Rueda de Prensa

Vicepresidenta.- Buenos días. Quiero empezar por pedirles disculpas por el retraso y pedirles además también un poquito de paciencia, porque son muchos los asuntos que se han tratado hoy en el Consejo de Ministros. Además, dada su naturaleza e importancia, me acompañan dos de los Ministros directamente relacionados con alguno de ellos.

En el primer Consejo de Ministros celebrado tras el paréntesis vacacional les anuncié que era voluntad del Gobierno, una vez ampliados los derechos de ciudadanía, profundizar en la extensión de los derechos sociales para luchar contra la discriminación y avanzar en la igualdad real. Asimismo, les informé que era nuestra voluntad seguir protegiendo los derechos de los consumidores. Pues bien, hoy el Consejo de Ministros ha adoptado una serie de importantes decisiones que van en esta doble dirección: en primer lugar, sobre un conjunto de ciudadanos, que son siempre el eje de nuestra acción política, que representan a un porcentaje no pequeño de la población española --son más de un millón los ciudadanos y ciudadanas que tienen en España dificultades para oír o que no pueden hacerlo en absoluto, como señalará nuestro Ministro-- y son también un conjunto de ciudadanos todavía aún mayor, que se calcula en uno de cada once ciudadanos, las personas que sufren algún tipo de discapacidad física o psíquica.

Pues bien, el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales comparece hoy ante ustedes para explicarles el contenido de dos importantísimas iniciativas legales, que son de gran relevancia para estos dos colectivos. La primera facilitará la comunicación de personas sordas o con discapacidad auditiva. En concreto, el Consejo ha aprobado un Anteproyecto de Ley, que va a ser remitido al Consejo de Estado, por el que se reconoce la lengua de signos y se regula el derecho a aprenderla, así como el apoyo a la comunicación oral. He de decirles que con esta iniciativa España, junto con otros países de la Unión Europea, como Finlandia o Francia, se sitúa a la vanguardia mundial de la materia.

La segunda iniciativa establece sanciones más severas para quienes incumplan las leyes que afectan a los derechos de las personas con cualquier discapacidad. Es el Anteproyecto de Ley de Infracciones y Sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, que era reclamado desde hace mucho tiempo, con una enorme legitimidad, por los afectados, por sus familias y por sus asociaciones desde que hace dos años se aprobara la Ley de Igualdad de Oportunidades porque. si no establecemos un régimen de infracciones y sanciones en la materia, la Ley queda en papel mojado. Es misión, por tanto, de la sociedad, del Estado y también, por supuesto, del Gobierno asegurar que las personas con discapacidad cuenten con garantías del respeto de sus derechos, con garantías de acceso al trabajo y a los servicios, y con garantías para que no queden como ciudadanos de segunda.

La intención del Gobierno es ponérselo con estas iniciativas más fácil a las personas con discapacidad y más difícil a quienes atenten contra la igualdad para que nuestra sociedad sea cada vez más justa y sus ciudadanos más libres y solidarios.

El Ministro les dará explicaciones más detalladas de estos dos importantes Anteproyectos.

También nos acompaña hoy la Ministra de Fomento, que les dará cuenta de otra importantísima iniciativa aprobada hoy por el Gobierno, que afecta a la seguridad. Se trata de un conjunto de medidas para potenciar la seguridad del transporte aéreo. Como ustedes saben, en la actualidad los controles que se llevan a cabo en España cumplen con las normas y los estándares internacionales pero, aunque en los últimos meses se han adoptado muchas decisiones, de las que la Ministra también les va a informar, y varias medidas para mejorar la seguridad, el Consejo ha considerado que es preciso reforzar los controles, tanto sobre nuestros propios aviones, como sobre los extranjeros que vuelan en nuestro espacio aéreo, para ponernos al nivel de los países más exigentes.

Hemos aprobado, por tanto, un plan que se articula en dos grandes programas: un plan de vigilancia de aeronaves extranjeras y un plan para la vigilancia de aeronaves y operadores nacionales. Los detalles los va a dar la Ministra.

También quiero decirles que, en relación con la seguridad aérea, el Consejo de Ministros ha adoptado hoy una decisión muy importante: ha aprobado un Anteproyecto de Ley por el que se establece una nueva sanción disciplinaria en el ámbito militar y que establece un nuevo tipo en el Código Penal Militar para cuando se producen incumplimientos de las medidas de seguridad en el vuelo. El Ministro de Defensa ha traído al Consejo de Ministros el Anteproyecto, que va a ser remitido para informe al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo de Estado, de modificación, por tanto, de la Ley Orgánica del Código Penal Militar y del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas.

El objetivo de esta iniciativa es dar una respuesta proporcionada y justa a conductas que puedan ocasionar grave daño a los ciudadanos y al prestigio de los Ejércitos de España por la realización de vuelos sin observar las medidas de seguridad establecidas. La modificación de ambas Leyes va a permitir el establecimiento de un nuevo tipo penal y otro disciplinario, precisamente con ese fin de salvaguardar las vidas de terceros y proteger la integridad de los pilotos, las aeronaves y las dotaciones.

Como novedad, se introduce una sanción extraordinaria, como la pérdida definitiva de la aptitud aeronáutica para el vuelo, y también se contempla la pena de prisión para aquellos pilotos que incumplan las normas, órdenes o instrucciones referidas a la navegación aérea o al plan de vuelo y pongan en riesgo la población. Se establecen, asimismo, otras sanciones disciplinarias extraordinarias, que se proponen, como, por ejemplo, la pérdida de puestos en el escalafón, la suspensión de empleo y la separación del servicio.

Tenemos que impedir de todo punto, con todo el peso de la Ley, que vuelvan a suceder accidentes trágicos como el que el otro día causó la muerte de tres personas en Baeza.

En tercer lugar, y en la línea de reforzar los derechos de los consumidores, hemos aprobado hoy dos normas para mejorar la seguridad de los consumidores en el ámbito de la alimentación. La primera es un Real Decreto de ordenación de la avicultura de carne, que regula las nuevas normas que deben cumplir las explotaciones avícolas, así como obligaciones de sus propietarios: condiciones de instalación, ubicaciones, estándares en materia de higiene, transporte, etcétera. Otra norma es otro Real Decreto que establece un mayor control de una sustancia tóxica, potencialmente cancerígena consumida durante largo tiempo y en grandes cantidades, el benzo(a)pireno, que puede encontrarse, como ustedes saben, en algunos alimentos.

Reforzamos la seguridad alimentaria y en el mismo sentido se ha aprobado un Convenio para la financiación del Centro Nacional de Alimentación, por importe de 1,3 millones de euros a distribuir tanto en la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, como en el Instituto Carlos III.

También tiene relación con la seguridad de los ciudadanos y con la sanidad un Real Decreto mediante el cual se mejoran las garantías de las transfusiones de sangre. Aunque España es uno de los países más avanzados en esta materia, hemos actualizado nuestra legislación para incrementar la seguridad y adaptarla a las normas comunitarias. Lo más relevante es que se consagra el principio de altruismo en las dotaciones, enfatizando la confidencialidad de los datos. Se regulan sobre los requisitos sobre la selección de donantes y se establecen las condiciones en las que se deben realizar las extracciones, como, por ejemplo, los requisitos de conservación y transporte. Éstas y otras medidas contenidas en el texto contribuirán a que tanto el donante como el receptor cuenten con las máximas garantías a la hora de donar o recibir sangre.

