con la transición ecológica y con los servicios de alto valor añadido.

El cambio, señorías, se está produciendo, no ha hecho más que empezar. Vamos a tener años en los que, efectivamente, se va a ver de manera mucho más, digamos, visible esa transformación estructural. Pero simplemente por compartir con ustedes algunos datos sobre la gestión de esos fondos europeos, hasta la fecha se han lanzado convocatorias y licitaciones por un importe de 43.060 millones de euros. Y ahora lo que vamos a hacer es solicitar a la Comisión Europea transferencias y préstamos adicionales por 94.000 millones de euros durante los próximos años.

Todo ello con un objetivo, que me han escuchado decir en muchísimas ocasiones, y es modernizar nuestro tejido productivo y reindustrializar, reindustrializar nuestro país. Lograr, pues, que, en un futuro cercano, España esté llena de grandes empresas y también de pequeñas y, sobre todo, medianas empresas competitivas que puedan pagar buenos salarios a sus trabajadores y trabajadoras.

Es evidente que no estamos aún donde está Alemania en términos económicos, pero nuestro camino es el de Alemania. Y queremos avanzar con paso decidido a esa economía. Y esa es nuestra ambición. Ese es nuestro compromiso. Y, desde luego, nuestro camino no es ofrecernos como un país de mano de obra barata y poco cualificada para poder competir en un mundo y en un contexto global.

El segundo proceso, junto con esta, digamos, pérdida de poder adquisitivo salarial de los trabajadores y trabajadoras, y que contribuye en consecuencia al empobrecimiento de la mayoría social de nuestro país, es la erosión del Estado del Bienestar. Si en el pasado España logró construir una clase media fuerte, que se lo digan a nuestros padres, en los años 80 y en los años 90, fue en buena medida gracias a la ampliación y a la mejora de los servicios públicos.

Los españoles teníamos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo. Una educación pública de calidad. Y un sistema de pensiones fiable y robusto. Con un pequeño porcentaje de nuestros ingresos, financiamos todos estos servicios y, además, podíamos dedicar el resto de nuestro dinero a ahorrar, a comprar una vivienda, a ayudar a nuestros hijos, en definitiva, a vivir bien.

Desgraciadamente, en muchas comunidades autónomas, los servicios públicos hoy ya nada tienen que ver con la calidad de antaño. Las listas de espera en la sanidad se han disparado. Los sanitarios están agotados, en particular después de la crisis. Hay muchas enfermedades que no se atienden debidamente, especialmente las de salud mental. No hay más que hablar con los escasos psicólogos y psicólogas que tiene nuestro Sistema Nacional de Salud. Nuestros colegios, centros educativos están faltos de material, de una renovación de infraestructuras y de personal docente y de apoyo, por lo que a menudo no pueden prestar la atención personalizada que nuestros niños y niñas merecen y nuestras residencias y centros de atención de día para mayores están saturados, cuando no infradotados.

El neoliberalismo repite una y otra vez, señorías, que tenemos un Estado sobredimensionado con demasiado gasto público. Pero esto es rotundamente falso. Y es importante que lo sepamos, señorías, y, sobre todo, que lo sepan los españoles y españolas que sigan este debate.

Los datos oficiales, no del Gobierno de España, sino de Eurostat, la agencia estadística europea, indican que nuestro país, España, es uno de los países de la Unión Europea con menor recaudación fiscal y con menor gasto público. De hecho, seguimos recaudando por debajo de la media de la Unión Europea y también recaudamos menos que lo que recauda la media de la Eurozona.

Hay pocos países europeos que recauden y gasten menos que nosotros. Buena parte de ellos proceden del antiguo bloque soviético y, sinceramente, con todos los respetos hacia esos países, no son el modelo de sociedad al que aspiramos. El Estado del Bienestar español no gasta más de lo que corresponde ni más de lo que debiera. Al contrario. Y les podría dar docenas de ejemplos, vamos a ello.

En sanidad, en 2020 España gastó por persona 1.700 € frente a los 2.200 € de la media europea, es decir, un 23% menos.

En vivienda social, en el año 2020, España invirtió solo 35 € por habitante. La media europea se sitúa en el 150. Es decir, estamos invirtiendo cuatro veces menos en vivienda social.

En cuidados a personas dependientes, en el año 2020, España gastó 211 €, la mitad de la media europea y de los más bajos del continente europeo.

Por lo tanto, me dirijo a sus señorías, pero también me dirijo a todos los españoles y españolas. ¿Esto es lo que queremos recortar?

