El Gobierno impulsa la eliminación de los visados de residencia por inversión inmobiliaria

La Moncloa, Madrid

El Consejo de Ministros ha analizado un informe para modificar la ley que permite obtener el visado o autorización de residencia a extranjeros no residentes en la Unión Europea que compren una vivienda en España que cueste más de 500.000 euros. Es decir, para eliminar las denominadas golden visa inmobiliarias.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha recordado que el Ejecutivo trabaja con todos los instrumentos a su alcance para solucionar el problema de la vivienda. Sus cuatro líneas de actuación son reforzar la oferta de vivienda asequible, favorecer la financiación a familias, jóvenes y promotores públicos y privados, agilizar los trámites para la construcción y atender a situaciones excepcionales, como el acceso a una vivienda en lugares concretos, con precios tensionados y falta de oferta residencial. La eliminación de las golden visa es el primer paso, según ha remarcado, para responder a estas situaciones especiales.

Desde que se aprobó la ley en el año 2013, se han concedido 14.576 golden visa ligadas a inversiones en bienes inmuebles, la mayoría a ciudadanos de China, Rusia, Reino Unido, Estados Unidos, Ucrania, Irán, Venezuela y México. Las principales provincias de inversión son Barcelona, Madrid, Málaga, Alicante, Baleares y Valencia, que concentran el 90% de las autorizaciones concedidas en todo el territorio nacional.

Isabel Rodríguez también ha precisado que la compra de vivienda por extranjeros aumentó considerablemente en los últimos trimestres del año 2023. La adquisición de viviendas ligadas a inversiones contempladas en la ley de 2013 representa el 7,1% del total de las compraventas en un año en Marbella; el 5,3% en Barcelona y el 10% en algunos municipios de las Islas Baleares. Además, de cada 100 visados otorgados por la golden visa, 94 están vinculados a la acción inversión inmobiliaria.

Este tipo de inversiones, ha argumentado la ministra, tensionan mucho el mercado, incrementan el precio de las casas y favorecen la especulación. El objetivo del Gobierno, ha avanzado, es acabar con "la especulación que se ha incrementado de manera muy notable" desde el año 2022, cuando se duplicaron las concesiones de "visados inmobiliarios".

En este sentido, la ministra ha abogado por modificar la ley para eliminar los beneficios que contempla en el ámbito residencial y dirigir esa inversión a la promoción de vivienda a precio asequible y a la rehabilitación de inmuebles.

24.964 viviendas en alquiler social

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa / José Manuel Álvarez

La titular de Vivienda y Agenda Urbana ha presentado ante el Consejo de Ministros un informe sobre el estado de ejecución de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia destinados a fomentar la construcción de vivienda en alquiler social con estándares de la máxima calidad y eficiencia.

El Gobierno, ha recordado la ministra, dedicó 5.520 millones de euros del plan para atender la rehabilitación y regeneración urbana, dado que el 50% de las viviendas son muy antiguas y están construidas antes del año 1.981. "Hemos conseguido acelerar el ritmo para alcanzar el objetivo de 300.000 viviendas por año en rehabilitación [en el año 2030]. Además, las políticas del plan de recuperación van a contribuir a incrementar el parque de vivienda en alquiler asequible y converger con la Unión Europea en el 9%", ha destacado.

El documento también recoge que se han creado unos 188.000 nuevos empleos en el sector de la construcción vinculados a la rehabilitación, se ha mejorado el consumo energético y el confort de las familias y se han reducido hasta 650.000 toneladas de CO2 al año.

Isabel Rodríguez ha subrayado que el compromiso del Gobierno con la rehabilitación y el esfuerzo de los ciudadanos en mejorar sus hogares les ha permitido acceder a bonificaciones fiscales: "En la última declaración de la Renta, 57.247 declaraciones se han deducido más de 100 millones de euros. Es decir, 100 millones de euros que han vuelto al bolsillo de los españoles tras el esfuerzo por rehabilitar sus viviendas. Una media de deducción de 1.900 euros por declaración presentada".

Por otra parte, la ministra ha anunciado que el informe refleja que se ha financiado la construcción de 24.964 viviendas en alquiler social con 1.000 millones de euros del plan de recuperación, superando el compromiso de construir 20.000 viviendas, gracias a los 211 acuerdos firmados con las comunidades autónomas y las entidades locales. Asimismo, ha avanzado que se están ejecutando otros 1.000 millones de euros para rehabilitar edificios públicos.

Avales para construcción de viviendas y para préstamos hipotecarios

El Gobierno ha autorizado la suscripción del convenio que establece las condiciones de la línea de 2.000 millones de euros con la que avalará parcialmente los préstamos de la Línea de Vivienda de la segunda fase del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La Línea Vivienda cuanta con 4.000 millones de euros con los que se financiará la construcción de hasta 40.000 viviendas destinadas a alquiler social o a precio asequible y a mejorar el parque de vivienda social ya existente.

La ministra ha indicado que el aval cubrirá el 50% del importe de las operaciones de préstamos que se suscriban con la Línea de Vivienda del plan de recuperación, que serán gratuitos tanto para las entidades financieras como para los clientes.

Además, el Ejecutivo ha activado el despliegue de la línea de avales dotada con 2.500 millones de euros para facilitar la adquisición de primera vivienda a jóvenes menores de 35 años y a familias con menores a cargo. El aval podrá cubrir hasta el 20% del importe del préstamo hipotecario, llegando hasta el 25% si la vivienda dispone de una calificación energética D o superior.

La medida está dirigida a personas cuyos ingresos no superen los 37.800 euros brutos al año.

