Sánchez destaca el acuerdo político entre los gobiernos de España y Portugal y la Comisión Europea para reducir la factura eléctrica

Durante su intervención en la sesión de control al Ejecutivo celebrada en el Senado, Pedro Sánchez ha afirmado que esta decisión favorecerá a los consumidores, a las pequeñas y medidas empresas y a la industria, en especial a la electrointensiva.

En respuesta a una pregunta planteada en el pleno del Senado por el portavoz del PP, Javier Maroto, sobre la subida de los precios, el presidente ha mantenido que la evolución al alza afecta no sólo a España sino a la economía mundial. Además, ha recordado que la guerra en Ucrania está teniendo un impacto en la subida de los alimentos no elaborados y en los productos energéticos.

Pedro Sánchez ha defendido el diálogo y las propuestas de España en Bruselas y considera que si no se modifica el mercado energético a nivel europeo, España difícilmente va a poder afrontar "este alza de los precios tan injustificado como injusto".

Además, el presidente ha trasladado que el acuerdo europeo, que limita a 50 euros el precio del megavatio hora del gas en el mercado mayorista de la electricidad "quedaría incompleto" si no va acompañado del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania aprobado por el Consejo de Ministros, cuya convalidación será debatida el próximo jueves en el Congreso de los Diputados.

Este plan fue negociado y acordado con los sectores más afectados, como el del transporte, la agricultura, la ganadería y el pesquero, ha señalado Sánchez, quien también ha recordado que la medida topa en un 2% el alza del precio del alquiler y aumenta a dos millones de hogares los perceptores del Ingreso Mínimo Vital.

El jefe del Ejecutivo ha instado al principal partido de la oposición a que se sume a la convalidación del plan, que es "fundamental para proteger, amortiguar y hacer un reparto justo de la carga de las consecuencias económicas y sociales de la guerra".

El hidrógeno verde, clave en el nuevo modelo energético

El presidente ha reiterado al senador del Partido Aragonés Clemente Sánchez-Garnica que el Gobierno trabaja para lograr un modelo energético más sostenible desde el punto de vista social, económico y medioambiental: "El compromiso del Gobierno es avanzar y no retroceder un solo milímetro y no utilizar esta crisis energética para volver a modelos energéticos del pasado".

Sánchez ha afirmado que son necesarias reformas de calado para conseguir la autonomía energética de Europa, fundamentada en las energías renovables, y hacer frente al cambio climático. El presidente ha recordado que el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) ha alertado recientemente de que, si no se reduce la emisión de gases de efecto invernadero, no se podrá alcanzar el objetivo de no superar los 2,5 grados de incremento de temperatura al final de este siglo.

El presidente ha recordado que su Gobierno ha sido el primero en 40 años que ha aprobado un marco legislativo al respecto: una ley de cambio climático, un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima -"reconocido por la Comisión Europea como uno de los mejores planteados por los Estados miembros"- y una inversión del 40% de los 70.000 millones procedentes de los fondos europeos para una transición energética justa.

En este contexto, ha señalado, "el hidrógeno verde es el pilar fundamental". Por ello, el Gobierno ha aprobado un PERTE de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento, y está colaborando con el Gobierno de Aragón para que "el Valle del Ebro sea el futuro Valle del Hidrógeno".

Como ejemplo, ha anunciado que la factoría CAF de Zaragoza está ya trabajando en un proyecto de Renfe para remodelar un tren de cercanías y que pueda funcionar como "demostrador del tren del hidrógeno". El objetivo es lograr "trenes sostenibles desde el punto de vista medioambiental", por ejemplo para funcionar en la futura línea Zaragoza-Canfranc-Pau.

Sánchez ha asegurado que sigue vigente la apuesta de su Gobierno para lograr la reapertura de esta conexión ferroviaria internacional, como se puso de manifiesto el pasado 28 de febrero en la reunión del Grupo de trabajo cuatripartito compuesto por los gobiernos de España, Francia, Aragón y Nueva Aquitania, donde se produjeron "grandes avances en materia de especificaciones técnicas y la creación de una Agrupación de Interés Económico para acudir a cuantas convocatorias europeas sea pertinente".

El presidente ha dicho que el Consejo de Ministros ha autorizado hoy un contrato de casi 48 millones de euros para la mejora integral del tramo Ayerbe-Caldearenas, que se está implantando el ancho de vía estándar y que también está en redacción, en colaboración con la parte francesa, el estudio para la reapertura del túnel de Somport.

Cohesión territorial como elemento de progreso

Pedro Sánchez ha afirmado que todas las propuestas de política económica y social que está planteando el Gobierno incorporan la cohesión territorial como un elemento de progreso: "Este es un gobierno que no olvida a ninguno de los territorios".

Sánchez ha respondido así al senador por el Partido Regionalista de Cantabria, José Miguel Fernández Viadero, que se ha interesado por los retos del Ejecutivo para esta comunidad autónoma.

El presidente ha asegurado que hay un compromiso "fuerte" con Cantabria, que este año recibe 293 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado: "Desde el punto de vista per cápita son 411 euros, por encima de lo que representa el porcentaje sobre el Producto Interior Bruto nacional y la participación sobre la población nacional".

En asuntos concretos, Sánchez ha recordado que el Gobierno está asumiendo el pago de la deuda del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla como centro sanitario de referencia para Cantabria y el conjunto de España, que hay previstos 64 millones de euros para el Plan de Cercanías, 100 millones para la Red de Carreteras del Estado en la comunidad y 186 millones para inversiones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Además, Santander será la sede nacional de Pesquerías del Instituto Español de Oceanografía.

Por otra parte, el presidente ha defendido la necesidad de que España y la Unión Europea tengan una mayor soberanía estratégica alimentaria, para lo cual la Política Agrícola Común resulta "fundamental", porque permite garantizar el sostenimiento de las explotaciones, más ahora que la guerra entre Ucrania y Rusia, dos productores fundamentales, "puede estar provocando una potencial crisis alimentaria, no tanto en Europa sino en otros muchos países con una economía menos resiliente".