Rueda de Prensa

Sr. Cabanillas.- Muy buenos días a todos. El Consejo ha conocido hoy un informe sobre el Anteproyecto de la Ley Financiera, Anteproyecto que ha sido remitido para su correspondiente dictamen al Consejo de Estado. Para darnos cuenta de su contenido nos acompaña el Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía, don Rodrigo Rato. También está con nosotros el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, don Juan Carlos Aparicio, que nos detallará el contenido del Real Decreto, también aprobado hoy, que regula las prestaciones económicas del sistema de Seguridad Social por maternidad y riesgo durante el embarazo. Y permítanme a mí que resalte otras cuestiones que también han sido tratadas y aprobadas en el Consejo del día de hoy.

En primer lugar, el Consejo ha aprobado la creación de la Fundación Víctimas del Terrorismo, con el fin de reconocer a dichas víctimas el reconocimiento y atención que la sociedad española reclama, en la medida en que son ellas quienes más directamente sufren las consecuencias de los atentados terroristas. Su creación ha sido decidida por el Gobierno en cumplimiento del compromiso adoptado por el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español en el Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo suscrito el 12 de diciembre del año 2000.

La Fundación tendrá, entre otros, los siguientes fines: promover y divulgar los valores democráticos, la defensa de los derechos humanos y la pluralidad y libertad de los ciudadanos; fomentar en todos los ámbitos una mejor comprensión de la situación del colectivo de Víctimas del Terrorismo; prestar la ayuda necesaria en su vertiente asistencial a las víctimas y a sus familias; impulsar becas y promover intercambios culturales, y crear un fondo cultural de carácter permanente en memoria de las víctimas.

La Fundación tendrá carácter estatal, pues, aunque en los últimos años se ha creado un buen número de fundaciones y asociaciones de origen privado, que, desde luego, gozan de un amplio reconocimiento social, resulta indispensable la acción del Estado en esta materia para coordinar los esfuerzos y darles una mayor amplitud y efectividad.

Esta Fundación contará también con la participación de las empresas del sector privado que deseen colaborar activamente en el cumplimiento de los fines previstos y dará el carácter de "fundadores" a aquellas asociaciones y fundaciones cuyos fines sean análogos.

En segundo lugar, y en el área de Defensa, el Consejo ha decidido enviar al Parlamento para su discusión por el trámite de urgencia los dos Proyectos de Ley por los que regula el nuevo Centro Nacional de Inteligencia y su control judicial y parlamentario, después de cumplimentar las observaciones de los dos órganos consultivos (Consejo de Estado y Consejo General del Poder Judicial), que han emitido sus informes favorables. Tanto uno como otro destacan la plena constitucionalidad de los dos textos legales.

La actual regulación del CESID estaba contenida en una pluralidad de disposiciones, ninguna de ellas de rango legal, que han supuesto un esfuerzo de adecuación de las estructuras y funcionamiento del CNI a los nuevos requerimientos de la sociedad y del Estado. Ahora se establece una regulación unitaria y sistemática, con el rango legal apropiado, a la luz de la Constitución. Los criterios que se han seguido para adecuar las estructuras y el funcionamiento a los nuevos requerimientos de la sociedad y del Estado son: el sometimiento al ordenamiento jurídico, como es natural; el establecimiento de los controles parlamentario y judicial, y la eficacia de su funcionamiento.

El Centro continuará adscrito al Ministerio de Defensa y funcionará bajo el principio de coordinación con los demás servicios de información del Estado español. A estos efectos se crea la Comisión Delegada del Gobierno para la Inteligencia del Estado, presidida por el Vicepresidente Primero del Gobierno e integrada por el Ministro de Asuntos Exteriores, el Ministro de Defensa, el Ministro del Interior, el Vicepresidente Segundo y Ministro de Economía, el Secretario General de Presidencia, el Secretario de Estado de Seguridad y el Secretario de Estado Director del Centro.

El Proyecto de Ley incluye aquellos aspectos de la regulación del Centro que, conforme a la Constitución, no están reservados a Ley Orgánica y es en la Ley Orgánica complementaria donde se aborda el control previo de las actividades del Centro.

Para todas las actividades del mismo que puedan afectar a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones se exige autorización judicial previa, que será estudiada y, en su caso, autorizada por un Magistrado del Tribunal Supremo elegido a tal efecto. A este Magistrado, que será elegido por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta de su Presidente, se le exige una experiencia mínima de tres años, al igual que ocurre con los Presidentes de Sala del Tribunal Supremo. El Magistrado será el encargado de acordar o no la autorización judicial necesaria en un plazo que ordinariamente será de setenta y dos horas, pudiendo reducirse de forma extraordinaria y por motivos de urgencia debidamente justificados a veinticuatro horas. Será el propio Director del Centro quien solicite al Magistrado competente las autorizaciones que afecten al inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones.

Siguiendo en el área de Defensa, el Consejo ha aprobado también un Real Decreto por el que se concede la Medalla del Ejército, con carácter colectivo, a la Fuerza de Maniobra del Ejército de Tierra. Ustedes saben que la Medalla del Ejército se concede con carácter muy excepcional y tiene por objeto recompensar a quienes en tiempo de paz realicen hechos que supongan valor destacado, unidos a virtudes militares y profesionales sobresalientes, todo lo que coincide en la Fuerza de Maniobra.

A este respecto, precisamente hoy en el Consejo de ha nombrado General Jefe de esta Fuerza de Maniobra del Ejército al Teniente General don Juan Ortuño Such, quien en su dilatada y brillante carrera ha ejercido, entre otros, el mando de Eurofor y viene siendo desde septiembre del año 1999 Comandante del Cuerpo de Ejército europeo.

En cuanto a grandes obras públicas de titularidad estatal, dependientes del Ministerio de Fomento, el Consejo ha autorizado el contrato de las obras de plataforma del tramo Estación Boca Norte-Túnel de Gobantes, en la provincia de Málaga, de la línea de Alta Velocidad Córdoba-Málaga. El presupuesto es de 3.800 millones de pesetas y tiene un plazo de ejecución de dieciocho meses. Con éste son ya 118 kilómetros los que están en marcha en un año únicamente, de los 155 en que consiste esta línea.

En Economía, el Consejo ha autorizado al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón la firma de trece convenios de colaboración específicos para la financiación de otras tantas actuaciones en las Comunidades Autónomas de Aragón y Galicia, por un importe que supera los 3.000 millones de pesetas. Las inversiones que estos convenios suponen se concretan, en cuanto a Galicia, en As Pontes de García Rodríguez y con éste de hoy, que hace el número ocho, Galicia habrá entonces recibido ya para la Reestructuración de la Minería más de 5.600 millones; y, en cuanto a Aragón, once de los convenios autorizados esta mañana beneficiarán a la provincia de Teruel y uno más a la de Zaragoza. La suma de este tipo de inversiones en la Comunidad Autónoma de Aragón, con un total hasta el momento de 162 proyectos, se eleva ya a 25.500 millones de pesetas.

En Medio Ambiente se ha autorizado un Convenio de Colaboración por el que dicho Ministerio invertirá 544 millones de pesetas para la recuperación de suelos contaminados en la Comunidad Autónoma de Galicia.

Por último, en lo que se refiere a las actividades del Presidente del Gobierno desde el lunes, día 19, al 24 de noviembre, el lunes viajará a Huelva donde, a mediodía, inaugurará con el Primer Ministro de Portugal, Antonio Guterres, la Autopista Huelva-Frontera Vila Real de San Antonio. Tras almorzar con el Primer Ministro luso, emprenderá viaje de regreso a Madrid.