Como ven, el Gobierno, con sus compromisos, ha aprobado hoy un importante conjunto de medidas con un impacto directo y evidente sobre los derechos, la protección y la seguridad de los ciudadanos.

Hoy hemos seguido también deliberando en torno a los Presupuestos Generales del Estado del año que viene. Hemos prestado una atención especial al gasto del Estado en políticas sociales. Gracias al crecimiento de nuestra economía y como resultado del orden de prioridades de este Gobierno, los Presupuestos del año que viene aumentarán sustancialmente el gasto social con respecto a este año, muy por encima del incremento previsto del PIB.

Pero de estos temas hablaremos la semana que viene porque, como ustedes saben, los Presupuestos se aprobarán el próximo viernes. En todo caso, sí quiero decirles que, como ya saben, el Presupuesto del año que viene recogerá las partidas para hacer frente a la financiación sanitaria que el Gobierno ha acordado con las Comunidades Autónomas en la Conferencia de Presidentes y en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y que supondrán un total de 4.000 millones de euros de aquí a finales de 2006.

Pero ya hoy el Gobierno, y precisamente para hacer efectivo ese compromiso, ha aprobado las primeras medidas derivadas del acuerdo del pasado martes en materia de financiación. Por medio de un Real Decreto Ley se van a poner en marcha, se aprueban y por tanto se abonarán los anticipos por parte del Estado a las Comunidades Autónomas. En el mismo Real Decreto Ley se establecen los nuevos tipos sobre el alcohol y sobre el tabaco en las cuantías que ya habíamos anunciado.

En este último caso, como ustedes saben y hemos dicho en diversas ocasiones, el efecto sobre el consumidor es mínimo; se lo recuerdo: un céntimo por litro de cerveza, treinta céntimos por una botella de alcohol de alta graduación y diez céntimos por una cajetilla de tabaco. Esto siempre que los fabricantes decidan, por supuesto, repercutirlo en el precio final del producto, en cuyo caso el importe final o el impacto sobre la inflación no llegaría a una décima.

Por tanto, y como les decía, de las propuestas del Gobierno va a haber una aportación muy importante a la Sanidad y va a producirse un efecto mínimo sobre el consumidor. Sin embargo, el efecto sobre todos los ciudadanos es enormemente positivo: contar con una Sanidad de calidad que pueda hacer frente a las necesidades y requerimientos de los ciudadanos y, sobre todo, de nuestros tiempos.

En materia de infraestructuras, hemos aprobado obras diversas en carreteras y líneas férreas y hemos dado luz verde a un tramo del nuevo acceso ferroviario al norte y noroeste de España, situado en la Comunidad de Madrid, cuyo presupuesto asciende a veinte millones de euros, y a nuevas obras en autovías de Castilla y León por importe de 110 millones de euros, y en Cataluña por 56 millones de euros.

Además, se han aprobado varios convenios de colaboración entre el Ministerio de Fomento y varios Ayuntamientos de la Comunidad Valenciana, Cataluña y Castilla-La Mancha para mejorar tramos urbanos en la red de carreteras del Estado.

Verán en la Referencia del Consejo de Ministros otros Acuerdos, que sólo apunto para no alargarme. En materia de cooperación internacional, hemos aprobado una aportación de quince millones de dólares al Fondo Global de Lucha contra el Sida, Tuberculosis y Malaria; en Medio Ambiente, un crédito de 2,3 millones para Parques Nacionales, que están sometidos a diversas limitaciones y por eso el Gobierno colabora; una sanción, que quiero destacar, importante, impuesta por una infracción ecológica en el uso de aguas de riego., pues saben que nuestra política de aguas es la del rigor; hemos hecho también convenios par la recuperación de suelos contaminados con Castilla-La Mancha y Extremadura, y para la construcción de una incineradora en Canarias, y una semana más, en relación con la sequía, para prevenir y paliar sus efectos, hemos aprobado un convenio con varias comunidades de regantes del Gualdaquivir para la modernización de los regadíos.

A propósito de los rigores de la sequía, les informo también que el Consejo de Ministros ha conocido hoy dos informes, presentados por la Ministra de Medio Ambiente y por mi misma, en relación con los incendios que estos meses atrás han costado vidas humanas y destruido importantes zonas forestales de nuestro país.

Mañana se cumplirán precisamente dos meses desde que se declaró el incendio que en la provincia de Guadalajara causó el fallecimiento de once agentes forestales y arrasó doce mil hectáreas de terreno. Desgraciadamente, a éste siguieron otros en distintas zonas de España, de intensidad y magnitud variables. Distintas Comunidades Autónomas se vieron seriamente afectadas por la voracidad del fuego.

En el aspecto de la seguridad y de los daños personales, no cabe duda que ha sido un año muy negativo, irreparable, con dieciséis fallecidos: doce miembros de las Brigadas de extinción (once en Guadalajara y uno en la provincia de Ávila) y cuatro pilotos: dos en Galicia, uno en Baleares y otro en la Comunidad Valenciana. Pérdidas todas ellas irreparables.

Sin embargo, y desde luego sin ánimo de minusvalirar en absoluto los daños sufridos, sí quiero trasladarles que ha habido un trabajo intenso, constante, de todas las Administraciones. Ha habido un mayor esfuerzo inversor. En el Ministerio de Medio Ambiente la inversión ha alcanzado 64,5 millones de euros para reforzar la prevención, retirada de biomasa y la extinción, con la contratación de trece aeronaves más que en el año 2004. Un mayor esfuerzo de concentración, tanto a nivel de la Administración General del Estado como a nivel de ésta con las Comunidades Autónomas, mediante la creación de una Comisión Interministerial de coordinación para la prevención y lucha contra los incendios forestales, así como el Comité Permanente de esa Comisión Interministerial y el Centro Nacional de Coordinación de la información sobre incendios forestales, que ha estado funcionando estos meses. Las Comisiones todavía siguen funcionando, porque el riesgo todavía, desgraciadamente, no ha desaparecido.

Y ha habido también una mayor colaboración y cooperación entre las Administraciones Públicas a la hora de enviar y de prestar recursos.

Todos estos esfuerzos han contribuido a aminorar y paliar, sobre todo, los efectos de un año que, habiendo sido muy duro, desgraciadamente podía haber tenido aún mayores consecuencias.

Es evidente, y así lo ha valorado hoy el Consejo de Ministros, que todo ello no es todavía suficiente; que debemos seguir dando nuevos pasos para mitigar los incendios forestales con actuaciones que nos permitan minimizar en lo posible las consecuencias ambientales y socioeconómicas de los mismos. En ello estamos y de todo ello les vamos a ir dando cuenta, porque los incendios, como bien se saben, se empiezan a prevenir en el otoño.

En lo que representa la situación de las zonas que han resultado especial e irremediablemente castigadas, el Gobierno ha conocido las medidas que con carácter general las distintas Administraciones hemos puesto en marcha y que, de manera muy particular, han sido adoptadas, muchas de ellas ya en vigor, en el caso del incendio de Guadalajara. En un informe que he elevado al Consejo de Ministros se han podido evaluar las medidas tras el suceso y su grado de ejecución.

