El Gobierno establece un modelo solidario, objetivo y ágil para la acogida de los menores migrantes no acompañados

La Moncloa, Madrid

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto ley de medidas urgentes para garantizar el interés superior de la infancia y la adolescencia ante la situación que miles de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados viven en determinados lugares.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha calificado el acuerdo de "hito en la defensa de los derechos humanos" y ha destacado que responde a una demanda histórica de los territorios frontera a los que llegan menores en pateras y cayucos. El ministro ha remarcado también el aval de la Abogacía del Estado respecto a la urgencia y la necesidad de la norma, así como la labor negociadora realizada en los últimos meses con el fin de garantizar los apoyos suficientes para que el Congreso de los Diputados convalide el texto.

"Es la primera vez que un Gobierno central, ante una competencia claramente autonómica, porque así ha quedado claro por el Tribunal Constitucional y otros órganos pertinentes, pone sobre la mesa una respuesta justa y equilibrada al fenómeno migratorio", ha sostenido.

Solidaridad equitativa en defensa del interés del menor

Ángel Víctor Torres ha defendido que la única solución definitiva y estructural para la acogida de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados es modificar la Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Una reforma que viene acompañada -ha apuntado- de la consignación económica que necesita.

Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa / Jose Manuel Álvarez

En concreto, el texto aprobado hoy modifica el artículo 35 de esa ley añadiéndole cuatro puntos. El 35 bis establece que la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, donde están representadas las comunidades autónomas, mantiene su plena autonomía y puede adoptar sus propias decisiones sobre los aspectos recogidos en este artículo si las acuerda por unanimidad. Este punto indica, además, que la comunidad que cuente con una presencia de menores extranjeros no acompañados que triplique su capacidad ordinaria se encontrará en situación de contingencia migratoria, lo que trasladará al Gobierno para que active los mecanismos de reubicación.

Criterios para la distribución de los menores

El artículo 35 ter establece una serie de criterios -que pueden ser modificados también por unanimidad por la Conferencia Sectorial- para la distribución de los menores, como la población, la renta per cápita, la tasa de paro, el esfuerzo realizado anteriormente, el dimensionamiento estructural del sistema de plazas o la condición de ciudad fronteriza o de insularidad de cada territorio. Estos criterios se basan fundamentalmente en las conferencias sectoriales de los años 2022, 2023 y 2024.

La modificación legislativa regula, en el artículo 35 quater, cómo debe llevarse a cabo el registro del menor no acompañado, cuyos derechos deberán preservarse siempre. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática ha explicado que, cuando un menor llegue a una comunidad y esta se encuentre en situación de contingencia migratoria extraordinaria, el traslado a la comunidad de destino debe producirse en el plazo de 15 días desde que se complete el registro del menor.

Suficiencia económica y determinación de la capacidad de acogida

Ángel Víctor Torres ha destacado, igualmente, dos aspectos recogidos en las disposiciones adicionales del texto aprobado por el Ejecutivo.

Por una parte, se establece un fondo de 100 millones de euros para financiar los traslados.

Por otro lado, se fijan los criterios para determinar la capacidad ordinaria de los sistemas de acogida, que es el parámetro a partir del cual se calcula la sobreocupación. El ministro ha subrayado que la capacidad ordinaria de cada territorio se determina con criterios transparentes y claros, partiendo del número de menores extranjeros no acompañados atendidos en el conjunto del país. "Todas las comunidades tienen igualdad con respecto a la capacidad ordinaria porque está basada en un criterio absolutamente objetivo como es la población", ha manifestado Ángel Víctor Torres. En 2025, las comunidades tendrán hasta el 31 de marzo para certificar a cuántos menores extranjeros no acompañados están atendiendo; a partir del próximo año, la fecha se adelanta al 15 de enero.

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, atienden las preguntas de la prensa. | Pool Moncloa / Jose Manuel Álvarez

El ministro ha recordado que, en algunos centros de menores, hay 300 personas en espacios habilitados para 20 y que se trata de niños o jóvenes que ni siquiera pueden ser escolarizados en condiciones dignas. "En este país fuimos capaces de acoger a decenas de miles de menores tras la invasión de Ucrania y un conflicto bélico. Son los mismos menores, tienen las mismas edades, lo único que les diferencia es el color de la piel", ha señalado. Ángel Víctor Torres ha reclamado que, en la convalidación de la norma, los partidos políticos demuestren sentido de Estado y defiendan "los derechos humanos, la dignidad y la igualdad".

Registro de la huella de carbono

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se crea el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono y por el que se establece la obligación del cálculo de la huella de carbono y de la elaboración y publicación de planes de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha destacado que con esta medida el Gobierno da "un paso adelante en la lucha contra el cambio climático, la sostenibilidad y la protección de nuestra sociedad y los ecosistemas".

La norma, según ha explicado Aagesen, obliga a calcular anualmente la huella de carbono y a establecer un plan de reducción de las emisiones dirigido a dos colectivos: las empresas y la administración. En concreto, empresas que formulen cuentas consolidadas y sociedades cuyo número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a 500 y tengan condición de entidades de interés público, o bien cumplan la condición para ser considerada gran empresa. Estas empresas pueden inscribir su huella en el registro del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de forma voluntaria y están obligadas a publicitar esa información y su plan de reducción de emisiones.