El martes, día 20, viajará a México para asistir, el miércoles, día 21, a la reunión de líderes de la Internacional Demócrata Cristiana y el jueves, día 22, a la inauguración del Foro México-Unión Europea, organizado por la Fundación Euroamérica. A mediodía del jueves viajará a Lima para participar, el viernes, día 23, en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se prolongará hasta la tarde del sábado, día 24, en la que iniciará viaje de regreso a Madrid.

El Consejo de Ministros tendrá lugar, como es costumbre, el viernes a las nueve y media, y será presidido esta vez por el Vicepresidente Primero del Gobierno.

Vicepresidente.- Como ha informado el Ministro Portavoz, el Gobierno ha acordado remitir al Consejo de Estado el Anteproyecto de Ley Financiera. Quisiera decirles que éste es un instrumento que utilizan también otros países, principalmente Alemania, para periódicamente revisar y ampliar la situación de regulación del sistema financiero y de los mercados de capitales que, como saben ustedes muy bien, suponen, junto con la consolidación presupuestaria, los ejes básicos de la política financiera del Gobierno de Partido Popular desde el año 1996.

En ese sentido, es indudable que, no sólo desde el punto de vista de la legislación comunitaria, que también, ya que este Proyecto de Ley incorpora cuatro Directivas, sino también desde el punto de vista de la transformación de los mercados de capitales a nivel español y a nivel europeo, estamos en una fase de profundo cambio a la cual pretende responder el número de asuntos que se incorporan a nuestra legislación a través de esta Ley Financiera.

En ese sentido, tanto la Sociedad de la Información en los últimos años, como el proceso creciente de desintermediación financiera y, por tanto, de acceso directo al mercado de capitales por parte de las empresas, y también en un proceso que además será aún especial protagonista de la Presidencia española de la Unión Europea, el proceso de integración financiera de la propia Unión Europea, aconsejan al Gobierno remitir este Proyecto al Parlamento, después de su trámite por el Consejo de Estado, al objeto de aumentar la eficiencia desde el punto de vista de los mercados, y sobre todo de la industria financiera española, de impulsar todavía una mayor protección de los clientes de los servicios financieros, y, desde el punto de vista de las empresas, de mejorar las condiciones de financiación de las Pymes en nuestros mercados de capitales y su acceso a los mercados de capitales europeos.

En ese sentido, las principales medidas van orientadas a una mejora de la eficiencia, de la competitividad, de la financiación de las Pymes y de medidas protectoras para los clientes en su faceta de consumidores de los servicios financieros.

En una primera parte de modificaciones se modifica la actual situación de los sistemas de compensación y liquidación de valores, que son, probablemente, el coste más importante en que incurren los intermediarios financieros, y se reduce el actual sistema de siete sistemas de compensación y liquidación a uno sólo, a una sola sociedad, que aglutine y permita la aparición de economías de escala entre todos los actuales agentes y, por lo tanto, una considerable reducción de costes.

Los accionistas que puedan pertenecer a esta sociedad, que se ocupará de la compensación y liquidación de valores, seguirán el proceso, que ya comenzamos en las Bolsas, de desmutualización. Al mismo tiempo, requerirá esta sociedad la autorización previa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores para que instituciones no residentes puedan acceder al capital de esta sociedad y la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores, es decir, el regulador, será quien apruebe los estatutos y sus modificaciones. Esta sociedad de compensación y liquidación quedará sujeta a la supervisión del regulador, es decir, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

La sociedad de compensación y liquidación se regirá por un reglamento, que aprobará el Ministerio de Economía, previo informe de los dos reguladores financieros, Banco de España y Comisión Nacional del Mercado de Valores, y el Gobierno podrá regular criterios relativos a las tarifas que se carguen por la sociedad de liquidación.

También se incorpora la posibilidad de la creación de una o varias entidades de contrapartida central. Éstas son entidades de naturaleza financiera que actúan por cuenta propia y aseguran que las operaciones contratadas en los mercados de valores se liquidan y, por lo tanto, asumen el riesgo de contrapartida.

La creación de esta sociedad o sociedades requerirá la autorización del Ministerio de Economía, a propuesta de la Comisión y previo informe del Banco de España. Tendrán un reglamento que aprobará el Ministerio de Economía, también a propuesta de la Comisión y del Banco de España, en este caso, y con un contenido mínimo que recoge esta Ley; y la supervisión de ésta o de estas entidades de contrapartida central la realizarán ambos reguladores de los mercados financieros, es decir, la Comisión y el Banco de España. Podrán establecerse convenios con entidades análogas extranjeras y la participación de estas entidades de contrapartida central en el accionariado de otras entidades análogas en otros países, y viceversa.

Se lleva a cabo también en el Anteproyecto de Ley la apertura de los mercados españoles, facilitando las fusiones y alianzas entere mercados españoles y extranjeros, facilitando también la posibilidad de mercados secundarios oficiales de futuros en España que creen alianzas con otras plazas europeas y el intercambio de información con autoridades reguladoras de terceros países.

Se flexibilizan algunos regímenes de garantías, como es el caso de la gestión de Tesorería pública, es decir, la utilización de los excedentes de Tesorería del Tesoro; las operaciones de política monetaria de los Bancos Centrales de la UE, estableciendo una regulación específica aplicable a las garantías que se constituyen a favor del Banco de España, o del Banco Central Europeo, o de los restantes Bancos Centrales nacionales, en la ejecución de la política monetaria, como consecuencia de una política monetaria europea, y también se extienden los regímenes de garantías que se aplican en este momento a las operaciones financieras en España a las nuevas operaciones más complejas, como los derivados y los "Swaps".

Se establece en nuestro país por primera vez la existencia de cédulas territoriales, que son valores que podrán emitir las entidades de crédito y con los que podrán refinanciar los créditos que den a las Administraciones Territoriales. En estos momentos estas operaciones se pueden realizar en países como Alemania, Francia, Irlanda y Luxemburgo, lo cual lleva a que determinadas refinanciaciones de créditos dados a nuestros Ayuntamientos y a nuestras Comunidades Autónomas se puedan realizar en otros mercados financieros que no sea el español. A partir de la aprobación de esta Ley por el Parlamento, se podrán realizar también en España. Estos valores tienen un atractivo importante, ya que suponen un derecho preferente; pero, en cualquier caso, la regulación de este derecho se adaptará a la nueva Ley Concursal que va a debatir el Parlamento.

Desde el punto de vista de la financiación de las pequeñas y medianas empresas y su acceso a los mercados de capitales, se introduce un nuevo mecanismo, yo creo que muy importante, de financiación que permite que las pequeñas y medianas empresas que sean clientes de las Administraciones Públicas puedan ceder a las entidades de crédito sus cuentas de clientes frente a dichas Administraciones y, por lo tanto, obtener una financiación más rápida y, por lo tanto, más barata.

Se introducen también medidas para abaratar el crédito que se concede a las pequeñas y medianas empresas, permitiendo refinanciar estos créditos en base a las garantías y, concretamente, permitir ceder préstamos hipotecarios a los fondos de titulización de activos en condiciones más flexibles que las actuales. Y también se va a flexibilizar el régimen de las entidades de capital-riesgo para permitir una mayor actividad y una más amplia presencia.

En la innovación tecnológica, para la incorporación de las nuevas tecnologías al sistema financiero se habilita al Ministerio de Economía para regular las especialidades de la contratación electrónica de los servicios financieros; en segundo lugar, se regula, por primera vez en nuestro país, el dinero electrónico, cuya implantación impulsará significativamente el comercio electrónico, que fue objeto de una regulación hace muy pocas semanas, como ustedes recordarán; y la emisión de dinero electrónico corresponderá a entidades especializadas de dinero electrónico, que tendrán consideración de las entidades de crédito y, por lo tanto, estarán sometidas a la inspección y regulación del Banco de España.

