Comparecencia de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno; ministra de Igualdad; ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública

La Moncloa

Ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. - Bueno, pues muy buenos días un martes más. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y de Ministras. Un Consejo, además, que, como saben, hoy ha estado presidido por la vicepresidenta primera, por María Jesús Montero, ya que el presidente del Gobierno estaba todavía de viaje de vuelta después de participar en el día de ayer en esa importante cumbre, en la cumbre internacional de apoyo a Ucrania que se celebraba en Kiev.

Hoy, como pueden comprobar, me acompaña tanto la ministra de Igualdad como el ministro de Transición Digital, que les trasladarán a todos ustedes un informe y también un anteproyecto de ley, pero antes, lógicamente, de darles a ellos la palabra, quiero también explicarles los distintos asuntos que hemos aprobado hoy en el Consejo de Ministros.

Por un lado, un anteproyecto que ya se deriva al Congreso de los Diputados, que es el Anteproyecto de Ley de acciones colectivas para la protección y la defensa de los derechos y los intereses de los consumidores y de los usuarios. Es una reforma que está impulsada tanto por el Ministerio de Presidencia como también por el de Derechos Sociales y Consumo, y que lo que busca y lo que pretende, lógicamente, es reforzar la protección a los consumidores, en este caso, además, con acciones colectivas. Esto va a suponer, entre otras cosas, que las reclamaciones se puedan hacer, como les decía, de una forma colectiva a través de una entidad que tiene que estar legalmente habilitada. Estamos hablando, lógicamente, de asociaciones de consumidores u órganos de la administración, tanto estatal autonómica como local.

Además, también, por parte del ministro, en este caso, de Asuntos Exteriores, ha remitido al Consejo de Ministros dos puntos. Por un lado, una firma del protocolo del XVI Convenio Europeo de los Derechos Humanos, un protocolo que facilita fundamentalmente que los altos tribunales de los estados miembros puedan solicitar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos la emisión de consultas y opiniones. Esto nos va a permitir fortalecer el diálogo entre la justicia española y la justicia europea, y además nos ayuda a avanzar en nuestro compromiso con la protección de los derechos humanos como eje vertebrador, lógicamente, de nuestra política exterior.

Y también, por parte del ministro de Asuntos Exteriores se han aprobado hoy en el Consejo de Ministros el reparto de 34 millones de euros a organizaciones y programas de carácter internacional. Lo verán ustedes en la reseña del Consejo de Ministros, pero simplemente por avanzarles, hablamos de organizaciones tan importantes como el Comité Internacional de Cruz Roja, ACNUR o también Naciones Unidas.

Y como les decía interiormente, el ministro Óscar López les va a hablar hoy de… dar cuenta de un anteproyecto de ley que adapta nuestra legislación a la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea y al reglamento europeo sobre libertad de los medios de comunicación. Y esta medida, además, como todos ustedes saben, se enmarca dentro de las actuaciones puestas en marcha por este Gobierno dentro del conocido como el Plan de Acción por la Democracia.

Y en estas fechas, querida ministra, que estamos a algo más de una semana, una semana y media de la celebración del 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer, además, el pasado fin de semana se celebraba también el Día de la Igualdad Salarial, y en este escenario nos parecía también importante trasladarles a ustedes un informe que la ministra nos ha dado cuenta de él esta misma mañana en el Consejo de Ministros, y nos va a explicar unos importantes avances que lógicamente hemos podido vivir en este país durante estos últimos años en materia de igualdad.

Así que estos son los temas que hemos aprobado hoy en el Consejo de Ministros y, sin alargarme mucho más, le daré la palabra el ministro López.

Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública. - Muy bien, pues muchas gracias, portavoz. Buenos días a todos y todas, gracias por acudir a esta comparecencia. Vengo a presentar el Anteproyecto de Ley para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y medios de comunicación.

Esta es una ley que pretende reforzar los derechos fundamentales y también los derechos digitales de los ciudadanos. Derechos fundamentales que están recogidos en nuestra Constitución, artículo 20 de la Constitución.

Me van a permitir que lea literal el artículo 20.1. "Los españoles y españolas tienen el derecho y se reconoce, se protege el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción; a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica; a la libertad de cátedra y a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho de la cláusula de conciencia y el secreto profesional en el ejercicio de estas libertades".

Esto es lo que dice la Constitución Española. Pero, además, España es el primer país de Europa en contar con una carta de derechos digitales, creo que fundamental en los tiempos que corren y en ciertas cosas que estamos viviendo. España cuenta con una carta de derechos digitales, que, por cierto, fue la fuente sobre la que se inspiró Europa para hacer una Carta Europea de Derechos Digitales.

Después de todo este debate, en Europa se aprobaron dos reglamentos, el reglamento EMFA, el que afecta a los medios de comunicación, que ya hablamos aquí de él cuando presentamos el Plan de Acción por la Democracia, y también el reglamento DSA, el de servicios digitales, que también está pendiente, los dos son de aplicación directa porque son reglamentos europeos, pero tienen que ser adaptados a la legislación nacional. Y esta ley tiene como objeto adaptar a la legislación nacional tanto el reglamento EMFA como el de la DSA.

Es decir, lo que tiene que ver con la libertad y los medios de comunicación y también con los servicios digitales. Este es el objetivo de esta ley. Ya les adelanto que en breve tendremos que traer también, y traeremos, también de plena actualidad uno que aplique también la directiva europea en materia de regulación de la inteligencia artificial. Y lo digo porque los tres completan toda la protección de derechos en este nuevo mundo digital, donde la EMFA, la DSA y la Ley de Inteligencia Artificial, los tres completan todo un paradigma de protección, como digo, no solamente de derechos fundamentales como establece nuestra Constitución, sino también de derechos digitales. Y reitero y subrayo que España fue el primer país en aprobar una carta de derechos digitales.

