Rueda de Prensa

Sr. Cabanillas.- Muy buenos días a todos. El Consejo ha aprobado la remisión a las Cortes Generales de un Proyecto de Ley por el que se concede un crédito extraordinario para el pago de las cantidades derivadas de una sentencia del Tribunal Supremo en la que se reconoce el derecho de los reclamantes a ser indemnizados por los daños ocasionados por la ruptura de la Presa de Tous, acaecida, como recordarán, en el año 1982. El crédito extraordinario asciende a casi cinco millones de euros, es decir, más de ochocientos millones de pesetas.

Igualmente, se ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley reguladora de los Boletines Oficiales de las Provincias que, tras su tramitación parlamentaria, permitirá, entre otras cosas, unificar los Boletines de la Provincia en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma respectiva.

Se ha aprobado, a su vez, la construcción de dos nuevos hospitales, el de "Puerta de Hierro", en Majadahonda, en la provincia de Madrid, y el de Mahón, en Baleares. El presupuesto conjunto de ambos centros supera los 24.000 millones de pesetas.

En el caso del hospital "Puerta de Hierro", la gran complejidad del proyecto y su dilatada ejecución en el tiempo han aconsejado el procedimiento de concurso de proyecto y obra. Se prevé que el hospital cuente con todos los servicios básicos y un número de camas que, incluidas las de unidades especiales, llegue a un total de 740. La superficie a edificar es de casi 120.000 metros cuadrados y el presupuesto total de la licitación, que asciende a 19.000 millones de pesetas, se distribuirá en seis anualidades.

En cuanto a la atención hospitalaria de la isla de Menorca, ante las dificultades que suponía la reforma del edificio existente se ha decidido construir uno nuevo para albergar el Hospital General del área de salud de Menorca. El nuevo hospital, que contará con un total de 120 camas, se construirá en una parcela de más de 55.000 metros cuadrados, ubicada en un lugar próximo a la carretera que une la ciudad de Mahón con el resto de municipios de la Isla.

En el área de Fomento, el Consejo ha autorizado la contratación de las obras de la Variante de Navia, perteneciente a la Autovía del Cantábrico. Esta variante, de siete kilómetros de longitud y con enlaces en Sanabria y Jarrio, tiene un presupuesto de 12.000 millones de pesetas y tendrá un plazo máximo de ejecución de treinta y dos meses.

Se ha autorizado también al Instituto para la Reestructuración de las Comarcas Mineras la firma de tres convenios de colaboración específicos para la financiación de otras tantas actuaciones en las Comunidades Autónomas de Galicia, Cataluña y Aragón, por un importe cuyo total supera los 2.000 millones de pesetas.

En cuanto a Galicia, se trata de inversiones en la carretera de Cerceda-A Silva, por un importe de 570 millones de pesetas, que vienen a unirse a los seis proyectos anteriormente firmados, lo que supone un importe total conjunto de 5.500 millones de pesetas.

En Cataluña la actuación consiste en el acondicionamiento de la carretera C-1412, tramo de Jorba a Copóns, por un importe de 1.350 millones de pesetas que, con las ocho actuaciones firmadas también anteriormente, dan un total cercano a los siete mil millones de pesetas.

La tercera se refiere a inversiones en Aragón, y se trata de la primera de un conjunto importante de 41 proyectos, por un importe de 46 millones de euros, que se encuentran en trámite. La hoy autorizada es una infraestructura ganadera a ejecutar en Escucha que, junto a los 149 proyectos firmados en fechas precedentes, eleva las inversiones del Plan de la Minería en Aragón a 22.624 millones de pesetas.

Se ha aprobado un Real Decreto por el que se establece una nueva estructura de las tarifas de acceso a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica. El cambio de estructura está motivado, por una parte, por la experiencia adquirida desde la liberalización del sector en aplicación de las tarifas de acceso y, por otra, por el adelanto de liberalización del suministro, que contempla que el 1 de enero del año 2003 todos los consumidores serán cualificados. El Real Decreto detalla las condiciones generales de los contratos y fija su duración mínima, los períodos de pago y las causas de suspensión por impagos, garantizando el cumplimiento mínimo de los derechos y deberes en relación con estos contratos a las partes que los suscriban.