Desde el punto de vista de los consumidores y de la protección a los consumidores, se establece la obligación de que todas las entidades financieras cuenten con un Defensor del Cliente y, al mismo tiempo, se crea la figura de tres Comisionados en defensa de los consumidores: el Defensor del Ahorrador, del Inversor y del Asegurado, que tendrán adscritos los servicios de reclamaciones del Banco de España, la CNMV y la Dirección General de Seguros, al objeto de que le presten un soporte técnico a los comisionados y también les den un respaldo administrativo a sus funciones. Para facilitar el acceso de los ciudadanos a estas figuras de cualquier queja o reclamación en los tres reguladores, se establecerá una ventanilla única, de manera que indistintamente donde se presente la reclamación se tramitará internamente a cualquiera de los tres Comisionados en los tres reguladores.

Desde el punto de vista de la transparencia, se establece la obligación, para las entidades emisoras de valores, de hacer públicas las operaciones vinculadas, es decir, las transacciones realizadas por una entidad dominante y su grupo con los accionistas significativos, con los directivos y con personas controladas o vinculadas a aquéllos; y se profundiza la definición de abuso de mercado a través de dos ejes: la reforma del régimen de información relevante, que debe comunicarse al mercado, y el fortalecimiento de la regulación sobre medidas de prevención y represión del uso de la información privilegiada y de la manipulación del mercado.

Otras medidas que se incorporan a la Ley Financiera son las de ampliar las posibilidades del préstamo de valores por las instituciones de inversión colectiva, para que puedan realizarse prestamos bilaterales, además de los multilaterales ya previstos; se introducen nuevos ilícitos específicos referidos a la ausencia de estructuras empresariales adecuadas en el sistema financiero, concretamente en la prestación de servicios bancarios; se reforma el régimen jurídico del establecimiento de cambio de moneda; se penaliza el uso indebido de denominaciones reservadas en el ámbito del Mercado de Valores, y se reforma y actualiza el régimen jurídico de la central de información de riesgos.

Además, se flexibiliza el régimen de cooperativas de crédito para que puedan competir de manera más eficiente y efectiva con las Cajas y con los Bancos; se actualizan los regímenes sancionadores aplicables a entidades de crédito y aseguradoras, y, en el ámbito asegurador, se reforma el régimen del Consorcio de Compensación de Seguros, que asumirá, a partir de ahora, las funciones y el personal de la Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras, que desaparece.

Con respecto a las decisiones aprobadas por el Parlamento respecto a la Comisión de Investigación Gescartera, se incorporan ya a esta Ley algunas de las medidas que ha recomendado el Parlamento. La primera es establecer, por un lado, que los reguladores tendrán que incorporar a sus memorias anuales una inspección periódica --por tanto, anual-- sobre la seguridad y garantías de sus procedimientos de actuación, que encargarán a sus inspecciones de los servicios. En segundo lugar, también se establece, en un plazo de tres meses desde la aprobación de la Ley, la necesidad de que los tres reguladores establezcan un convenio de colaboración y homogeneización de sus sistemas de inspección. En tercer lugar, se incorpora la medida planteada por los Grupos Parlamentarios de que el Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, al igual que los del resto de los órganos reguladores, deberá ser presentado en la Comisión parlamentaria correspondiente antes de su nombramiento por parte del Gobierno.

Se considera que las exigencias de honorabilidad empresarial y profesional que se plantean en la Ley para los representantes legales de las agencias de valores y gestoras deberán también incluirse al resto de los apoderados generales. Se regulan los sistemas alternativos, garantizando la supervisión de éstos por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Con respecto a las instituciones de inversión colectiva, se refuerza la figura del depositario, exigiéndoles la adhesión a los sistemas de compensación, liquidación y registro de los diferentes mercados. También se amplía la necesidad de publicar las sanciones para las sanciones graves, además de las muy graves, que ya estaban incluidas en la Ley, y, además, se establece un registro en la Comisión Nacional del Mercado de Valores donde consten las infracciones cometidas en los últimos cinco años que tengan carácter público. Se habilita también a los supervisores para regular los códigos de conducta para las inversiones de las entidades sin ánimo de lucro.

También la Comisión Nacional del Mercado de Valores tendrá la capacidad de aprobar un reglamento de funcionamiento interno, como el que tienen el Banco de España y la Comisión Nacional de la Energía. Durante el año 2002 se amplían las posibilidades de contratación del personal de la CNMV por encima de la tasa de reposición y se implica a los Fondos de Garantía de Depósitos en la asunción de los costes que implica la retroactividad que establece la última reforma de la Ley del Mercado de Valores de finales de 1998.

Desde el punto de vista de las empresas de servicios financieros, se limitarán al máximo las operaciones de efectivo de estas empresas, para que estas mismas empresas se dediquen específicamente a las funciones que les son propias en el Mercado de Valores. Se reforman también las normas relativas a información de valores que inviertan en Fondos de Inversión cuando estén depositados en entidades del mismo grupo económico que la gestora. Se plantean modificaciones técnicas desde el punto de vista de la auditoría y también se establece una nueva norma técnica de auditoría sobre empresas de servicios de inversión específica, estableciendo determinadas condiciones que afectan a las sociedades de inversión.

Éstas serían las principales modificaciones, algunas de las cuales se incorporarán a otros textos legislativos, como la Ley de Presupuestos o la Ley de Medidas. La mayor parte formarán parte del texto de esta Ley Financiera, y algunas no requerirán rango de Ley y se realizarán por otras normas de inferior rango, como son las que se refieren a las normas técnicas de auditoría que he mencionado. Por lo tanto, éstas son las principales novedades.

Sr. Aparicio.- Cambiando bastante de tema y materia, se ha aprobado hoy un Real Decreto que supone el desarrollo de la Ley de Conciliación de la vida familiar y laboral y que tiene como notas fundamentales, en unos casos, la ampliación de los colectivos a los que va dirigidos este tipo de prestaciones y las situaciones laborales asociadas a la maternidad, y también, por qué no decirlo, una mejora a través, especialmente, de la flexibilización de este tipo de prestaciones.

Sin duda ninguna, la novedad más importante puede ser la introducción del trabajo a tiempo parcial también en los permisos asociados a la maternidad. En este caso, para hacerlo gráfico, se permitiría que las dieciséis semanas que están establecidas como tiempo de descanso puedan, salvando siempre, eso sí, las seis semanas de reposo biológico obligado, disfrutarlas a tiempo parcial; esto es, traducir las diez semanas restantes en veinte semanas si fuese a media jornada. También en esta línea de flexibilidad y de compartir responsabilidades por parte del padre y de la madre, permitiría también una transferencia de parte de este tiempo. Dicho de otra manera, es posible compartir de una manera más flexible, y también en tiempo parcial, por parte del padre y la madre los permisos asociados, llegándose --siempre salvando esas seis semanas de reposo biológico-- a que pudieran establecerse, también siempre por la vía de ejemplo, turnos de mañana y de tarde por parte del padre y de la madre para atender al recién nacido.

Asimismo, se equiparan las prestaciones, especialmente las asociadas a situaciones múltiples de nacimiento biológico, a los casos de adopción y de acogimiento, que entendemos que merecen en este caso un igual trato, sobre todo, porque están teniendo una presencia cada vez más importante en la propia sociedad española.

Se amplían también las prestaciones de maternidad, evitando cualquier discriminación o diferencia de trato, a colectivos que antes no tenían esta equiparación. Lo subrayo porque la principal novedad es la plena equiparación de las trabajadoras autónomas, de las trabajadoras por cuenta propia, a las prestaciones y a los tiempos de descanso establecidos con carácter previo para el régimen general. También se amplía al colectivo o al grupo de empleadas de hogar.