¿Qué es lo que establece la ley? Básicamente, se trata de establecer un espacio digital seguro, donde se protejan los derechos fundamentales y los derechos específicos también de consumidores y usuarios. Que, como digo, adaptan nuestra legislación al reglamento EMFA y al reglamento también de la DSA, y que, básicamente, y para que lo entiendan, atribuye las competencias a la CNMC, a la CNMC en vigilancia del cumplimiento de la regulación europea que nos hemos dado todos. Por tanto, será una autoridad independiente, como es la CNMC, quien tenga que velar por el cumplimiento de la DSA y el cumplimiento también de la EMFA.

Saben ustedes que Bruselas exige que haya un punto, una autoridad, un punto de entrada a nivel nacional en cada Estado miembro. En el caso de España, el Gobierno ha decidido que ese punto sea la CNMC, que tendrá una nueva estructura. Obviamente, reforzada, pendiente tanto de la aplicación de la EMFA como de la DSA. Y, ya me adelanto, también de la inteligencia artificial cuando llegue en lo que respecta a la CNMC.

Por lo tanto, la CNMC será el coordinador de servicios digitales y eso, entre otras cosas, al aplicar la ley, va a obligar a que los proveedores tengan, por ejemplo, un canal para que los usuarios puedan denunciar contenidos ilícitos o que se establezcan criterios de transparencia sobre los criterios de recomendación del algoritmo y sobre la publicidad presente en las plataformas, o garantizar que el interfaz, es decir, el portal de entrada a cualquier servicio digital sea comprensible para el usuario y que no dé lugar a manipulación y engaños. O, por ejemplo, proteger a los consumidores cuando realizan contratos online. O, por ejemplo, combatir prácticas de desinformación o de alto riesgo como la manipulación electoral o el uso de inteligencia artificial para suplantar la identidad de una persona.

Aclaro y me adelanto para que lo vayamos sabiendo, porque hay que hacer pedagogía sobre esto. La ley europea de inteligencia artificial ya establece la prohibición del uso de "deepfakes". Lo digo para que se vaya sabiendo, porque hay gente que puede no estar informada. Es decir, que el reglamento europeo de inteligencia artificial ya obliga a que los creadores de audio o vídeo identifiquen como tal un contenido generado por inteligencia artificial, es decir, estos que se llaman "deepfakes" y que muestren, por ejemplo, a personas reales diciendo o haciendo cosas que no son reales en contextos que no son reales.

Por lo tanto, eso ya lo establece la directiva. Traeremos la ley en breve al Consejo de Ministros y, por supuesto, haremos que se cumpla esa ley en defensa de todos nosotros, de todos los ciudadanos, para que no se utilice nuestra imagen en ningún contexto que no sea real. Por lo tanto, estas son las obligaciones que establece la DSA y por las cuales velaran la CNMC.

Y, en relación con la EMFA, lo saben ustedes porque ya lo adelantamos en gran parte cuando presentamos el Plan de Acción por la Democracia, se establecerá un registro de medios que dependerá de la CNMC, no del Gobierno, sí de la CNMC. Ese registro de medios, tal y como establece la legislación europea, tendrá que contener la propiedad de los medios, transparencia absoluta sobre la propiedad de los medios, y también sobre la publicidad institucional que reciben esos medios.

Una información que los medios tendrán que actualizar, tendrán que mantener actualizada en ese registro que tendrá la CNMC, y que será el que vele por el cumplimiento de esta normativa, que, como digo, es europea. Por tanto, de aplicación nacional. Y lo que hacemos con esta ley es atribuirle la competencia a la CNMC para que tenga ese registro y para que haya esa transparencia sobre la propiedad y sobre también la financiación pública a través de campañas institucionales de los medios de comunicación.

Por lo tanto, creo que esta es una ley importante que nos refuerza a todos, al derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas, y mucho más en un contexto como el actual, donde hemos visto retrocesos. Por ejemplo, el sistema de verificación en redes sociales, en medios de comunicación. Lo cierto es que la DSA, la directiva europea, el reglamento europeo, es un gran escudo que nos protege a todos y nuestros derechos digitales, y, desde luego, va a ser de aplicación en España.

Por último, y por mencionarlo también, la ley establece un punto que aprovechamos para meterlo esta semana, porque saben ustedes que este domingo comienza el Barcelona Mobile Congress, que es una cita mundialmente trascendental, y que vamos a establecer una prórroga de los criterios de fiscalidad que tiene para que se mantenga durante tres años más el Barcelona Mobile Congress en Barcelona, obviamente. Por lo tanto, también va dentro de la ley ese precepto para que sigamos apostando por esa feria tan importante.

Y déjenme acabar, portavoz, si me dejas treinta segundos, para decirles que, como es un tema que ha sido objeto de mucha información pública, me satisface decirles que ha finalizado el procedimiento, parte del procedimiento, falta otro, de licitación del Concierto de Asistencia Sanitaria en el Exterior. Es decir, todos los funcionarios que están en el exterior, la mesa de contratación de Muface ha propuesto la adjudicación al servicio de Nueva Mutua Sanitaria para que preste asistencia a los más de 8.000 mutualistas destinados en el exterior.

Por lo tanto, como he dicho en todo momento, tranquilidad y serenidad, porque los mutualistas, en este caso, todos los funcionarios que cumplen su misión en el exterior, fuera de nuestras fronteras, pues hay una empresa que se hará cargo de los mismos y estamos ya en condiciones de comunicarlo. Muchas gracias.