También, en relación con un acto que se producirá la semana que viene, y del que daré cuenta a continuación, el Consejo ha aprobado la firma de un convenio de colaboración entre la Administración Central del Estado, la Generalidad de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona para la creación del Consorcio del Plan de Rehabilitación de Teatros de Barcelona. Para tal fin, se ha aprobado un gasto de 200 millones de pesetas con la finalidad de remodelar y adecuar los espacios teatrales privados de la Ciudad Condal.

Asimismo, el Consejo ha aprobado la firma de un Convenio de Colaboración entre el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la Generalidad de Cataluña y la Diputación y el Ayuntamiento de Girona, para la construcción de un Auditorio-Palacio de Congresos en dicha ciudad catalana. El coste del edificio ascenderá a 1.800 millones de pesetas y con este convenio el Ministerio de Educación da cumplimiento a uno de sus principales objetivos en materia cultural, que es el equipamiento de espacios musicales en todo el ámbito estatal. El Auditorio-Palacio de Congresos de Girona dispondrá de una sala para conciertos sinfónicos, una de cámara y otra más especialmente dedicada a congresos.

En el capítulo de nombramientos, se designa Embajador de España en los Emiratos Árabes Unidos a don Fernando de Galainena Rodríguez; Embajador de España en la República de Namibia, a don Francisco Javier Pérez-Griffo y de Vides.

Por último, en relación con las actividades del Presidente del Gobierno desde el día de hoy hasta el 2 de noviembre, esta tarde, a partir de las cinco y media, recibirá consecutivamente en el Hotel Palace a los Presidentes de Albania, Croacia, Ghana, Hungría, Letonia, Lituania, Rumanía y Mozambique, a los Primeros Ministros de la República Checa y de Yugoslavia, y al Presidente de la Antigua República Yugoslava de Macedonia. A las nueve de la noche ofrecerá una cena en el Palacio de La Moncloa a los asistentes a la Conferencia sobre Consolidación y Transición Democráticas.

Mañana, sábado, a las nueve y cuarto de la mañana, celebrará un desayuno de trabajo en el Palacio de La Moncloa con el Presidente de la República Federativa de Brasil, Fernando Henrique Cardono; a las once asistirá, en el Hotel Palace, a la clausura de la Conferencia sobre Consolidación y Transición Democráticas, que será presidida por SS.MM. los Reyes, quienes, a continuación, ofrecerán en el Palacio Real un almuerzo a los asistentes a la Conferencia.

El domingo, día 28, a la una de la tarde, clausurará en Toledo la Convención del Partido Popular de Castilla-La Mancha.

El lunes 29, a las dos y cuarto de la tarde, asistirá, en el Palacio Real, al almuerzo ofrecido por SS.MM. los Reyes al Presidente de Bolivia; y a las siete de ese mismo día recibirá al Presidente de Bolivia, con quien mantendrá una reunión de trabajo, seguida, a las ocho y media, de una conferencia de prensa conjunta y de una cena oficial.

El martes, día 30, a las doce de la mañana, presidirá la inauguración de la sede de la Secretaría de Cooperación Iberoamericana. A las cinco y media de la tarde recibirá al Presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y a las seis y media de ese mismo martes, día 30, recibirá al Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda.

El miércoles, día 31, a las cuatro de la tarde, asistirá a la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso de los Diputados y, a las seis, presidirá, en el Palacio de La Moncloa, la firma del Convenio para la ampliación del Palau de la Música de Barcelona.

El viernes, día 2, a las nueve y media, presidirá la reunión del Consejo de Ministros y, una vez concluido el mismo, viajará a Mallorca para participar en el Foro Formentor.

P.- Quería saber cuál es el análisis que ha hecho el Gobierno del debate de autogobierno que ayer se celebró en el Parlamento Vasco y conocer también su opinión sobre la respuesta que el Portavoz del Gobierno vasco ha dado esta mañana a las palabras del Presidente del Gobierno sobre ese debate. Josu Jon Imaz ha pedido al Presidente del Gobierno que no amenace a la sociedad vasca y dice que esas amenazas demuestran que las posiciones del Gobierno son débiles.