Muy brevemente les diré que, como recordarán, aprobamos la misma semana del incendio ayuda a las víctimas y a sus familias y medidas para paliar los daños, que se concretaron una semana después, quiero recordarles. Todas las familias han solicitado las ayudas públicas y las indemnizaciones que les corresponden; todas ellas, salvo dos, que presentaron la documentación más tarde, han percibido ya más de 300.000 euros, a los que se sumarán otros cerca de 50.000 que percibirán a mediados de octubre, una vez finalizados los trámites relativos a las correspondientes Declaraciones de Herederos.

Asimismo, se han reconocido, tramitado y percibido ya su primer importe un total de cinco pensiones de viudedad y orfandad a las cinco familias que tienen derecho a ellas.

Además, aprobamos indemnizaciones; quiero recordárselo. Hoy mismo el Boletín Oficial del Estado publica el procedimiento de concesión de indemnizaciones para los afectados por los daños producidos en las explotaciones agrícolas, ganaderas y apícolas. Estas medidas van a beneficiar a 24 ganaderos y a afectar a 84 explotaciones agrícolas, además de los apicultores que han acreditado los daños.

Respecto de los daños de asegurados, se han declarado trece siniestros. Los técnicos ya han realizado las tasaciones y las indemnizaciones se pagarán durante el presente mes, incluyendo tanto las producciones afectadas por el incendio, como las cosechas perdidas como consecuencia de las tareas de extinción.

El Gobierno aprobó también ayudas de excepción para vivienda. No ha habido ninguna petición porque creemos, además, que afortunadamente no hubo daños graves de este tipo y, por tanto, hasta el momento no se han solicitado ayudas. Ocho Ayuntamientos sí han solicitado ayudas para la restauración de infraestructuras municipales, que se abonarán en los próximos días, una vez esté finalizada la evaluación de los daños.

Se aprobaron también ayudas en materia de Trabajo y Seguridad Social. Hoy mismo el Boletín Oficial del Estado publica el procedimiento para su solicitud. Y la línea preferencial de crédito habilitada por el Gobierno por veinte millones de euros, que estará operativa a partir de la semana que viene, va a tener un plazo de finalización para las solicitudes hasta el 30 de diciembre de este año.

Ha habido un permanente y constante tratamiento de la zona quemada. La empresa pública TRAGSA ha estado desde principios de agosto trabajando para que pueda comenzar a retirarse toda la madera quemada. Ya ha empezado a realizar gestiones para que su venta se realice en las mejores condiciones.

Hemos puesto en marcha también medidas para mejorar las comunicaciones en la zona, que afectarán a la telefonía móvil, a la instalación de banda ancha y a los repetidores de televisión, cuyos trámites preliminares se han iniciado y que culminarán, la mayor parte de ellos, antes de que termine el año. A partir del 13 de octubre algunas de estas cuestiones podrán estar ya muy avanzadas.

El Fondo que creamos para la actuación de la prevención de incendios ya tiene aplicaciones concretas, como el incremento de los medios aéreos o la dotación de cuatro millones de euros para las Confederaciones Hidrográficas.

Asimismo, hemos aprobado un plan específico de restauración de la superficie afectada por el incendio en convenio con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Los montes y los ríos se van a empezar a limpiar gracias a la contratación que va a poner en marcha el Ministerio de Trabajo de personas desempleadas con programas que ya están aprobados y con plazas que se convocarán en el mes de octubre. Algunos municipios van a ser declarados Zona Rural Deprimida y podrán recibir ayudas adicionales. Ya se han iniciado los trámites necesarios.

En definitiva, dos meses después creo que el balance de las actuaciones del Gobierno no es malo. Debo decirles, con toda franqueza, que el Gobierno ha hecho, está haciendo y hará todo lo posible para ayudar a las familias, a las empresas y a los municipios a sobrellevar y a superar pronto los daños de aquel terrible incendio.

El Presidente del Gobierno podrá compartir las inquietudes y escuchar las peticiones de las familias de las víctimas con las que se va a reunir próximamente, a partir de la semana que viene. Yo, por mi parte, tendré esta tarde la misma oportunidad y la ocasión de presentar a los Alcaldes este informe que he elevado al Consejo de Ministros; pero, sobre todo, voy a tener la oportunidad de escucharles. Asimismo, les diré que estamos trabajando para que la próxima semana podamos aprobar en el Consejo de Ministros los Reales Decretos que afectan a Galicia, a Andalucía y a Castilla y León. Como saben, a finales de julio ya aprobamos un Real Decreto concerniente a Extremadura y hay otros que iremos viendo.

Finalmente, el Consejo de Ministros ha estudiado la petición formulada por el Magistrado Juez de la Audiencia Nacional, don Juan del Olmo, en la que solicitaba a los Ministros del Interior y Defensa la desclasificación de documentación e información posterior a enero de 2002 relacionada con los atentados terroristas del 11 de marzo en Madrid y 3 de abril en Leganés, y con las personas implicadas en la investigación judicial.

Pues bien, atendiendo al carácter excepcional de las circunstancias concurrentes en este sumario, a los hechos gravísimos que se juzgan en él y a la gravedad tanto de los delitos, como de las penas que les corresponden, el Gobierno ha decidido desclasificar y remitir al juez los documentos que obran en poder del Ministerio del Interior y del Centro Nacional de Inteligencia relacionadas con los atentados del 11 de marzo y del 3 de abril de 2004, y que se relacionan en el Acuerdo que ha adoptado el Consejo de Ministros. Del mismo modo, el Gobierno solicita al Juez de Instrucción que adopte el máximo grado de protección y reserva que pueda acordar sobre los documentos remitidos, dada la naturaleza de los mismos.

En todo caso, les vamos a repartir una copia del Acuerdo aprobado hoy por el Consejo de Ministros en relación a este tema.

Sr. Caldera.- Creo que hoy es un día muy importante, como indicaba la señora Vicepresidenta, para aquellas personas que sufren un tipo específico de discapacidad, en este caso las personas que no pueden oír, las personas sordas o con deficiencias auditivas o sordo-ciegas.

Quiero, en primer lugar, declarar que para este Gobierno estas personas sólo tienen una discapacidad que describe únicamente una situación física, jamás una forma de discriminación. Estas personas disponen de la plena ciudadanía igual que los demás y estas leyes van a hacerlo definitivamente posible. Son unas normas pioneras en Europa. Por el alcance y la profundidad de las mismas, no hay ninguna legislación tan avanzada, ni siquiera en el ámbito de la Unión Europea, quizás con la excepción de Finlandia.

Son, por tanto, leyes muy importantes, demandadas desde hace mucho tiempo por el movimiento asociativo que representa a estas personas con discapacidad. Esta discapacidad, en este caso la sordera, no puede en modo alguno constituir una barrera para que estas personas se integren en la sociedad, tengan un empleo y puedan llevar una vida exactamente igual que la del resto de los ciudadanos.