Portavoz. - A ti, ministro. Ministra, por favor.

Ministra de Igualdad. - Gracias, ministra portavoz. Como muy bien decías, en torno al 8M hemos querido presentar este informe: "Más derechos, más feminismo, más democracia. Un año de avances", que tienen a su disposición, que vamos a entregar a continuación, porque nos parece importante reconocer el compromiso y reforzar el compromiso del Gobierno español con la igualdad.

La igualdad como modelo social, político y económico. Un modelo que, además, es rentable, que, además, es competitivo para las empresas, y un modelo que se circunscribe a nuestra democracia y a nuestra Constitución.

En ese sentido, creo que es importante reconocer que frente a un modelo que intenta imponer esta ola reaccionaria, que viene con fuerza y que se extiende por prácticamente todo el mundo, frente a ese reaccionarismo y ese negacionismo de la igualdad, que es una moneda de cambio que tiene, por un lado, una cara, que es la "criptoestafa", y una cruz, que es el recorte de la igualdad y la motosierra de los derechos, frente a esa moneda, la moneda española, la moneda europea, es una moneda de derechos humanos y de progreso económico, social y democrático.

Hemos presentado este informe, que lo que viene a demostrar es la fortaleza del modelo, y una fortaleza que hace referencia a las prioridades del Gobierno de España en la lucha contra las desigualdades y las discriminaciones. Todas las discriminaciones.

Hemos incorporado un aspecto que es fundamental, la lucha contra la violencia de género, que, saben ustedes, se inició con la Ley Integral contra la Violencia de Género, de la que hemos celebrado el 20 aniversario, y que nos permite hoy decir que, efectivamente, esos consensos tan importantes de la ley, de la Constitución, del pacto de Estado de 2017, de todas las medidas que se adoptaron y se aprobaron, han dado unos resultados.

Por supuesto, cada asesinato de una mujer nos interpela y es un drama colectivo y un fracaso colectivo, pero si somos conscientes de la evolución y del avance, podemos decir que, efectivamente, estamos acercándonos a una sociedad sin violencias de género.

Partíamos de un 2003 con 74 víctimas mortales de violencia de género, y en 2024 han sido 48 mujeres asesinadas, que, por supuesto, cada asesinato de una mujer es un fracaso colectivo y nos interpela como democracia, pero creo sinceramente que lo importante también es rescatar la esperanza, la esperanza de que las medidas, todos los sistemas de protección, finalmente evolucionan hacia una menor cantidad de mujeres asesinadas. Y eso es, desde luego, lo que queremos demostrar también en este informe.

Medidas que son transversales y que, como digo, hacen referencia a la coordinación con otros ministerios, como, por ejemplo, el Ministerio del Interior, con el que trabajamos prácticamente a diario y que nos han permitido este año también aprobar el VioGén 2 con nuevas propuestas, con nuevas medidas, que hacen también de la coordinación la bandera de avanzar hacia ese objetivo, que no es otro que una sociedad, una democracia, libre de violencia de género.

Como saben, mañana, además, se aprobará en el Congreso de los Diputados finalmente ese consenso, también muy amplio, en el que está todo el arco parlamentario salvo Vox para seguir avanzando y renovar ese pacto de Estado con nada más y nada menos que 461 medidas, que van a suponer, como digo, un avance importante en esta materia, que es esencial y prioritaria.

También creo que hay que resaltar los avances y las medidas en violencias sexuales. El Ministerio ha tenido muy en cuenta la ley integral contra la violencia sexual, contra las violencias sexuales en general, esa LOGILS, ley de libertad sexual. Y hemos ampliado los derechos de las personas que son víctimas, de las mujeres víctimas de violencias sexuales, con un decreto que implicó la ampliación de los derechos económicos a las víctimas de violencias sexuales, ese artículo 41 de la LOGILS, que finalmente también se está aplicando en este momento.

Y cómo no, la apertura de los 54 centros de crisis 24 horas en todo el territorio, que era un compromiso también con fondos europeos que se ha cumplido. El hito europeo se cumplió a finales del 2024. Y resta en este año establecer una cartera mínima de servicios conjunta y común para todos esos centros en todo el territorio nacional. Es, por lo tanto, también un compromiso que hemos querido incorporar a este informe porque consideramos que es esencial tener una red de recursos suficientes que permita avanzar en una sociedad libre también de machismos, libre de violencias sexuales.

Por supuesto, los puntos violetas, que este año también se han multiplicado. Todos los paradores nacionales se han incorporado con un convenio a esta propuesta. Y también las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de toda España, que son esos puntos de apoyo, de información y de referencia para las mujeres víctimas.

En cuanto a las brechas de género, también este Gobierno sigue implicado y comprometido en ir reduciendo las brechas de género. De hecho, hoy mismo se ha publicado el informe definitivo del Observatorio de Igualdad de la Unión Europea, donde España sigue manteniendo ese cuarto puesto en el Índice Europeo de Igualdad con 76,7 puntos, por encima de la media de Europa, que está en 71 puntos.

Por lo tanto, creo que mantenemos nuestro compromiso, nuestro liderazgo, y somos, como digo, referente en materia de igualdad y de avance en derechos. Porque sabemos que la igualdad es rentable. Como digo, el ir achicando las brechas, las brechas laborales, las brechas retributivas, desde luego da buenos resultados a la economía. Y nuestra economía, ahí están los resultados desde 2024, creo que nadie duda que está a la cabeza de Europa, es la locomotora de Europa. Y son estas políticas las que también tienen, en definitiva, mucho que ver con ese éxito económico.