Sr. Cabanillas.- No solamente en lo que se refiere al debate, sino a una serie, como usted bien dice, de manifestaciones que ha habido en los últimos días. Nuevamente se ha buscado, por parte del Gobierno vasco, por parte del Lehendakari, centrar el debate en la autodeterminación, en el soberanismo, en la independencia, como usted le quiera llamar, y no en el terrorismo, que es lo que preocupa, desde luego, a toda la Comunidad Internacional en estos momentos. Así también se ha buscado esquivar, una vez más, lo que el pueblo vasco de hecho determinó en las pasadas elecciones como la máxima prioridad que debía ser del Lehendakari, siendo esa prioridad la defensa de la vida, de los derechos y de las libertades de los ciudadanos.

Esta deriva o este enfoque distinto lo hace, según sus propias manifestaciones o lo que se deriva de ellas, en representación, a nuestro entender, no de todos los vascos, sino únicamente de aquellos que se encuentran en el entorno de los postulados nacionalistas.

Sería de recordar aquí --creo que es muy importante-- que el Lehendakari es servidor de la Constitución y del Estatuto de Guernica, de ambos instrumentos, de donde deriva su legitimidad, como cualquier otro Presidente de Comunidad Autónoma o como puede ser también nuestro caso en el Gobierno.

Pero, en particular, en lo que se refiere al caso de la Constitución y el caso del Estatuto, si algo tenemos claro todos es que se trata de los puntos de encuentro reales de los españoles y también de la sociedad vasca y, frente a ello, de las manifestaciones del Lehendakari vemos otro tipo de política, que es una política, podríamos llamar, de desencuentro, una política de conflicto, una política de victimismo; o, si se quiere, un contrato de adhesión al que se obliga a quienes disienten, es decir, aceptación o exclusión. Ése es el diálogo propuesto por el Lehendakari, a nuestro entender.

Con ello, entre otras cosas, se consigue echar por tierra veintidós años de construcción en común, insisto, escenificando primero ese victimismo que tendría su origen en una hipotética regresión autonómica que no existe, para pasar después a una deslegitimación de esas instituciones y parece también que buscando su posterior o final sustitución o superación.

Resumiendo, le diría que el problema que plantea el Lehendakari es un falso problema. El autogobierno que reclama está garantizado por la Constitución y por el Estatuto, y se ejerce plenamente por parte del Gobierno vasco, como demuestra una simple revisión de sus competencias.

De lo que se trata aquí, y no me cansaré de insistir en ello, es de aclarar si el señor Ibarretxe considera que el Estatuto es el marco de convivencia que se han dado los vascos --y nosotros creemos que sí--, el espacio donde deben defenderse los derechos individuales y colectivos o, sencillamente, si él cree que es un instrumento a superar para alcanzar los objetivos que defienden en exclusiva los grupos nacionalistas y no toda la ciudadanía.

Ese autogobierno, insisto, garantizado por Constitución y Estatuto, admite perfectamente una discusión en materia competencial, y así se ha tendido la mano desde hace ya muchos meses por parte del Gobierno central.

P.- Me gustaría saber qué piensa hacer el Gobierno con la sentencia del Tribunal Supremo sobre la concentración ilegal de la Cadena SER y de Antena 3 Radio, y qué motivos políticos han podido existir para que el Ejecutivo no se haya dado por enterado de la decisión del Tribunal Constitucional de rechazar el recurso de amparo del Grupo Prisa.

Sr. Cabanillas.- A la primera parte de su pregunta, la respuesta es muy sencilla: ejecutarla.

Aquí hemos estado ante un proceso de muchos meses que parte, por ahorrarles la primera etapa o la etapa estrictamente judicial, de una sentencia firme que, como usted conoce, firme en lo que se refiere ya a la notificación a las partes, es de septiembre del año 2000.