Se crea, igualmente, un régimen de transferencia, de cesión, de derechos entre el padre y la madre; y hablo de derechos y, naturalmente, de obligaciones en este caso. Cabe la posibilidad de que, si la madre no tiene los períodos mínimos de cotización exigibles y el padre sí cumple esos períodos de cotización, pueda ceder esos derechos o constituirse ese derecho a partir de la cotización producida por el padre. De igual manera, parte del descanso y parte de las prestaciones pueden ser transferidas, siempre con el respeto a esas seis semanas de reposo biológico, desde la madre hasta el padre. Si cambiasen las circunstancias por enfermedad, por accidente o por cualquier otro motivo, las recuperaría, volverían a estar a disposición de la madre.

También se corrige una ineficiencia que era que, cuando se producía una situación de excedencia, especialmente por cuidado de personas mayores, de personas dependientes, y durante esa excedencia había una situación de maternidad, en la etapa anterior no existía la posibilidad de percibir las prestaciones correspondientes a la maternidad. En orden a potenciar también este tipo de atenciones familiares, se permite considerar situación equiparada al alta la situación de excedencia por cuidado de personas mayores o para atender, naturalmente, a otro hijo que pudiera requerir esa asistencia.

Como verán, se trata de la primera aplicación directa y práctica del Plan Integral de Familia y, en este caso, de un desarrollo coherente con lo que fue ya la Ley de Conciliación de Vida Familiar y Laboral de noviembre del año 1999.

P.- Quería preguntar al Vicepresidente y Ministro de Economía si cree que con estas normas se dificulta o se imposibilita que vuelvan a producirse nuevos sucesos como los de AVA o Gescartera.

También quería preguntarle si la Ley Financiera podría incorporar las cuotas participativas de Cajas de Ahorro vía de enmiendas o si el Gobierno no cree necesario que tengan que ser reformadas estas instituciones.

Quería aprovechar para preguntarle al Ministro de Trabajo si sigue manteniendo la fecha del 1 de diciembre para que el pacto sobre rentas esté concluido; si no está, ¿qué pasará?, y si el Gobierno es partidario de que desaparezca la cláusula de revisión salarial de los convenios para no indiciar la economía.

Vicepresidente.- Desde el punto de vista de las actuaciones presuntamente delictivas de personas que abusan de los clientes, de los ciudadanos, de las Administraciones, y las engañan, como es natural, no hay ninguna ley que pueda evitar que se puedan plantear actuaciones de ese tipo. Lo que sí pueden hacer las leyes es hacer que las autoridades tengan instrumentos más precisos para detectar esas actuaciones. Al fin y al cabo, la responsabilidad de las estafas y de los engaños está en los que estafan y los que engañan, y creo que ése es un hecho que no debemos de perder de vista.

Esta Ley yo creo que da pasos importantes en la modernización de nuestros sistemas de regulación del mercado de capitales y quiero recordar, además, que las únicas modificaciones planteadas de la Ley del año 1988 se han realizado por parte del Gobierno del Partido Popular. Otra cosa es que eso tenga sentido, en el sentido de que habían transcurrido ya muchos años.

Quiero también insistir en que, desde el punto de vista del regulador, creo que la armonización y homogenización de sistemas de supervisión es algo cada vez más importante, habida cuenta de que, por ejemplo, los Fondos de Pensiones van a tener un papel cada vez más relevante, desde el punto de vista de su volumen y su importancia, en el mercado financiero y eso involucra a la Dirección General de Seguros.

Creo que la experiencia del Banco de España y de la Comisión Nacional de la Energía de dotarse de un reglamento interno es muy saludable; como creo también que la obligación que van a tener los reguladores, no sólo los financieros, sino todos los demás, de informar en sus memorias anuales de auditorías internas sobre sus sistemas y sus procedimientos internos puede ser un elemento que permita al Parlamento y a la opinión pública también exigir cada vez una mayor eficiencia.

Desde el punto de vista técnico, creo que las medidas que se toman con respecto a las auditorías, a los auditores, y la necesidad de establecer normas específicas sobre las sociedades que actúan en el Mercado de Valores y también las definiciones de cuestiones técnicas, como los tratamientos de las incertidumbres en las auditorías, son cuestiones que sin duda mejoran nuestra legislación.

En su conjunto, creo que se da un paso importante, no sólo en las medidas que se derivan de la Comisión de Investigación, sino en todas las anteriores que he mencionado, que, por un lado, permiten a nuestro mercado de capitales y a nuestros mercados financieros utilizar instrumentos tecnológicos e instrumentos financieros los más sofisticados que hay en este momento en el resto de los países europeos y en el resto del mundo; por otro lado, permiten aumentar las garantías de los usuarios a través de fórmulas de mayor transparencia, mayor responsabilidad, pero también de instrumentos administrativos, como los Comisionados y los Defensores de los Clientes; y también se establecen normas muy importantes que perfeccionan nuestros sistemas de control de la información privilegiada y de la manipulación de mercados.

En cuanto a las cuotas participativas o cualquier otra cuestión que los Grupos Parlamentarios quieran presentar por enmienda, como sabe muy bien, el Gobierno no puede limitar la capacidad legislativa del Parlamento; por lo menos en un sistema democrático. Por lo tanto, en ese sentido es obvio que los Grupos Parlamentarios pueden presentar las enmiendas en lo que les parezca conveniente.

En cuanto a una modificación de la Ley Orgánica de Régimen Jurídico de las Cajas de Ahorros, ésa fue una ley de hace bastantes años, que se llevó a cabo con un cierto consenso político; es también una competencia que tienen en sus Estatutos las Comunidades Autónomas y el Gobierno entiende que cualquier modificación tendría que contar con un consenso político importante. Pero, en cualquier caso, los Grupos Parlamentarios, vuelvo a repetir, tienen más que capacidad para tomar sus propias decisiones e incorporarlas a las leyes que se tramitan en el Parlamento.

Sr. Aparicio.- En lo que concierne al acuerdo social y a las conversaciones que se están produciendo, no puedo añadirle nada distinto a lo que ya dije hace exactamente una semana en este mismo lugar. Yo creo que entre las obligaciones que tiene el Ministro de Trabajo también está la de intentar, no solamente preservar, sino estimular un proceso que, por las noticias que vamos teniendo y por las declaraciones de los propios agentes sociales, se está desarrollando de una manera positiva.

Naturalmente, yo creo que los agentes sociales son también plenamente conscientes de la necesidad de actuar con prontitud, puesto que estamos hablando de un acuerdo que debería afectar al próximo ejercicio, al año 2002; al menos, al año 2002. Y yo creo que también los agentes sociales son conscientes de la necesidad de que esos contenidos respondan, no solamente a unas expectativas importantes por parte de la sociedad, sino a ese ofrecimiento del que fuimos testigos, y en este caso receptores, tanto el señor Vicepresidente como yo mismo.

No quiero añadir, desde ese punto de vista, ningún dato que pudiera dificultar o enturbiar lo que está siendo un proceso que, en los signos que podemos conocer, es un procedimiento positivo.

P.- ¿Y sobre las cláusulas de revisión?

Sr. Aparicio.- Sí hemos expresado nuestra preocupación varias veces de que se trasladen efectos indeseados de unos ejercicios a otros y que, desde luego, no sea el Índice de Precios al Consumo la referencia ni única ni esencial de la evolución de los salarios. Los salarios tienen que responder a las circunstancias de entorno, a la propia capacidad productiva de las empresas y tienen que, de alguna manera, evitar el traslado o la exportación de inflación de años en los que puede ser asumible esa inflación a años en los que, a lo mejor, lo que hace esa inflación es agravar aún más o dificultar aún más la creación de empleo.

Por eso entendemos que es un tema que, desde luego, debe tratarse, en cualquier caso, con la máxima --y aquí subrayo la máxima-- prudencia, con el máximo cuidado, para evitar que se convierta en un elemento de deterioro del empleo.