En cuanto a las brechas retributivas, la incorporación y el incremento del salario mínimo interprofesional, con un incremento del 61 % en los últimos seis años, también el incremento de las pensiones o los permisos de paternidad y maternidad, los planes de igualdad, que se exigen a las empresas, y ese récord absoluto de mujeres cotizando a la Seguridad Social, más de diez millones de mujeres cotizantes, creo que es la batería de medidas que da como resultado un detrimento de la brecha, en este caso, retributiva de 6,8 puntos, dejándose esa brecha en el 17 %, que sigue siendo realmente importante, pero que sabemos cómo se puede ir reduciendo, y las medidas adoptadas son las medidas eficaces para ir reduciendo esa brecha tan importante.

También somos conscientes de la brecha de representación. Esta brecha de representación sigue muy presente en las empresas, tanto en las empresas del Ibex como en las medianas y pequeñas empresas. Somos muy conscientes. De hecho, la Ley de Paridad que aprobamos en 2024 es una ley que tiene que implementarse este año y que va a ser, como digo, una ley en la que el Gobierno ponga especial énfasis, precisamente también por las dificultades que a nivel internacional estamos comprobando en torno a la incorporación de las mujeres en los puestos de máxima representación.

Pero, como digo, hay esperanza, porque la red de empresas DIE, que tienen y disfrutan del distintivo de Igualdad, computa ya 157 empresas. 157 empresas en nuestro panorama nacional que son empresas punteras, que son empresas de referencia, que son empresas que avanzan y que son económicamente muy rentables. Todas ellas, como digo, tienen ese distintivo de igualdad, y ese es el camino que se va a implementar a través de la Ley de Paridad.

Otra brecha que nos preocupa especialmente es la brecha de los cuidados. Muchas carreras profesionales de muchas mujeres valiosas y con enorme talento se ven truncadas precisamente por las cargas familiares, y, en ese sentido, el Plan Corresponsables es un programa que ha contado con una cantidad no despreciable de 190 millones de euros y que ha permitido que más de 2.000 proyectos en toda España tengan esos recursos necesarios para implementarse y ponerse en marcha, son también, como digo, medidas que se incorporan en este informe y que sabemos que son útiles, rentables, y permiten que las mujeres se incorporen con igualdad y sin discriminación al mundo laboral y a la promoción profesional.

Por último, la alianza global. Se celebra este año, precisamente, el Beijing+30, y España, que, como digo, lidera las políticas de igualdad, quiere también liderar esa alianza global frente al autoritarismo, frente al negacionismo y frente a la violencia, proponiendo con los países cercanos, con los países que también tienen en las políticas de igualdad una clara prioridad, como digo, con estos países pretendemos, en la CSV que se celebrará en Nueva York recientemente, próximamente, a partir del día 8 de marzo, una alianza global que permita demostrar que las políticas de igualdad son políticas, como digo, rentables socialmente, rentables democráticamente, y también rentables desde el punto de vista económico.

Este es el informe, que tienen a su disposición y que creo que demuestra, una vez más, que este Gobierno y la mayoría de los grupos que le sustentan, pues es un Gobierno fuerte y firmemente comprometido con los derechos de las mujeres y con la igualdad de oportunidades.

Portavoz. - Muchas gracias, ministros. Y ahora, si os parece.

Sandra Gallardo Tasias (RNE). - Hola, buenas tardes. Ministras, ministro. Pregunto a la portavoz. Las comunidades del Partido Popular ya avanzan que mañana votarán en contra de la quita de la deuda en el Consejo de Política Fiscal. Feijóo ha dicho hoy que es una trampa. Ha dicho literalmente que también lo que busca es pagar el alquiler de Moncloa contentando a los socios del Gobierno. Quería una valoración al respecto, si cree que las comunidades finalmente van a rechazar esa condonación de la deuda.

Y, a raíz de ese acuerdo con Esquerra, y de que hoy finalmente no se debata la iniciativa de Junts, ¿eso acerca los presupuestos de este año? Está terminando ya el primer trimestre, que era el plazo que se habían marcado. ¿Puede haber presupuestos todavía? Gracias.

Portavoz. - Bueno, empiezo por su última pregunta. Saben que el objetivo y la disposición de este Gobierno es poder tener un nuevo presupuesto para este año 2025, y llevamos, si me permite, inmersos en el diálogo con el resto de las fuerzas políticas desde el primer día.

Afortunadamente, hoy nuestro país vive una buena situación económica, y lo que queremos es que esa buena situación económica pueda permear esos nuevos presupuestos generales del Estado. Evidentemente, somos perfectamente conscientes de que tenemos que seguir acometiendo, como le decía, ese diálogo con todas las fuerzas políticas, y en eso estamos. En absoluto renunciamos a poder tener, como les decía, aprobados unos nuevos presupuestos generales del Estado que vayan, además, destinados a los principales objetivos que tiene este Gobierno, y es seguir creciendo, además, de una manera redistributiva, como estamos demostrando, y, sobre todo, seguir consolidando también los servicios públicos, la educación, la dependencia o la sanidad de nuestro país.

Sobre la posición que han trasladado las comunidades autónomas del Partido Popular y el señor Feijóo. Mire, yo creo que el señor Feijóo tiene que dar simplemente una respuesta a los españoles. ¿Está por condonar o está por condenar? ¿Quiere condonar la deuda a sus comunidades autónomas o quiere condenar a los ciudadanos de todas las comunidades autónomas? Esta es la pregunta: ¿es más de condonar o es más de condenar? Aquí estamos hablando de una propuesta que traslada el Gobierno de España de asumir la deuda de más de 83.000 millones de euros a todas las comunidades autónomas.