Se instó en ese momento la ejecución de la sentencia por parte del Tribunal Supremo; pero se entendió, por un principio de prudencia, creo que a todas luces aplicable al caso y sobre todo respaldado y avalado por práctica jurisprudencial, que, al haberse presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, evidentemente, era, ya digo, por motivos de prudencia, pertinente esperar a que se produjera la resolución por parte del Tribunal Constitucional. De hecho, así se comunicó entonces por parte del Ministerio de Economía al Tribunal Supremo, por qué se hacía y por qué se pensaba así. Porque no solamente era una cuestión de admisión de ese recurso, sino también una cuestión relativa a la suspensión de la sentencia que había sido dictada.

A partir de ahí, ese recurso tiene sus partes y la única parte es, obviamente, la parte recurrente y el Tribunal Constitucional se relaciona o tiene sus comunicaciones con la parte recurrente. Se llega al fallo y ese fallo no tiene por qué comunicarse nada más que al recurrente, como así fue. El Tribunal Constitucional no lo hace ni siquiera al Tribunal Supremo y, desde luego, no lo hace tampoco al Gobierno.

Por tanto, no hemos sido o no fuimos notificados y, conocido el auto, repito lo que le he dicho al principio, se procederá a su ejecución.

P.- Me gustaría saber si el Consejo de Ministros ha estudiado el Anteproyecto de Ley Financiera y, dependiendo de si "sí" o "no", hacerle más preguntas.

Sr. Cabanillas.- Ha habido un informe por parte del Vicepresidente del Gobierno previo al inicio de los procesos internos de estudio, tanto en la Comisión de Subsecretarios, como Comisión Delegada del Gobierno, para su posterior envío al Consejo de Estado. Sí ha habido un informe pero, insisto, daremos cuenta de él cuando ya sea aprobado ese envío al Consejo de Estado.

P.- Me gustaría hacerle un par de preguntas al respecto.

Sr. Cabanillas.- Si me permite, prefiero contestar esas preguntas, o lo haría, en todo caso, el Vicepresidente, cuando ya haya sido aprobado ese informe.

P.- En primer lugar, ayer el Lehendakari Ibarretxe hizo dos alusiones, una a la posible superación del Estatuto y la otra, a su desarrollo. Recientemente ha habido comunicaciones por parte del Gobierno central al Gobierno vasco respecto a la disposición a negociar en torno a siete competencias. ¿El Gobierno estaría dispuesto a avanzar más en el desarrollo del Estatuto vasco para un poco compensar esa exigencia o satisfacer esa exigencia del Lehendakari y no llegar a su superación?

En segundo lugar, me gustaría --quizás sea sólo una curiosidad-- saber qué papel jugó usted, como Director de Desarrollo de la división audiovisual del Grupo Prisa en 1992, cuando se negoció el acuerdo de Unión Radio, y qué sensación le queda cuando, desde este otro lado de la barrera, el Gobierno va a aplicar esta sentencia.

Sr. Cabanillas.- No se trata aquí de satisfacer al Lehendakari sino, sencillamente, de negociar aquello que se debe negociar. Como usted sabe, ha habido una serie de cartas y de comunicaciones de distintos Ministros que culminan, si podemos decirlo así, con una enviada recientemente por parte del Ministro de Administraciones Públicas, en la que se hacía la definición exacta de lo que el Gobierno entiende como cuestiones a tratar, así como de aquéllas que son competencia exclusiva del Estado o de aquéllas que hayan podido ser transferidas con anterioridad.

Por lo tanto, esa definición del territorio de negociación es la que entiende el Gobierno y sobre la que se centrará en sus actuaciones, independientemente de lo que puedan ser después el resultado y el curso de las negociaciones. Pero, insisto, no se trata aquí de satisfacer a nadie, sino de cumplir la Ley y negociar aquello que el Estatuto manda.

En lo que se refiere a su segunda pregunta, permitirá que no la conteste. No creo que sea una cuestión propia de esta comparecencia.

P.- Yo quería saber de qué manera, hasta dónde se pueda explicar, el Gobierno piensa ejecutar esta sentencia; es decir, si puede decirme si, al entender del Gobierno, esta sentencia implica la desconcentración efectiva de esta empresa, es decir, si va a desaparecer o no Unión Radio, cuáles son las consecuencias concretas, y de qué manera la va a ejecutar el Gobierno, en tiempo y en forma.