En el caso del sector público, los departamentos ministeriales de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos, las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad social y otras entidades deberán calcular de manera anual la huella de carbono de su organización y tienen la obligación de inscribirla en el registro.

"Medir la huella de carbono nos permite identificar y reducir las emisiones, mejorar los procesos productivos, ser más eficientes, ser más competitivos, impulsar la innovación y ser menos dependientes de los combustibles fósiles", ha subrayado la ministra.

La norma aprobada hoy también fomenta la coordinación entre los esquemas de huella de carbono existentes y mejora la trazabilidad de las unidades de absorción.

Pacto Verde europeo

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa / Jose Manuel Álvarez

Sara Aagesen ha incidido en que los planes de reducción de emisiones tienen que ser ambiciosos y realistas y estar alineados con la neutralidad climática y con los objetivos definidos en el Pacto Verde europeo: "Deben contemplar, como mínimo, un objetivo cuantificado de reducción de emisiones en un periodo de cinco años y medidas concretas para conseguirlo. Deben ser compatible con una economía sostenible en consonancia con el acuerdo de París".

La medida es un activo en el cambio climático porque el cambio climático, ha subrayado Aagesen, es una realidad científica respaldada por la comunidad internacional: "Ignorar el cambio climático es irresponsable y es temerario, pone en riesgo nuestro futuro como sociedad y nuestro presente".

La ministra ha recordado que el Pacto Verde apuesta por mejorar nuestra resiliencia, la economía circular, una industria descarbonizada y un medio ambiente más saludable. También aboga por la equidad climática, impulsa la innovación y la creación de empleo y mejora la calidad de vida de los ciudadanos.

"El Pacto Verde significa más Europa, más seguridad, una Europa más fuerte ante el mundo, más segura y menos dependiente y más resiliente ante los efectos del cambio climático", ha remarcado.

Subvención para el impulso de las federaciones deportivas

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha explicado que el Consejo de Ministros ha aprobado dos subvenciones para impulsar las actividades y el trabajo de las federaciones deportivas. Alegría ha informado de que la primera de ellas destinará 60 millones de euros a las 66 federaciones deportivas, con el objetivo de optimizar la preparación y el rendimiento de los deportistas, además de apoyar la participación de dichas federaciones en eventos nacionales e internacionales.

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, durante su comparecencia en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa / Jose Manuel Álvarez

La segunda subvención cuenta con 8.300.000 euros, incluyendo una dotación de 7.500.000 euros para la Liga de Fútbol femenino (Liga F). En este punto, la titular de Deportes ha subrayado la aportación total de 20 millones de euros realizada en los últimos tres años por el Ejecutivo para el impulso de la Liga F, "con importantes éxitos de selecciones y de clubes".

Asimismo, esta segunda subvención de 8.300.000 euros incluye dos partidas de 400.000 euros cada una que se dirigirán a la organización de un concurso internacional de saltos de hípica en Barcelona y al Campeonato del Mundo de Trail-running 2025 que se celebrará en Canfranc, una cita que, según la ministra, reunirá a "miles de corredores de montaña de todo el mundo" y "ayudará a dinamizar la actividad económica de esa zona del Pirineo aragonés".

Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial

Pilar Alegría se ha referido, además, a la aprobación en el Consejo de Ministros de una declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, que se celebra cada 21 de marzo. La portavoz del Ejecutivo ha explicado que, con este texto, el Gobierno "reafirma el compromiso con la erradicación del racismo y con la promoción de los valores de igualdad, tolerancia y convivencia".

La declaración recuerda la creciente amenaza de los discursos de odio y la desinformación en las plataformas digitales y hace especial énfasis en la lucha contra el racismo estructural y la discriminación racial o étnica, abordándolos desde una perspectiva interseccional. El texto señala también que en 2025 se cumplen 600 años de la llegada del pueblo gitano a España, lo que ha motivado su declaración como Año del Pueblo Gitano.

Asuntos de actualidad: agenda política y previsiones de crecimiento

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. | Pool Moncloa/José Manuel Álvarez

En su intervención en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo ha repasado las citas más importantes de la agenda política de la semana, que vuelve a estar marcada por la situación internacional con la celebración del Consejo Europeo el jueves y el viernes, una cita que volverá a reunir a los líderes de la UE para seguir debatiendo sobre seguridad y defensa y a la que también acudirá el presidente del Gobierno. Además, Alegría ha recordado que Pedro Sánchez comparecerá el 26 de marzo en el Congreso de los Diputados para dar cuenta en el hemiciclo de los asuntos abordados en Bruselas.

La ministra ha adelantado que la competitividad será un tema central de debate en el Consejo Europeo, "con una apuesta por la reducción de trabas, la mejora de la transparencia y el mantenimiento de la agenda verde sin retrocesos". En este contexto, ha destacado que España llega al debate en un "excelente" momento, en referencia a las últimas previsiones de crecimiento de la OCDE, que ha situado a España como el país desarrollado que más crecerá en 2025 y duplicará el crecimiento de la zona euro en 2026.

"De hecho, vamos a seguir creciendo por encima de las economías de Estados Unidos, Reino Unido o Japón", ha continuado Alegría, que ha calificado esta previsión como "una grandísima noticia" con la que "se confirma que, en un contexto internacional complejo, España sigue avanzando". Y lo hace, concluye la portavoz, "con un modelo que funciona porque combina el crecimiento con la creación de empleo, consolidando y ampliando derechos".