Declaración institucional del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, tras la sentencia del "procés"

La Moncloa, Madrid

"Buenos días,

Gracias a todos y a todas. Gracias a los medios de comunicación por acudir a esta Declaración Institucional.

Les pediré permiso porque, dado que tiene una transcendencia internacional, posteriormente, a la Declaración que haga en castellano, hacer un breve apunte en inglés, para que tengan los medios de comunicación internacionales la posición del Gobierno en relación con la sentencia del Tribunal Supremo.

Bien, dicho esto, una vez conocido el sentido de la Sentencia del Tribunal Supremo, quiero manifestar el absoluto respeto y acatamiento de la misma por parte del Gobierno de España.

Esta Sentencia pone fin a un proceso judicial que se ha desarrollado -y me gustaría, además subrayarlo- con plenas garantías y a su transparencia, y como corresponde en un Estado Social y Democrático de Derecho el acatamiento de la misma significa su cumplimiento. Reitero, significa su íntegro cumplimiento.

La Constitución Española, moderna y garantista, consagra como valores superiores la igualdad, libertad, la justicia, y el pluralismo político.

Todo ello bajo un principio que fortalece nuestra democracia: y es que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Nadie está por encima de la ley y todos estamos obligados a su cumplimiento.
En una democracia, nadie es juzgado por sus ideas o por su proyecto político, sino por delitos recogidos en nuestro ordenamiento jurídico.

En nombre del Gobierno quiero reconocer la labor independiente del Tribunal Supremo que ha trabajado con escrupuloso respeto a sus obligaciones. Dando un ejemplo de autonomía y de transparencia, de garantías y de profesionalidad; demostrando una vez más el correcto funcionamiento de nuestro Poder Judicial.

La Sentencia del Tribunal Supremo es el resultado del Estado Social y Democrático de Derecho de España, que los ciudadanos pusimos en pie hace más de cuatro décadas, gracias a nuestra Constitución Española. Hay que recordar que uno de los lugares donde más apoyo encontró, el día de su voto, esa Constitución -la Constitución que nos ampara a todos hoy- fue en Cataluña.

Una Constitución que puso fin a la dictadura franquista. Una Constitución que nos permitió integrarnos en la Unión Europea. Una Constitución, en definitiva, que logró en un tiempo récord, en poco más de 40 años, que España hoy sea una de las mejores democracias del mundo.

Nuestra Constitución recoge tres principios que a mí me gustaría subrayar en esta Declaración:

- El primero de ellos es la igualdad entre ciudadanos. En el cumplimiento de la ley, y, por tanto, en la respuesta a sus obligaciones, y en el disfrute de derechos y libertades, vivan en el lugar que vivan.

- En segundo lugar, la diversidad territorial. La unidad de España se asienta en el reconocimiento de nuestra rica diversidad que se refleja en un elevado grado de autogobierno de las Comunidades Autónomas. El nivel de autogobierno en Cataluña, como el del conjunto de gobiernos autonómicos de nuestro país, es de los más elevados del mundo.

- En tercer lugar, como cualquier Constitución democrática del mundo, homologable a la Constitución Española, la inviolabilidad de la integridad territorial y la defensa de la soberanía nacional.

La vulneración de estos tres principios democráticos está en la base de las acciones que han sido sancionadas en la sentencia del Tribunal Supremo.

- Primero. Se han ignorado los derechos de la mayoría social no independentista de Cataluña y se ha originado con ello, una fractura de la convivencia dentro de la sociedad catalana.

- En segundo lugar, el autogobierno catalán se reconoce y se expresa en el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Y ese Estatuto fue atropellado y quebrantado unilateralmente por el independentismo catalán.

- En tercer lugar, la integridad territorial y el principio de soberanía nacional fueron atacados y con ello fueron atacados también los derechos y libertades del conjunto de la sociedad catalana y del conjunto de la nación española.

Una vez dictada y publicada la sentencia se abre una etapa nueva.