En segundo lugar, como nos hemos quedado un poco con las ganas de preguntarle a don Rodrigo Rato algunas cosas, quería preguntarle a usted directamente si el Gobierno entiende si esta polémica que ha surgido con respecto a las reglas del juego en la Comisión Gescartera tiene alguna base o no tiene base; es decir, si el Ministro de Economía o el Ministro de Hacienda deben comparecer en igualdad de condiciones con el resto de los comparecientes o cree que en absoluto.

Sr. Cabanillas.- Insisto en lo que ya le he dicho: el procedimiento de ejecución de esa sentencia será el que determine, evidentemente, la propia sentencia y la propia ley aplicable y se centrará, en gran medida, en el Servicio de Defensa a la Competencia, que es el origen de la actuación o el acto que ha sido anulado, que es el del Consejo de Ministros.

En segundo lugar, en lo que se refiere a su pregunta sobre Gescartera y la Comisión al respecto, decirle únicamente que las comparecencias se rigen por lo que se rigen, que es por el Reglamento y por sus precedentes. Los precedentes hacen referencia a que, en el caso de miembros del Gobierno, ése es el formato en el que se deba realizar tal comparecencia y se sigue exactamente lo que se ha hecho siempre.

P.- Volviendo al debate del autogobierno, usted ha hecho un análisis de cómo ve ese debate y tal, pero me gustaría preguntarle que se definiera. ¿Qué actitud va a adoptar el Gobierno, por ejemplo, cuando la Comisión parlamentaria que se va a crear emita unas resoluciones y trate de hacerlas efectivas?

En segundo lugar, por ser tan preciso, ellos hablan de un nuevo Pacto de Estado. ¿Cómo definiría usted ese nuevo Pacto de Estado que ellos proponen y qué actitud va a adoptar el Gobierno ante ese nuevo Pacto de Estado?

Sr. Cabanillas.- Nosotros no definimos ese Pacto de Estado; lo plantean ellos. Sencillamente, aquí existe una Constitución, un Estatuto y un Estado de Derecho que establecen una serie de jerarquías y mecanismos para la resolución de problemas entre Comunidades Autónomas y Gobierno central y, como es natural, nosotros vamos a defender en cualquier momento esa Constitución, los derechos que dimanan de ella, ese Estatuto, las obligaciones que se imponen a las partes y que derivan del mismo y, por supuesto, la normativa general del Estado de Derecho.

P.- El Círculo de Empresarios de Cataluña --creo que se llama así-- ha emitido un informe bastante crítico hablando de temas de infraestructuras, diciendo que todo está muy centrado en Madrid y que sería bueno que Madrid no fuera el centro radial de todo, sino que Barcelona y otras localidades tuvieran una mayor representación y una mayor participación en el Estado; concretamente, en temas de infraestructuras y estas materias. La pregunta tiene algún interés porque, además, el señor Piqué fue Presidente de ese Círculo. ¿Qué opina el Gobierno de este informe?

Sr. Cabanillas.- No sé que relación tendrá con el hecho de que el señor Piqué haya sido presidente, más que la meramente circunstancial. En cualquier caso, respetar todos los informes que se realicen y que contribuyan al buen hacer y al buen planteamiento de los distintos temas.

Obviamente, la posición del Gobierno es distinta y no está de acuerdo con las conclusiones de ese informe. Ustedes mismos en estas comparecencias han ido viendo a lo largo de los últimos meses la enorme, por un lado, descentralización en lo que se refiere a las infraestructuras y a las iniciativas de infraestructuras en España, que también, y por supuesto, afecta en gran medida a la Comunidad de Cataluña. Por lo tanto, no creo que haya ninguna preterición, discriminación o un planteamiento que deje a una o a otra en peor lugar que las demás, sino todo lo contrario.