Así lo hacemos y, por tanto, la Ley que reconoce la lengua de signos y el apoyo a la comunicación oral de las personas sordas es una ley que, primero, garantizará la igualdad a todas estas personas y el derecho de ciudadanía, y de este modo estas personas recibirán la garantía de los poderes públicos de los siguientes servicios: primero, el aprendizaje de la lengua, pues cualquier persona con estas dificultades tendrá garantizado su pleno aprendizaje. También el conocimiento de la misma, no sólo para estas personas sino para quienes en su entorno o por cualesquiera otras circunstancias quieran conocer esta lengua. Y, en tercer lugar, y lo que es más importante, el uso de la misma; es decir, que, bien a través de intérpretes, bien a través de los llamados medios de apoyo a la comunicación oral --uno de ellos el que tienen ustedes aquí presente, el subtitulado-- estas personas puedan ver, hablar o comunicarse de otro modo, pero con la misma eficacia que el resto de los ciudadanos.

Por tanto, derecho a aprender esta lengua, derecho a conocerla, derecho a usarla.

Cualquier persona podrá solicitar intérpretes y medios de apoyo a la comunicación en la educación, en los colegios, en los hospitales; en los actos culturales, deportivos o de ocio en los cuales sea solicitado el apoyo bien a los medios de comunicación, bien el uso de intérpretes; en los transportes, por supuesto, en lugares relevantes de concentración de transportes; en las relaciones con las Administraciones Públicas, de modo singular en la Justicia; en la participación política y en los medios de comunicación social.

Quiero decirles que hay pleno acuerdo entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas, lo hemos aprobado en Conferencia Sectorial, y, sobre todo y lo que es más importante, con los movimientos asociativos que defienden los intereses de las personas sordas, con discapacidad auditiva o sordo-ciegas.

Es, por tanto, éste un paso esencial para todos ellos, que viene ampliado, además de por los elementos que les he indicado --aprendizaje, conocimiento y uso--, por la creación de un Centro de Normalización de la Lengua de Signos y también por la creación del Centro Español de Subtitulado y la Audiodescripción, que impulsarán la accesibilidad de los productos audiovisuales. Esperamos que algún día, y no será muy lejano, dentro de poco tiempo, este Centro de Subtitulado pueda garantizar en los medios audiovisuales la traducción simultánea, la interpretación que ustedes están viendo, de los productos audiovisuales; es decir, que cualquier persona con dificultades auditivas se pueda sentar ante un televisor y pueda ver la traducción en subtitulado inmediato de los productos audiovisuales.

Todo esto es lo que garantiza esta Ley.

Les diré de forma muy rápida, antes de pasar a la de Infracciones y Sanciones, que los diversos artículos de este texto establecen, por tanto, estas garantías. Las Administraciones educativas dispondrán lo necesario para facilitar el aprendizaje de la lengua de signos al alumnado sordo o con discapacidad auditiva o sordo-ciego; pero, además, las Administraciones educativas podrán ofertar modelos educativos bilingües y también los planes de estudio podrán incluir el aprendizaje de la lengua de signos como una asignatura optativa para aquellas personas que así lo deseen. De igual modo, la Administración educativa determinará las titulaciones que, conforme a la normativa existente sobre requisitos para su ejercicio, considere oportunas y propiciará su formación inicial.

¿En qué ámbito se podrá disponer del uso de los intérpretes o de los medios de comunicación de apoyo a la comunicación oral? Los ámbitos, obviamente, son los siguientes:

- Educación. Las Administraciones educativas facilitarán a las personas usuarias de la lengua de signos que ésta pueda ser su lengua vehicular y, por tanto, prestarán intérpretes cuando así se solicite y en los centros que se determinen.

- En la salud, las Administraciones sanitarias promoverán la prestación de servicios de intérpretes en lengua de signos en el caso de que así se solicite previamente para los usuarios que lo necesiten.

- En cultura, deporte y ocio, como les decía, por ejemplo en aquellas actividades culturales, deportivas, de esparcimiento y ocio tales como cines, teatros y museos nacionales, monumentos histórico-artísticos del Patrimonio Nacional y visitas guiadas a éstos cuando sea solicitada.

- En los transportes, como les decía, en aquellos lugares donde, de acuerdo con la relevancia del tráfico de viajeros, así sea aconsejable.

- En las relaciones con las Administraciones Públicas y con la Administración de Justicia.

- En la participación política, Cortes Generales, Asambleas Legislativas, Diputaciones, Corporaciones y Entidades Locales tendrán que facilitar servicios de intérpretes en lengua de signos cuando así sea requerido.

- Y en los medios de comunicación social, telecomunicación y Sociedad de la Información, donde los poderes públicos promoveremos las medidas necesarias para que los medios de comunicación social de titularidad pública o con carácter de servicio público, de conformidad con lo previsto en su regulación específica, sean accesibles a las personas sordas o con discapacidad auditiva y sordo-ciegas, mediante la incorporación de lengua de signos.

Les decía que también hay una segunda parte de esta Ley que, a elección de la persona que sufra esta discapacidad, también quedará garantizada: son los sistemas de apoyo a la comunicación oral. Tengo que decirles que no hay un sistema universal de lengua de signos, hay varios. En este caso, estamos regulando el sistema en España y, además, los medios de apoyo a la comunicación oral son aquellos códigos, medios y recursos tecnológicos que son usados por las personas con esta discapacidad y que les facilitan el acceso a la expresión verbal y escrita de la lengua oral, favoreciendo una comunicación más plena con su entorno.

Por ejemplo, los audífonos --los sistemas sanitarios garantizarán la implantación de audífonos cuando sea necesario--, el subtitulado, los implantes cloqueares y los bucles magnéticos. Una persona que tenga un audífono o un implante cloquear, por ejemplo, en un gran aeropuerto sufre interferencias por la ocupación del espacio radioléctrico tan intenso que allí se produce. Hay que instalar unos bucles magnéticos que limpien las interferencias para que estas personas puedan escuchar. Se van a garantizar en todos aquellos lugares donde el volumen de tráfico así lo exija.

Se hará mediante convenios del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con el resto de los Departamentos Ministeriales y también con las Comunidades Autónomas, con una correcta distribución de competencias. Una parte será financiada por las Comunidades Autónomas en sus competencias y otra, por la Administración General del Estado a través de los recursos disponibles en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que acompañarán a la memoria económica que presentaremos con este Proyecto de Ley.

Por último, también hemos informado del Anteproyecto de Ley de Infracciones y Sanciones, que llega a los cerca de tres millones de personas discapacitadas en España. En el caso de personas con discapacidad auditiva, son aproximadamente 900.000, de los cuales 200.000 lo son totalmente, y podrán beneficiarse de la primera Ley.

Ahora bien, todos los discapacitados van a tener una ley que les proteja y que sancione los comportamientos inadecuados para con las personas discapacitadas. Todas, por ejemplo, las infracciones administrativas, incluso de las propias Administraciones públicas, que vulneren el derecho a la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad serán sancionadas.

Habrá infracciones leves --por ejemplo, conductas discriminatorias que incurran en irregularidades de carácter formal--, pero también graves. Las graves serán aquellas como, por ejemplo, la imposición abusiva de cualquier forma de renuncia total o parcial de los derechos de los discapacitados; la coacción, amenaza o represalia ejercida sobre la persona con discapacidad y el incumplimiento injustificado de las normas de accesibilidad universal. Y muy graves: las sanciones muy graves serán aquellas que conculquen deliberada e injustificadamente la dignidad de las personas con discapacidad imponiendo condiciones o cargas humillantes para el acceso, por ejemplo, a los bienes, a los productos o a los servicios a disposición del público, o que generen deliberada e injustificadamente situaciones de riesgo o grave daño para la integridad física o psíquica o la salud de estas personas.