Es decir, lo que estamos diciéndoles a las comunidades autónomas y, evidentemente, a las comunidades autónomas del Partido Popular es que puedan mejorar su situación financiera, su situación económica. Que esos recursos que tienen que destinar las comunidades autónomas para afrontar la deuda los puedan destinar para mejorar los servicios públicos. ¿Y el Partido Popular dice que no?

Mire, lo que también estamos escuchando por parte del señor Feijóo y los dirigentes del Partido Popular es un serial de excusas absolutamente peregrinas para no apoyar una buena medida que va en beneficio de los ciudadanos de este país. Y para muestra, un botón. 13 de noviembre de 2023. Cojo palabras textuales de la consejera de Hacienda, por ejemplo, del Gobierno de Andalucía. Abro comillas: "Aceptaríamos una quita de deuda como Cataluña, pero tiene que llegar a los 17.000 millones de euros". 13 de noviembre del 2023. Ayer, 24 de febrero. Cuando esta comunidad autónoma sabe que su quita de la deuda es de 18.791, abro comillas: "Rechazamos la oferta trampa de Montero porque es un traje a medida para Cataluña". Fin de la cita.

Manuel Muinelo Fernández (Telemadrid). - Sí, buenos días. Varias preguntas tengo para la portavoz. Acabamos de conocer que el Tribunal Supremo ha emitido un auto donde dice que parece deliberada la actitud del fiscal general del Estado para destruir pruebas. ¿Qué opina el Gobierno de que el Supremo diga que el fiscal general de España quería destruir pruebas?

Y sobre la quita de la deuda, ¿teme que, si el PP dice que no, ustedes pueden mantener el compromiso con la Generalitat de Catalunya?

Y al ministro Óscar López, también quizá hablando un poco de la deuda, que explique. A ver, si, por ejemplo, se van a quitar 18.000 millones, o se van a condonar 18.000 millones a Andalucía, 17.000 a Cataluña, ¿quitar 8.000 millones o condonar 8.000 millones a Madrid no supone perjudicar a Madrid?

Y respecto a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ¿va a ser la encargada de decidir quién es un medio de comunicación o qué no es un medio de comunicación? Gracias.

Portavoz. - Lo que quieras, Óscar.

Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública. - A mí me encantaría que me perjudicaran quitándome la hipoteca. Si perjudicar a Madrid es condonarle 8.644 millones de euros y, por lo tanto, el ahorro en pago de intereses que conlleva, por favor, que me perjudiquen todos los días. Lo digo por esa campaña de victimismo absurdo y eterno de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Le digo más. La Comunidad de Madrid ha recibido, en los últimos seis años, 109.000 millones de euros. 30.000 más que con el Gobierno de Rajoy. 30.000 más. Y ahora se le ofrece la posibilidad de condonar 8.644 millones de euros. Si eso es perjudicar, que venga Dios y lo vea, sinceramente.

Y en relación con el registro de la CNMC, pues sí, hemos decidido cumplir con la normativa europea. Insisto, cumplir con la normativa europea que exige que haya un registro de medios donde se vea la propiedad de los medios, la financiación a través de campañas públicas y, por cierto, creo que olvidé decirlo antes, también evitar la concentración, para que haya pluralismo. Y el Gobierno de España ha decidido que esa competencia recaiga en una autoridad independiente como es la CNMC.

Por lo tanto, eso es lo que establece la normativa europea y lo que vamos a cumplir. La palabra es "transparencia". Y yo creo que los ciudadanos merecen saber, por supuesto que sí, quién es el propietario de un medio, qué financiación pública recibe de campañas de comunicación institucional o si se produce una concentración. Por cierto, eso no es nuevo, ¿eh? Lo he contado en más de una ocasión.

Yo creo que existen dos tipos de medios de comunicación. Aquellos que utilizan un bien público, es decir, el espacio radioeléctrico, es decir, tienen una licencia y se les concede una licencia, es decir, radio y televisión. Y hay otro tipo de medios de comunicación que no tienen licencia porque no usan un bien público finito, como es el caso, que es el espacio radioeléctrico, y que, por lo tanto, cualquiera puede abrir un digital o un periódico y no tiene que pedir un permiso para ello, obviamente.

Otra cosa es que para acceder y para formar parte del registro, que exige Europa, subrayo, que exige Europa, para formar parte de los medios de comunicación, haya que tener transparencia sobre la propiedad, sobre la financiación pública y también sobre la concentración. Que, insisto, en el caso de los bienes que tienen, que hacen uso de un bien que es de todos nosotros, el espacio radioeléctrico es público y es finito y se reparte, y el Gobierno, en base a la ley, concede licencias, bueno, pues ese tipo de medios ya tienen, en la Ley General de Comunicación Audiovisual, que se aprobó hace 20 años en este país, ya existen limitaciones para la concentración para que no acabaran todas las televisiones y todas las radios en manos de una persona o en manos de dos, ya se hicieron límites a la concentración en el caso de los medios que usan el espacio radioeléctrico.

Ahora, Europa, y subrayo y reitero, Europa, dice que hay que evitar también la concentración del resto de medios, y que, por lo tanto, tiene que haber un registro donde se vea la propiedad y se establezcan esos límites. Límites que, por cierto, se discutirán con Europa y se abordarán en la CNMC cuando se haga el reglamento. Porque eso, evidentemente, habrá que hablar con Europa cuáles son esos límites, no es fácil. Ustedes entenderán, en materia de medios digitales, por ejemplo, es mucho más fácil, porque las televisiones son pocas y es fácil, pero es mucho más difícil en materia de medios digitales, por poner un ejemplo. Pero eso es una discusión que habrá que tener con Europa para conocer los medios.