El objetivo prioritario ha sido precisamente ése: llegar a un gran plan de infraestructuras desde la filosofía de universalidad y del adelanto y de la mejora de las mismas en cada una de las Comunidades Autónomas. De hecho, el propio Ministerio de Fomento ha publicado folletos con respecto a cada una de ellas, a los que me remito porque, realmente, son pruebas ya incontestables.

P.- Esta mañana, en unas declaraciones a Catalunya Radio, el señor Arzalluz ha hecho dos manifestaciones que me gustaría que comentara. Una dice textualmente que "con los socialistas en el Gobierno el conflicto de ETA estaría mucho mejor enfocado" y lamenta --insisto, textualmente-- "que en España no haya un Tony Blair sino un político como Aznar que, desde este punto de vista, más que un político parece un adoquín". Ésta sería una referencia.

La segunda referencia que ha hecho el señor Arzalluz es que existe en el Parlamento vasco una proposición no de ley de Unidad Alavesa en la que propone que se haga una consulta popular sobre la voluntad de los ciudadanos vascos en relación a la disolución de ETA.

Sr. Cabanillas.- No vamos a perder más tiempo en los insultos y descalificaciones que profiere el señor Arzalluz.

En segundo lugar, en lo que sí quiero insistirles es en algo que dije en contestación a la primera pregunta. Yo creo que sería importante, por parte tanto del Partido Nacionalista Vasco, como por parte del Gobierno vasco, que se concentraran en aquello que se está concentrando toda la Comunidad Internacional, en aquello que los propios electores vascos solicitaron de su Gobierno, que es la lucha contra el terrorismo y la defensa de las libertades y la defensa de los derechos y garantías individuales de todos; de todos los vascos, en este caso, y no priorizar otro tipo de debate o sentir quizás que, por el hecho de que hoy día todo el mundo está concentrado en otra cosa, parezca que se ha perdido atención en lo que a ellos verdaderamente les gustaría discutir.

P.- Me gustaría que nos confirmara si es cierto que el Gobierno está pensando en aparcar lo de incluir en la lista de organizaciones afines al terrorismo a organizaciones como Batasuna, etcétera, por la complejidad jurídica de ello.

En segundo lugar, ¿cómo va a afectar este nuevo pulso entre el Gobierno vasco y el Gobierno central a la negociación del Cupo?

Sr. Cabanillas.- Los pulsos son cosa de dos. Por mucho que se plantee, el Gobierno central, como usted dice, tiene las ideas muy claras. Nosotros negociamos y queremos negociar el Cupo. Creemos que es un elemento absolutamente básico, sino el capital, en lo que es la estructura del Estatuto de Guernica. Hemos puesto encima de la mesa cuál es nuestra postura, nuestra voluntad de diálogo y de negociación.

Por lo tanto, a partir de ahí, si lo que se recibe como contestación en algunos casos son posturas forzadamente victimistas, creo que no se avanza mucho. Yo creo que lo importante es concentrarse en lo que hay que hacer, que cauces hay para ello, y no necesita ninguno nuevo ser establecido.

En lo que se refiere a las listas, ha utilizado usted la palabra "aparcar". Si hay algo que ha tenido claro este Gobierno como prioridad es precisamente ésa: la lucha contra el terrorismo, y vamos a seguir en ello. Vamos a seguir en ello con todos los medios que nos otorga el Estado de Derecho, ya sea a nivel nacional, como a nivel internacional.

Nosotros iremos siempre contra quien mata, contra quien apoya al que mata y contra quien financia al que mata. Evidentemente, insisto, lo haremos desde el respeto a lo que son las leyes y los procedimientos en democracia, y seguiremos estudiando cuáles serán las mejores medidas a adoptar en ese contexto. No le quepa la menor duda de que, en ese sentido, no hay la más mínima variación, ni la va a haber.

P.- Muy brevemente, al hilo de lo que acaba de contestar. ¿Está en estudio la ilegalización de Batasuna?

Sr. Cabanillas.- Le repito lo que acabo de decir: nosotros luchamos contra el que mata y el que apoya al que mata, ya sea financieramente o de otra forma, y lo haremos siempre por los medios del Estado de Derecho. Estamos estudiando eso y, como dijo el Presidente no hace mucho, nada se excluye.

Muchas gracias.