Las cuantías que establece la Ley para las sanciones van de trescientos euros a un millón de euros, con una tipificación y unos órganos que establecerán las sanciones. El Consejo de Ministros podrán establecer sanciones de un millón de euros para aquellos casos de infracciones muy graves donde se vulneren los derechos de estas personas.

Por tanto, son, sin duda, dos normas que garantizan los derechos de ciudadanía, los derechos sociales de personas con discapacidad. La discapacidad sólo es una condición física, no una barrera, ni un impedimento para la plena ciudadanía. Las personas que no oyen van a poder usar la lengua de signos o tener medios de apoyo --implante cloquear, audífonos, etcétera-- para poder comunicarse perfectamente con los demás. Todo el mundo podrá aprender esta lengua y la podrá usar ante las Administraciones, en la sanidad y en los transportes, con un derecho pleno de ciudadanía. Además, cualquier discapacitado que vea vulnerados sus derechos podrá recurrir a la Administración --en este caso, al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales-- para exigir el cumplimiento de la norma que, en relación a infracciones y sanciones, castigará, incluso con sanciones muy elevadas, el incumplimiento de las obligaciones legales o la agresión de cualquier tipo a las personas con discapacidad.

Sra. Álvarez.- El Consejo de Ministros ha aprobado un plan de choque fundamental en la seguridad operacional aérea dentro de nuestro país. Este plan de choque de seguridad aérea que hemos aprobado viene a continuar lo que ya habíamos empezado a hacer desde que llegamos al Gobierno. Lo primero que hicimos en el segundo semestre de 2004 fue duplicar el número de inspecciones, de tal manera que, cuando elaboramos los Presupuestos de 2005, preveíamos que teníamos que hacer un esfuerzo mucho mayor. Concretamente, en 2005 vamos a multiplicar por siete lo que se ha hecho en el año anterior y para ello subimos los presupuestos relacionados con la seguridad aérea un 218 por 100.

Les puedo dar los datos de lo que hemos hecho hasta ahora: en un año y medio se ha multiplicado por tres las inspecciones que se habían hecho en toda la legislatura anterior. Es decir, si calculamos cuál ha sido el promedio anual de esta legislatura, de lo que va de legislatura, con respecto a la anterior, hemos multiplicado por diez el número de inspecciones realizadas en aeronaves extranjeras; pero hemos creído que no era suficiente y, además, había un planteamiento en la sociedad, podríamos decir de preocupación sobre qué era lo que se estaba haciendo en materia de seguridad aérea.

Como las competencias del Gobierno y del Ministerio de Fomento son distintas en aquellas aeronaves que están matriculadas en nuestro país, que además tenemos la responsabilidad de los operadores y de toda la seguridad, frente a las que están matriculada en otros países, hemos hecho en el plan de choque dos planes distintos: uno para las aeronaves extranjeras y otro para las aeronaves y las compañías que operan y que son nacionales.

Como ha dicho la Vicepresidenta, el primer plan se llama VAE y lo que supone es un cambio drástico en relación a lo que había sido el comportamiento, el control y la vigilancia de las aeronaves extranjeras.

Si me permiten que les compare con las "listas negras", porque es lo que ustedes estarán pensando, hemos ido mucho más allá del contenido de las "listas negras", de tal manera que, cuando hemos diseñado el plan de inspección, uno de los criterios de selección es que se van a incluir todas las compañías que están en las "listas negras" de otros países. Pero eso no nos ha parecido suficiente y hemos ampliado los criterios de selección de las aeronaves y las compañías a aquellas que, además, pueden ser clasificadas, desde el punto de vista de la OACI, como de mayor riesgo-país. Además, hemos incluido también a todas las aeronaves que hayan tenido una serie de incidentes en los últimos tiempos de acuerdo con los criterios SAFA.

En estos criterios de selección para este nuevo plan de inspección hemos incluido también algo novedoso, que es la creación de un comité de expertos, en donde van a participar los ingenieros aeronáuticos, las compañías aéreas y los pilotos, así como los expertos en mantenimiento y los expertos del Ministerio, para incluir, además, otras compañías y otras aeronaves con criterios distintos y adicionales a lo que ya les he dicho antes; es decir, criterios OACI, criterios SAFA y criterios de países que hayan ya elaborado "listas negras".

Por último, dentro de los criterios de selección de este nuevo plan de inspección vamos a tener en cuenta la antigüedad, la edad, el número de años, de las aeronaves extranjeras.

Cuantitativamente hablando, porque esto sería cualitativamente hablando, cómo va a ser el plan de vigilancia de las aeronaves extranjeras, les diré que la inversión o el gasto que supone anualmente es, al menos en este primer año, de dieciocho millones de euros. Supone que en la Legislatura, que es la vigencia temporal del plan de choque, vamos a multiplicar por 62 el número de inspecciones llevadas a cabo, de tal forma que al final de la Legislatura el cien por cien de las aeronaves habrán sido sometidas a este nuevo plan de vigilancia.

Desde el punto de vista de los medios humanos, que también ha sido algo que ha sido sometido a debate en estos últimos tiempos o, por lo menos, donde había distintos posicionamientos, les digo que el número de técnicos dedicados y destinados a la inspección y vigilancia de toda esta responsabilidad del control de las aeronaves que operan en nuestro país que había cuando llegamos al Gobierno era de 98, prácticamente los mismos que en el año 1996, a pesar de que las operaciones aéreas habían crecido en un 52 por 100. En el tiempo que llevamos de Gobierno, de los 98 hemos pasado a los 133 y al final de este año, al final de 2005, tendremos 158 efectivos destinados a esta tarea. Al final de la Legislatura tendremos un tercio más de los medios humanos, de los recursos humanos, con que nos encontramos al llegar al Gobierno.

Les quiero aclarar una cuestión: la Dirección General de Aviación Civil es la responsable de esta competencia y se ve apoyada con CENASA, que es la empresa pública instrumental para la misma tarea y para el apoyo de todo aquello que afecta al sector aeronáutico, de tal manera que, cuando estamos hablando de personas dedicadas a la inspección, sumamos los efectivos de la Dirección General de Aviación Civil con los de CENASA, en ambos casos exclusivamente dedicados a tareas de vigilancia, inspección y control.

En este plan, además de la novedad de la creación del comité de expertos, va a haber una modificación importante, que es la modificación de los protocolos para autorizar operar en España a nuevas compañías extranjeras. También se va a modificar el procedimiento de relación y de información entre AENA y la Dirección General de Aviación Civil.

Por último, también se establece un nuevo plan de inspección que tiene aspectos cuantitativos y aspectos cualitativos. Dentro de los aspectos cuantitativos, se va a reforzar todo lo referente a la inspección de las operaciones, del mantenimiento y de la formación del personal que trabaja en este área; además, se va a incrementar el número de inspecciones en un 261 por 100 en esta legislatura, de tal manera que de las 1.303 operaciones de control, vigilancia e inspección llevada a cabo por el anterior Gobierno en la anterior legislatura, pasaremos a 4.709.