Y, perdón, una aclaración. Porque hice referencia a una ley que vendrá, que no ha venido hoy, que es la de Inteligencia Artificial, la de adaptación a España de la legislación en materia de inteligencia artificial. Hoy la que viene es una ley que adapta a España la EMFA, es decir, los medios de comunicación, y la DSA, es decir, los servicios digitales, y se le atribuye la competencia a la CNMC.

Cuando llegue la de inteligencia artificial, España tiene una Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial. La tenemos. Ya saben ustedes que tiene la sede en Coruña, ya está en funcionamiento, y será la agencia la que sea encargada, digamos, de velar por el cumplimiento de la ley de inteligencia artificial cuando venga al Consejo de Ministros, que ya está aprobada, insisto, en Europa. Será la CNMC competente en aquello que afecte a servicios digitales. Gracias.

Portavoz. - Bueno, sobre lo que me preguntaba, el Consejo de Política Fiscal y Financiera es mañana, y, desde luego, yo, un voto negativo, un voto contrario por parte de las comunidades autónomas del Partido Popular me resultaría inexplicable.

¿Votar en contra de los intereses de sus comunidades autónomas? ¿Votar en contra de los intereses de los ciudadanos de esas comunidades autónomas? ¿Sabe lo que sucede? Que el Partido Popular y las comunidades autónomas han recogido siempre este tema para utilizarlo para, digamos, dar alas a ese discurso constante de agravio comparativo entre los distintos territorios. Y esta es la verdad. Ellos siempre han utilizado este tema, siempre han puesto encima de la mesa esta cuestión para utilizarlo, como digo, siempre para llevar esa confrontación constante y continua con otros territorios.

Cuando por parte del Gobierno de España se traslada la posibilidad de condonar la deuda, repito, de todas las comunidades autónomas, de todas las comunidades autónomas, hasta aquellas que no entraron al FLA, como es el caso de Madrid, con esos más de 8.000 millones de euros, que, ojo, es más de una cuarta parte de esa deuda, más los intereses que esto genera, que también es importante, dicen que no.

Al final, a la conclusión que tiene que llegar uno es que da igual las medidas que se pongan encima de la mesa, da igual que esas medidas favorezcan la situación económica de las comunidades autónomas, da igual que esas medidas y decisiones que se pongan encima de la mesa beneficien a los ciudadanos de las distintas comunidades autónomas, porque el Partido Popular siempre va a votar que no si es una medida que propone el Gobierno de España. Entonces, hombre, yo lo que les pediría es responsabilidad. Responsabilidad.

Estamos hablando, como decía el propio ministro López, ¿cuántos ciudadanos que hoy nos pueden estar viendo a través de sus televisiones, de sus televisores, tienen hoy una hipoteca? De 70, de 80, de 90, de 120.000 €. Pues imagínese que a cualquiera de esos ciudadanos se le dice: "el Gobierno va a asumir una parte de esa deuda. Donde tenías 80 te vamos a dejar 60 y, por supuesto, la casa sigue siendo tuya". Y frente a esto, el Partido Popular dice que no. Por eso les digo, la respuesta a la pregunta es muy sencilla. ¿Están con condonar la deuda o están con condenar a los ciudadanos?

Y por parte de la pregunta que usted me decía sobre el fiscal. La posición de este Gobierno no ha cambiado sobre esta cuestión. Lo que sí que les puedo trasladar, además, el auto lo hemos conocido hace escasos minutos, creo que, incluso, la propia parte dispositiva de ese auto plantea que se impongan medidas para evitar las continuas filtraciones en este caso. Parece importante que se resalte esta cuestión.

Esther María Redondo Escudero (La Sexta). - Gracias, buenas tardes. Quería preguntar en primer lugar a la ministra portavoz con el tema de la condonación de la deuda. Ministra, si el Gobierno no hubiera necesitado o no necesitara a diario los votos de Esquerra Republicana y de Junts en el Congreso, ¿esta medida que ustedes califican de histórica se habría aprobado?

Y luego, quería preguntar también a la ministra de Igualdad, a raíz del caso Monedero, de los casos que vamos conociendo estos últimos días de denuncias de acoso sexual. Quería saber, ministra, qué tiene que hacer una persona que recibe o tiene conocimiento de una denuncia de un caso de acoso o agresión sexual y esa persona quiere permanecer en el anonimato. Y pedirle también una valoración sobre la actuación de Podemos. ¿Cree que su actuación se quedó corta, que tendría que haber hecho algo más?

Portavoz. - Ministra, cuando puedas, cuando quieras.

Ministra de Igualdad. - Bueno, gracias por la pregunta. Empezando por lo que usted comentaba en primer lugar. Qué es lo que debe hacer una persona. Nosotros siempre decimos que la denuncia es importante. Porque la denuncia pone en marcha todo el mecanismo de protección de las víctimas. Denunciar, además, cada vez es una opción más valorada por las mujeres. Hay un 15 % más de denuncia en el último año. Por lo tanto, esa denuncia y ese incremento de denuncias implican que las mujeres confían cada vez más en un sistema de protección que se va ampliando, que se va fortaleciendo y que se acerca a las víctimas.