Los datos, señorías, no avalan el sobredimensionamiento del Estado del bienestar en nuestro país. Hablan, al contrario, de un Estado del bienestar que está en retroceso en muchos territorios de nuestro país. Y la consecuencia de ese retroceso ya puede verse incluso a nivel nacional. Si uno se molesta en mirar, aon algo de empatía, lógicamente, en la última década, por citar algún ejemplo, el número de españoles que pagan por un seguro de salud privado ha pasado del 8,5 a 11 millones y medio de compatriotas. El gasto en clases particulares de familias se ha triplicado. El número de estudiantes que hacen un máster en universidades privadas se ha multiplicado por cinco y el número de plazas en residencias de mayores privadas ha aumentado en 47.000, mientras que las públicas solamente han crecido 13.000. Hoy el gasto en sanidad privada en España supone el 30% del gasto sanitario total y uno de los porcentajes más altos de Europa. El gasto en educación privada es del 17%. El 73% de las plazas que hay en nuestro país para atender a personas mayores están en residencias privadas.

Y el problema de todo este trasvase al sector privado de la atención a servicios públicos esenciales, señorías, es que tienen que pagar las familias. El problema es que nuestras clases medias, que los trabajadores y trabajadoras, que la mayoría social de nuestro país cada vez tienen que dedicar una proporción mayor de sus ingresos a costearse por lo privado unos servicios que antes tenían en lo público. Y esto lo que está haciendo es que seamos más pobres y menos libres. Porque uno puede dejar un trabajo o lanzarse a un proyecto empresarial si sabe que en el peor de los casos él o ella y su familia tendrán las necesidades cubiertas. Pero no tener esta certeza nos impide, sobre todo a los jóvenes, emanciparse, asumir riesgos, perseguir nuestros proyectos, confiar en el futuro. Y genera todo lo contrario, genera ansiedad, frustración, pesimismo. En definitiva, no es libertad, es esclavitud.

Porque lo que debemos tener claro, señorías, es que esta degradación de los servicios públicos no es accidental. En estas últimas semanas, señorías, hemos visto hasta incluso manifestaciones en alguna plaza de Madrid. La derecha y la ultra derecha se han dedicado a decir que existe un plan oculto para derrocar la democracia y convertir a España en una dictadura colectivista bolivariana. En fin, señorías, este es un disparate grotesco que acaso funcione en una tribuna ante un grupo de fans muy recalentados, pero que fuera de ese escenario solo provoca hilaridad, incluso a los propios portavoces de la derecha, como pudimos comprobar el pasado martes en el Congreso.

Ese plan antidemocrático, señorías, no existe. Mejor dicho, solo existe en la fantasía de sus propagadores. Pero, en cambio, lo que sí existe, señorías, y de lo que no hablan, es de un plan para debilitar, cuando no socavar, el Estado del bienestar. Un plan para convertir derechos en mercancía. Un plan, señorías, diseñado por ciertas élites económicas con el propósito de maximizar sus beneficios, que es legítimo, pero que está ejecutado por una derecha política que aquí donde gobierna, en los territorios de las comunidades autónomas donde gobiernan, lo que hace con empeño y con esmero es debilitar el Estado del Bienestar, reduciendo su financiación, bloqueando las oposiciones para renovar su plantilla y externalizar funciones que antes correspondían a esos servicios públicos. Y todo ello, señorías, con un objetivo claro y es hacer que los servicios públicos se deterioren y que las clases medias, que los trabajadores y trabajadoras tengan que pasarse a la educación, a la sanidad, al transporte y a las pensiones privadas.

Ese es el modelo que a la derecha y a sus socios de ultra derecha les gustaría aplicar a toda España, el del debilitamiento, cuando no la no existencia del Estado del bienestar, el empobrecimiento de la mayoría para el enriquecimiento de una minoría. Lógicamente y naturalmente, señorías, este plan no se formula así. Sería demasiado burdo y produciría rechazo en la mayoría social. Para hacerlo presentable tiene que enmascararse y el disfraz con el que se camufla es la promesa, que siempre hacen cuando están en la oposición, de bajar impuestos. El discurso neoliberal de las derechas nos dice: si nos apoya, le ofrecemos un atractivo ahorro en impuestos. Lo que no dicen es que ese ahorro puede llegar a representar 44 € al mes en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas para un contribuyente que ingrese 25.000 € al año, 1.000 € al mes para otro con ingresos de 250.000 € al año y, sobre todo, lo que no dicen es lo importante y es que, a partir de ahora, si usted acepta ese contrato, tendrá peor sanidad, peor educación, peor transporte público, peor pensión y peor residencia.

Por eso me gustaría preguntarle a los ciudadanos que estén viendo este debate la siguiente cuestión. ¿De qué le sirve a una persona que se le bajen 44 € mensuales los impuestos si luego tiene que gastarse 2.500 € en un seguro privado en una guardería para su hijo o en una residencia para su madre? Claro, dirán que estamos haciendo un discurso anti empresarial, pero nada tenemos contra los hospitales, ni contra los colegios, ni contra las residencias privadas, señorías. Tampoco tenemos nada contra la colaboración público privada en la gestión de servicios. Está muy bien que existan, porque prestan un servicio valioso a la sociedad, yo lo reconozco. Pero lo que no vamos a permitir ese es que exista una sanidad para pobres y otra para todos los demás. Una educación para pobres y otra para los demás. Lo que no vamos a permitir, señorías, es que la diferencia entre estar enfermo o sano, entre estar formado o no, sea el dinero que tiene la familia en su cuenta corriente. No vamos a permitir que derechos se conviertan en mercancías.

Y fíjense, señorías, si me permiten un momento, señorías, porque creo que es importante este debate. Fíjense, señorías, hay cosas que no pueden estar exclusivamente en manos de lo privado, porque es imposible ponerles precio, es imposible ponerles precio. ¿Qué precio tiene, señorías, un trasplante de corazón de un ser querido? ¿Qué precio tiene para una madre el futuro profesional de su hijo? ¿Qué precio tiene para un hijo que su padre tenga atención digna? Ninguno. El que le ponga, el que le ponga. Porque las personas pagaríamos lo que fuera y si para pagarlo tienen que vender su casa, quedarse sin ahorros, endeudarse de por vida o aceptar un trabajo indigno lo harían, como, de hecho, ocurre en muchos países del mundo, algunos de ellos muy ricos en renta per cápita, muy por encima de España, pero afectados de la peor enfermedad que puede aquejar a una sociedad y es una desigualdad extrema. Porque la desigualdad extrema, además de ser injusta, pues acarrea otra serie de consecuencias muy graves para nuestras sociedades, que es la violencia, el retroceso y la quiebra social. Y yo, señorías, ¿qué quieren que les diga? Yo no quiero ese futuro para España.

Por eso, señorías, estamos redoblando nuestro apoyo a lo público. Y es cierto que no se revierte esta tendencia, que se acumula desde principios de 2010, en tan solo un cuatrienio, pero desde que llegamos al Gobierno, hemos aumentado el gasto social en un 35%, superando para este año -con los Presupuestos Generales del Estado- los 266 mil millones de euros.

Hemos reforzado las partidas en sanidad pública, en sducación pública, en dependencia -revirtiendo los recortes que perpetraron durante la crisis financiera con la respuesta neoliberal-, las pensiones…. Y, al mismo tiempo, hemos puesto toda la fuerza del Estado al servicio de la ciudadanía en los momentos más difíciles de la pandemia, y ahora también de la guerra en Ucrania, con ERTEs y ayudas que salvaron a más de 3 millones y medio de trabajadores y trabajadoras, que beneficiaron a la mitad de las empresas de este país durante la pandemia, y con uno de los mayores paquetes de protección social contra la inflación que ha impulsado un gobierno dentro de la Unión Europea.

Y todo ello, por cierto, al mismo tiempo que reducimos el déficit público, la deuda pública y que, en consecuencia, saneamos las cuentas del Estado.

Esto es lo que hemos hecho, señorías. Y les anuncio que es lo que vamos a seguir haciendo. Los 11 meses que restan de legislatura vamos a continuar avanzando nuestra agenda social, porque en 2023 vamos a seguir trabajando con los mismos principios que nos han guiado desde que tomamos el mando del Gobierno en 2019 con el Gobierno de coalición Progresista. Primero, con prudencia; por tanto, sin minusvalorar los riesgos y tampoco los desafíos que nuestro país tiene por delante. En segundo lugar, con determinación; para seguir tomando las decisiones que sean necesarias para proteger nuestra economía, para conseguir que los profetas del Apocalipsis vuelvan a equivocarse otra vez. En tercer lugar, con sensibilidad social; para proteger a las clases medias, a los trabajadores y trabajadoras, a las mayorías, en definitiva, a la gente de a pie. Y, finalmente, con algo importante y es con justicia fiscal; para que esta vez no paguen los de siempre y que paguen más los que más tienen. Vamos a seguir aprobando medidas y acciones que protejan a la ciudadanía y que refuercen el Estado de bienestar, señorías.

¿Y qué más nos va a traer el año 2023? Bueno, pues este año debe ser el año en el que dejemos atrás esta coyuntura internacional -esperemos- tan turbulenta que nos ha tocado capear. Este debe ser también el año en el que superemos esta etapa dura que nos ha hecho afrontar un vendaval soplando de frente. Y tras esta etapa, pues tendrán que ser los ciudadanos quienes al final de año tomarán la palabra y decidirán si quieren retroceder o quieren continuar avanzando.