Si me permiten que les dé un dato que les va a hacer calcular cómo efectivamente se ha ido incrementando el número de operaciones de control y vigilancia, en la legislatura anterior se llevaron a cabo 55 inspecciones en aeronaves extranjeras y ya conocen cuál va a ser el dato que vamos a llevar a cabo a final de 2005, que van a ser 300, y a final de todo el plan, que francamente creo que nos hace asegurarles que se multiplicará por 62 el número de inspecciones a aeronaves extranjeras en relación de una legislatura con otra; 261 por 100 más la comparación del número de inspecciones de la anterior legislatura con la actual a aeronaves y compañías, operadores, en definitiva, nacionales.

P.- Dos preguntas para la Vicepresidenta. Como esta semana se han recrudecido las críticas del PP a cuenta de supuestos contactos entre el Gobierno y ETA e hipotéticas concesiones a la banda, me gustaría saber si, a juicio del Gobierno, la ausencia de consenso en esta materia entre el Gobierno y el primer partido de la oposición --por lo demás, no parece que tenga fácil remedio-- puede suponer un obstáculo para la apertura de un eventual proceso de paz e, incluso, para su conclusión con éxito.

También hablando de consenso, pero en este caso en materia de Defensa, quería saber si el Ejecutivo vislumbra un margen de acuerdo, un margen de negociación, con el Partido Popular para incorporarle mediante enmiendas al consenso respecto a la Ley de Defensa en su trámite en el Senado.

Vicepresidenta.- En cuanto al primer tema, quiero dejar bien claro que no hay cambios en la posición del Gobierno: no hay negociación. Tampoco hay novedades en la política penitenciaria ni en la legislación antiterrorista y, por otra parte, algo que venimos diciendo desde siempre: si hay cualquier posibilidad de terminar con la violencia o con ETA, no tengan dudas de que el Gobierno la aprovechará, como ha dicho en reiteradas ocasiones el Presidente del Gobierno, utilizando todos los instrumentos que el Estado de Derecho nos ofrece, para cumplir con el deseo de la inmensa mayoría de la ciudadanía, que no es otro que el del fin de ETA.

Se ha hablado de muchas cosas. Les diré, en cualquier caso, por ejemplo, en relación con el tema de los presos, que en España se acercaron presos de ETA a Euskadi hace tiempo, pero fue con un Gobierno del Partido Popular. Por cierto, además, se acercaron bastantes presos.

Yo, en nombre del Gobierno, como siempre, digo que vamos a seguir trabajando por el consenso y le pido una vez más al Partido Popular, en general, y al señor Acebes en particular, que tenga prudencia, que sea prudente, porque él ha sido Ministro del Interior y él sabe, en relación con este tema, que la última vez que se acercaron presos etarras a Euskadi fue con un Gobierno presidido por el señor Aznar.

Por lo demás, de la misma manera que lo dije el otro día en el Parlamento, lo vuelvo a repetir y creo que finalmente las cosas se producirán así: nos gustaría, y por eso está trabajando el Gobierno, que el Partido Popular se sumase a esta inmensa mayoría de ciudadanos españoles que quieren y desean el fin de ETA, y quieren y desean que además lo hagamos conjuntamente todas las fuerzas políticas, porque no hay nada mejor para acabar con ETA y con el terrorismo que, además de todo lo que estamos haciendo y de todo lo que hemos venido trabajando durante mucho tiempo, lo hagamos con la unidad y el consenso de todas las fuerzas políticas. No tenga la menor duda que el Gobierno va a seguir trabajando por ello y creemos que finalmente todos los ciudadanos estarán detrás del Gobierno, incluido el Partido Popular.

En el tema de Defensa, como ustedes saben, el Ministro ha hecho todos los esfuerzos habidos y por haber para que se produjera un acercamiento, por tratar de consensuar, de buscar el encuentro. Hasta el momento no lo hemos conseguido. Queda el trámite del Senado y no tenga la más mínima duda que el Gobierno y el Ministro de Defensa vamos a seguir trabajando por tratar de recuperar un consenso que ha roto el Partido Popular de forma inexplicable.

Creemos que hay que seguir avanzando en el diálogo y sería muy bueno que ese diálogo se pudiese traducir en un acuerdo, también en el Senado, en la Ley Orgánica de Defensa.

P.- A la Vicepresidenta quería pedirle un par de precisiones en relación con los documentos del 11-M. Quería saber, desde el punto de vista del Gobierno --además, usted tiene trayectoria profesional suficiente en ello para formular una opinión al respecto--, qué tipo de cautelas especiales o medidas excepcionales puede adoptar el juez para preservar la confidencialidad de esos documentos a que se ha referido.

Quería saber también si se entregan todos los documentos en poder del CNI correspondientes a las fechas mencionadas por el Juez, ya que parece que hay una inconcreción en cuanto al contenido de los mismos, y si la entrega se produce en la literalidad de los informes o, como ha ocurrido en alguna otra ocasión, se hace algún tipo, permítame la expresión, de mutilación del contenido.

Vicepresidenta.- En cuanto al tema de las cautelas, es el Juez el que tiene que decidir qué medidas considera él que debe adoptar en función de la naturaleza de los documentos que se le aportan y sus contenidos. Al Gobierno le parece que todos los documentos son documentos, evidentemente, que han estado clasificados. Ahora el Juez los pide y se los entregamos, y debe ser él, en el marco del proceso, el que decida, en función de la incidencia o la influencia que esos documentos puedan tener para el proceso, qué tipo de reserva puede adoptar. Pero debe ser el Juez el que lo haga, porque él es el único que está en condiciones de valorar la incidencia que esos documentos puedan tener o no puedan tener en el proceso.

En cuanto a los documentos que se han entregado, en la copia del acuerdo que les vamos a entregar verán en la reseña de qué documentos se trata. En el caso de los documentos procedentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, están todos los documentos solicitados por el Juez que hacen referencia a hechos posteriores a 2002 en relación con el 11-M y respecto de las personas que el Juez solicita en Interior.

En el caso del Centro Nacional de Inteligencia, están los documentos que el Centro Nacional de Inteligencia ha considerado que afectan a las personas que el Juez ha solicitado, que tienen relación con el 11-M y que no se ven afectados por lo dispuesto en la Ley del CNI en su artículo 5.2; es decir, no afectan a estructuras, a fuentes y a servicios internacionales. Ésos son, digamos, los criterios con los cuales el Gobierno ha actuado.

Finalmente, los informes que se remiten al Juez se remiten sin ningún tipo de tachaduras. Son los documentos literales. No aparece en los mismos ningún tipo de observación.

P.- Para la Vicepresidenta, algunas cuestiones relacionadas con esta primera semana parlamentaria. Ante el Grupo Socialista usted dijo que la Legislatura será larga, creo. Quería preguntarle en qué modo podría incidir el proceso de elaboración del Estatut, que ha entrado en una fase parece que de dificultades difícilmente superables. ¿Eso puede tener incidencia en la estabilidad parlamentaria general?