Una manera de acercarse a las víctimas es a través de los centros de crisis 24 horas. Estos centros de crisis, como digo, se han abierto en prácticamente todas las provincias españolas. Hay 54 centros de crisis en este momento abiertos, con 24 horas de disponibilidad de servicios jurídicos, servicios sociosanitarios y servicios psicológicos para atender, precisamente, a las víctimas. Y en la mayoría de los casos, y yo he tenido oportunidad de visitar unos cuantos, están a pie de calle. Es decir, que es muy fácil entrar y conocer cuáles son los servicios que presta y utilizarlos para la protección de las víctimas y también para, sin necesidad de denunciar ante la Policía o la Guardia Civil, sí poner en conocimiento de los asesores y de los técnicos que en estos centros están, como digo, a disposición de las mujeres, poner en conocimiento cuál es la situación y cuáles las soluciones o las vías de atender esa necesidad, de comprobar que, efectivamente, la víctima está a salvo y de hacer que el sistema del que goza el Estado se pone, como digo, a funcionar a pleno rendimiento para beneficiar y solventar esa situación.

En cuanto a la segunda cuestión, desde luego, creo que cada uno de los partidos políticos tiene que asumir sus responsabilidades. No seré yo la que entre a valorar qué se hace o qué no se hace en el resto de partidos políticos. Pero lo que sí que digo son dos cosas. Una, que la mayoría de los partidos tienen ya un protocolo anti acoso. El problema es que muchas veces esos protocolos no se conocen, no hay transparencia en esos protocolos. Y yo pediría desde aquí transparencia a todos los partidos para que la militancia y todos los ciudadanos, toda la ciudadanía conozca que efectivamente esos protocolos existen, que esos protocolos son eficaces y que esos protocolos tienen que aplicarse en todos los casos en los que se produzca una denuncia de estas características.

En segundo lugar, que lamentablemente el machismo es transversal, el machismo es estructural, por eso hay que luchar contra el negacionismo, que precisamente intenta que no nos demos cuenta de la magnitud del problema, el problema es transversal, es, por supuesto, atávico, histórico, y es difícil de combatir. Pero sí que es cierto que debemos hacer que las medidas con las que contamos sean eficaces en la defensa y protección de las mujeres, tanto en el ámbito interno de los partidos, como en el ámbito institucional. Yo, por lo tanto, creo que hay que exigir que esos protocolos se apliquen, que se conozcan, y que las mujeres puedan hacer con esos protocolos defensa de sus derechos.

Y, en tercer lugar, creo que en política hay que ser especialmente ejemplar, creo que hay que ser especialmente decente, y creo que hay que ser especialmente coherente con el ideario del partido en el que se milita, y más si es un representante público. Creo que esa es la obligación de todo político: la coherencia, la decencia y la responsabilidad. Y hasta ahí.

Portavoz. - Creo que ayer tuvieron toda la posibilidad de ver y escuchar la rueda de prensa que dio la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, reconociendo ese sobreendeudamiento al que se vieron abocadas las comunidades autónomas, especialmente durante la etapa de la crisis financiera, entre el año 2009-2013. Y esta medida que hoy planteamos de asumir, de condonar esos más de 83.000 millones de euros, es también un paso más a seguir, si me permiten, fortaleciendo el Estado de las Autonomías, que es lo que lleva haciendo este Gobierno, no solamente con esta condonación de la deuda a todas las comunidades autónomas, a todas las comunidades autónomas, sino también con esa financiación autonómica que se ha trasferido a las comunidades autónomas a lo largo de estos últimos seis años, siete años, que supone, como explicaba el ministro López, de más de 300.000 millones de euros más que han recibido todas las comunidades autónomas.

A partir de ahí, vamos con esta cuestión en el Consejo de Política Fiscal y Financiera mañana, y saben que a partir de ese momento se abrirán también reuniones bilaterales con todas las comunidades autónomas, y posteriormente esto tiene que ir, como una ley orgánica, al Congreso de los Diputados. Y hay un partido político que tiene en estos momentos el mayor número de comunidades autónomas gobernando, que es el Partido Popular.

En otros momentos ya hemos visto cómo el Partido Popular ha votado en contra de los intereses de los ciudadanos. Quiero recordarles el voto negativo frente a la senda de estabilidad, que suponía prácticamente 10.000 millones de euros más para las comunidades autónomas. Bueno, pues veremos a ver cuál es la posición que plantea en ese momento, cuando llegue esa votación, el Partido Popular en el Congreso de los Diputados.

Daniel Blanco (Europa Press). - ¿Qué tal? Buenas tardes. Para la ministra portavoz, quería preguntarle por la retirada. La decisión de Junts de retirar la iniciativa sobre la cuestión de confianza. A cambio de qué ha tomado esa decisión Junts, si hay un acuerdo o está cercano ya un acuerdo sobre el traslado de competencias sobre inmigración, y en qué términos se llevaría a cabo.

Y respecto a los presupuestos, a la posibilidad de que haya presupuestos, se lo pregunto de otra manera: ustedes dicen que el objetivo es presentarlos y que los haya, ¿pero se puede gobernar, pueden gobernar sin unas nuevas cuentas generales? Gracias.

Portavoz. - Pues fíjese si tendrían ustedes presidentes de comunidades autónomas, sin ir más lejos, el señor Mañueco o la señora Ayuso, que han gobernado en sus comunidades autónomas sin presupuestos. O actualmente la mayoría de las comunidades autónomas, que tienen gobiernos con Vox, no, aunque sea en diferido, no tienen tampoco los presupuestos aprobados. Dicho esto, nosotros vamos a seguir trabajando para tener esos nuevos presupuestos generales del Estado, es nuestro objetivo, y desde luego, así lo estamos trasladando en las distintas conversaciones con el resto de fuerzas políticas.

Y sobre la retirada de la cuestión de confianza de Junts, ¿a cambio de qué?, pues de diálogo, de diálogo, que es lo que venimos haciendo con Junts y con el resto de las fuerzas políticas desde el minuto uno.