P.- Tengo dos preguntas sobre la Ley Financiera. En primer lugar, quiero saber si va a incluir algún punto que obligue al Fondo de Garantía de Depósitos a aportar parte de sus fondos al Fondo de Garantía de Inversiones para cubrir los quebrantos de AVA y Gescartera.

En segundo lugar, si va a incluir las propuestas legislativas del dictamen de la Comisión Gescartera.

Vicepresidente.- Efectivamente, la Ley prevé que el efecto retroactivo establecido por la modificación del año 1998 de la Ley de reforma de la propia Ley del Mercado de Valores... Como usted sabe, algunos Grupos Parlamentarios, no el del Partido Popular, establecieron la retroactividad de la Ley en el caso del Fondo de Garantía de los Inversores.

El Gobierno ha regulado por Real Decreto cómo se aplicaría ese Reglamento, qué características tendría y a quién podrían beneficiar estos efectos retroactivos y, habida cuenta que una parte importante de los agentes que actúan en el mercado de capitales están vinculados a entidades financieras que ya aportan al Fondo de Garantía de Depósitos, al Gobierno le parece que debe haber una vinculación entre ambos Fondos y la establece en la Ley de Medidas, para que entrara en vigor el 1 de enero del año 2002, en cualquier caso.

En cuanto a las modificaciones que ha recomendado el dictamen de la Comisión de Investigación, yo creo que se recogen todas en la Ley Financiera o en medidas que irán en otras normas que no tengan rango legal.

P.- Quería hacerle al señor Rato varias preguntas. Una es si ustedes creen, después del "caso Gescartera" y del Pleno de ayer, que han ganado la batalla de la opinión pública, porque supongo que ustedes creen que el debate político ya lo han ganado frente a la oposición. Entonces, quería saber si era a la opinión pública a la que también consideran ganada.

En segundo lugar, ¿cómo se justifica el aumento del impuesto de carburantes cuando la última medida fiscal aprobada hace un poco más de un mes suponía, de hecho, la rebaja de ese impuesto?

En tercer lugar, usted conoce hace muchos años al señor Cascos y quiero saber si usted comparte lo que él pide para el congreso del partido, por qué cree usted que lo hace en este momento y si cree que esto puede suponer un perjuicio para el partido en el Congreso; si puede ser un revulsivo o puede ser negativo.

Vicepresidente.- Cuando pregunta usted por la opinión pública, ¿es la opinión pública o la opinión publicada a la que usted se refiere?

De la opinión publicada les dejo el juicio a ustedes; ustedes mismos ya nos dirán lo qué opinan y lo leeremos con mucha atención. En cuanto a la opinión pública, por suerte, en España hay opinión pública plural y, por lo tanto, estoy convencido de que los ciudadanos unos tendrán un criterio y otros tendrán otro.

El Gobierno no plantea estas cuestiones como una batalla. El Gobierno tenía aquí, yo creo que claramente, un primer objetivo, que era demostrar que se puede hacer un debate político y depurar responsabilidades políticas, no durante un proceso judicial, sino incluso antes de que el proceso judicial se iniciara. Los más viejos del lugar --aquí no hay muchos, pero algunos hay-- recordarán que esto fue objeto de grandes debates políticos a lo largo de las pasadas legislaturas y que, incluso, en la última negociación para reformar el Reglamento de la Cámara el actual portavoz del Grupo Socialista insistía en la necesidad de que las Comisiones de Investigación fueran siempre posteriores a los pronunciamientos judiciales. Creo que se ha demostrado que eso no es necesario.

Quiero recordarles a ustedes que el conocimiento público del escándalo Gescartera se produce a finales del mes de junio. Estamos a finales del mes de noviembre y ya ha habido una Comisión de Investigación a la que han comparecido muchas más personas que en cualquier otra Comisión de Investigación: miembros del consejo de administración regulador, cosa que no tenía precedentes; funcionarios del propio regulador, cosa que tampoco tenía precedentes. Y, además de que la Comisión ya ha dictaminado y ha habido votos particulares, que seguramente todos ustedes valorarán, cada cual de una manera distinta; además de eso, el Gobierno aprueba hoy una ley que recoge las recomendaciones del Parlamento.

En ese sentido, el Gobierno cree que ha cumplido con su obligación, primero, de demostrar que se pueden investigar y depurar responsabilidades políticas en un breve plazo de tiempo, incluida la situación de mayoría absoluta; que se puede hacer sin que haya que limitar esa actuación porque haya en curso una investigación o una instrucción judicial, y que se puede hacer deprisa y rápido.

A partir de ahí, sin considerar esto una batalla --creo que no hay por qué llevar las cosas tan lejos-- y partiendo de la base de que, desde luego, la opinión publicada es muy variada y la opinión pública, también, cada cual tiene que formar sus juicios. El Gobierno no pretende imponer sus juicios a nadie, lo que le da son suficientes elementos para que cada cual pueda formarlos.

Tengo que decir que de todas las circunstancias que yo he vivido en veinte años de vida parlamentaria éste es el caso en el que más rápidamente los ciudadanos van a tener toda la información para poder formar su juicio. A partir de ahí, los ciudadanos lo formarán y unos tendrán una opinión y otros tendrán otra, que suele ser el elemento básico de las sociedades democráticas, impagablemente ayudados por los medios de comunicación.

Sobre el impuesto sobre carburantes, quiero recordar que este Gobierno en los dos últimos años no había elevado la previsión de inflación en carburantes por razones de política económica y también desde el punto de vista de política antiinflacionista, y que ahora se produce una revisión de esa inflación. Por tanto, en un período, digamos, de tres o cuatro años los ciudadanos prácticamente están pagando los mismos impuestos, en términos reales, sobre los carburantes. En segundo lugar, una parte del incremento del impuesto va a ir destinado a la financiación de la Sanidad por parte de las Comunidades Autónomas y, por lo tanto, las Comunidades Autónomas podrán ejercer su capacidad normativa adaptándose a ese impuesto, y ahí veremos, como es natural, la decisión política de cada Parlamento. Creo que ése es un buen paso en dirección de la capacidad normativa y de la capacidad política de los Parlamentos autonómicos.

En cuanto a don Francisco Álvarez-Cascos, efectivamente, lo conozco hace muchísimos años. Me parece una persona muy relevante de mi partido y, en cuanto a sus iniciativas políticas, estoy completamente convencido de que él es su mejor portavoz.

P.- Mis preguntas van dirigidas indistintamente al Vicepresidente económico y al Ministro Portavoz; o sea, que me gustaría que contestaran los dos. Me gustaría un análisis de la evaluación del voto socialista sobre el tema de la reforma de la LOFCA y de la plasmación de las dos iniciativas legales de financiación autonómica; o sea, el voto negativo en comisión la semana pasada y ayer el voto abstencionista en el Pleno del Congreso.

En segundo lugar, ¿qué responden a la acusación socialista de que en estos momentos las Autonomías no saben con cuántos recursos van a contar? O sea, de quejan de que en realidad hay oscurantismo en ese tema.

Y, tres, si ven posible, de alguna manera --les recuerdo que esta tarde se celebra una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera--, que se podría llegar al caso de que el acuerdo de julio fuera inviable o demasiado enrarecido políticamente y hubiera que pensar en prorrogar el anterior modelo, como ayer sugería el Ministro Montoro.

Vicepresidente.- Como son todas sobre el mismo tema, las contesto yo.

Es difícil poder juzgar la opinión socialista porque no hay sólo una; entonces, eso requiere un esfuerzo considerable. Hay una posición de las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Socialista o donde el Partido Socialista tiene responsabilidades de Gobierno; hay una posición, que a su vez es cambiante, del Grupo Parlamentario Socialista; alguien la equiparaba a las quinielas, es decir, se puede estar a favor, en contra y, a veces, abstenerse sobre el mismo tema. Por lo tanto, puede que haya juicios demasiado estrictos que consideren que no merece la pena formar opinión sobre alguien que no la tiene.