En segundo término, ¿usted acompañaría los mensajes de petición de prudencia al PP con alguna consideración respecto al PNV, que está --se vio en la primera sesión de control-- lanzando mensajes en el sentido inverso? ¿Hasta qué punto se puede articular la política que concilie estas posiciones?

En último lugar, lo ocurrido en las votaciones de la Ley de Defensa. Usted tiene entre sus manos la Ley de Educación. ¿Usted cree que vamos hacia una legislatura sin pactos previsibles, visto cómo se ha reiniciado el curso?

Vicepresidenta.- En cuanto a la Legislatura yo dije el otro día ante el Grupo que iba a ser una legislatura larga y lo reafirmo antes ustedes. Es una legislatura que tiene todas las perspectivas de trabajo y de estabilidad. Tenemos proyectos, tenemos acuerdos y vamos a seguir trabajando por tenerlos y esperamos poder tenerlos.

Es verdad que en esta Legislatura se están planteando temas que son complicados, pero esos temas, primero, no son los únicos temas y, segundo, no son temas que vayan, a mi juicio, desde luego, a tener ningún tipo de incidencia en lo que es la duración de la Legislatura. Si el Estatuto de Cataluña tiene un recorrido, el que tenga, por supuesto que incidirá en el trabajo que tengamos aquí, en el Parlamento. Tendremos más trabajo si viene el Estatuto de Cataluña y tendremos menos trabajo si no viene el Estatuto de Cataluña. Pero ésa es la incidencia, digamos, en cuanto a lo que es, a mi juicio, la duración de la Legislatura.

Por lo tanto, quiero reiterar que desde luego el Gobierno considera que hay una buena estabilidad parlamentaria y estamos trabajando por el diálogo y por el acuerdo con todos los grupos políticos, y vamos a seguir haciéndolo a lo largo de los próximos meses y con, yo creo, buenas perspectivas de proyectos compartidos y comunes, que son buenos para los ciudadanos.

En todos los temas que afectan al terrorismo y a la lucha contra el terrorismo la prudencia hay que aplicársela a todo el mundo. Me he referido al PP porque es que ellos son muy insistentes; pero, evidentemente, el término "prudencia" creo que, en lo que se refiere a la lucha contra el terrorismo, es algo que entra dentro de la razonabilidad.

En cuanto a la tercera, usted ya sabe, y ya se lo he dicho, que éste es el Gobierno del diálogo y, por supuesto, vamos a seguir trabajando para que haya acuerdo. Yo creo que ya empiezan a vislumbrarse algunos pequeños acuerdos. Por ejemplo, esta semana yo creo que ha habido algún acontecimiento importante en política exterior, con una decisión adoptada por el Parlamento por unanimidad, suscrita por todos los grupos políticos sobre la reforma de Naciones Unidas. Yo creo que ése es un avance, es algo importante que todo este país está de acuerdo en cuál es la reforma que ha de hacerse de Naciones Unidas y, mientras el Parlamento aquí lo estaba votando, el Presidente del Gobierno estaba defendiendo esa posición en Naciones Unidas. Es un paso que valoramos de forma importante.

En materia de financiación sanitaria, ha habido una aproximación. Es verdad que no ha habido un acuerdo al cien por cien, pero yo creo que ha habido una aproximación importante en un tema trascendental en cuanto a diagnóstico y, en parte, en cuanto también las medidas adoptadas, aunque alguien las haya podido considerar no suficientes del todo, aunque no haya sido al cien por cien.

Y estamos en conversaciones en un tema tan importante como el de Educación.

Éste es un Gobierno que cree en el diálogo y, desde luego, buscamos el acuerdo fundamentalmente basándonos en algo que es muy importante, que es el interés de los ciudadanos. Ojalá que el PP se sume a estos acuerdos que estamos promoviendo y que estamos haciendo entre todos, y ojalá también que el PP se sume al consenso, de nuevo vuelvo a reiterar, en materia antiterrorista.

P.- Señora Vicepresidenta, quería hacerle dos preguntas. Una es en relación con la actitud del Partido Popular y la prudencia que pide usted. ¿No cree usted que lo de la prudencia se debería extender también al Partido Socialista de Euskadi, dado que el señor Patxi López ha pedido un pacto de silencio a los medios de comunicación y ha anunciado que el señor Usabiaga es la persona idónea para las conversaciones, negociaciones, exploraciones?

Luego, ¿no cree usted que en la tensión que está habiendo en torno a este tema entre el Partido Popular y el Gobierno está, sobre todo, la falta de información del Gobierno al líder de la oposición? El Presidente del Gobierno ha dicho en Nueva York que "estamos trabajando". No sé si hay negociaciones o exploración. Yo creo que ahí falta información y comunicación entre ambos partidos.

En segundo lugar, el señor Puigcercós ha informado en el Congreso de los Diputados el otro día de que, si el Estatuto de Cataluña no llega a buen fin en el Parlamento catalán por problemas con Convergència i Unió, que el contenido del Estatuto se llevará a cabo a través de leyes orgánicas en el Parlamento español. ¿Considera usted que este presunto plan B o segunda vía es el modelo idóneo o posible? ¿Cree usted que esta propuesta de los señores de la Esquerra sería viable?

Vicepresidenta.- Yo creo que la prudencia es una virtud que deberíamos tener todos, uno. No hay falta de información con el principal líder de la oposición. El Presidente del Gobierno informa, ha informado y va a seguir informando puntualmente al líder de la oposición, al señor Rajoy, de todo lo que afecta a la materia antiterrorista. Así lo hizo en la última entrevista que han mantenido y así acordaron los dos seguir haciéndolo en un diálogo permanente entre los dos. Por tanto, no hay falta de información. Yo creo que la información con el principal partido de la oposición existe y no hay ningún problema, por tanto, en este sitio, desde esa perspectiva.

Sabe que yo no opino sobre propuestas que, hoy por hoy, tampoco sé muy bien en qué consisten, porque hablar sobre que el contenido de una reforma estatutaria se va a traducir en una Ley Orgánica me parece en estos momentos muy aventurado por mi parte decir lo que opino. Yo creo que el Estatuto debe ir, en principio, por su cauce y esperemos que vaya por su cauce.

Creo que estamos en una fase, que ya parece que cada vez es más corta, porque quedan menos días, del debate parlamentario del Estatuto en Cataluña. Vamos a dejar, a mi juicio, yo creo que también con libertad de autonomía al Parlamento catalán y a todas sus fuerzas políticas para ver si llegan a un acuerdo, que es lo que todos deseamos; a un acuerdo, por supuesto, en el marco de la Constitución.

P.- Lo primero, agradecerles el subtitulado en directo y la interpretación en lengua de signos. Estoy muy emocionado. Tengo la sensación de una plena integración para comunicarme con ustedes. Soy de Signovisión, de un programa de lengua de signos en Canal Sur, que está enfocado a personas sordas y al público en general.

Quería preguntarle al Ministro de Trabajo. No sé si puedo realizar cuatro preguntas. La primera era en relación al Anteproyecto de Ley. ¿Cuándo se va a presentar al Congreso? ¿En qué fechas?

Segundo, una vez que se apruebe el Proyecto de Ley, ¿qué planes o qué plazos tienen? ¿Alguna prioridad? El trabajo que va a realizar el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ¿va a ser en colaboración con la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE)?