Ignacio Aguado Amilburu (Telecinco). - Sí, buenas tardes. A la ministra de Igualdad, a raíz de esa denuncia de una estudiante de la Universidad Complutense a Juan Carlos Monedero por acoso sexual, hemos comprobado que las denuncias en los campus, hay hasta una tesis doctoral al respecto, raras veces conducen a que haya una protección a la víctima mientras se investiga, en aquellos casos en los que se llega a investigar. ¿Habría que tomar medidas en ese sentido?, es la pregunta que le traslado.

Y a la ministra portavoz, continuando con el asunto de los presupuestos generales del Estado, me gustaría saber si tras la decisión. Si este nuevo horizonte en el que no hay un planteamiento de una cuestión de confianza por parte de Junts, si hay una sensación en el Gobierno de oxígeno, ¿esto allana el camino, tranquiliza el curso de la legislatura? Eh... nos dice. Bueno, reduce un poco la importancia de que un Gobierno pueda seguir adelante sin unas cuentas públicas. Me gustaría saber si esto comprometería por ejemplo anuncios como el que hizo ayer el presidente del Gobierno, de los 1.000 millones de ayuda a Ucrania. Sobre este asunto, me gustaría saber si hay consenso en la coalición y si han informado de los pormenores de este anuncio a Sumar.

Y en último lugar, sobre el auto del Supremo y el fiscal general del Estado, ese auto habla de que hay evidencias de que el fiscal general ha hecho desaparecer pruebas. Me gustaría saber si consideran ese pronunciamiento. Si eso va más allá de una elucubración, como lo han venido llamando hasta ahora, o si ciertamente les dan importancia a esas palabras de ese auto. Gracias.

Portavoz. - Gracias. Ministra.

Ministra de Igualdad. - Gracias. Realmente la pregunta es muy oportuna, porque nos preocupa el acompañamiento de las víctimas antes de la denuncia. Creemos que ahí hay un momento delicado en el que las mujeres necesitan saber a lo que se enfrentan y conocer cuáles son los pasos que se van a dar.

En ese sentido hemos mantenido dos reuniones, una con el Colegio de Abogados y otra con el Colegio de Procuradoras, fundamentalmente son mujeres, Procuradoras de España, para avanzar en un convenio que nos permita cerrar con ambos colegios profesionales medidas que permitan acompañar a las víctimas previamente a la denuncia. Creo además que en esa obsesión que tenemos de coordinación y colaboración de todos los instrumentos de los que cuenta el Estado para proteger a las víctimas, sería muy oportuno que utilizáramos también, a través de los centros de crisis 24 horas, el enlace con los colegios profesionales.

Creo que si una mujer da el paso, entra en uno de estos centros, pone en conocimiento de alguna de las asesoras su situación, rápidamente, si tenemos estos instrumentos, bien trabajados, podemos, como digo, contactar con el Colegio de Abogados de España, con el Colegio de Procuradores, que por supuesto tienen en cada una de las provincias sus sedes, para poner ya a disposición de esas mujeres una abogada, una procuradora que las instruyan sobre el procedimiento al que se enfrentan, y sobre todo, las puedan acompañar en el proceloso mundo de los procesos judiciales, que a veces es tan complejo. Entonces, estamos trabajando en esa dirección, espero tener alguna buena noticia en breve.

Portavoz. - Voy a empezar por la noticia que trasladaba ayer el presidente del Gobierno de esos 1.000 millones de euros para Ucrania. Saben que forman parte de un acuerdo bilateral de seguridad y de defensa que se firmó bilateralmente, lógicamente, con Ucrania, que ya se puso en marcha además el año anterior, esos 1.000 millones de euros que se destinaron, incluso en el año 2024 fueron superados, finalmente fue una cantidad superior a 1.000 millones, y de nuevo, por tanto, este año adquirimos ese nuevo compromiso con Ucrania para poder seguir colaborando con este país, fundamentalmente en ayuda humanitaria y también, por supuesto, para material militar. Pero es un acuerdo bilateral, ustedes recordarán ya, porque lo explicamos el año anterior, que además tiene una vigencia para estos próximos diez años.

Sobre la pregunta que usted me preguntaba. Bueno, me hacía sobre los presupuestos, he respondido así por la pregunta que me ha hecho su compañero, la posición de este Gobierno es seguir trabajando para tener unos nuevos presupuestos, este es, desde luego, nuestro objetivo y nuestro camino: seguir trabajando para poder aprobar unos nuevos presupuestos; es nuestro objetivo, y desde luego ahí vamos a continuar.

Y sobre la pregunta que usted me hacía sobre Junts. Fíjese, lo que venimos demostrando, no solamente este año de legislatura, sino también en la legislatura pasada, que gracias al acuerdo. Gracias al diálogo hemos podido poner en marcha importantes acuerdos en este país. Y esos acuerdos lo que nos han permitido que el país avance, y es lo que vamos a seguir haciendo, sobre todo porque se lo he dicho ya en muchas ocasiones desde esta mesa: este Gobierno es perfectamente consciente de la situación parlamentaria que tenemos. Y eso nos lleva a dialogar, a debatir con el resto de las fuerzas parlamentarias, pero lo que se está viendo y la realidad de los hechos es que estamos consiguiendo importantes acuerdos. Hemos aprobado ya más de veinticinco leyes en lo que llevamos de legislatura, con lo cual, creo que es una línea o un camino, si me permiten, que llevamos andando ya durante años, y que vamos además a seguir haciéndolo.

Y sobre la pregunta del fiscal, desde luego, hay que respetar un proceso de instrucción que todavía sigue abierto, y la posición del Gobierno la conocen porque es clara y manifiesta desde el primer momento y no ha variado.

Portavoz. - Muy bien. Muchísimas gracias y buenas tardes.

Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación