Sánchez anuncia la subida del salario mínimo hasta los 1.080 euros al mes

Senado, Madrid

Durante su comparecencia en el Pleno del Senado para explicar las medidas económicas aprobadas por el Ejecutivo para afrontar la guerra de Ucrania, Pedro Sánchez, ha afirmado que la subida del salario mínimo, acordada con los sindicatos, cumple el compromiso adquirido al inicio de legislatura de situarlo en el 60% del salario medio en España.

El presidente ha recordado que España es el segundo país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que más ha subido el Salario Mínimo Interprofesional: un 36%, de 735 euros, al inicio de la legislatura, a 1080 euros al mes.

Mejora de las condiciones laborales

Pedro Sánchez ha defendido que la reforma laboral ha devuelto derechos y ofrece una mayor estabilidad a todos los trabajadores. Las nuevas leyes y estatutos han mejorado las condiciones y reforzado el poder de negociación de colectivos numerosos, como las trabajadoras del hogar, los trabajadores de las plataformas digitales o los artistas.

El jefe del Ejecutivo ha afirmado que la lucha por mejorar las condiciones de los trabajadores y lograr un reparto más justo de los beneficios empresariales no ha hecho más que empezar. "Si una empresa gana 600 millones de euros más que el año anterior, ¿por qué esa ganancia va a parar solo a manos de unos pocos? ¿por qué se recompensa al consejero delegado, al consejo de administración, al director financiero, pero no a las dependientas, a los transportistas, a los administrativos, a los reponedores? ¿no tienen ellos también parte del mérito?", se ha preguntado.

El propósito del Gobierno, ha mantenido el presidente, no se limita a demandar a las empresas un reparto más justo de los beneficios, sino que es preciso que generen más riqueza y que esa riqueza no se quede en los de arriba.

A su juicio, los salarios de las clases medidas y trabajadoras no han subido todo lo que deberían a lo largo de la última década como consecuencia del modelo económico impuesto por otros gobiernos y que hay que cambiar. "Necesitamos desarrollar otras fortalezas que se basen en el talento, la ciencia, la innovación, la digitalización y en el menor precio de nuestra energía. Y aumentar la productividad y los beneficios de las empresas, en especial de las pymes, para que puedan pagar mejor a sus empleados".

Destino de los fondos europeos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia en el Senado para explicar las medidas económicas para afrontar las consecuencias de la guerra de Ucrania. | Pool Moncloa/Fernando Calvo

Los fondos europeos están fluyendo a un ritmo de 2.000 millones de euros al mes, han llegado a más de 150.000 empresas, y casi 6.000 de los 8.000 municipios existentes en España ya son perceptores. Estos fondos, ha resaltado Sánchez, "nos están permitiendo apostar por sectores estratégicos de futuro como la agricultura ecológica, la industria digital, las energías limpias, los semiconductores, el turismo sostenible y la industria de la cultura".

El presidente ha apuntado que los fondos están dando sus primeros frutos porque la productividad ha crecido un 1,7% y se ha generado empleo en esos sectores. Hasta la fecha se han lanzado convocatorias y licitaciones por un importe de 43.060 millones de euros y el Gobierno solicitará a la Comisión Europea transferencias y préstamos adicionales por unos 94.000 millones durante los próximos años.

El objetivo, ha reiterado Pedro Sánchez, es "seguir modernizando nuestro tejido productivo, reindustrializar España y lograr que, en un futuro cercano, esté llena de grandes empresas y de pymes competitivas que puedan pagar buenos salarios a sus trabajadores". "Nuestro camino no es ofrecernos como un país de mano de obra barata y poco cualificada para poder competir en un contexto global", ha añadido.

Mejora de los servicios públicos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, en el Senado. | Pool Moncloa/Fernando Calvo

En opinión del presidente, además de la devaluación de los salarios y la consiguiente reducción del poder adquisitivo de los ciudadanos, la erosión del estado del bienestar ha empobrecido a la mayoría social.

Pedro Sánchez ha recordado que los españoles teníamos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, una educación pública de calidad, y un sistema de pensiones fiable y robusto, que ahora no tienen la calidad de antaño.

El presidente ha trasladado que existe un plan diseñado por ciertas élites económicas para debilitar el estado del bienestar y convertir derechos en mercancías. Su objetivo es que los servicios públicos se deterioren y que las clases medias dediquen una proporción de sus ingresos a costearse por lo privado unos servicios que antes tenían en lo público. Y esto las está haciendo más pobres y menos libres. "No permitiremos que derechos se conviertan en mercancías. Hay cosas que no pueden estar exclusivamente en manos de lo privado porque es imposible ponerles precio", ha asegurado.

"Este Gobierno no tiene nada en contra de los hospitales, los colegios o las residencias privadas. Tampoco tiene nada en contra de formas de colaboración público privada en la gestión de servicios públicos. Lo que no vamos a permitir es que exista una sanidad y una educación para pobres y otra para los demás. Que la diferencia entre estar sano o enfermo, entre estar formado o no, sea el dinero que tienes", ha añadido.

Para alcanzar este objetivo, Sánchez, ha resaltado que el Gobierno está redoblando su apoyo a lo público, ha aumentado el gasto social en un 35%, superando para este año los 266.000 millones de euros. Ha reforzado las partidas de la sanidad y la educación públicas, la dependencia y las pensiones. Se ha puesto al servicio de la ciudadanía en los momentos más difíciles de la pandemia con expedientes y ayudas que salvaron tres millones y medio de empleos, al tiempo que ha reducido el déficit, la deuda pública y saneado las cuentas del Estado.

Avance en la agenda social

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia en el Senado para explicar las medidas económicas para afrontar las consecuencias de la guerra de Ucrania. | Pool Moncloa/Fernando Calvo

El presidente ha anunciado que en los once meses que quedan de legislatura continuará avanzando en la agenda social con prudencia, con determinación y con sensibilidad para proteger a la gente de a pie y con justicia fiscal para que paguen más quienes más tienen. "Vamos a recuperar el poder adquisitivo de las clases trabajadoras y una era de prosperidad similar a la que vivieron en los años 80".

El plan del Gobierno es trabajar para lograr un España con más derechos y libertades, con más oportunidades, sobre todo para los jóvenes, en la que los servicios públicos funcionen y nadie tenga que espera un año para ver a un psicólogo o hacerse una mamografía, en la que el futuro profesional de un joven no dependa de la cuenta corriente de sus padres y en la que las mayores fortunas y las grandes empresas paguen lo que les corresponde.

Movilización de 45.000 millones de euros para doblegar la curva inflacionista

Sánchez también ha resaltado que en el Debate del Estado de la Nación prometió que el Ejecutivo se dejaría la piel para doblegar la curva inflacionista y hoy, con los datos sobre la mesa, puede afirmar que España está sorteando la crisis mejor que los países de su entorno gracias a que ha desplegado las medidas anticrisis más ambiciosas de toda la Unión Europea, desde el primer plan de respuesta aprobado en marzo de 2022, hasta el sexto acordado en diciembre para paliar la inflación y proteger a los colectivos más vulnerables.

Entre las iniciativas impulsadas, el presidente ha recordado la intervención del mercado de la energía o de la vivienda, las ayudas directas a hogares y empresas y los descuentos o la gratuidad en los transportes públicos. Además, se han reducido impuestos a trabajadores, pymes y autónomos, eliminado el IVA de muchos alimentos.

En total, el Gobierno ha movilizado 45.000 millones de euros con el fin de proteger a las clases medias y trabajadoras, a los autónomos, a las industrias y las pymes de la crisis inflacionaria.