Y aquí, señorías, no hay planes ocultos, hay una democracia plena. Si deciden lo primero, pues evidentemente lo aceptaremos como demócratas. Y si deciden lo segundo, nos concentraremos en reactivar el ascensor social, nos volcaremos en dar las oportunidades que se merecen nuestros jóvenes, nos empeñaremos en recuperar el poder adquisitivo de las clases trabajadoras y, también, recuperar una era de auge y prosperidad para las clases medias y trabajadoras, similar a la que vivieron nuestros padres y nuestros abuelos en los años 80 del siglo pasado.

Señorías, la crisis de 2008, la pandemia de la Covid, la incertidumbre ocasionada por la guerra de Putin en Ucrania, nos han recordado que vamos todos en el mismo barco. Que el bienestar del país se sustenta, no en unos pocos, sino en una amplia mayoría que crea riqueza, que innova, que vertebra la sociedad civil, que sostiene instituciones sólidas y que hace posible una democracia española madura, que carga sobre sus hombros cada recesión económica. Esa amplísima mayoría de trabajadores y trabajadoras y de clases medias que vivifica el funcionamiento del sistema con su trabajo, con sus impuestos, incluso en los momentos más difíciles como los que estamos atravesando.

Por eso es ahora y es la hora de que el bienestar de esa mayoría social vuelva a estar en el centro del debate público y en las prioridades políticas de todos nosotros y nosotras. Es hora, en definitiva, señorías, de afrontar las muchas injusticias que tiene el sistema, de conseguir un reparto más equitativo de las cargas y también de los beneficios.

Y en esto, señorías, no hay extremismo alguno. En este propósito no hay extremismo alguno, no hay nada que amenace al sistema en este proyecto que les he expuesto, al revés. Si me apuran, la postura antisistema es cerrar los ojos ante las desigualdades extremas que abocan a la desaparición de mucha de esa clase trabajadora, a la desesperación de muchos y que ponen, en consecuencia, en riesgo la convivencia y la confianza en las instituciones y en la democracia de amplias capas de la población española.

Lo antisistema es negarse a corregir los excesos que arrasan con la naturaleza y privan de futuro a las nuevas generaciones. Lo antisistema, en definitiva, es oponerse a reformas imprescindibles para hacer más digno el trabajo y la vida de las mayorías.

Señorías, hemos vivido tres años absortos por la tarea de taponar las vías de agua que han abierto una pandemia -la pandemia de la Covid-19- y también la guerra de Ucrania en nuestra economía y, también, en nuestra sociedad. Hemos intentado sofocar la emergencia, atender a la vez a quienes más lo precisaban y, junto con esa reparación, también hemos abordado profundas reformas que necesitaba desde hace décadas nuestro país. Las reformas que, de consolidarse durante los próximos años y no revertirse, llevarán a reactivar eso que queremos, el ascensor social, a reducir las muchas desigualdades que España ha ido acumulando desde esa respuesta fallida neoliberal a la crisis financiera.

La derecha, señorías, lo hemos visto en muchas ocasiones, aspira a tener el monopolio de la palabra 'España'. Pues bien, con nuestros aciertos y con nuestros errores, nosotros también trabajamos por defender a España. Es verdad que otra España, señorías, una España con más derechos y libertades, una España con más oportunidades, sobre todo para nuestros jóvenes. Una España en la que los servicios públicos protejan, con unos servicios públicos que funcionen, en la que nadie tenga que esperar un año para ver a un psicólogo o para hacerse una mamografía. Una España en la que el futuro profesional de un joven no dependa de la cuenta corriente de sus padres. Una España en la que las mayores fortunas y las grandes empresas pagan lo que les corresponde.

Señorías, esta es la España por la que estamos trabajando. Un país que se reconstruya y que reconstruya el modelo del Estado del Bienestar que nos hizo avanzar todo lo que avanzamos desde que recuperamos la democracia, y que tan buenos resultados sigue dando en países como Alemania, como Dinamarca o como Finlandia.

Esto es lo que queremos para España y es lo que creo que España merece. El futuro que queremos para nuestro país. Y para eso, señorías, -ya habrá tiempo, además, a lo largo de esta tarde y de este debate de hablar de otros planes ocultos a ojos de algunos-; para esto sí tenemos un plan desde el Gobierno de España, señorías. Tenemos un plan para alcanzarlo, sin atajos, pero también sin rodeos. Un plan para que en España los trabajadores puedan volver a progresar y las clases medias recuperen bienestar.

Gracias, señorías.