En ese sentido, yo tampoco quiero llegar a ese nivel; pero creo que lo que les interesan al Gobierno y a los ciudadanos son los acuerdos de las autoridades responsables. Si un Grupo Parlamentario no es capaz de tener una opinión y tan pronto tiene que ceder a las tensiones internas que le plantea la estrategia de oposición, por ejemplo, del Partido Socialista de Cataluña o la posición del Partido Socialista de Andalucía, porque sean contradictorias, los demás no tenemos la culpa de que vivan en esa zozobra y sí la podemos lamentar.

En segundo lugar, creo que las Comunidades Autónomas y sus Consejeros y Presidentes son plenamente conscientes de lo que supone el nuevo sistema de financiación autonómica y por eso lo han votado. Por lo tanto, que se pueda presumir por parte de nadie que los Consejeros de las Comunidades Autónomas, independientemente de que sean de partidos nacionalistas, de partidos socialistas, del Partido Popular o de cualquier otro partido, aceptan la financiación de sus Comunidades Autónomas sin conocer lo que votan me parece un juicio excesivo.

En tercer lugar, el Gobierno ha aprobado un nuevo sistema de financiación autonómica, lo ha aprobado el Congreso y yo me atrevería a decir que lo va a aprobar el Senado; pero, como es natural, la competencia es del Senado. Si lo aprobara el Senado, como muy bien sabemos, sería Ley y, por lo tanto, aquellas Comunidades Autónomas que decidieran no aplicárselo entrarían en una situación similar a la de la legislatura pasada, que yo desde luego creo que no ha sido buena para nadie --no ha sido buena para los ciudadanos, no ha dado réditos a las oposiciones que pretendían sacarlos-- y creo que el marco de consenso, de comprensión y de colaboración mutua que hay entre las Comunidades Autónomas y el Gobierno de la nación en temas presupuestarios, en la búsqueda del equilibrio presupuestario y en la búsqueda de un sistema de financiación autonómico equilibrado, que aumente la corresponsabilidad fiscal y que sea estable, estoy convencido de que no va a ser puesto en riesgo por nadie.

P.- Al hilo de esta misma cuestión, quería preguntarle al Vicepresidente si el Gobierno dispone de mecanismos para garantizar que las petroleras absorban las cuotas de este nuevo impuesto o si las podrán repercutir sobre los consumidores. También, al hilo de esta misma cuestión, su respuesta a las críticas del Presidente de la CEOE, que opina que esta iniciativa puede generar tensiones inflacionistas.

Sobre el "caso Gescartera", como hace unos meses se confesó tocado sobre este asunto, mi pregunta es si el cierre de esta Comisión de Investigación deja plenamente despejado su horizonte político, sea cual fuere.

Al Ministro Portavoz, también dos cuestiones. ¿Qué opinión le merece el hecho de que el portavoz de Gestoras pro Amnistía reapareciera ayer en una rueda de prensa en Bayona, convocada la víspera, cuando sobre él pesa una orden de detención internacional? ¿Van a trasladar algún tipo de queja a las autoridades francesas?

También quería su opinión sobre las críticas del PSOE y los grupos nacionalistas catalán y vasco sobre las declaraciones del señor Jiménez de Parga acerca de los "lehendakaris" de Oklahoma y otros Estados de Estados Unidos, y si considera que es lícito y oportuno que el Presidente del Tribunal Constitucional entre en el debate político.

Vicepresidente.- Sobre el tema de los precios, España tiene precios libres en las gasolinas y, por lo tanto, cada compañía tomará las decisiones en función de sus cuotas de resultados o sus estrategias comerciales. Yo lo único que puedo decir es que, desde que tenemos precios libres, la evolución del precio de la gasolina se ha situado claramente por debajo de lo que se hubiera situado con el precio regulado; que en los últimos dos años de incremento del precio del crudo los precios en España han evolucionado al mismo nivel o por debajo de la media ponderada europea; que, como pueden ustedes comprobar hoy, la inflación en España se reduce más rápidamente que la media de los países euro, lo cual indicaría que en este aspecto y en otros nuestra flexibilidad está siendo igual o mayor que la de nuestros competidores; y que, a partir de ahí, el Gobierno será vigilante en que no se tomen acuerdos que perjudiquen a la competencia. Pero las decisiones sobre precios no regulados las toman las compañías privadas en el legítimo ejercicio de sus intereses.

En cuanto a las palabras del Presidente de la CEOE, yo las entiendo y las escucho; pero el Gobierno cree que en el equilibrio de intereses que tiene que presidir una política económica la subida de impuestos sobre las gasolinas que se plantea es moderada. Viene precedida de dos años en los cuales no se ha actualizado el precio de los impuestos, se hace en un momento de reducción de los precios y, por lo tanto, los consumidores no van a verse afectados de la misma manera que en otras circunstancias.

En cuanto a las tensiones inflacionistas, creemos que, indudablemente, todas las subidas de impuestos indirectos pueden tener traslaciones a los precios al consumo; pero nos parece que en estos momentos es más conveniente hacerlo de esta manera que gravar rentas u otras actividades y que el bien que se persigue, y que yo creo que comparten, desde luego, las organizaciones empresariales españolas, es una mayor corresponsabilidad de las Comunidades Autónomas, una mayor capacidad de autogobierno y una mayor capacidad de diseñar sus propias políticas desde el punto de vista del gasto y de los ingresos. Y entendiendo que siempre que se decide elevar un impuesto es una medida discutible, pero creo que tomamos una opción racional y en el conjunto de nuestras medidas que tiene sentido.

En cuanto a la utilización de la palabra "tocado", tengo que decir que es una palabra que yo no utilicé. Quien me preguntó me preguntó lo mismo que usted me acaba de preguntar, y yo le contesté que, cuando se ostenta un cargo de responsabilidad, uno tiene que ser consciente de sus responsabilidades, lo cual tengo que reconocer que no es una respuesta demasiado clara y debió de llevar al conjunto de los que me escucharon a interpretarla como les pareció conveniente. Pero yo ni me consideré entonces "tocado" ni me considero ahora.

Sr. Cabanillas.- En lo que se refiere a las manifestaciones del señor Jiménez de Parga o a las críticas que haya podido generar, no voy a hacer ningún comentario; sí referirme a algo que podría derivarse de ellas, si usted quiere, que es la necesidad de una lucha de todos y de una lucha en la que todos estemos activamente implicados en defensa de las libertades y en defensa de los derechos individuales, de que eso sea una prioridad y de que en algunos casos, desgraciadamente, no está siendo así o los planteamientos que se realizan ponen por delante cuestiones que, a mi manera de ver y a la de este Gobierno, tienen claramente otro nivel, otra importancia y no deberían pasar a ese primer rango.

En lo que se refiere a su primera pregunta, a la referida al representante de Gestoras pro Amnistía, ya los primeros sucesos demostraron la necesidad, precisamente, de las iniciativas que se han puesto en marcha a nivel europeo. Después de aquel caso la orden de busca y entrega fue procesada y lamentamos, evidentemente, el hecho que ha ocurrido. Únicamente tenemos, por un lado, ya digo, que lamentarlo y, por otro, seguir insistiendo en la necesidad de, no solamente articular procedimientos formales, sino de llevarlos a la práctica por las distintas jurisdicciones europeas en el plazo y con la fuerza y rapidez que son absolutamente necesarias.

P.- Para el Vicepresidente Rato. Ayer en esta misma sala el Presidente Aznar dijo, en tono irónico, y refiriéndose al tema Gescartera, que "los socialistas habían ido de cacería y habían vuelto sin escopeta". Siguiendo con ese mismo tono irónico, me gustaría saber de su parte, que ha sido uno de los protagonistas de esta historia, quién cree que les ha quitado la escopeta o es que cree que la escopeta la perdieron ellos solos.