Tercera. Saben que la educación es muy importante para la comunidad sorda. Anteriormente hemos tenido muchos problemas. En un futuro, una vez que esta Ley esté aprobada, ¿se va a aprobar la educación bilingüe de manera rápida? ¿Va a haber cambios en la elección de las familias para la educación?

Por último, ¿en el Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción hay plazos de cada año ir incrementando el subtitulado en directo e incluir la lengua de signos en diferentes programas? ¿Se va a cumplir al cien por cien o hasta qué plazo van a dar para hacer un cumplimiento del cien por cien del subtitulado y la lengua de signos?

Sr. Caldera.- En primer lugar, sobre la tramitación del texto legal, de acuerdo con nuestras normas, es preciso en este momento someter a consideración de diversos organismos consultivos este Anteproyecto de Ley: Consejo de Estado y algunos otros organismos.

Habitualmente, el tiempo de evacuación de sus informes no es muy amplio y en este caso, por el alto interés de este texto, esperemos que se haga de modo breve. Yo diría que es posible que en dos o tres meses pudiéramos tener el Proyecto de Ley aprobado y en disposición de enviarlo al Congreso de los Diputados. Luego viene la tramitación parlamentaria. Espero que también esta tramitación parlamentaria sea objeto de consenso --estoy seguro de que va a haber un amplísimo consenso-- y que se tramite con mucha rapidez, porque los derechos de las personas con deficiencias auditivas así lo exigen. Por tanto, voy a poner todo el empeño para que la Ley se apruebe del modo más rápido posible.

Los plazos están establecidos --lo recordará-- en la Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal en sus disposiciones finales quinta a novena. Viene, por tanto, marcado de la anterior legislatura; por cierto, es una Ley del año 2003. Pero quiero también decirle que vamos a acortar esos plazos y, por tanto, en todo aquello que sea posible, desde el punto de vista del uso de los recursos materiales y económicos, avanzaremos al máximo posible y, por supuesto, lo vamos a hacer de acuerdo con la Confederación Estatal de Personas Sordas, claro que sí. Ha sido una parte esencial en la elaboración de este Anteproyecto de Ley.

Por tanto, el máximo de rapidez posible y acuerdo con los representantes de las personas sordas.

La educación bilingüe, sí. La educación bilingüe en aquellos centros que así se decida por parte de las autoridades educativas será inmediata, una vez aprobada la Ley, y se empezará a desarrollar la consecución plena de todos los objetivos de modo paulatino, tal y como establece la Ley que he mencionado. Pero la definición del modelo es inmediata y, una vez que tengamos la Ley, se podrá poner en marcha.

En relación al Centro de Subtitulado, quiero decirle que yo tengo unas enormes esperanzas, enormes, de que los plazos van a ser muy breves. Sabe usted que ya están trabajando en el Centro de Subtitulado, es un trabajo sensacional. Están ya preparando los mecanismos tecnológicos precisos para que pueda haber un subtitulado lo más amplio posible de todos los productos audiovisuales. Hay ya alguna tecnología disponible, que necesita ser perfeccionada, a modo de un codificador para la instalación en los aparatos de televisión y para un alcance lo más amplio posible de estos productos audiovisuales. Desde luego, con aquellos que no son en directo será más fácil y más rápido; pero también aspiramos a que dentro de poco tiempo, yo creo que van a ser muy pocos --voy a decir años--, desde luego, pocos, pocos, años, incluso no demasiados meses, podamos disponer de este instrumento para que incluso las emisiones en directo puedan ser subtituladas y, de este modo, favorecer la integración de las personas que sufran esta discapacidad.

P.- Después de escucharle las últimas afirmaciones respecto al tema de ETA, etcétera, da la sensación de que el Gobierno daría por hecho que a lo largo del proceso o el eventual proceso de paz que vayamos a vivir los próximos meses o años, el PP, aunque ahora muestre una total falta de disposición a sumarse, finalmente se sumaría. Entonces, mi pregunta es: si al final no se suma, ¿el Gobierno seguirá adelante con ese proceso, de un proceso que tiene al final una serie de consecuencias penales, jurídicas, carcelarias, que incluso pueden llegar hasta un próximo Gobierno?

En segundo lugar, en los últimos días se ha especulado mucho sobre la actitud del Gobierno respecto al juez Fernando Grande-Marlasca y el sumario que estaba llevando la Audiencia Nacional, en concreto, contra gente de Batasuna, Díaz Usariaba, etcétera. ¿El Gobierno apoya la actitud de este juez y cómo lo está llevando a cabo?

Vicepresidenta.- En cuanto a lo primero, la verdad es que el Gobierno va a seguir siempre trabajando en la línea que está trabajando: por el consenso, por la paz y por lo que quieren la mayoría de los ciudadanos. Esperamos y deseamos que todo el mundo esté ahí. Creemos que es lo sensato y lo razonable. No vamos a hacer ningún otro tipo de especulación sobre cosas que se pueden producir o no se pueden producir, porque no es razonable. Vamos a seguir trabajando en la misma línea que lo venimos haciendo hasta ahora y como lo hemos hecho siempre: con absoluta lealtad a todas las fuerzas políticas.

Por supuesto que hay un respeto absoluto a la decisión del juez, a su trabajo, a su actuación y a su independencia; me lo han oído una y mil veces. Nada que decir. Hay un proceso judicial, hay un juez que está trabajando y lo que hay que hacer es dejar trabajar al juez. Cuando el proceso judicial y la investigación terminen, en su caso, si es que llega el caso y hay algo que decir, lo diremos. Ésa es una regla elemental del Estado de Derecho, es una regla elemental del funcionamiento y del juego equilibrado de poderes y todo lo que se pueda decir fuera de eso, desde luego, no se corresponde con una actuación del Gobierno.

P.- Una pregunta para la Vicepresidenta. El Presidente del Gobierno anunció que la primera reunión del grupo de trabajo de la Alianza de Civilizaciones tendría lugar en Baleares. ¿Ya se sabe quién va a asistir y dónde se va a celebrar?

Vicepresidenta.- No están completos todos los nombres. Se sabe quién la va a presidir, que usted también lo sabe ya, el señor Mayor Zaragoza, pero falta por completar la lista de los nombres.

Va a ser en Baleares. No le puedo decir todavía exactamente el lugar. Sí le puedo decir que va a ser en noviembre y que está por terminar de perfilar la composición de las personas que lo van a integrar, las fechas exactas y el lugar concreto. Pero va a ser en las Islas Baleares, se lo ratifico.

P.- ¿Qué tiene que decir el Gobierno sobre la designación en la Comisión Nacional de la Energía y para analizar la OPA de Gas Natural sobre Endesa de representantes de grupos políticos catalanes favorables a la culminación de la operación?

Vicepresidenta.- Pues nada. No tiene que decir nada. Es un órgano autónomo e independiente, que tiene sus criterios de funcionamiento, que tiene sus legítimos representantes nombrados todos por el Parlamento y con un estatuto de autonomía y de independencia. El Gobierno no tiene absolutamente nada que decir, porque no tiene nada que ver el Gobierno en quién designa, cómo designa, qué turnos se establecen, ni nada de nada.

Muchas gracias .