Políticas sociales más eficaces

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa / José Manuel Álvarez

El Consejo de Ministros ha aprobado un informe que recoge los resultados de un conjunto de proyectos piloto sobre políticas de inclusión. Con el análisis de estas iniciativas, financiadas con fondos 'Next Generation', el Gobierno cumple el hito 351 del Componente 23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha recordado que, en los momentos más duros de la pandemia, el Gobierno activó el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una prestación que ha beneficiado ya a más de 2,3 millones de personas, la mitad de ellas menores, y 800.000 familias. "Una medida fundamental de nuestro Estado de bienestar y muestra del escudo social que se puso en marcha en aquel momento y que impidió que más de un millón y medio de personas cayeran en una situación de pobreza", ha señalado.

Las circunstancias -ha añadido- han cambiado, "pero la pobreza y la exclusión siguen siendo un desafío", por lo que es necesario impulsar medidas complementarias que "acompañen a la persona, reconozcan su individualidad y aumenten la efectividad de las políticas". Aprovechando los fondos europeos, el Ejecutivo creó el Laboratorio de Políticas de Inclusión, una experiencia pionera a nivel internacional que ha permitido identificar las mejores prácticas en este ámbito, con rigor científico y la colaboración de comunidades autónomas, ayuntamientos y organizaciones sociales.

Elma Saiz presentará el informe el 15 de abril al comisario europeo de Empleo y Derechos Sociales, Nicolas Schmit, y al día siguiente, en Estados Unidos, al Banco Iteramericano de Desarrollo y al Banco Mundial. A primeros de mayo compartirá los resultados con las comunidades autónomas y 18 ayuntamientos elegidos por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Proyectos con metodología científica

El informe -"Palancas para la inclusión. Recomendaciones del Laboratorio de Políticas de Inclusión en base a la evidencia científica"- comprende 34 proyectos piloto que han supuesto una inversión de 212 millones de euros y se han llevado a cabo en todas las comunidades y ciudades autónomas.

Las iniciativas se han evaluado de manera integral y usando una metodología similar a la que se emplea en los ensayos clínicos, lo que posibilita determinar las causas que han motivado los cambios observados. Este análisis ha contado con el apoyo científico de dos instituciones de prestigio internacional: el Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI) y el Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL).

En total, han participado en los proyectos más de 76.000 personas vulnerables, (180.000 si se considera su entorno familiar); la mayoría son mujeres con menores a cargo, un nivel educativo bajo y en situación de desempleo, un perfil muy similar al de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital. Buena parte de los proyectos se han centrado en el empleo, la educación o la capacitación digital.

Atención personalizada, enfoque global e inversión educativa

Los hallazgos de las iniciativas se han sintetizado en un decálogo de recomendaciones para impulsar nuevas políticas de inclusión.

La ministra ha destacado la importancia de la atención personalizada. Este enfoque ha permitido, por ejemplo, aumentar en un 45% la contratación de personas con discapacidad intelectual. Otra clave para abordar situaciones complejas que requieren soluciones integrales es intervenir desde diferentes ámbitos; en concreto, actuar de manera global sobre la persona y su entorno puede aumentar los ingresos de una familia hasta en 200 euros mensuales y mejorar incluso en un punto las calificaciones de los menores en materias como la lengua o las matemáticas.

Las recomendaciones enfatizan también la utilidad de la inversión educativa y de la formación digital, la importancia de seguir colaborando con las administraciones y las entidades más próximas al ciudadano y la necesidad de potenciar metodologías de evaluación en las políticas públicas.

Diversas administraciones y entidades van a replicar algunos de estos proyectos, según ha apuntado Saiz: "España ha sido pionera a la hora de poner en marcha una infraestructura para evaluar las políticas de inclusión. Ahora solo falta que este empeño no se quede en los márgenes de la política, sino que pase a ocupar el centro en la toma de decisión de los gobiernos".

Convocatoria de las elecciones europeas del 9 de junio

La ministra de Educación y Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa / José Manuel Álvarez

La ministra de Educación y Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha informado sobre la aprobación en el Consejo de Ministros del Real Decreto que convoca las elecciones al Parlamento Europeo del domingo 9 de junio.

Alegría ha explicado que, en esta ocasión, España elegirá un total de 61 eurodiputados y eurodiputadas. Asimismo, ha recordado que la campaña electoral durará 15 días y ha confirmado que comenzará a las 00:00 horas del viernes 24 de mayo y finalizará a las 00:00 horas del viernes 7 de junio.

La portavoz del Gobierno también ha informado sobre la encomienda al Ministerio de Cultura para la convocatoria de solicitudes para designar la Capital Europea de la Cultura en 2031.

Nueva ronda de contactos para abordar la situación de Gaza

Durante su intervención en la rueda de prensa, Pilar Alegría ha vuelto a hacer referencia a la crisis humanitaria en Gaza y ha anunciado que el presidente del Gobierno iniciará esta semana una nueva serie de contactos para compartir su preocupación por la situación e impulsar el reconocimiento del estado palestino.

De acuerdo con Alegría, el presidente empezará esta ronda de encuentros el próximo viernes con una reunión con el primer ministro de Noruega. Posteriormente, Pedro Sánchez se reunirá con los primeros ministros de Irlanda, Eslovenia, Portugal y Bélgica. "Nuestro objetivo es claro: impulsar el reconocimiento de Palestina como Estado en un momento clave en el que el conflicto entra en una fase decisiva", ha explicado la portavoz del Gobierno, que ha subrayado la necesidad de frenar el desastre humanitario y contribuir a un proceso político de paz en la zona.