Vicepresidente.- Yo no soy capaz de tener tantos grados de ironía. El Gobierno no hace juicios sobre las estrategias parlamentarias de los demás. Cada cual debe responder de las suyas. Lo que me parece que es una constatación es que, si usted lee los votos particulares de la Comisión de Investigación, podrá usted comprobar que los votos particulares no responden a la realidad, sino que responden a estrategias políticas preconcebidas. En ese sentido creo que hay una falta de mesura y una falta de equilibrio que se ha comprobado en algunos debates públicos, en algunos en los que yo he participado y en otros que han participado otras personas.

Creo que, desde el punto de vista de la realidad de que ésta era una estafa en la cual se había engañado al regulador y que no ha habido ningún elemento que haya demostrado que el regulador cambió de opinión como consecuencia de presiones políticas, perder eso ha sido un grave error de apreciación por parte de los que han querido encontrar en esta cuestión algo que no existía. Creo que las críticas políticas, si no son ciertas ni mesuradas, pueden volverse en contra de quien las realiza, efectivamente.

P.- Al Ministro Portavoz. Quería saber si nos podía explicar cómo está detallando España una hipotética participación en la Coalición Internacional, el número de efectivos que podrían participar, cuándo, si será en la OTAN, si se descarta una petición bilateral de Estados Unidos. Entrar en estos detalles.

Sr. Cabanillas.- Permítanme que entre, en primer lugar, en una cuestión que no es de matiz. Estamos siempre posponiendo, en cierta forma, la idea misma de participación y venimos insistiendo desde el Gobierno, ya desde hace tiempo, que estamos participando activamente en esas operaciones desde el principio. Y lo hemos hecho, y ustedes lo saben bien, dentro del marco de la OTAN, a través de fragatas y unidades de la Fuerza Aérea; lo hemos hecho también desde el punto de vista logístico y desde el punto de vista de la información, y buena prueba han sido las últimas detenciones que han tenido lugar en España de una serie de miembros de células islámicas. Por lo tanto, eso sigue ya su curso.

Además, hay una serie de observadores que se encuentran en Tampa, en Estados Unidos, que siguen el desarrollo de las distintas operaciones.

En lo que se refiere a aportaciones específicas, en estos momentos no hay detallada una fuerza o un contingente que yo le pueda comunicar. Sí hay, eso sí, en marcha una operación humanitaria de envergadura que está siendo diseñada desde Naciones Unidas y desde la Organización del Tratado del Atlántico Norte. En ese contexto sería en el cual podrían integrarse tropas españolas.

Reuniones al respecto de ese diseño y de esa Fuerza que pudiera establecerse, insisto, de carácter humanitario, habrá a primeros de la semana que viene y, por lo tanto, la próxima semana será cuando podamos darles mayores detalles al respecto. Pero la cooperación o la contribución ha existido desde el principio y en estos momentos todavía no hay una determinación específica de fuerzas españolas.

P.- Al Vicepresidente económico le quería preguntar si no cree contradictorio admitir, por un lado, que ha habido negligencia en el "caso Gescartera" y, otro lado, no asumir algún tipo de responsabilidad política.

Un poco en la misma dirección de la responsabilidad política, si no cree que tiene alguna responsabilidad política en la medida en que sí es responsable de los nombramientos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, concretamente el caso de Pilar Valiente, y de las consecuencias que eso ha podido traer. En esta misma dirección, si no cree también que hay una cierta contradicción entre la política que ustedes siguieron en la oposición con relación al Gobierno socialista sobre esta materia, precisamente en el criterio de responsabilidades políticas, si ustedes las exigen a los demás y no se las aplican a sí mismos.

Vicepresidente.- Me da usted la oportunidad de repetir algo que tuve la ocasión de decir, me parece que en mi comparecencia en la Comisión de investigación. Primero, que yo sepa, el Gobierno y la mayoría no han aceptado que haya habido negligencia. Otra cosa es que ese juicio se pueda emitir desde los medios de comunicación. Vuelvo a repetir que eso entra dentro del funcionamiento de una sociedad democrática y, además, creo que el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular tienen que escucharlo, pero pueden no compartirlo.

En segundo lugar, tengo que decir que sobre la política de nombramientos que, indudablemente, un miembro del Gobierno tiene que realizar porque la Ley se lo impone --no es una voluntad política de nadie ni una voluntad personal, sino que es una obligación de la Ley--, esa responsabilidad política está, en mi opinión, limitada por dos cuestiones: primera, que los cargos elegidos tengan el perfil adecuado en la Ley o los requerimientos técnicos y profesionales. Y tengo que recordar que los nombramientos de las personas, en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pero también en otros lugares, cuando se produjeron no fueron objeto de crítica política en ningún caso. Nadie demandó ni criticó el nombramiento desde el punto de vista de su adecuación al cargo.

En segundo lugar, la responsabilidad política en una persona que reúne las condiciones de idoneidad para formar parte de un órgano colegiado regulador, pero que puede cometer un error de juicio, se produce, por parte de quien le ha nombrado, en mi opinión, cuando, si conoce ese error de juicio, lo mantiene en el mando.

Puesto que usted me plantea que hablemos del pasado, creo que el pasado es una buena fuente de ejemplos. Por ejemplo, la elección de don Eligio Hernández como Fiscal General del Estado sí fue objeto de crítica política; las personas que han pasado por la Comisión Gescartera, no. No conozco una sola acción parlamentaria que haya solicitado del Gobierno la revisión de sus criterios sobre estos nombramientos.

En segundo lugar, el nombramiento, por ejemplo, de don Mariano Rubio era un nombramiento idóneo. Nadie podía discutir que el señor Rubio reuniera las condiciones de idoneidad para ser Gobernador del Banco de España. La responsabilidad política, por lo tanto, no surgió el día que le nombraron; surgió el día que se supo que tenía conexiones con un banco que había podido tener dificultades o que podía haber habido una situación de privilegio o de información privilegiada. Y la responsabilidad política surgió cuando el entonces responsable del Ministerio de Economía y Hacienda tomó la decisión, que él mismo ha explicado, de que le parecía mejor que la persona agotara su mandato que que la persona dimitiera. Justamente la decisión contraria a la que yo tomé.

Yo, cuando me he encontrado con una situación distinta, porque aquí no estábamos hablando ni de participación en el accionariado, ni de existencia de fondos negros, en el sentido de opacos fiscalmente, ni de ninguna otra cuestión, sino de errores de juicio; cuando me he encontrado con esa situación, justamente tomé la decisión contraria de uno de mis antecesores.

Él tomó una decisión y la ha explicado; él entendió que esa decisión era conveniente para mantener al responsable de la regulación sin cambiar hasta que feneciera su mandato; yo he entendido que, aunque ése es un bien que me parece defendible y me parece objetivamente valorable, era más importante que la persona que estuviera a cargo de una regulación del sistema financiero pudiera ejercer con total autoridad su función y acepté una dimisión que mi antecesor no aceptó. Ahí, indudablemente, incurrió en una responsabilidad política, porque tomó una decisión que él ha explicado.

Por lo tanto, tengo que decir que el pasado nos esclarece perfectamente cuáles son las posiciones de cada uno sobre esta cuestión.

P.- Al Vicepresidente Rato. Junto a la subida del impuesto sobre las gasolinas, creemos que el Ministerio de Hacienda ha planteado también a las Comunidades Autónomas la posibilidad de subir el impuesto sobre los alcoholes un 8 por 100. La verdad es que tendría los mismos argumentos que tiene sobre el impuesto de los combustibles: que llevan congelados dos años. Entonces, querría saber si el Gobierno se está planteando eso, la posibilidad de subir también el impuesto sobre alcoholes, y no sé si podría subir también el impuesto sobre el tabaco.