En los próximos días, el Gobierno de España, que cuenta -quiero además recordarlo- con todas las atribuciones que la legalidad le corresponde, se mantendrá atento y garantizará la convivencia, la seguridad y el respeto a la legalidad democrática. Lo haremos como siempre hemos dicho: con firmeza democrática, con proporcionalidad y desde la unidad.

Firmeza democrática significa aplicar la legalidad. Sin excluir ninguna posibilidad de las que el ordenamiento jurídico vigente le otorga.

En segundo lugar, con proporcionalidad, respondiendo con prudencia y con serenidad a las transgresiones que puedan cometerse.

Y con unidad, contando -y eso es lo que espero- con la cooperación leal de todas las fuerzas políticas comprometidas con la Constitución para actuar con una sola voz.

Más allá de la reacción inmediata a la sentencia -que, sin duda alguna, va a ser diversa porque es diversa la sociedad catalana y, también, el conjunto de la sociedad española-, el Gobierno siempre contribuirá a facilitar el reencuentro de la sociedad catalana, fracturada hoy por el independentismo.

Cataluña, lo hemos dicho muchas veces, tiene que dialogar con Cataluña. Es la convivencia en Cataluña lo que está en juego, no la integridad territorial de nuestro país. La Generalitat de Cataluña y el Parlament de Cataluña deben asumir esa responsabilidad, la responsabilidad de representar a todos y cada uno de los catalanes, de gobernar, de gobernar, para todos y cada uno de los catalanes, no para una minoría afín a las tesis independentistas. Si así lo hacen, sí que les quiero trasladar que encontrarán al Gobierno de España dispuesto a contribuir al diálogo dentro de la legalidad constitucional.

Hoy concluye un proceso judicial ejemplar, pero a la vez hoy se confirma el naufragio de un proceso político que ha fracasado en su intento de obtener un respaldo interno y un reconocimiento internacional. Deja tras de sí solo un triste saldo de dolor y de enfrentamiento, de fractura de la convivencia en Cataluña.

A partir de hoy, si dejamos de lado los extremismos, podemos iniciar una etapa nueva en la que la vuelta de la concordia sea uno de los principales pilares de Cataluña.

Una etapa en la que la Cataluña moderna, plural y tolerante acceda a la posición destacada que le corresponde por derecho y por historia dentro de España. Contribuyendo todos juntos al fortalecimiento de esa patria común del siglo XXI que es Europa.

Quiero terminar esta declaración justamente apostando por Europa como futuro compartido; precisamente el proyecto donde la sociedad catalana, y también el conjunto de España se encuentran y se reconocen.

Nuestro tiempo tiene desafíos que exigen compartir soberanías, no trocearlas. Y Europa es el espacio común en el que vamos a responder a esos desafíos del Siglo XXI.

La transformación de nuestra economía y nuestras sociedades que provoca por ejemplo la revolución digital; la salvaguarda de derechos sociales y de libertades que configuran nuestro modelo de convivencia; la respuesta al cambio climático… tienen dimensión global y sólo pueden afrontarse en el seno de un proyecto supranacional que en nuestro caso es la Unión Europea.

En los tiempos en los que demandamos una defensa común europea, una política exterior unitaria, una política migratoria compartida, un seguro de desempleo común, luchar contra los paraísos fiscales, instalación de un salario mínimo interprofesional europeo, una integración financiera, una armonización fiscal y otras muchas cuestiones vinculadas con las exigencias medioambientales o la lucha contra el terrorismo internacional, carece de sentido caminar en sentido inverso.

Quedan, en definitiva, algunos días en los que vamos a asistir a los estertores de una etapa superada. Todos estamos convocados a una etapa nueva. En esta nueva etapa el objetivo solo puede ser la restauración de la convivencia en Cataluña. El método será siempre el diálogo y la regla solo puede ser la ley, la Constitución Española.

Muchas gracias".

(Transcripción revisada por la Secretaría de Estado de Comunicación).