En relación con esto, quizás los ingresos extra que proporcionarían esta subida de impuestos vendrían bien si el Gobierno, finalmente, tiene que revisar el objetivo de crecimiento económico. No sé si el Gobierno se podría estar planteando eso en ese sentido, esa subida de impuestos y la revisión del objetivo del crecimiento, teniendo en cuenta que, sobre todo en las últimas semanas, estamos asistiendo a que institutos de estudios, incluso el Banco de España, están diciendo que la economía el próximo año va a crecer menos de lo previsto y se supone que los ingresos también serán menores. No sé si se están planteando en este sentido medidas que pudieran aportar nuevos ingresos para lograr el objetivo de equilibrio presupuestario el próximo año.

Por último, en relación, en concreto, con los planes de pensiones de empleo, en el Congreso de los Diputados el grupo parlamentario que apoya al Gobierno presentó unas enmiendas, que luego retiró al día siguiente, en las que se hablaban, en concreto, de quitarles a los trabajadores la mayoría absoluta que tienen en las comisiones de control, entre otras cosas. Creo que el Gobierno está negociando ahora con los agentes sociales. ¿Me podrían aclarar, no sé si el señor Aparicio o el señor Rato, cómo está esta situación y si, en todo caso, el Gobierno, haya acuerdo o no haya acuerdo, lo va a incluir a través de enmiendas en el Senado?

Vicepresidente.- El Gobierno no está estableciendo en este momento ningún calendario de subidas de impuestos, ni directos ni indirectos, sino, al contrario, el Gobierno ha tomado decisiones en lo que se refiere a los impuestos sobre la inversión y las amortizaciones que benefician a las empresas, y entiende que ésas son medidas que, en una crisis de las características de la crisis que estamos viviendo, que es principalmente una crisis que está afectando a las decisiones empresariales y a la inversión, puesto que no estamos ante una crisis macroeconómica en el sentido de que haya una crisis como consecuencia de excesivos déficits públicos o de descontrol de la inflación, sino que estamos en una crisis de otras características, las medidas que ha tomado el Gobierno desde el punto de vista de incentivar la inversión empresarial son las que contiene la Ley de Presupuestos.

Al mismo tiempo, el Gobierno tiene que incluir un nuevo sistema de financiación autonómica que contiene algunas decisiones sobre impuestos, que son las conocidas, y no hay ninguna otra que el Gobierno vaya a plantear.

Con respecto al tabaco, si no me falla la memoria, hace muy pocas fechas la Unión Europea ha tomado una decisión que afecta a la fiscalidad del tabaco para todos los países miembros. Ahora no recuerdo cuando entró en vigor, no sé si entró a vigor a principios de año o en cualquier otro momento. Pero el Gobierno no tiene ninguna otra consideración que hacer sobre esta cuestión.

En cuanto a la política presupuestaria, el Gobierno ha presentado un presupuesto equilibrado y es posición del Gobierno que el equilibrio macroeconómico es imprescindible mantenerlo y, dentro de él, el equilibrio presupuestario.

Creemos que una de las ventajas que hoy tiene la economía española respecto a otras es poder utilizar de manera completa los estabilizadores automáticos y el papel anticícliclo del Presupuesto y que eso sólo es posible, precisamente, porque estamos en una situación de equilibrio presupuestario, como han puesto de manifiesto la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Banco de España.

En cuanto al debate sobre las previsiones de crecimiento del año 2002, creo que es un debate en estos momentos abierto por parte de todas las instituciones. Piense usted que el Fondo Monetario Internacional acaba de revisar sus propias previsiones de hace quince días y, por lo tanto, en ese sentido creo que el grado de incertidumbre en el que nos estamos moviendo es considerable.

El Gobierno español, viendo la evolución actual de la economía española, no sólo la del tercer trimestre sino la del último mes y los últimos días, no percibe una desaceleración tan intensa en nuestro país como en otros países. En ese sentido, continúa creyendo que, si bien nos vamos a ver afectados y nos estamos viendo afectados por una situación internacional muy negativa o negativa, con algunos aspectos positivos a su vez, como pueden ser el precio de la energía o el precio del dinero, la economía española tiene hoy una flexibilidad y una capacidad de crecimiento muy superiores a las que tenía y está siendo capaz de bandearse, en una situación de dificultad, con suficiente margen; que el Presupuesto juega un papel anticíclico, que el Presupuesto mantiene sus objetivos de inversión pública y de política social y que en las previsiones del Gobierno se mantiene un presupuesto equilibrado.

Quiero recordarles a ustedes que el año pasado presentamos un presupuesto con una previsión de crecimiento del 3''6 por 100, que después revisamos a la baja hasta aproximadamente el 3 por 100, y que, sin embargo, el Presupuesto va a acabar equilibrado. Por lo tanto, la voluntad de este Gobierno de mantener el equilibrio presupuestario yo creo que está constatada en varios años y, desde luego, en el año 2001 también de manera importante.

Dentro de esa constatación está también la voluntad del Gobierno de establecer una constante política de reformas. En este momento hay claramente dos reformas que el Gobierno está planteando: una es la reforma de la educación universitaria en la que, entendiendo los intereses establecidos, el Gobierno cree que el estamento universitario tiene también que avanzar hacia fórmulas de mayor flexibilidad, mayor transparencia y mayor eficacia en la enseñanza de los jóvenes; y, en segundo lugar, el Gobierno está planteando desde hace ya varios meses una reforma intensa del mercado laboral, que comenzó el pasado mes de febrero, que continúa y que es, entre otras cosas, una de las causas por las cuales nosotros somos uno de los pocos países europeos que continuamos creando empleo.

En esa reforma del mercado laboral la negociación colectiva juega un papel determinante, como lo juegan también instrumentos de salario diferido y la utilización de los Fondos y Planes de Pensiones de empresa, que en España no han tenido la difusión que a todos nos hubiera gustado, es un instrumento indudable de salario diferido. Y, en lo que podría ser una reforma equilibrada, en la que, por otra parte, va a haber importantes aportaciones públicas, en el sentido de que va a haber beneficios fiscales importantes, tanto para los partícipes, como para las empresas, el Gobierno está planteando una reforma de la Ley de Fondos de Pensiones del año 1988, si no me falla la memoria, de manera que esa reforma producta más planes de pensiones de empresa en beneficio de los trabajadores.

P.- Quería saber la opinión del Vicepresidente sobre el famoso organigrama sobre Gescartera que hizo público el PSOE, que incluía, entre otras personas, a Ana Botella y a todos los posibles candidatos a la sucesión de Aznar.

Para el Ministro Portavoz, si ya se ha establecido cuál será la dotación económica de la Fundación de Víctimas y cuáles son las empresas privadas que se han podido interesar por entrar en el proyecto.

Sr. Cabanillas.- Voy a contestarle muy rápido a la segunda pregunta. Hoy lo que se ha establecido es el acuerdo de constitución. Esas cuestiones después se especificarán en el propio desarrollo y por decisión también de los propios órganos de la Fundación.

Vicepresidente.- Yo creo que no es del Gobierno, ni mucho menos, en un trámite como éste el hacer un debate parlamentario; pero creo que su propia pregunta se contesta. Es imposible pretender que tenga ningún sentido el hacer responsable de una estafa, que tiene sus responsables perfectamente establecidos en los que eran los que tenían poderes en la empresa, a todo el Gobierno y a las personas que el Partido Socialista pueda pensar que tienen responsabilidades futuras o importantes en el Partido Popular. Como he dicho antes, creo que la falta de rigor, la falta de mesura y la falta de equilibrio de la oposición no producen resultados.

Sr. Cabanillas.- Muchas gracias a todos.